Los "mecanismos" creados por los sucesivos gobiernos de Canadá, se insertan en una enorme máquina para ahorrar tiempo.
De 2002 a 2006, Bernard Patry asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes de Ottawa. Los organizadores de una
conferencia académica661 tuvieron a bien invitarlo durante la primavera de 2006 para exponer con
su voz cavernosa la reacción del gobierno de Canadá contra los excesos de cualquiera de las empresas canadienses en el Congo Oriental. Tuvimos que seguir sus circunvoluciones a través de un laberinto con respecto a los mecanismos de control llenos de sutilezas, de contra verificaciones y de informes de expertos para entender que los funcionarios electos en Ottawa tienen un solo objetivo en el tema de la minería: neutralizar el Estado de derecho.
En suma, no ser de ninguna manera coercitivos. Los diputados canadienses a lo sumo llegarán a afirmar que "el gobierno debe poner en marcha mayores incentivos para alentar a las empresas mineras canadienses que operan en el extranjero para que asuman plenamente sus responsabilidades sociales y medioambientales de acuerdo con las normas internacionales sobre
658 Gobierno de Canadá, “Responsabilité sociale des entreprises, Guide de mise en œuvre à
l’intention des entreprises canadiennes”, 2006.
659 Grupo Consultivo, “Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale et l’industrie extractive minière dans les pays en développement”, 29 de marzo de 2007.
660 Claude Lévesque, « Un ombudsman pour les ressortissants étrangers ? », op. cit.
661 GRAPA (Grupo de investigación sobre las Actividades mineras en el África), UQAM, en
colabortación con “Table de concertation sur la région des Grands Lacs”, “Gouvernance et secteur minier: le défi congolais”, Montréal, 30 de marzo de 2006.
los derechos humanos".662 Patry dixit por supuesto.
Pero nada de esto parece posible, aunque sólo sea en el lejano horizonte, ya que el diputado internacionalista subordina la posibilidad de que el gobierno tome medidas, al "consenso" que debe surgir de las negociaciones entre los Estados y las empresas. "Y todavía no hay consenso internacional sobre la definición de la responsabilidad social corporativa, incluso si las normas y códigos de conducta están proliferando"663. Y “tampoco hay consenso acerca de la línea divisoria entre las responsabilidades de los Estados, las empresas y las otras partes interesadas".664 Siempre habrá tiempo para elucubrar, mientras que las milicias violan niños y los señores de guerra masacran civiles que tuvieron la odiosa idea de acampar en un campo petrolero. Todo esto sin mencionar esta contradicción fundamental: el consenso es lo opuesto a la política. ¿No es patética la sumisión del Gobierno a una serie de debates públicos "consensuales" en los que pretende ser un simple moderador, como si la política fuera facilitar intercambios óptimos entre representantes autorizados del cuerpo social? La sustitución de posiciones de litigio de la política por experticias con pretensiones trascendentes, lleva a negar la acción política. "La extensión de este proceso, dice el filósofo Jacques Rancière, es la identificación cada vez mayor de lo real y lo racional, de lo legal y lo académico, de la ley y un sistema de garantías que son las garantías del poder del Estado, la seguridad cada vez mayor de su infalibilidad, de la imposibilidad de que sea injusto, si no es por error, un error del que no cesa de protegerse a través de la constante consulta a los expertos..."665
Como esta preocupación consensual "toca la cuestión de la gobernanza", en palabras de nuestro diputado, se puede deducir que la gobernanza es a la política, a modo de parodia, lo que la
différance con a, fue respecto de la política: el arte de diferir hasta la eternidad el momento de llegar al fin de las cosas. Esta gobernanza se presenta como si la política, en nombre de este nuevo consenso imprescindible, trascendiera la agitación histórica para generar una esfera de discusión con principios. La política se convierte entonces, en el mundo globalizado del consenso, en un mecanismo dedicado a sabotear, a echar por tierra la posibilidad de movimientos y cambios históricos. Con socios certificados, estereotipados, nombrados y homologados, porque son idénticos a sí mismos -"empresarios y otros actores"-, la política se esfuerza por encontrar un "consenso" que puede tardar años, o más bien se esfuerza en tardar años en llegar a un consenso. En esta perspectiva, mientras que el negocio continúa, el equilibrio entre las normas nacionales e internacionales, evidentemente, toma mucho tiempo, por no hablar de la muy obvia "dificultad de la comunidad internacional para castigar delitos cometidos en un país extranjero"666 , como si alguna vez hubiera tenido la voluntad.
A partir de estas contorsiones se evidencia una negación de la soberanía de las instituciones políticas. O una admisión de incompetencia, según cómo queramos ver el problema. La "gobernanza" denota una pérdida de soberanía en favor de una acción comunicativa en despliegue
662 Bernard Patry, «Discours, Association parlementaire de la Francopho- nie », 31 de marzo
de 2005.
663 Ibid.
664 Ibid.
665 lacques Rancière, “La Mésentente. Politique et philosophie”, Paris, Galilée, p. 154, véase, del mismo autor, “La Haine de la démocratie”, Paris, la Fabrique, 2005.
eterno en busca de un consenso imposible, o la búsqueda de formas retóricas que aseguren la imposibilidad de consenso.
Todo esto, por desgracia, tiende peligrosamente a rimar con las teorías criminológicas de los casos de los delitos de "cuello blanco", es decir, que la élite gobernante, orientando su acción a través de varios intermediarios y maniobrando a través de montajes cada vez más complejos, logra actuar fuera de la ley.667
Este modus operandi canadiense fue denunciado por una coalición de organizaciones no gubernamentales de varios países africanos. “Casi todas estas empresas [de las que Canadá es el anfitrión], incluyendo a algunas que no son canadienses, y los gobiernos nacionales, se basan en mecanismos voluntarios en lo referente a los derechos de las comunidades, sus medios de subsistencia y los abusos en contra del medio ambiente y los derechos humanos, en particular en África, donde las normativas son débiles”668.
667 John Hagan y Patricia Parker, « White-Collar Crime and Punishment », op. cit.
668 Rodrick Mukumbira, «Canadian Miners, explorers taken to task by African NGO’s»,