Hacia la Eficiencia y Competitividad Universitaria

Las primeras reformas estuvieron centradas en la necesidad de sustituir los recursos del estado por recursos de la sociedad para el desarrollo de la actividad universitaria, así como en el esfuerzo de acreditación de la calidad, con miras a la estandarización de las carreras dentro del país y respecto a universidades del exterior, especialmente de Estados Unidos.

La última reforma, sin abandonar las preocupaciones iníciales, centra la atención en la eficiencia y uso de los recursos, la ampliación de la cobertura y el fortalecimiento de la calidad, entendida como cumplimiento de los estándares establecidos en los procesos de acreditación, y capacidad para competir con otras instituciones en la captación de matricula estudiantil

El sistema educativo colombiano ha intentado responder a la creciente demanda en la educación superior y a las demandas de los mercados laborales. También el crecimiento de la educación superior en su conjunto ha sido desordenado y no siempre ha estado acompañado de suficientes niveles de calidad.

Es por ello, que el Plan Revolución Educativa, ha incorporado el criterio de calidad, lo que significa no sólo evaluar con estándares, sino asegurar la eficiencia y la competitividad universitaria para fomentar una cultura de autoevaluación y autoregulación, complementada con evaluaciones de carácter académico, hacia la construcción de un modelo de aseguramiento de la calidad de la educación en Colombia. La Revolución Educativa 2002-2008, pretende transformar el sistema educativo, en magnitud y pertinencia para garantizar la competitividad del país, es decir conseguir mejor calidad de vida y una mayor equidad social.

La Revolución Educativa construida bajo el esquema participativo del presidente Álvaro Uribe Vélez, (2002-2006), en su primera etapa, generó una dinámica de transformación del sector, asegurando que la cobertura y la calidad de la educación son

factores determinantes para garantizar la competitividad de un país. Por otra parte, el incremento significativo de los costos de la educación sin que se observen efectos positivos sobre la cobertura y la calidad ha obedecido a la combinación acumulada de varios factores institucionales, administrativos y legales.

En este sentido, en el país no se ha hecho un esfuerzo metódico y riguroso para avanzar en procesos de reorganización que conduzcan a la obtención de indicadores alumno/docente, alumno/grupo, docente/grupo, ajustados a la realidad nacional y local. Otro factor que ha limitado la eficiencia del proceso de descentralización, la asignación eficiente de los recursos y la adecuada planeación, evaluación y seguimiento de los programas, ante la ausencia de un sistema de información sectorial integral actualizado y confiable.

Se observa también que la educación superior se afecta por problemas de duplicidad de funciones, escasa coordinación entre las múltiples entidades, y por la ausencia de un sistema de información unificado. Los indicadores de productividad académica muestran en general, que las universidades públicas del país se encuentran lejos de niveles de gestión y eficiencia deseables.

En estas circunstancias, sus estructuras de costos muestran una excesiva proporción de los gastos asociados con el pago de servicios personales y las pensiones, en detrimento de la inversión y de una adecuada operación, lo que afecta la calidad de la enseñanza y pone en riesgo la viabilidad misma de las universidades. Adicionalmente, se presenta una baja utilización de la capacidad instalada que no solo se evidencia en el número de cupos sin utilizar, sino también en el elevado número de instituciones pequeñas, es decir en el año 2000, cerca del 63% de las instituciones atendía menos de 3,000 estudiantes cada una. De estas, el 39% atendía menos de 1,000 estudiantes. El ejercicio de la función de supervisión, vigilancia y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, no ha respondido a una política coherente, integral y de largo plazo.

La combinación de los factores indicados anteriormente, se ve reflejada en importantes distorsiones en los costos promedio por estudiante y en los aportes directos del Gobierno Nacional, sin que exista una relación entre el esfuerzo financiero y los resultados de las instituciones en términos de cobertura, calidad y eficiencia. Así mismo,

122 el gobierno nacional en su estrategia: Acceso con Equidad a la Educación Superior, tiene como meta la implementación de tres programas para la creación de 400.000 cupos en la educación superior, mediante créditos, modernización de la gestión de las universidades públicas y promoción de la educación técnica y tecnológica.

