Pese a la dificultad y el elevado coste de llevar misioneros a las Indias, tanto Occidentales como Orientales, los jesuitas de Filipinas tardaron mucho en aceptar vocaciones locales. En ningún momento se plantearon seriamente la opción de aceptar nativos, en contraste con los jesuitas portugueses en Japón, que no sólo aceptaban japoneses como hermanos coadjutores, sino incluso como padres. Sin embargo, esta postura estaba en
consonancia con la política española dominante en América en los siglos XVI y XVII.14 El fracaso de los primeros intentos de crear un clero nativo en México se consideró prueba suficiente de que los indios no estaban preparados para recibir las sagradas órdenes, y varios concilios provinciales desaconsejaron futuros experimentos en este sentido. Se consideraba que su conversión era demasiado reciente como para ligarse mediante votos perpetuos a toda una “vida de perfección evangélica”. En Filipinas, después de Martín Sánchez, que fue recibido como hermano coadjutor en Roma cuando acompañó al padre Alonso Sánchez, no hay constancia de ningún nativo filipino que se convirtiera en jesuita, ni siquiera hermano coadjutor, antes de la expulsión de la Compañía en 1768. De la misma manera que se excluyó a los indios también se hizo con los mestizos. A éstos, más que por su falta de constancia en la fe, se les rechazaba por su supuesta poca virtud. En ambos casos, no era más que una colección de prejuicios, que analizaremos más adelante.15
Estas exclusiones limitaban las vocaciones locales en Filipinas a dos grupos, ninguno de ellos demasiado numeroso: emigrantes europeos y criollos. Pero incluso los candidatos de estos grupos estaban sujetos a un escrutinio especial y a una regulación restrictiva, aunque en el archipiélago filipino era algo más laxa que en Nueva España o Perú.16 La principal restricción para los europeos era la prueba de limpieza de sangre. En España era relativamente fácil de obtener, pero no así en Filipinas, tal y como se lo hicieron saber los superiores jesuitas al General en diversas ocasiones. Siendo viceprovincial, el padre Raymundo de Prado escribía a Acquaviva lamentando que “los informes de limpieza son casi imposibles en estas partes”. Así, lo único que se podía hacer era preguntar a conocidos de los candidatos sobre su integridad: “Del H. Pedro de Mendoça y Juan Gerardo y no sé si de otros no se hizo más que preguntar a no sé quiénes que vinieron con ellos y diziendo que nunca avían oydo cosa sino que los tenían por cristianos viejos, y avisándolos a ellos, los recebimos…”.17 Ante estas dificultades, el padre Prado primero y el padre Diego García después se dirigieron al General pidiendo instrucciones al respecto, por si acaso no fuera suficiente esta manera de informarse de la integridad de los postulantes.18
Ante estas restricciones, no es de extrañar que la mayoría de los europeos que entraron en la Compañía en las Filipinas como candidatos al sacerdocio fueran alumnos de los colegios
14 Horacio de la Costa, The Jesuits…, p. 233; “The Development of the Native Clergy in the Philippines”,
Theological Studies, VIII/2, 1947, pp. 219-250.
15 Vid. infra, pp. 435 y ss. y 475 y ss.
16 Aliocha Maldasvky, Vocaciones inciertas. Misión y misioneros en la provincia jesuita del Perú en los siglos
XVI y XVII, Madrid, CSIC, 2012.
17Raymundo de Prado a Claudo Acquaviva, Manila, 26 de junio de 1597, ARSI, Phillip. 9, f. 316v.
18 Raymundo de Prado a Francisco de Vera, procurador, Manila, 1598, ARSI, Phillip. 9, f. 335v; Diego García a
de Manila y San José. Pedro Tello, sobrino del gobernador Francisco Tello y primer escolar de San José, fue admitido al noviciado en 1602 y, aunque fue expulsado, volvió a ingresar en la Compañía años después, ya ordenado. Domingo de Peñalver pasó a Filipinas como seglar, e ingresó en la Compañía en 1605, a la edad de 26 años. Ambos murieron en 1629. Otro individuo destacado fue el hermano Daniel Theoclitos, un cretense que trabajó como capataz en la construcción de la iglesia del Colegio de Manila y que fue admitido en 1590. Se conserva el documento de renuncia de sus bienes a favor de la Compañía.19
En 1656, según Francisco Colín, 143 jesuitas habían sido recibidos y habían perseverado en la Compañía en Filipinas: tres sacerdotes, veintitrés escolares y 117 hermanos coadjutores.20 Como se puede observar en la tabla, nunca hubo más de diez novicios admitidos en un año en el periodo 1604-1638. Los documentos no permiten reconstruir la secuencia hasta 1650, pero sí nos muestran que en el periodo 1637-1651 se aceptaron veinticuatro novicios (once escolares y trece hermanos).
