por concurso, el 1 de octubre de 1980, fe- cha en que creó el servicio de histocom- patibilidad del Hospital Durand”, escribía Alejandro Margulis para La Nación.3
En segundo plano, se informaba acerca del trabajo del Banco, describiendo los procesos de los análisis y sus resultados. “En la actualidad, casi dos mil personas han registrado sus datos genéticos, pero no en todos los casos se alcanzó la exac- titud que confieren las técnicas actuales, que estudian el ADN de cada individuo al- canzando una precisión matemática de un 99,99 por ciento en las indagaciones sobre paternidad o abuelitud”, comuni- caba el periodista.
El banco es un organismo que surgió gra- cias a la lucha de Abuelas en la búsqueda de los niños apropiados y está estrecha- mente vinculado a las consecuencias del accionar represivo del Estado durante la última dictadura cívico-militar; sin em- bargo, los medios evitaron dar cuenta de esta relación y limitaron su lugar al de un laboratorio y a un conjunto de procedi- mientos técnicos. El 20 de octubre de 1996 se publica en la revista dominical del diario La Nación una entrevista a Ana María Di Lonardo titulada “La genetista de los derechos humanos”. La nota desta- caba las cualidades personales de la di- rectora del Banco Nacional de Datos Ge-
néticos: “Al frente de un equipo de veinte personas lleva adelante, desde hace años, el más minucioso registro de familiares de personas desaparecidas que existe en el mundo entero. Médica que trabajó toda la vida en el hospital, Ana María Di Lo- nardo, casada, madre con una historia se- creta que prefiere no escarbar, es una de las mujeres que más sabe de genética y derechos humanos en la República Ar- gentina”, informaba el medio.
La distinción a los derechos humanos que se le entregó en Francia en 1990, por ini- ciativa de la primera dama Danielle Mit- terrand, fue el disparador de esta entre- vista, y fundamental en el trabajo del Banco gracias a la ayuda económica reci- bida. De esta forma, Di Lonardo pudo comprar nuevo equipamiento para la mo- dernización del BNDG. “‘Con los 20 mil dólares del premio compré los aparatos mínimos indispensables para empezar a trabajar’ –dice, y se pone a mostrar una especie de radiografía donde se ven una serie de bandas horizontales, de diferente grosor: son los desplazamientos que las bandas de ADN presentan al ser fijadas químicamente. Los científicos las compa- ran, curiosamente, a los códigos de barras de los productos que se venden en super- mercados”, señala Di Lonardo en la entre- vista de La Nación.
Las apreciaciones de la directora del or- ganismo sobre su trabajo en la restitución de los nietos fueron variando con el correr de los años. En una primera instancia, mostraba una posición más fría en torno a las restituciones. El periodista de La Na-
ción preguntaba sobre la cantidad de iden-
tidades restituidas, y Di Lonardo comen- taba: “Le puedo decir que son más de treinta las identificaciones positivas, pero ¿sabe que nunca los conté?”. Por otro lado, la directora respondía a la pregunta de si la investigación de los desaparecidos in- terrumpió el trabajo de asistencia que re- alizaba el servicio de inmunología del hos- pital: “De manera terrible. Nos complicó la vida”, pero luego señalaba que “desde el punto de vista ético correspondía”. Con el correr de los años, y en el marco del premio “Salud al servicio de Derechos Humanos”, entregado por la Subsecretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 1998, mo- dificó sus apreciaciones hacia su labor en la identificación de los nietos, mostrando una estrecha relación con su trabajo en el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Di Lonardo asegura que, gracias al trabajo puntual del banco que funciona en el Du- rand, 35 hijos de desaparecidos pudieron conocer sus verdaderos nombres y su ver- dadera identidad. Y asegura que ese tra-
bajo, más que cualquier premio, es su mo- tivo de orgullo”, publicó al respecto el dia- rio Clarín.4
En 1999, el presidente Carlos Saúl Menem le otorgó a Di Lonardo una nueva distin- ción, a través de la Subsecretaría de De- rechos Humanos y Sociales, por su “labor silenciosa y en favor de la identificación de personas”. La Nación publicaba el he- cho en un conjunto de breves noticias bajo el título “Actualidad”. “El presidente Carlos Menem elogió ayer la tarea del Banco Na- cional de Datos Genéticos por su labor para identificar a menores sustraídos de sus familias durante el Proceso”, informó el periódico.5
La extracción compulsiva de ADN. Uno
de los datos a tener en cuenta sobre el fi- nal de los años noventa es que aquellos niños apropiados durante la dictadura se convirtieron en adultos. Por lo tanto, co- menzaban a decidir por sí mismos si es- taban interesados en conocer su identidad o no, y con ello, si iban a someterse vo- luntariamente a los análisis genéticos para determinar su identidad. La decisión de realizarse los análisis no era para nada sencilla, ya que conllevaba una causa ju- dicial contra los apropiadores, que en mu- chos casos mantenían un vínculo afectivo con los jóvenes.
