Resumen
Desde cuando el fascismo apareció en el escenario político italiano, Mussolini intentó infundir en los ciudadanos la conciencia nacional y el sentido del Estado. Él, identificando la nación con el fascismo, siguió una sistemática obra de deslegitimación hacia los que estaban en contra del Partido, considerado el único y auténtico representante de la voluntad del país. A lo largo de la dictadura, el régimen procuró una fractura profunda entre la patria fascista y la patria de todos los italianos, llevando el pueblo hacia una sangrienta lucha fratricida, dividiendo el país en dos y decretando la “muerte de la patria”.
Palabras clave: Fascismo, Partido Nacional Fascista, Nación, Identidad, Mussolini.
Abstract
Since when Fascism appeared in the Italian political scenario, Mussolini tried to instill into the citizens the national consciousness and the sense of the State. He identified the nation with Fascism and started systematically to delegitimaze those who were against the PNF, considered the only authentic representative of the will of the Country. During the dictatorship, the regime created a deep rift between the fascist homeland and the homeland of all the Italians, leading the people to a bloody civil war, dividing the country in two opposite parts and sanctioning the “death of the homeland”.
Según la opinión de los ideólogos del fascismo, Mussolini, después de vencer “las tendencias disolutivas y suicidas de la anarquía liberal y socialista”, distantes más de medio siglo después del 17 de marzo de 1861, había triunfalmente entregado en las manos del País la nación, de la cual se proclamó verdadero y único representante.1 Los eruditos del régimen
celebraron a los fascistas como los custodios más gelosos de la patria y legítimos gobernantes de Italia. Después de atribuirse el mérito de haber cumplido el proceso de unificación de la península, las camisas negras afirmaron ser la expresión de la auténtica voluntad y del espíritu de la comunidad nacional. Se adoperaron, también, en el curso del Ventennio, para ocupar y controlar cada ámbito de la máquina estatal, de modo que transformaron el Estado de todos los italianos en el Estado fascista. Para hacer esto, Mussolini utilizó el instrumento más potente a su disposición: el partido. Estructurado de manera minuciosa hasta cada unidad individual, el Partido Nacional Fascista (PNF) se introdujo en poco tiempo en cada sector de la vida de los ciudadanos, convirtiendose en “la organización de todo el pueblo italiano”, su principio vivificante.2
Así se configuraron dos nuevas identidades políticas: el Partido-Nación y, después, el Estado-Partido. Con estas expresiones se indicaba la realización de la nación italiana en el Estado fascista, que sólo podía alcanzar los fines de la colectividad en la historia y en el mundo. Por lo tanto, el “fascismo- partido” que, en la fase de restauración, se presentó como interprete de la voluntad y de la aspiración de la nación a convertirse en Estado, en la fase totalitaria se convirtió en “fascismo-Estado” y se proclamó creador de la nación.3 De esta manera, el duce, de hecho, se reservó la titularidad de la idea
de patria. En consecuencia, con el eslogan “todo en el Estado, nada afuera del Estado, nada contra el Estado”, Mussolini no admitió la existencia de otra fuerza política sino la fascista. Consideró ilegítimos a todos los partidos que trataban de dañar al PNF y excluyó irrevocablemente qualquier manera de concebir y vivir la nación que no reflejase en pleno lo indicado por él. Con tales premisas, el régimen operó una sistemática selección entre 1 Carlo COSTAMAGNA: “La rivoluzione nazionale”, Critica Fascista, 3 (1925), p. 45
2 Giovanni CASINI: “Il Partito e le corporazioni”, Critica Fascista, 11 (1933), p. 202
3 Emilio GENTILE: La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 176
los italianos, porque reconoció plena dignidad de ciudadanos sólo a los que profesaban y practicaban, según una expresión utilizada por Emilio Gentile, el “culto de la religión del littorio”, marginando de la comunidad a todos los que no abrazaban el “credo” de las camisas negras.4 Esto produjo
inevitablemente una diferenciación también en la fruición de los derechos y en las libertades de los individuos: los partidarios del duce podían gozar estos derechos y libertades plenamente, mientras que los cobardes, los
parásitos y los emboscados venían sistemáticamente privados de todas sus
prerrogativas civiles y políticas y considerados como enemigos interiores. La patria de los italianos, aunque con todos sus límites y sus contradicciones, fue sustituida, como ha dicho Gentile, por la “patria de los fascistas”.5
El proceso de desnacionalización de los italianos antinacionales afirmó el convencimiento según el que en la península coexistieran dos Italias, representadas por la contraposición entre fascistas de un lado y antifascistas y afascistas del otro. La distinción entre antifascistas y afascistas no es excesiva: en efecto, no sólo se persiguieron a los que eran enemigos del régimen, sino también a los que eran simplemente indiferentes al musolinismo.