Año Escolares Hermanos Total
1604 6 4 10 1605 2 2 4 1610 3 6 9 1612 1 7 8 1614 1 6 7 1615 0 4 4 1618 5 2 7 1620 0 6 6 1621 0 5 5 1622 3 5 8 1624 0 5 5 1632 - - 10 1638 0 2 2
Figura 11. Admitidos por la Compañía de Jesús en Filipinas (1604-1638) Fuente: “Catalogui triennales”, ARSI, Phil. 2-4; “Litterae Annuae”, ARSI, Phil. 5-8; Horacio de la Costa, The Jesuits in the Philippines (1581-1768), Cambridge (Massachusetts), Harvard
University Press, 1967, p. 238.
En 1606 el provincial Gregorio López trasladó el noviciado desde el Colegio de Manila a Antipolo, tal y como había sido el deseo de su predecesor, el padre Diego García.
19 Pedro Murillo Velarde, Historia de la Provincia de Filipinas de la Compañía de Jesús. Segunda Parte, 1616-
1716, Manila, 1749, nn. 111-114; 19 de marzo de 1592, ARSI, Philipp. 11, f. 47.
Dos años después, el capitán Pedro de Brito y su mujer doña Ana de Herrera fundaron un noviciado para la Compañía en San Pedro Makati, unas cuatro millas al norte de Manila remontando el río Pasig. Además de como noviciado y casa de probación, el lugar podía servir también para llevar a los jesuitas enfermos a recuperarse y descansar, ya que sus condiciones naturales de salubridad y clima eran mucho mejores que en Manila. El noviciado se inauguró en 1622, pero apenas cumplió con esta función durante una década, pues en 1630 los novicios ya habían vuelto a Manila. Fueron dos las principales razones de este regreso: en primer lugar, los novicios no eran suficientes como para formar una comunidad regular; en segundo lugar, para la fundación era más fácil de mantener el noviciado como parte del colegio de Manila que como una casa separada. A partir de entonces, San Pedro Makati se convirtió en una villa, y se utilizaba como casa de retiro, no sólo para jesuitas, sino también para eclesiásticos seculares que querían realizar los ejercicios espirituales de san Ignacio.21
En 1604, justo antes de su erección como provincia, la viceprovincia de Filipinas estaba formada por sesenta y siete miembros (treinta y dos padres, cinco escolares, veinte hermanos y diez novicios). Contaba con el Colegio de Manila y el anexo colegio de San José, cinco misiones estables y dos misiones temporales. El número de miembros ascendió, lentamente y con fluctuaciones, a 100 en 1621, 110 en 1630 y 133 en 1643, la cifra más alta en la primera mitad del siglo XVII. El número de colegios y misiones también aumentó, y en 1643 había ya cinco colegios y once residencias. El número de casas permaneció estable hasta mediados del siglo, pero el número de individuos declinó rápidamente: 116 en 1646, 110 en 1649 y 96 en 1651. Aunque se intentaba que las residencias tuvieran un mínimo de seis miembros, según las prescripciones del general Acquaviva, en la mayoría de casos esta cifra no se pudo mantener.22
2.-‐ La administración de la Provincia de Filipinas en la primera mitad del siglo
XVII
Tradicionalmente, se dado una visión general de la Compañía de Jesús como una orden muy centralizada y jerarquizada, de estructura monolítica. Sin embargo, como ha
21 Ibíd., pp. 126-127 y 783; Gregorio López a Claudio Acquaviva, Manila, 3 de julio de 1608, ARSI, Philipp. 14,
ff. 45r-45v. Para el documento de fundación, vid. ARSI, Phillip. 10, ff. 243r-254v.
