A lo largo del siglo XVIII Filipinas experimentó profundos cambios en su gobierno y administración, como consecuencia de los cambios acaecidos en España. Muerto Carlos II sin descendencia en 1700, se planteó un problema sucesorio, en el que intervinieron las potencias europeas que ambicionaban parte del imperio hispánico. El último Habsburgo español había dejado como heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV y de la infanta española María Teresa de Austria, hermana del monarca fallecido. Inglaterra y Holanda habían acordado anteriormente repartirse los dominios españoles y el emperador de Austria firmó con ambas potencias la Gran Alianza (1701), por la que se convenía que los territorios españoles de Italia pasarían al Imperio a cambio de que las conquistas que las dos potencias marítimas realizaran en América les serían respetadas por el Emperador. Así las cosas, Luis XIV reconoció a Felipe de Anjou el derecho a sucederle en el trono de Francia. Esto alarmó a las potencias aliadas, pues consideraban que el monarca francés preparaba la unión de ambas coronas. Se inició entonces la Guerra de Sucesión española (1701-1715), que se prolongó hasta la firma de los tratados de Utrecht y Rastatt (1712-1715). Fueron catorce años de hostilidades en los que las Filipinas quedaron aún más aisladas y se vieron muy desatendidas por el gobierno de la Península, que tenía problemas más acuciantes en Europa.67
Desde su llegada a España en 1700, la dinastía borbónica trató de implantar un nuevo modelo de Estado centralista, similar al modelo francés que había implantado Luis XIV. Se inició una época de reformas que alcanzó su punto culminante después de finalizada la Guerra de los Siete Años (1756-1763), durante el gobierno de Carlos III. Tras el final de la Guerra de Sucesión, Felipe V decidió reformar la administración central. Así pues, creó cinco Secretarías de Despacho y disminuyó las funciones y la importancia de los antiguos Consejos en los que se había apoyado el gobierno de los Habsburgo. La Secretaría de Marina e Indias se hizo cargo de todos los asuntos relativos a las Provincias de Ultramar (entre ellas Filipinas), quedando limitadas las atribuciones del Consejo de Indias a ser tribunal supremo en materias
67 Joaquim Albareda, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010; José Calvo
Poyato, La Guerra de Sucesión, Madrid, Anaya, Biblioteca Básica de Historia. Monografías, 2009; Ricardo García Cárcel, Felipe V y los españoles. Una visión periférica de la historia de España, Barcelona, Plaza y Janés, 2002.
judiciales y órgano asesor para los asuntos económicos y gubernativos que el rey quisiera consultarle (1714).68
En la primera mitad del siglo XVIII las islas Filipinas tuvieron ocho gobernadores propietarios, todos ellos militares. Los frecuentes interinazgos fueron cubiertos por la Audiencia, con el oidor decano a cargo del gobierno político y el maestre de campo a cargo del mando militar. En otras ocasiones fue el prelado más antiguo de las islas quien se hizo cargo del gobierno de las islas. En esta situación se vieron fray Francisco de la Cuesta, arzobispo de Manila, fray Juan de Arechederra, obispo de Nueva Segovia, fray Miguel Lino de Ezpeleta, obispo de Cebú, y Manuel Antonio Rojo, arzobispo de Manila. En total, las islas estuvieron más de una década en manos de personas que, tanto por formación como por vocación, no estaban destinadas a llevar a cabo estas tareas. Después de la lamentable experiencia de la pérdida de Manila a manos de los ingleses en 1762 ya no hubo más gobernadores interinos eclesiásticos.69
El siglo XVIII comenzó en Filipinas bajo el gobierno de Fausto Cruzat y Góngora (1690-1701), al que sucedió Domingo de Zabálburu (1701-1709). Su mandato coincidió con la Guerra de Sucesión española. Aunque este hecho no tuvo repercusión directa en el archipiélago, acentuó su incomunicación y aislamiento, y se multiplicaron los enfrentamientos entre las autoridades. Zabálburu tuvo malas relaciones con la Audiencia, especialmente con el oidor decano José Torralba. También se enfrentó al arzobispo Diego Camacho y Ávila, hombre de moral rígida que en 1700 llegó a prohibir las representaciones teatrales. El incumplimiento de esta prohibición por parte de un oficial de infantería provocó un duro enfrentamiento entre arzobispo y gobernador, que llegó a ser amenazado con la excomunión. La llegada a Manila de Charles de Tournon, patriarca de Antioquía y legado papal para la resolución de las controversias sobre los ritos chinos, dio lugar a incidentes diversos. El arzobispo Diego Camacho, obviando el patronato real, accedió a la pretensión del legado de establecer un seminario para alumnos de todas las naciones, con sesenta becas, cuando las disposiciones reales indicaban la creación de sólo ocho becas para españoles y filipinos. Por otro lado, monseñor Tournon chocó también con los religiosos, cuyas parroquias quiso visitar. Cuando el asunto llegó a oídos del monarca, después ya de la partida
68 Ricardo García Cárcel (coord.), Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Borbones, Madrid, Cátedra,
2002.