Llamando y exortando el partido a la batalla en el frente interior, el duce creía que el deber de todos los verdaderos italianos era luchar contra el descrédito sistemático de la nación, actuado por los “enemigos declarados y ocultos de la patria”.6 Las exhortaciones a la utilización legítima de la
violencia para golpear sin piedad a los subversivos se acompañaba a las ásperas invectivas contra los antinacionales, representados a menudo como “brutos”, como “subspecie de hombres”, como “fieras”.7 Estos individuos
se convertieron en el objeto de la violencia escuadrista y de verdaderas sanciones legislativas finalizadas a la disgregación y a la dispersión de cada tipo de oposición.
4 Emilio GENTILE: Il culto del littorio, Bari, Laterza, 2009 5 Emilio GENTILE: La grande Italia, p. 160
6 Benito Mussolini en un discurso del 4 de octubre de 1922 en Milan. En Loreto DI NUCCI y Ernesto GALLI DELLA LOGGIA (eds.): Due Nazioni. Legittimazione e delegittimazione nella storia
dell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 152
Precisamente para regimentar a todo el pueblo en el Estado fascista, en el bienio 1925-1926 se sancionaron una sucesión de disposiciones conocidas como las “leyes de defensa”, elaboradas por el jurista Alfredo Rocco, arquitecto del fascismo, con las cuales se entendía fascistizar progresivamente a todo el País. Este conjunto legislativo se ideó en el período de mayor consolidación y ampliación del poder de Mussolini, el cual, con el discurso a la Cámara de los Diputados del 3 de enero de 1925, decretó el viraje dictatorial de su gobierno, secundando a las alas extremistas del movimiento que, desde hace tiempo hacían presión para que fuera instaurado un verdadero régimen totalitario. En esta fase, la guía del partido se dejó en manos de Roberto Farinacci, jefe del fascismo intransigente, secretario del PNF de febrero 1925 a marzo 1926. Él, sostenido por el Ministro del Interior Luigi Federzoni, realizó una política represiva durísima contra las oposiciones políticas, sobre todo con la aplicación de la Ley sobre las sociedades secretas, la Ley sobre la burocracia, la
Ley sobre los exiliados y la Ley sobre la defensa del Estado.
La primera sanción, conocida también como ley n. 2029 del 26 de noviembre de 1925, contemplaba el despido de todos los empleados, de los funcionarios, de los agentes civiles y militares de cada órden y nivel del Estado, de las Provincias y de los Municipios (o de institutos sometidos por ley a la tutela estatal, provincial o municipal) que pertenecieran a asociaciones, entitades o institutos (constituidos en Italia o en el exterior) y que operaran en manera oculta o cuyos miembros fueran vinculados al secreto. Estas sociedades secretas tenían en la mayoría de los casos carácter internacional, como la masonería. Según los ideólogos del fascismo, estas sociedades se difundían en el Estado como un morbo que corrompía el cuerpo sano estatal, debilitando el carácter de los italianos y amenazando del interior la autoridad fascista. Por ésto, la batalla contra tales asociaciones ocultas se configuró como una lucha para la defensa del Estado y para la defensa de la nación.