22 Catalogui triennales, ARSI, Philipp. 2-4; Litterae Annuae, ARSI, Philipp. 5-8; Horacio de la Costa, The
apuntado acertadamente Fabián Fechner, el análisis de la práctica administrativa y de las comunicaciones internas permite constatar que la estructura de la Compañía se basaba en gremios consultivos que participaban en las tomas de decisiones.23 La administración del Instituto ignaciano fue un tema continuamente discutido entre sus miembros, ya que el crecimiento de la Orden requería nuevas soluciones institucionales, especialmente en las colonias ultramarinas, donde la dificultad de las comunicaciones, debido a las enormes distancias hasta Roma, obligaban a tomar decisiones sobre el terreno, lo que creaba espacios no regulados que se adaptaban mejor a las realidades locales.24
En la época Moderna, la Compañía de Jesús se dividía en áreas de administración llamadas provincias, cada una de ellas a cargo de un superior provincial.25 Estos provinciales eran nombrados por el Prepósito General, que residía en Roma y se ocupaba del gobierno de toda la orden, y al cual estaban directamente subordinados. Al General le ayudaba en su tarea un cuerpo de consejeros llamados asistentes. Cada uno de ellos se encargaba de los asuntos de un conjunto de provincias agrupadas por criterios territoriales o lingüísticos, agrupadas en una
asistencia. Durante la primera mitad del siglo XVII la Compañía de Jesús se dividía en cinco
asistencias: Italia, Alemania, Francia, España y Portugal. La asistencia de España estaba formada por las cuatro provincias españolas (Aragón, Castilla, Toledo y Andalucía), Cerdeña, y todas las provincias de las Indias españolas, incluidas las Filipinas.
El General de la Compañía era elegido de forma vitalicia por una Congregación
General, formada por los asistentes, los provinciales y dos delegados de cada provincia. En
los siglos XVII y XVIII, sin embargo, las provincias no europeas estaban exentas de tener que enviar a sus provinciales o delegados, debido a la distancia y el tiempo necesario para llegar a Roma. Sin embargo, si un procurador de una de estas provincias se encontraba en la Ciudad Eterna con ocasión de una congregación general, se le admitía como delegado. Fue así como el padre Miguel Solana pudo participar en la IX Congregación General de 1649, en la cual fue elegido como General de la Compañía el padre Francesco Piccolomini (1649-1651).
23 Fabián Fechner, “Las tierras incógnitas de la administración jesuita: toma de decisiones, gremios consultivos y
evolución de normas”, Histórica, XXXVIII.2, 2014, pp. 11-42.
24 Fabián Fechner, “Un discurso complementario sobre la posición jurídica de la población indígena colonial.
Las congregaciones provinciales en la provincia jesuítica del Paraguay (1608-1762), en Anne Ebert y Romy Köhler (eds.), La agencia de lo indígena en la larga era de globalización. Microperspectivas de su constitución
y representación desde la época colonial temprana hasta el presente, Berlín, Gebr. Mann Verlag, 2015, pp. 99-
118.
25 Para todo este apartado relacionado con la organización interna de la Compañía, vid. Horacio de la Costa, The
Jesuits…, pp. 252-254. Además de su conocimiento personal de este funcionamiento, como miembro destacado
de la orden que fue, el padre De la Costa hace referencia también a las partes VIII y IX de las Constituciones y a los decretos de las congregaciones generales en Institutum Societatis Iesu, vol. II; vid. Ibíd., p. 656, nota 1.
Figura 12. Esquema de la administración jesuita
Fuente: Fabián Fechner, “Las tierras incógnitas de la administración jesuita: toma de decisiones, gremios consultivos y evolución de normas”, Histórica, XXXVIII/2, 2014, p. 14.
