En este contexto, comenzó una escalada que incluía ataques al Banco. En una solicitada publicada por Marcela y Felipe Noble Herrera en abril de 2010, los jóvenes manifestaban: “Nuestros miedos son muchos. No somos un botín. No queremos terminar como rehenes de un ataque político. No queremos que nos usen para atacar a nuestra madre. Tampoco queremos ser víctimas de una ma- nipulación en los análisis genéticos. Hoy, las muestras de nuestra sangre que di- mos en forma voluntaria para un análisis genético pretenden usarse en otro tipo de examen, con modalidades y condiciones que no nos ofrecen garantías de se- guridad e imparcialidad”.
Ante el avance de la causa judicial y el aumento de la tensión pública, la trans- parencia del trabajo del Banco fue puesta en duda. La directora del BNDG, María Belén Rodríguez Cardozo, sostuvo al respecto: “No se inventan los positivos y no se manipulan los genes. Los genes se trabajan, pero no se manipulan. No puedo articular los genes. No puedo cambiar esa cadena de ADN”. Y en referencia a la supuesta autonomía del Banco para utilizar las muestras para otras comparaciones u otros tipos de exámenes, afirmó: “Lo que hace el Banco es recibir el oficio judicial y cumple de acuerdo con las normas lo que el juez ordena. El juez ordena que se compare con una familia, el Banco compara con esa familia”.1
Hacia fines de mayo de 2010, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó un allanamiento en el domicilio de los jóvenes con el fin de secuestrar objetos y prendas que permitan obtener sus perfiles genéticos. Previamente la jueza había citado a la directora del BNDG para conocer las condiciones de seguridad e imparcialidad científica y jurídica del organismo. Aunque se requisaron prendas de ambos, no se pudo obtener un perfil único de ADN de ellas. “No se logró obtener una secuencia única y reproducible de ADN mitocondrial que permita continuar con la pericia”, indicaba el informe pericial. El abogado de los jóvenes Noble Herrera, Gabriel Cavallo, continuó cargando contra el Banco. “Impugnamos al BNDG antes de que hiciera el estudio. Ahora, su peritaje fracasó. Presentaremos un escrito. Habría que analizar si el BNDG efectivamente puede ofrecer garantías para hacer todos los estudios”.2
El Banco era puesto en el centro de una puja de la que no participaba y de la que claramente se mantenía al margen. La idoneidad de su equipo profesional, su independencia y su transparencia habían estado fuera de toda duda hasta ese momento. Con la intención de acumular poder en la batalla judicial, el Grupo había decidido cargar injustamente contra el BNDG.
Finalmente, el 17 de junio de 2011 los jóvenes anuncian en público su decisión de no recurrir la sentencia del tribunal que los obligaba a realizarse la prueba de ADN –para ese entonces se había habilitado legalmente la extracción com- pulsiva de sangre–. Ante esta decisión se tejieron múltiples conjeturas, algunas más conspirativas, otras más documentadas y se instaló en el Banco un campo de disputa pública.
El viernes 24 de junio de 2011 se presentaron para realizarse los estudios en la sede del Hospital Durand en medio de una expectativa pública muy im- portante. Tal vez esa haya sido la única oportunidad en la cual el ingreso a la sede del BNDG estuvo bloqueada por cámaras televisivas, periodistas y curiosos. Con ese marco de hipótesis y acusaciones cruzadas, se realizó la toma de las 1. Gabriel Cavallo, “Fracasó el estudio genético sobre los hijos de noble”, La Nación, 01/07/2010. 2. María Belén Rodríguez Cardozo, “Niegan manipulación en el Banco Nacional de Datos Genéticos tras las denuncias de los hijos de Noble”, La Nación, 25/04/2010,
muestras, la extracción de ADN, la determinación de los perfiles genéticos y la comparación de estos con parte de las muestras obrantes en el Banco. Por orden judicial no se compararon los perfiles con todos los disponibles en las bases de datos, sino con aquellos que por las denuncias podían coincidir con la fecha de nacimiento estimada de ambos jóvenes. El resultado de la comparación fue ne- gativo, luego de haberse cumplido todos los protocolos legales y científicos co- rrespondientes, sin que ninguno de los peritos de parte objetara ninguno de los procedimientos formales o científicos.
Durante las dos semanas que fueron desde la toma de muestras, que implicó una jornada completa con formulaciones legales incluso dentro del propio Banco, hasta que se emitieron los informes a la jueza, se conservó la cadena de custodia, la trazabilidad de los procesos y la confidencialidad estricta de la información. Todos los implicados destacaron finalmente la confiabilidad del trabajo del Banco.