69 Para el siglo XVIII en Filipinas, vid. Mª Lourdes Díaz-Trechuelo, “Filipinas en el siglo de la Ilustración”, en
Leoncio Cabrero (coord.), Historia general..., pp. 249-292; “Filipinas”, en Historia General… Tomo XI-1, pp. 519-546; “Filipinas en el siglo XVIII…”; Filipinas…; Antonio M. Molina, Historia…, Tomo I.
del legado papal, gobernador y arzobispo pagaron caro su sometimiento: Zabálburu fue destituido e inhabilitado para ejercer otros cargos, y monseñor Camacho fue trasladado a la sede episcopal de Guadalajara en México, con pérdida de la categoría de arzobispo.
Otro asunto de relevancia eclesiástica en estos años fue la cuestión de la visita canónica de las parroquias. Durante una reunión en el palacio arzobispal, monseñor Camacho leyó ante los superiores de las distintas congregaciones religiosas la Bula del Papa Clemente XI, de enero de 1705, en cuya virtud se instaba a los párrocos regulares a que se sometieran a la visita canónica de sus respectivos prelados diocesanos. Todos los superiores religiosos aceptaron los términos de la Bula, pero solicitaron un periodo de gracia en su aplicación para hacer llegar sus puntos de vista al respecto a la Santa Sede, petición a la que el arzobispo accedió.70
El mandato del gobernador Martín de Ursúa y Arizmendi, conde de Lizárraga (1709- 1715) fue pacífico y tranquilo. El hecho más destacable fue el envío de una expedición a las islas Palaos, impulsada por los jesuitas, que pretendían evangelizar a sus habitantes. De las dos naves enviadas, sólo una consiguió llegar a su destino, donde desembarcó algunos misioneros, de los que nunca más se tuvo noticia. Hubo que esperar muchos años para que volvieran a las Palaos barcos procedentes de Filipinas.71 La prematura muerte del conde de Lizárraga en febrero de 1715 dejó el gobierno nuevamente en manos de la Real Audiencia. El oidor decano, José Torralba, tuvo serios enfrentamientos con sus colegas, y así estaban las cosas cuando llegó a Filipinas el nuevo gobernador general Fernando Manuel de Bustamante y Bustillo (1717-1719). Militar de reconocida valía en México, en Filipinas actuó sin embargo de una forma un tanto imprudente. Así, al pretender corregir ciertos males que aquejaban a la administración pública, no reparó en medios y no se preocupó por las relaciones y los equilibrios de poder, lo que le llevó a tener un trágico final. Al llegar a Filipinas, el principal objetivo de Bustamante fue poner orden en la Real Hacienda y cobrar las cantidades que se adeudaban al erario público. Para ello, decretó el embargo de unos dos millones de pesos que llevaba el galeón en el que había llegado. Esto le acarreó la enemistad de los oficiales reales, especialmente del contador Vicente de Lucea, a quien mandó preso a la fuerza de Santiago, pero consiguió escapar y acogerse a sagrado. También fue apresado el oidor decano José Torralba, acusado de fraude durante su mandato interino. El único oidor que quedaba,
70 Sobre la cuestión de la visita episcopal, vid. infra, pp. 221-227.
71 Sobre el descubrimiento de las islas Palaos y la participación de los jesuitas en esta empresa, vid. infra, pp.
atemorizado por la severidad del gobernador, se refugió en el convento de los agustinos, con lo que en la práctica la Audiencia dejó de existir.
