Hacia Caracas y Tlaxcala, en intentos de la negociación global

6.4.2 Hacia Caracas y Tlaxcala, en intentos de la negociación global.

En la segunda mitad de la década del ochenta, la cadena de violencia y atentados se dirige contra personalidades políticas y líderes del país, entre ellos, al Secretario de Relaciones Políticas de la Unión Patriótica, José Antequera, ocurrido en 1988 en el aeropuerto de Bogotá. En este atentado resulta herido el dirigente liberal Ernesto Samper Pizano, quien seis años después llegaría a la presidencia de la República. Posteriormente, durante la campaña electoral presidencial para suceder a Barco, el terror se manifiesta con los asesinatos de tres candidatos presidenciales: Luís Carlos Galán Sarmiento del Partido liberal (agosto de 1989), Carlos Pizarro Leongómez de la Alianza Democrática M-19 (1990) y Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica (1990), agrupación cuya fuerza principal la constituye el Partido Comunista. En este momento la izquierda cuenta con un amplio respaldo popular.

El beneficiario en los sufragios dado el asesinato de Luís Carlos Galán es César Gaviria Trujillo, quien resulta electo presidente en una campaña donde además se impulsa la iniciativa de los estudiantes de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Los avances alcanzados por la Constituyente son el reflejo de los acuerdos entre los sectores que la dirigen Partido Liberal, Horacio Serpa, Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado, y Alianza Democrática M-19, Antonio Navarro Wolf, con el gobierno, militares, el establecimiento en contraposición con los intereses del narcotráfico que ejerce su presión relacionada con la extradición.

Aunque en sus inicios el gobierno de Gaviria expresa sus intenciones de transitar por el camino de la Paz, en la práctica persiste en la confrontación militar que evidencia con el ataque a Casa Verde, sede del Secretariado nacional de las FARC-EP, el 9 de Diciembre de 1990 en el momento en que se desarrollan las elecciones para la Asamblea Constituyente. Esta ofensiva tiene como propósito mostrar la eficacia de la fuerza pública contra el movimiento Guerrillero, lo que termina en un total fracaso, pues arroja como resultado 120 bajas del ejército y 9 helicópteros fuera de servicio, según los informes de la Comandancia del ejército. En la perspectiva de abrir nuevos espacios para el diálogo y como respuesta al ataque de Casa

Verde, la Coordinadora Guerrillera, CGSB, incrementa sus acciones militares y de sabotaje

mediante la campaña “Comandante Jacobo Arenas, juramos cumplir”. Los resultados de esta campaña guerrillera conducen al gobierno a valorar las posibilidades de un nuevo proceso de negociación. Para presionarlo, la CGSB se toma la Embajada de Venezuela en Colombia, hecho que propicia el encuentro de Cravo Norte en Arauca, donde parte un proceso cuya primera etapa son los diálogos de Caracas.

Los Diálogos de Caracas se inician y se llevan a cabo en dos rondas: En la primera, 3 de junio de 1991, se abordan los temas a estudiar, estableciendo la posibilidad de pactar un Cese al Fuego entre la CGSB y el Ejército; frente a esta propuesta de cese bilateral al fuego, sin condicionamientos previos y con mecanismos de veeduría nacional e internacional, el gobierno propone, siguiendo el esquema aplicado con los movimientos desmovilizados, ubicar los frentes guerrilleros en áreas geográficas restringidas, negociar la inserción política y firmar las condiciones para una desmovilización, como si estuviera negociando con un movimiento

derrotado²²¹. La segunda ronda, 4 de Septiembre, se plantea la necesidad de llegar a acuerdos sobre la convivencia pacífica, para lo cual es preciso revisar la estrategia de seguridad del Estado, de manera tal que se anule la concepción del enemigo interno propia de la doctrina de la “Seguridad Nacional” y se implante una estrategia sustentada en la democracia y defensa de la soberanía nacional. Estos diálogos en Caracas se interrumpen de manera unilateral por parte del gobierno a raíz del atentado del cual es víctima el político liberal Aurelio Irragorri Hormaza.

El 10 de Marzo de 1992, después de cinco meses las negociaciones se reanudan, en Tlaxcala-México. La CGSB formula como un aporte al proceso de paz un documento donde esboza 12

Puntos para construir una estrategia de Paz, que contiene sus opiniones en torno a los

grandes problemas nacionales como: la aplicación de la política económica neoliberal, explotación de los recursos naturales del país, corrupción administrativa, militarización de la vida nacional y los Derechos Humanos. La agenda aprobada por las partes en la mesa de conversaciones, centra la atención en la Apertura Económica y sus efectos sociales, corrupción administrativa, derechos humanos, paramilitarismo, aspectos de la confrontación

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Como se reseña atrás, las distintas experiencias han configurado una serie de modelos de negociación y solución política que los académicos han clasificado en tres según la naturaleza de las agendas y las condiciones de la negociación: Agenda

amplia (toma en consideración aspectos relacionados con una paz con justicia social, soberanía y democracia), Agenda restringida (se reduce a abordar el tema de la desmovilización, el desarme y la reinserción) y Negociación en medio del conflicto (que combina las dos agendas).

que afectan a la población civil (Secuestros, desapariciones forzadas, retenciones arbitrarias, entre otros), y Estado, democracia, nueva constitución y sistema político.

