El gobierno universitario

Para las universidades tradicionales la historia reformista opera como una saga institucional, es decir como una matriz de referencias comunes y compartidas que mantiene la integración y contrarresta la desintegración propiciada por las pertenencias a campos disciplinares o especializaciones diferentes, configurada a partir de la historia institucional y el sentido fundacional de cada establecimiento (Clark, 1972). Al desarrollar una cultura simbólicamente rica, las instituciones transforman la organización en una comunidad en tanto otorgan un sentido de pertenencia a sus miembros (Clark, 1983). En el caso de las universidades nacionales, esta construcción de sentidos se encuentra moldeada en gran medida por el legado reformista.

La Reforma Universitaria de 1918 – como ha sido ampliamente estudiado15 - tiene como trasfondo toda una serie de transformaciones a nivel mundial y a nivel nacional, en diálogo con las demandas de mayor participación y democratización del sistema político. Su origen remite a un conflicto puntual alrededor de la supresión del internado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que luego se transformó en un movimiento político y cultural de carácter democratizador. Un movimiento principalmente juvenil que bajo un espíritu antidogmático y antiautoritario, se extendió por toda América Latina, convirtiéndose en un fenómeno de carácter regional (Krotsch, 2001). Es decir, la Reforma fue un movimiento que buscaba ampliar las bases de participación en la vida universitaria, pero una vez echado a andar, trascendió los muros universitarios para convertirse en un movimiento que bregó por ampliar las bases de participación en la vida política en general. Los estudiantes, que pasaron a cuestionar el orden universitario precedente (Caldelari y Funes, 1998), se autoproclamaron motor del cambio institucional y social, convirtiéndolo en una lucha generacional. En este sentido, varios elementos colaboraron para que la mecha prendiera en la UNC. De las tres universidades existentes en ese momento en el país, la tradicional institución se aferraba a su carácter dogmático y clerical de espaldas a la producción y difusión de nuevos saberes y conocimientos, se oponía a ampliar las bases de la participación y se amurallaba detrás de su función de formación de

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Se considera tradicionales a todas las universidades nacionales creadas hasta la década del 90. Si se considera el plano académico dentro de éstas se encuentran también las universidades modernizadoras, aquellas creadas en la segunda ola de reformas a partir de la década del 70 (Krotsch, 2001).

15 _{Krotsch, 2001; Caldelari, 1995; Caldelari y Funes, 1998; Buchbinder, 2005; Ciria y Sanguinetti, 1987;} Halperín Donghi, 1962; entre otros

profesionales. Pero principalmente la UNC conservaba un carácter arcaico y cerrado del gobierno institucional que, como correlato, implicaba una matriz fuertemente restrictiva respecto de dos de sus funciones principales: el reclutamiento de la elite y la movilidad social (Buchbinder, 2005). Así, las primeras huelgas por un reclamo puntual en el plano institucional dieron paso a un proceso de radicalización que derivó en un movimiento que trascendió los muros universitarios para convertirse en un hito histórico de la región. En el caso argentino, sin embargo, el movimiento tendió a restringirse al plano institucional y se expresó principalmente en la configuración de una forma de gobierno tripartito que daba lugar en el plano formal a la representación de los intereses estudiantiles - y en algunos casos de los graduados - en los espacios de decisión de la institución. En el plano de la docencia y la investigación, un reclamo por la modernización de la enseñanza y de la ciencia, bajo la reivindicación de la docencia y la asistencia libre. Y en el plano del vínculo con la sociedad, una búsqueda por salirse de las aulas para extender el conocimiento al conjunto social. Cabe destacar, que la reforma fue difundiéndose gradualmente, con características singulares, en las otras universidades existentes en el país, en la medida en que fueron adaptando - no sin conflicto - sus estatutos a los principios reformistas, los cuales serían adoptados luego por las universidades creadas con posterioridad a dichos sucesos (Caldelari y Funes, 1998; Atairo, 2014).

Dos principios quedarán amalgamados como consecuencia de este proceso y serán constitutivos de la tradición universitaria en nuestro país: la autonomía institucional, que regía ya - aunque con ciertas limitaciones- bajo la Ley Avellaneda16, y el cogobierno tripartito. Se configura así una forma de gobierno de base colegiada amplia (Atairo, 2014), característica de las universidades nacionales que combina un alto grado de autonomía frente al Estado con una significativa autoridad de los espacios colegiados, con participación de profesores, estudiantes y graduados. Estos órganos de gobierno que adoptan los nombres de Asamblea, Consejo Superior y Consejos Académico o Directivo, concentran funciones tanto legislativas como ejecutivas, y conforman el gobierno junto a las autoridades unipersonales, como rectores y decanos, que tienen un rol de representación y administración. Por otro lado, en función de la organización académica en facultades, ha existido históricamente un fuerte peso de los decanos frente a las rectorías, lo que puede ser leído como un grado de autonomía

16 _{Hasta el Decreto Ley 6.403/56, la estatutos debían ser sometidos a la aprobación del PEN (Art. 2 Ley} Avellaneda) y la designación de los profesores seguía siendo una prerrogativa también de ésta (Art. 1 inc. 6 y Art. 3).

importante de las unidades académicas menores frente a la conducción central de la universidad.

Como veremos más adelante, algunos aspectos de estos principios organizadores del gobierno de las universidades tradicionales han sido puestos en cuestión en las últimas décadas en un contexto más general del cambio de relaciones entre el estado y las universidades.