Esta ley fue el primer paso hacia la instauración del régimen de partido único realizada a fines de 1926. En efecto, después del real decreto n. 1848 de 6 de noviembre de 1926 que dió a los prefectos la facultad de soltar las asociaciones consideradas contrarias al órden nacional del Estado y después de la ley n. 2008 del 25 de noviembre de 1926 que indicaba como
crimen la reconstrucción de las asociaciones y de los partidos sueltos, todos los partidos (por supuesto a excepción del PNF) se declararon ilegales.
Tal como debían ser sueltos los partidos antinacionales, también las libertades de los ciudadanos debían ser limitada por la soberanía del Estado, “unidad orgánica y viviente de la nación”, y por la necesidad suprema de su seguridad.8 Resultado de esos convencimientos es la ley sobre la prensa, en
vigor desde el 31 de diciembre de 1925. Ésta establecía que los periódicos podían ser dirigidos, escritos y imprimidos sólo en el caso en que hubiera un responsable reconoscido por el prefecto, es decir por el gobierno. De esta manera, las revistas de la oposición, consideradas ilegales, se suprimian o, en algunos casos, se obligaban a cambiar propiedad y a alinearse con las disposiciones fascistas. La censura golpeó a todos los periódicos del País y no se limitó sólo a aquéllos: concernió también la libertad de radiodifusión, de asociación, de asamblea y de simple expresión en público. El objetivo, en efecto, era combatir cada contenido ideológico ajeno al fascismo o derrotista de la imagen nacional, que pudiera favorecer temas culturales perturbadores y contrarios al régimen.
Para la misma finalidad, el 24 de diciembre de 1925 se sancionó la
Ley sobre la burocracia, conocida también como Ley sobre la dispensa del servicio de los funcionarios del Estado. Por medio de ésta, el gobierno deseaba
fascistizar completamente el aparato burocrático italiano, substancialmente por el despido de todos los funcionarios, agentes civiles y militares dependientes de qualquier administración estatal que no cumplieran con lealtad sus propios deberes o que actuaran de manera incompatible con las disposiciones políticas del Gobierno. En otras palabras, por esta sanción Mussolini despedía todos los empleados de la pública administración que no se alineaban perfectamente a la doctrina fascista y que, por lo tanto, se juzgaban perseguibles porque antinacionales. El mismo Farinacci, con anterioridad, había manifestado con vigor el deseo de regimentar a todos los administrativos en el PNF. Él había identificado propio en la presencia de hombres del pasado régimen en el interior del aparado burocrático italiano uno del los mayores obstáculos al cumplimiento del proceso revolucionario. Según su opinión, para realizar el gran proyecto del Estado fascista, cada individuo habría debido operar en armonia en 8 Enrico CORRADINI: “Le riforme costituzionali”, Gerarchia, 9 (1924), p. 524
la comunidad, para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina estatal. No había espacio, por lo tanto, para los traidores de la nación, especialmente entre los que desempeñaban el papel de administradores del País. Fueron estas las motivaciones detrás de la promulgación de la ley n.2300, que garantizaba plena correspondencia de intentos e ideales entre funcionarios y gobierno: así se aseguraba al jefe del ejecutivo el apoyo total de la burocracia, diputada en definitiva a aplicar las disposiciones de Roma y pues a construir concretamente el edificio del Estado fascista.