La Congregación General no elegía solamente al nuevo Prepósito General, sino también a los asistentes, que permanecían en el oficio hasta que eran reemplazados por una nueva congregación. Junto al General y los asistentes, la Congregación funcionaba como la autoridad legislativa suprema de la Compañía, y sus decretos tenían la misma validez que las
Constituciones originales de san Ignacio. No estaba establecido cada cuánto había que
convocar una congregación general, excepto en el caso de muerte del General. Así pues, un General podía convocar una congregación para deliberar sobre asuntos de importancia que afectaran a la Compañía, tanto por iniciativa propia como a instancias de la congregación de procuradores. Los asistentes también estaban legitimados para realizar una convocatoria si consideraban que el General estaba perjudicando a la Compañía con su gobierno. Finalmente, el Papa, como cabeza suprema de la Iglesia Católica, tenía facultad para convocar una congregación, o hacer que se reuniera periódicamente, si así lo creía oportuno. En este sentido,
en 1646 Inocencio X ordenó que se celebraran cada nueve años, directiva que fue revocada en 1746 por Benedicto XIV.
Por su parte, la congregación de procuradores estaba compuesta, como su propio nombre indica, por los procuradores enviados a Roma a intervalos regulares para informar al General de los asuntos de sus respectivas provincias, y para deliberar junto a él y sus asistentes si se debía convocar o no una congregación general. En el siglo XVII, los procuradores de las provincias europeas acudían a Roma cada tres años, y los de las provincias ultramarinas cada seis.
Los dos delegados de cada provincia que acompañaban al provincial a la congregación general y el procurador enviado por la provincia a la congregación de procuradores eran escogidos en una congregación provincial. Su composición varió con el tiempo. El tercer general de la Compañía, Francisco de Borja (1565-1572), sistematizó las reglas dispersas de las congregaciones provinciales en una sola, la Formula Congregationis Provincialis, publicada en 1567 y ratificada por la tercer congregación general en 1573. Según este texto, el provincial convocaba y presidía la congregación provincial, en la cual podían (y debían) participar él mismo, los superiores locales y los padres profesos de cuatro votos que estuvieran en disposición de acudir. Sin embargo, a medida que las provincias aumentaron de tamaño, se limitó el número de asistentes a las congregaciones. En la quinta congregación general de 1593, uno de los temas más debatidos fue el excesivo incremento de miembros participantes en las congregaciones, por lo que se determinó un máximo de cuarenta congregantes.
En la figura 13 se puede observar el funcionamiento de una congregación provincial y la documentación que producía, con el ejemplo del Paraguay, aplicable al resto de provincias ultramarinas.26 A diferencia de la congregación general, la provincial no tenía poderes legislativos. Sin embargo, deliberaba sobre el estado temporal y espiritual de la provincia, e instruía al procurador o a los delegados de acuerdo a sus conclusiones. Además, el procurador llevaba consigo una serie de postulata o peticiones para presentar al General (o a la congregación general) en representación de la provincia. Si alguna cuestión no era aprobada por la congregación, los postulantes descontentos podían redactar un memorial particular para que fuera entregado al General. Tras analizar los memoriales, éste expresaba sus decisiones en forma de respuestas a los postulados. De esta manera, la congregación provincial
26 Esta documentación se encuentra en el ARSI, sección Congregationum Provincialum. Las referidas a la
provincia de Filipinas (siglos XVII y XVIII), corresponden a los volúmenes 49, 50, 53, 56, 58, 61, 63, 67, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 86, 87, 88, 89, 90 y 92.
gobernaba la provincia en un proceso de diálogo con el Prepósito General. Además, era un medio para controlar al provincial y tranquilizar las oposiciones internas dentro de la misma provincia.27
Figura 13. Esquema de la toma de decisiones en las congregaciones provinciales
Fuente: Fabián Fechner, “Las tierras incógnitas de la administración jesuita: toma de decisiones, gremios consultivos y evolución de normas”, Histórica, XXXVIII/2, 2014, p. 26.
El provincial era designado por el General, igual que sus consultores (normalmente cuatro), que actúan como consejeros, de la misma manera que los asistentes con el General. Éste también nombra a los principales superiores locales, es decir los de los colegios y residencias más importantes de cada provincia. Estos nombramientos se hacen en base a informes confidenciales sobre la capacidad de los miembros elegibles de la provincia. En el siglo XVII, los provinciales y los superiores locales de las provincias europeas ejercían su oficio durante tres años, y en Ultramar durante seis o más (al menos los provinciales), hasta que a mediados de siglo algunas congregaciones provinciales de México y Filipinas pidieron adoptar el modelo europeo. Debido a la lentitud de las comunicaciones, esto generó algunas dificultades.