El gobernador Bustamante tuvo también un duro enfrentamiento con el arzobispo fray Francisco de la Cuesta, a quien llegó a detener. Este episodio colmó la paciencia de los vecinos de Manila, que se amotinaron el 11 de octubre de 1719. La muchedumbre asaltó el palacio del gobernador general y asesinó a Bustamante y a su hijo. Los amotinados liberaron entonces al arzobispo, a quien se le pidió –casi se le obligó– que asumiera el gobierno interino de las islas hasta la llegada del nuevo gobernador Toribio de Cosío y Campo, marqués de Torre Campo (1721-1729).
Tras ocho años de gobierno sin hechos reseñables, en agosto de 1729 el marqués de Torre Campo cedió el mando al nuevo gobernador general Fernando Valdés y Tamón. Éste dedicó su atención a las necesidades militares del territorio. Modernizó el armamento de las tropas, ordenó la reparación de las murallas de Manila y promovió la construcción de nuevos navíos. Además, organizó expediciones militares a Mindanao y Joló, a las Carolinas y a las Palaos. Aunque no tuvo gran éxito en dichas expediciones, consiguió concertar pactos comerciales con los régulos de Mindanao.
Los diez años de gestión del gobernador Fernando Valdés y Tamón finalizaron en julio de 1739, cuando fue relevado por Gaspar de la Torre y Ayala. Su mandato coincidió con el comienzo de la guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748), y la crisis económica producida por la interrupción de las comunicaciones con Acapulco causó diversas sublevaciones indígenas en la isla de Luzón. El gobernador falleció antes de acabar su mandato (1745) y, al estar vacante la sede metropolitana de Manila, fue nombrado gobernador general interino Juan de Arrechederra, obispo de Nueva Segovia. Eran los años finales de la guerra de Sucesión a la Corona de Austria (1740-1748), y en las islas se temió un ataque inglés desde Batavia que finalmente no se produjo. Con la paz de Aquisgrán de 1748 la vida en Filipinas recuperó su ritmo normal, después de unos años de continua agitación.
En 1750 el nuevo gobernador general Francisco José de Ovando sucedió a monseñor Arrechederra. Sus múltiples iniciativas en materia de comercio no fueron del agrado de los comerciantes vinculados al Galeón, quienes en 1753 lideraron una petición de la Ciudad de Manila para reducir los mandatos de los gobernadores de ocho a cinco años, por considerar que tanto tiempo en el cargo, unido a las dificultades en las comunicaciones, les otorgaban un excesivo poder. La petición no fue atendida, pero Ovando sólo gobernó durante cinco años, y en 1754 fue relevado por Pedro Manuel de Arandía. Hombre enérgico y de temperamento colérico, Arandía aplicó toda una serie de reformas para mejorar la colonia, pero de tal
manera que le llevó a enfrentarse con los estamentos eclesiásticos. Por otro lado, su confianza en validos, especialmente Santiago Orendain, le granjeó la enemistad de la población. No obstante, el gobernador cumplió con las instrucciones reservadas del monarca, destinadas a evitar abusos contra los naturales y remediar los que se cometieran. Con este fin, concedió audiencias públicas a los filipinos y expidió instrucciones precisas a los alcaldes mayores para que impidieran perjuicios y daños a los naturales.
El gobernador Arandía también llevó a cabo algunas reformas en el ámbito militar. Aumentó la soldada, lo que mejoró la moral de la tropa, e introdujo una disciplina más rigurosa para limitar los abusos castrenses. También aplicó reformas fiscales. En lo referente al pago del tributo, en 1758 se dictó una orden por la cual quedó abolida la práctica de ceder su cobro a un particular mediante una suma concertada. Si bien este sistema había supuesto una fuente estable de ingresos para el gobierno, Arandía consideraba que perjudicaba excesivamente a los naturales. Esta decisión fue posteriormente ratificada por el Consejo de Indias, que dispuso el cobro del tributo por parte del propio gobierno. Por otro lado, por cédula real de junio de 1758 se eximía del pago del tributo a todos los residentes de la diócesis de Nueva Segovia (las provincias de Pangasinán, Ilocos Sur, Cagayán y Zambales) que hubiesen abrazado la religión católica cuando ya eran adultos.
La labor de gobierno reformista de Pedro Manuel de Arandía se vio truncada por su muerte en junio de 1759, cuando llevaba cinco años en el cargo. Como en anteriores ocasiones, el arzobispo de Manila debía asumir la gobernación interina, pero al estar la sede vacante, asumió el cargo monseñor Miguel Lino de Ezpeleta, obispo de Cebú. Fue el primer nacido en Filipinas –de padres españoles– en ocupar el cargo de gobernador.