Si la lucha contra a los enemigos interiores de la patria fue uno de los cimientos de la política de Mussolini, es igualmente cierto que el duce quiso ocuparse también de los ciudadanos que actuaban contra el régimen (y por lo tanto contra la nación) fuera del territorio italiano. Lo hizo con la Ley sobre los exiliados del 31 de enero de 1926, que establecía la perdida de la ciudadanía para todos los que cumplían en el exterior acciones lesivas del órden público o del interés y del prestigio del País. De esta manera, el fascismo afectaba a todos los difamadores y a los calumniadores que, aunque nacidos en la península, eran considerados indignos y traidores y, por lo tanto, no merecían la nacionalidad italiana. La susodicha ley n. 108, contrariamente al principio jurídico de la territorialidad, sometía al control de la jurisdicción italiana todas las manifestaciones ambientadas en el exterior contra el régimen, sea asesinatos o vociferaciones, falsos testimonios o falsas noticias, exageradas y tendenciosas, sobre las condiciones interiores de Italia así que podían disminuir su crédito y su reputación. De esta manera, el Estado se legitimaba a ocuparse de los crímenes extraterritoriales, perseguibles porque considerados fuertemente lesivos de la seguridad nacional: en una palabraa, porque antifascistas.9
El cuadro normativo predispuesto por Alfredo Rocco fue completado con la Ley sobre la defensa del Estado, conocida también como ley n. 2008 del 25 de noviembre de 1926, adoptada después del fracasado atentado del 11 de septiembre de 1926 a daño de Mussolini. La sanción, además de establecer una serie de medidas de detención para los enemigos de la nación, reintrodujo la pena de muerte (abolida precedentemente en 1889, después de la reforma penal del ministro de la Justicia Giuseppe Zanardelli) para punir a los que hubieran constituido una amenaza para la 9 Silvio LONGHI: “Reati di antifascismo commessi all’estero”, Gerarchia, 12 (1928), pp. 935-938
vida, la integridad o la libertad personal del Rey, del príncipe regente, de la Reina, del Príncipe heredero o del jefe del Gobierno y varios crimenes contra la seguridad del Estado. Además, el artículo 7 de la susodicha ley instituía un Tribunal especial, al cual correspondía juzgar esos crimenes. Las sentencias pronunciadas no eran susceptibles de recurso, ni de qualquier otro instrumento de impugnación, excepto la revisión. La represión de los enemigos antinacionales operada por el Tribunal especial fue durísima. Entre 1928 y 1932, impuso nueve penas capitales por crímenes políticos. Entre 1928 y 1943 juzgó a 5.319 imputados, de los cuales 5.155 fueron condenados por un total de 27.735 años de cárcel, entre los cuales siete condenas a cadena perpetua. Casi 15 mil italianos, entre 1926 y 1943, fueron enviados al confinamiento, es decir condenados a la perdida del trabajo y al domicilio coactivo en países lejanos de su habitación habitual. Desde 1922 hasta 1943, la policía abrió 114 mil nuevos fascículos de “subversivos” entre los que estaban encluidos los antifascistas militantes, sus familiares y los potenciales opositores. La actividad clandestina de los grupos contrarios al régimen fue sofocada por la policía y llegó a ser prácticamente imposible después del inicio de los años Treinta. Esto fue posible gracias a la acción preventiva de un eficiente aparato coercitivo que incluía la policía tradicional y una nueva organización de policía secreta, la OVRA (Obra de Vigilancia y Represión Antifascista), que actuaba en Italia y en el exterior, entre los exiliados antifascistas.
La batalla contra a los enemigos interiores de la patria prosiguió también durante la larga secretaría de Augusto Turati que, sucedido a Farinacci el 30 de marzo de 1926, tuvo el liderado del partido hasta el 8 de octubre de 1930. Él, con mucho rigor y disciplina, empezó desde los primeros meses de su encargo a eliminar del partido a todos los que eran sólo “tibiamente” fascistas, o sea a los que no servían la Revolución con lealtad y diligencia, considerándolos indignos de gozar el privilegio de la tarjeta del PNF. Traducido en cifras, hablamos aproximadamente de 7.400 militantes depurados sólo en el periodo que va desde abril hasta octubre de 1926, y de 55-60 mil individuos alejados del PNF entre 1926 y 1929, a los que debemos añadir 100–110 mil unidades que salieron espontáneamnete del partido en el bienio 1928-1929.