A intervalos irregulares, cuando el General lo consideraba necesario, enviaba a un representante personal a una provincia, o designaba a un padre allí presente, para llevar a cabo una visita, es decir, una inspección detallada de los diferentes establecimientos. El visitador en cuestión recibía amplios poderes, entre ellos el de llevar a cabo nombramientos y dictar ordenanzas, cosas normalmente reservadas al General. Durante sus primeros cincuenta años de existencia, la provincia de Filipinas fue administrada por doce provinciales y un visitador. Durante este mismo periodo, tenemos constancia de la celebración de siete congregaciones provinciales y de los procuradores elegidos en ellas.28 Las misiones y las viceprovincias dependientes no podían celebrar congregaciones provinciales y enviar procuradores habitualmente, aunque en ocasiones especiales sí que estaba contemplado. Tal fue el caso de Filipinas en 1602, cuando se envió al padre Pedro Chirino como procurador a Roma para conseguir el ascenso de la viceprovincia dependiente de México al estatus de provincia, entre otras cuestiones. En esta ocasión, Acquaviva respondió con una guía de actuación para la nueva provincia. A partir de este momento, debemos analizar la política interna de la Compañía en Filipinas desde una nueva óptica, diferenciada del periodo anterior (1581-1604).
Ya se ha descrito la adaptación gradual de la política misionera propugnada por Claudio Acquaviva a las condiciones especiales de las Filipinas. Al principio, el General no permitió a los jesuitas aceptar misiones permanentes, instándoles a que se centraran exclusivamente en misiones temporales desde una base central, como el Colegio de Manila. Cuando se demostró que este sistema era impracticable, Acquaviva dio permiso para aceptar misiones durante dos o tres años y, posteriormente, sin limitaciones de tiempo. Sin embargo, insistía en tomar precauciones para que no se convirtieran en cargas permanentes que ataran a la Compañía a la administración de parroquias. Solamente había que mantener las misiones hasta que las poblaciones estuvieran convertidas y organizadas en comunidades cristianas. Una vez conseguido esto la misión debería ser entregada al clero secular y la residencia trasladada a otro lugar donde la Compañía podría volver a dedicarse al trabajo que le era propio, el de llevar el Evangelio a los paganos.
Cuando el padre Pedro Chirino fue enviado a Roma, se le instruyó para que expusiera al General que las condiciones de Filipinas obligaban a mantener las misiones durante más tiempo del que él consideraba. Tres eran las razones principales. En primer lugar, se consideraba que si la Compañía dejaba las misiones que tenía, no podía ir más que a territorio
28 Vid. Anexo, B.- Superiores de la Compañía de Jesús en Filipinas (1581-1768), p. 605 y Anexo C.-
sin conquistar. Esto se debía a la segunda razón aducida, y era que todo el campo misional estaba repartido desde 1595 entre las diferentes órdenes presentes en el archipiélago, cuyos misioneros no podían predicar en zonas ajenas. Además, no se podía acudir a parroquias dependientes del clero episcopal, ya que había poca gente en ellas y el trabajo no sería suficiente para los clérigos seculares y los de la Compañía. Finalmente, se consideraba que si se dejaban las misiones que habían administrado hasta entonces, sería necesario que los misioneros aprendieran nuevas lenguas para trasladarse a otros lugares, cosa que resultaba muy difícil. Por otro lado, se consideraba que para poder llevar a cabo una buena evangelización los nativos debían tener confianza en el ministro, cosa que no podría alcanzarse si la Compañía no permanecía durante mucho tiempo en una misma misión e iba saltando de unas a otras. Ante estas circunstancias, la viceprovincia de Filipinas pedía al General que se suspendiera la orden que había dado de entregar las misiones una vez establecidas firmemente, “hasta que como se a dicho dé nuestro señor otro modo y asiento en las cosas”.29
2.1. Las congregaciones provinciales de la primera mitad del siglo XVII
En la primera mitad del siglo XVII se celebraron en la Provincia de Filipinas siete