Evelyn Bauer Pegoraro fue localizada en 1999 por Abuelas de Plaza de Mayo. Con su apropiador Vázquez detenido, por sus- tracción y ocultamiento de menor, Evelyn temía empeorar esta situación con los re- sultados de ADN. A pesar de que Servini de Cubría ordenó en abril de 1999 que se sometiera a los exámenes genéticos, al tratarse de una mayor de edad la decisión corría por su cuenta. Inocencia Pegoraro, su abuela, decía en una entrevista a La
Nación: “En un primer momento dijo que
se los iba a hacer, pero finalmente desistió y, como es mayor de edad, no pueden obli- garla. Seguramente teme que un resultado positivo deje en la cárcel a quien la robó”.6
Por otra parte, el 20 de mayo del 2000, la justicia penal de La Plata detuvo a Natalia Suárez Nelson Corvalán –en aquel mo- mento llamada con el apellido Alonso, perteneciente a su apropiador– por ne- gación a realizarse el estudio genético que determinara su verdadera identidad. “Fue
minante en este caso, y por lo tanto el dia- rio adoptó una posición contraria a una posible disposición legal que permita este procedimiento.
La noticia sobre el caso de Carlos Daniel Feretton, joven sospechado de ser hijo de desaparecidos, da cuenta de la posición que tomó el diario, que destacó los dichos del camarista Gustavo Hornos: “La toma compulsiva de sangre conllevaría una in- tromisión arbitraria en su esfera de liber- tad personal, de su intimidad y privacidad, pudiendo considerarse afectado grave- mente en su dignidad como persona”, in- formaba Clarín.10Luego de que la Cámara
Nacional de Casación Penal revocara la orden del juez Marquevich para la extrac- ción compulsiva de sangre, La Nación des- tacó la medida: “El derecho a la integridad física y mental y el derecho a la intimidad son superiores al derecho social a la ver- dad, aun si se trata del interés del Estado por impartir justicia y de familiares de desaparecidos que buscan precisar si un joven de 26 años es hijo de una pareja se- cuestrada en 1976”.11
El comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner en el año 2003 impulsó una etapa que, al amparo de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, daba lugar a un nuevo proceso de lucha para identifi- car a los nietos robados. Con el caso de Evelyn Bauer Pegoraro como foco de la problemática, se retomó la discusión acerca de la extracción compulsiva de ADN. Se generaron nuevos debates en la Corte Suprema de Justicia, que determinó que “las extracciones compulsivas son contrarias a derecho”. A pesar de esta ne- gativa por parte del máximo tribunal, el entonces presidente retomó el caso du- rante la visita de Estela de Carlotto a la Casa de Gobierno.
La posición adoptada por el mandatario tuvo lugar en las páginas del diario La Na-
ción, que informaba: “Kirchner manifestó
además su visto bueno a un proyecto de ley que está en elaboración en el Con- greso, y por el cual se busca establecer un marco legal que permita avanzar, por ca- minos alternativos, en la realización de estudios genéticos a aquellos jóvenes apropiados ilegalmente durante la dicta- dura”.12En esta reunión, la titular de Abue-
las también pidió al Presidente, “su inter- trasladada el viernes al Hospital Durand,
en Capital Federal, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos. Allí se resistió a que le sacaran sangre. El es- tudio, de todos modos, se le haría hoy. La extracción compulsiva había sido orde- nada en 1997 por la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata, basándose en un fallo anterior de la Corte Suprema, a raíz de que la chica se negaba a hacerse la pericia”, informó Página/12.7
Después de pasar el fin de semana en la comisaría, negándose a la extracción y amenazando con realizar una huelga de hambre, la joven logró posponer el aná- lisis. Ante este hecho, el diario Clarín se- ñalaba: “El drama de María Natalia opone básicamente esos dos términos: el dere- cho de una abuela a saber si la que cree su nieta lo es o no; contra la pretensión de la chica de que la dejen ‘vivir en paz’, como lo manifestó en un escrito judicial, y su derecho a la intimidad”.8
El caso de Natalia Suárez Nelson Corvalan, que comenzó mediante una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, siguió teniendo lugar en los medios debido a las agresiones que recibieron periodistas de
La Nación al querer entrevistar a la joven
junto a su apropiador. Omar Alonso atacó al entrevistador y al fotógrafo luego de que se le preguntara por el dolor de los familiares de desaparecidos. “‘¡Salga de esta casa, zurdo de m...!’, gritó, fuera de sí, Omar Alonso, al tiempo que empujaba y lanzaba puñetazos a este cronista, des- pués de haberle arrebatado el grabador y exigir que el reportero gráfico le entre- gara el rollo de fotografías”, relataba el diario.9
Ante el inicio de la causa Ernestina He- rrera de Noble sobre sustracción de bebés, el diario Clarín dio un importante giro en torno a su postura en cuanto a la restitu- ción de la identidad de los jóvenes. El nú- mero de publicaciones sobre la identidad de los nietos se redujo considerablemente en relación con otros medios, debido a que podían influir directamente en el caso en el que estaba involucrada la directora del Grupo Clarín. El medio hizo foco en cuestionar las decisiones del juez Mar- quevich, que luego fue apartado de la causa. El debate por la extracción com- pulsiva de muestras biológicas era deter-
vención para solucionar la falta de presu- puesto del Banco de Datos Genéticos, avanzar en la jerarquización de la Comi- sión Nacional por el Derecho a la Identi- dad y trabajar en un proyecto de ley que otorgue una reparación económica a los niños nacidos en cautiverio”.