Este temario Aprobado en Tlaxcala trasciende el enfoque gubernamental de agenda cerrada, que pretende reducir la paz al simple cese de la lucha armada, con la convocatoria, al mismo tiempo, a diferentes sectores de la Nación a pronunciarse en torno a problemas económicos, sociales y políticos del país, agenda amplia.

El gobierno, en su afán de eludir la discusión sobre los aspectos de la política económica, que en ese momento están adquiriendo un tinte profundamente neoliberal, toma como pretexto la muerte de Argelino Durán Quintero, retenido meses antes por el Ejército Popular de Liberación (EPL), para introducir modificaciones unilateralmente en el temario aprobado en Tlaxcala. Mientras tanto incrementa el pie de fuerza, mantiene el impuesto de guerra y despliega intensos operativos por tierra y aire sobre las áreas de asentamiento de las comandancias de la CGSB. La posición del Gobierno de condicionar el reinicio de los diálogos, a la reversión del acuerdo original introduciendo nuevos temas y modificando el orden aprobado en la reunión del 13 de marzo, lleva a la suspensión oficial de la conversaciones, sin haber avanzado en la solución negociada del conflicto social y militar. En una declaración pública las partes manifiestan su propósito de reavivar los diálogos a más tardar el 31 de octubre de 1992, compromiso que incumple el presidente César Gaviria, quien decide declarar la guerra integral a la subversión cerrando las posibilidades de una solución política al Conflicto Armado. El esquema de negociación manejado por el gobierno, funciona para movimientos sin mayor capacidad militar y que hubiesen perdido la perspectiva política revolucionaria. Para las FARC-EP y el ELN, para la CGSB, la solución política al conflicto social y armado que vive el país, requiere de la participación de toda la nación, de los distintos sectores sociales, de la sociedad civil en su conjunto y no es solo un problema entre gobierno y guerrilla.

En relación con las FARC- EP y los procesos de unidad cabe recordar que cuando el Presidente Turbay introduce como política antisubversiva el Estatuto de Seguridad, se recrudecen los ataques a las organizaciones de izquierda con especial énfasis en la base social de los movimientos legales no armados, lo que conlleva a un posterior debilitamiento de éstos, el consiguiente apoyo y reforzamiento de los grupos alzados en armas, iniciándose así un proceso de recuperación político, militar y organizativo que se ven reflejados en un rápido crecimiento de su aparato en el caso de las FARC es el punto para su consolidación orgánica. En la Séptima Conferencia, especialmente en sus conclusiones, Jacobo Arenas retoma las reflexiones sobre unidad de acción y de cómo debe ser entendida, comprometiendo primero al interior de la organización una amplia discusión sobre su propia concepción de unidad:

"Lo que debemos aclararnos nosotros primero es qué entendemos por unidad de acción". El planteamiento no es nuevo, por el contrario, es viejo. Desde cuando formulamos los rasgos fundamentales de esa política dijimos que debía comenzar por

acuerdos con los demás grupos armados, en el sentido de que cuando por los lados de las FARC suenen tiros, también debían producirse de parte de los demás grupos armados.

Nunca hemos dicho, agregan las Conclusiones, que debemos encomandarnos con otros movimientos guerrilleros, poner efectivos nuestros al lado y mando de otros movimientos, convivir con ellos, llegar a acuerdos por la base, cualesquiera sean esos acuerdos, sea una política de unidad de acción. Seguramente de la misma manera pensarán las direcciones de otros movimientos guerrilleros.”²²²

Según las FARC-EP, la unidad no puede ser entendida como suma aleatoria de comandancias para la toma de decisiones y acciones bajo un nuevo rotulo, ni tampoco podrá ser la subordinación hacia otros mandos, su noción gira más en torno a la integración y accionar conjunto con base en la contribución de las diferentes organizaciones que partan desde la base social, su interés por la transformación de la actual estructura inequitativa y desigual de la sociedad, pero no significando ello un cambio en el funcionar al interior de cada estructura, sino la construcción de la unidad bajo criterios de autonomía e independencia ideológica y política.

Al integrarse y participar las FARC-EP en el proceso de negociación de la CGSB con el gobierno, donde se formulan doce puntos para construir una estrategia de paz, con la CGSB

reafirma su vocación de paz con justicia social, priorizando la discusión sobre la necesidad de

realizar cambios sociales, económicos y políticos para el país que partan desde la base social:

“De tal manera hay que potenciar y elevar el papel de las organizaciones sociales, para que

asuman un rol político alentado en el compromiso y protagonismo de las bases mediante el debate y la movilización, orientando su accionar a la lucha por la paz con vocación de poder popular para alcanzar el poder político y ser el cauce democrático y revolucionario, aglutinar importantes contingentes de fuerzas políticas y sociales, personalidades democráticas, intelectuales y patriotas para que la izquierda revolucionaria encamine a la clase obrera y todo el pueblo Colombiano en la perspectiva de derrumbar los pilares del poder paramilitar y poder avanzar a pasos acelerados en la construcción de la paz y de la Nueva Colombia, que solo nacerán de la unidad y del poder revolucionario del pueblo.”