Sin dudas, la Dra. Rodríguez Cardozo y todo el equipo profesional del Banco sintió la injusticia de los ataques recibidos. “Firmamos los informes con nuestra matrícula, con nuestro título, con nuestra profesionalidad y con la conciencia de todos. Cuando alguien pone en duda la calidad científica, me ofende mucho. Me ofende a mí y a mi equipo, porque es algo infundado poner en tela de juicio a un organismo que debería enorgullecer a la Nación Argentina”, afirmó la en- tonces directora del BNDG.3
Luego del retiro de la Dra. Ana María Di Lonardo, María Belén Rodríguez Cardozo ocupó la coordinación técnico-adminis- trativa del organismo desde mediados de 2006 y hasta septiembre de 2015, mo- mento en el que se dio por finalizado el proceso de traslado del BNDG al nuevo edificio de Avenida Córdoba. Bioquímica, egresada de la UBA, actualmente es la di- rectora del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea del INCUCAI. Ingresó al Hospital General de Agudos Carlos G. Du- rand en 1993, tras finalizar el tercer año de su residencia en el Hospital Udaondo de la Ciudad de Buenos Aires.
En una entrevista, ya como directora, Ro- dríguez Cardozo reflexionó: “Creo que si tuviera que enumerar los compromisos, en un orden de prioridad, tendría que de- cir que hay un compromiso humano, un compromiso moral y un compromiso científico. No es una labor que la pueda realizar cualquier persona porque sí, por- que es el único trabajo que tiene para ha- cer. Se trata de asumir un compromiso di- fícil, muy complejo, en el cual nos impli- camos mucho afectivamente para conte- ner las distintas situaciones. Y a medida que van pasando los años todo se va tor- nando más crítico, porque las personas van recuperando su identidad más tarde”. Durante los nueve años que duró su ges- tión, Rodríguez Cardozo tuvo la compleja tarea de adaptar su equipo de trabajo a los diferentes requerimientos de la Justi- cia y a los cambios en la legislación rela- tiva a la toma de muestras, lo que supuso incorporar protocolos de trabajo que sur- gieron con las nuevas prácticas. En no- viembre de 2009, se incorporó el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Na- ción, que autorizaba a la Justicia a ordenar la toma compulsiva de muestras biológi- cas como método para determinar la iden-
tidad de personas en las causas en las que se investigaban delitos de apropiación de menores. En 2010, se creó el Grupo Espe- cial de Asistencia Judicial (GEAJ), cuya ta- rea es asistir al equipo del BNDG en todo lo vinculado a la toma de muestras y alla- namientos, con la particularidad, para una fuerza de seguridad, de tratar con vícti- mas y no con sospechosos de cometer al- gún delito. En 2012, la Procuradora Ge- neral de la Nación creó la Unidad Espe- cializada para causas de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, que desde entonces está a cargo del fiscal Pablo Parenti. Este hecho acortó los tiem- pos judiciales notablemente.
La dirección de Rodríguez Cardozo coin- cidió con la edad de madurez de los nietos, nacidos la mayoría en la segunda mitad de los ’70. En los noventa los nietos comen- zaron a formar sus propias familias y en muchos casos esto los empujó a encauzar la búsqueda de sus orígenes. Al respecto, ella relató: “La carga de tomar la decisión de venir a sacarse sangre, y saber si es hijo de desaparecidos, o si fue producto del trá- fico –porque el tráfico de menores no es algo que se inventó después de la dicta- dura, existió siempre–, es muy terrible. A mí me quedó muy grabado el testimonio de una de las chicas, que me dijo ‘¿Sabe, doctora? Yo preferiría saber que pertenecí a ese período, para saber que me quisieron. Y no que me abandonaron’”.
Durante su gestión, además de la notorie- dad que tuvo el organismo por el caso No- ble Herrera, se restituyó la identidad de 30 jóvenes víctimas del terrorismo de Es- tado. Entre ellos, Ignacio Montoya Car- lotto, hecho que modificó sustancialmente la dinámica de trabajo del BNDG. Impul- sados por la noticia de la restitución del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se duplicaron las presentaciones de jóvenes que dudaban de su identidad, lo que incidió en un gran crecimiento de la demanda de estudios.
A partir de la sanción de la Ley 26.548 de 2009, el BNDG podría elegir sus propias autoridades por concurso público por oposición y antecedentes, en lugar de que sean nombradas discrecionalmente como hasta entonces. Rodríguez Cardozo deci- dió no presentarse al concurso, que se abrió en junio de 2014.