En resumen, a pesar de la banalización de los debates políticos y sociales incitada durante los gobiernos de Carlos Menem y con el fundamental apoyo de los grandes medios de comunicación, el Banco Nacio- nal de Datos Genéticos continuó teniendo su lugar en las páginas de los medios grá- ficos del país. El número de notas publi- cadas se redujo considerablemente en comparación con otras etapas, y más de la mitad de ellas omitía nombrar al BNDG cuando el trabajo del organismo estaba plenamente involucrado. La restitución de la identidad de veintidós jóvenes, la creación de la CONADI, la implementación de nuevas tecnologías en el laboratorio y las distinciones otorgadas a Ana María Di Lonardo fueron algunos de los hechos que determinaron la publicación de noticias sobre el BNDG, y que dificultaron las in- tenciones de tapar la lucha por la identi- dad en la que participa esta institució
1. “Las Abuelas luchan por la identidad de 171 nietos”, La Nación, 21/06/1998.
2. “Una prueba de ADN que no goza de mucha confianza”, Página/12, 17/10/1998.
3. “La genetista de los derechos humanos”, La
Nación, 20/10/1996.
4. “La dura batalla para reconstruir la identi- dad”, Clarín, 02/12/1998.
5. “Audiencia con Menem. Elogios al banco de datos genéticos”, La Nación, 19/10/1999. 6. “Madre y abuela de desaparecidos, ruego para que una joven se realice el ADN”, La Na-
ción, 02/01/2000.
7. “Análisis de ADN compulsivo”, Página/12, 21/05/2000.
8. “La dura construcción del ayer”, Clarín, 23/05/2000.
9. “Natalia Alonso reiteró que no se hará la comprobación del ADN”, La Nación, 24/05/2000.
10. “Prohiben realizar un análisis de ADN en forma compulsiva”, Clarín, 16/09/2003. 11.“No se podrá forzar la extracción de sangre para obtener el ADN”, La Nación, 16/09/2003 12. “Promesa de Kirchner por los niños apro- piados”, La Nación, 21/10/2003.
El BNDG y los análisis genéticos adquirieron cierta resonancia pública durante los años noventa, a raíz de la mirada de los medios sobre ciertos casos, espe- cialmente el de los mellizos Reggiardo Tolosa. Sin embargo, no hay dudas de que la historia institucional que más repercusión pública tuvo fue la relacionada con los hijos adoptados irregularmente por Ernestina Herrera de Noble, pro- pietaria del principal grupo de medios de comunicación de la Argentina.
Si bien la causa judicial surgió a comienzos de la última década del siglo pasado, se hizo visible a la luz pública cuando la directora del Grupo Clarín fue detenida por orden del juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich. En di- ciembre de 2002, bajo acusación de haber incurrido en la falsificación de las partidas de nacimiento de sus dos hijos, se vinculó el caso de la adopción con la sustracción de bebés nacidos en cautiverio. La detención fue rápidamente de- jada sin efecto, el juez fue suspendido en 2003 y finalmente destituido a través del mecanismo de juicio político.
Más allá de esta novedad, Abuelas hacía años que avanzaba en una búsqueda silenciosa, metódica y paciente, para llegar a la posibilidad de comparar los per- files genéticos de ambos jóvenes con los de las familias obrantes en el Banco. Existían sobrados motivos para considerar que podrían ser hijos de personas desaparecidas.
La medida del juez Marquevich puso en la consideración pública la duda le- gítima sobre la identidad de los jóvenes. Dada la relevancia del conglomerado mediático esta visibilidad no fue conveniente para la posibilidad de que se pu- dieran presentar ante el Banco voluntariamente, como tampoco para la propia tranquilidad personal de los involucrados.
Por esos años se debatía la legalización de la toma compulsiva de sangre. También se avanzaba en la capacidad técnica del Banco para obtener perfiles genéticos a partir de objetos personales. Este caso comenzó a ser debatido pú- blicamente en relación con estas dos circunstancias, y el grupo mediático, que funcionaba como vocero de los intereses personales de su propietaria, participaba de la discusión pública tensionando el clima, ante la posibilidad de que ambos jóvenes fueran obligados a presentarse ante el Banco o que se produjeran alla- namientos en sus domicilios con el objetivo de obtener muestras de ADN.
Si bien en 2004 los jóvenes Noble Herrera presentaron un escrito pidiendo que se les realice un estudio de ADN para compararlos sólo con dos familias que eran denunciantes en una querella, la causa se demoró durante años a partir de procedimientos jurídicos tendientes a dilatar el avance y a cierta inacción judicial.
La presión pública sobre el caso se incrementó con un manifiesto enfrenta- miento del grupo de multimedios y el gobierno argentino de entonces por la im- plementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que obligaba al grupo empresarial a desprenderse de algunas de sus múltiples licencias y propiedades.