A la sistemática operación de depuración a daño de los “afiliados no dignos”, Turati sostuvo una intensa actividad finalizada a estender exponencialmente la influencia del PNF en la península. Al mismo tiempo, con la ley n. 660 del 3 de abril de 1926, se extendían y se reforzaban los poderes de los prefectos, símbolos de la máxima autoridad del régimen en la provincia. De esta manera, Mussolini se dedicó por completo a dividir, en el ámbito institucional, los fascistas de los antifascistas, los italianos
nacionales de los italianos antinacionales, de manera distinta del régimen
liberal–democrático, en el que el prefecto era un representante del Estado que trataba con todos los ciudadanos de la misma manera porque iguales frente a la ley.10
En resumen parecía que, con la secretaría de Turati, se imponía una nueva idea de ciudadanía, que distinguía entre italianos verdaderos, los que se inscribían al partido, y italianos falsos, que no se inscribían al PNF. De esta manera, Mussolini se aseguró que todos los resortes del poder del Estado fueran en las manos de sus fielísimos, obedientes a los mandos y a los principios de la Revolución. ¿Y cuál idea mejor para asegurarse el apoyo de los futuros directivos del País si no la de controlar de modo sistemático todas las organizaciones juveniles y de poner bajo el directo control del jefe del Ejecutivo fascista la educación de las nuevas generaciones? Fue así que el 3 de abril de 1926 fue creada con la ley n. 2247 la Obra Nacional Balilla
para la asistencia y para la educación física y moral de la juventud (ONB),
dirigida por el ex jefe fascista local de Carrara, Renato Ricci.
En realidad, ya en 1923, el gobierno Mussolini había aprobado una reforma escolar diseñada por Giovanni Gentile, ministro de Educación, fundada sobre la premacía de la cultura humanística y sobre criterios selectivos. La reforma, pero, así como se concebió, no tenía nada propiamente fascista. Nacida para colmar los despistes de la Istrucción Pública, muy pronto la ONB se reveló un instituto competidor con la escuela. Sólo la Obra Nacional Balilla educaba a los verdaderos italianos, o sea a los fascistas. La misma uniforme de los estudiantes constituía un elemento distintivo: la camisa negra que llevaban los alumnos era ya en si misma una raya discriminatoria; sólo los que la llevaban eran los jóvenes y 10 Loreto DI NUCCI: Lo Stato-partito del fascismo. Genesi, evoluzione e crisi (1919-1943), Bologna, Il Mulino, 2009
auténticos ciudadanos de la nación. A ellos, se daba una istrucción no sólo spiritual y cultural sino también premilitar y gímnico–deportiva. El duce se convencía que la enseñanza de la educaciòn física fuera indispensable para fortalecer en el cuerpo los muchachos italianos, que así se educaban al desprecio del peligro y al respeto de la disciplina militar. Rígidamente centralizada, la ONB gestionaba también cursos de formación y orientación profesional y técnica, cursos post escolares para adultos, cursos de puericultura y de economía doméstica para mujeres, y miles de escuelas rurales (institutos presentes en pequeñas localidades campesinas con pocas decinas de estudiantes). Además de las ejercitaciones después de la escuela y a los sábados fascistas, la ONB movilizaba sus adherentes para reuniones y campos escuelas, como los Campos Dux, manifestaciones nacionales gímnicas que tenían lugar en Roma y veían la participación de los mejores
Balillas y Avanguardistas de Italia. En resumen, con la creación de la ONB,
Turati había ideado un sistema perfecto para formar los apóstolos de la Rivolución y para imprimir en los jóvenes un fuerte sentido de cohesión social y política, haciéndolos más conscientes de su italianidad y de sus papel de “fascistas de mañana”.
La obra de fascistización de las nuevas generaciones prosiguió durante la breve secretaría de Giovani Giuriati, guía del partido desde octubre de 1930 hasta diciembre del año siguiente. Él promitió la constitución de los
Fascios juveniles de combate, que deberían encuadrar a los muchachos entre