La estrategia de mejorar la calidad del sistema de educación superior, consistía en adecuarlo a las exigencias actuales y futuras del país. Es decir, desarrollar las siguientes acciones: 1) definición de estándares; 2) evaluación de resultados; 3) diseño e implementación de planes de mejoramiento; 4) referenciación para aprender de experiencias exitosas; 5) pertinencia de los programas ofrecidos; 6) conectividad e informática; 7) televisión y radio educativa; 8) programa de textos y bibliotecas; 9) acreditación de universidades; entre las acciones desarrolladas, se destacan: definición de estándares; diseño e implementación de planes de mejoramiento para algunas universidades, exigencia de la acreditación de los programas en las universidades, etc.

Otra estrategia de la Revolución Educativa está enfocada a la modernización de la administración y la gestión del sector en los niveles nacional, departamental y municipal. Con este propósito se desarrollarán cuatro programas orientados a mejorar la productividad, la eficiencia y la transparencia sectorial, y a asegurar la calidad de las inversiones: 1) modernización institucional del Ministerio de Educación Nacional-MEN; 2) modernización de las entidades departamentales y municipales; 3) concertación de Planes de Gestión y Desempeño; y 4) sistema de información del sector educativo; estas estrategias no se han podido consolidarse en su totalidad.

A pesar de los esfuerzos realizados, Colombia no ha logrado universalizar el acceso de los jóvenes a una educación de calidad. Los indicadores de cobertura, eficiencia y calidad del sistema educativo, indican que los avances han sido lentos e insuficientes y que en muchos casos los aumentos en cobertura se han logrado a costa de la calidad. La falta de educación constituye uno de los factores esenciales del aumento de la pobreza y la persistencia de la desigualdad. A pesar de las reformas, el sector de educación se sigue caracterizando por la multiplicidad de instancias, la pobre coordinación entre sus entidades, la duplicidad de funciones, y por un diseño institucional que no genera incentivos a la eficiencia y limita las posibilidades de avanzar en la expansión de la cobertura y mejorar la calidad de la educación.

La Revolución educativa, de acuerdo a los planteamientos anteriores, genera un nuevo ambiente al interior de las universidades públicas, afectando el comportamiento de los individuos que las integran, al entrar las universidades públicas en la faceta de la calidad de la educación, donde los requerimientos son más exigentes por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional -MEN, entre otros: exigencia de mayor oferta educativa, condicionar el financiamiento a la evaluación de calidad y eficiencia según indicadores de gestión pre-establecidos, todo lo cual genera un clima organizacional diferente del que tenían antes.

En la segunda etapa de la revolución educativa (2006-2010), el énfasis se realiza en la educación como una herramienta para construir un país más competitivo, que permita brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes. Esta visión, avanza hacia la ampliación de la cobertura educativa, mejoramiento de la calidad en la educación superior, pertinencia de la educación, mejoramiento de la eficiencia del sector educativo, con sus ejes centrales: en cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica e investigación científica; sólo se la logrado aumentar la cobertura, pero sin calidad.

Revolución Educativa pasó a formar parte importante, como la estrategia para aumentar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior, donde los retos en términos de cobertura son aumentar la tasa de cobertura bruta al 34% en 2010 (significa la creación de 320.000 nuevos cupos) y hacer más equitativo el acceso con el fin de que al menos un 25% de la población más pobre de los estratos 1, 2 y 3 alcancen este nivel educativo; para lograrlo se implementa el financiamiento según la demanda y el mejoramiento de la equidad con los subsidios a la demanda, los cuales han servido para ampliar la cobertura en la educación superior y adicionalmente ofrecen incentivos para que las universidades mejoren sus niveles de calidad y eficiencia. Tal como se ilustra, el Estado subsidia una parte, es decir la Educación no es gratuita, ni es un bien público.

De la misma manera, el reto de fomentar la permanencia en el sistema educativo, es decir, disminuir la deserción en la educación superior, y así lograr que un número cada vez mayor de estudiantes culmine exitosamente sus estudios, comienza por

124 obtener un mejor conocimiento sobre sus condiciones específicas y por identificar las causas y los factores de riesgo que le llevan a desertar.

Lo anterior, conlleva desarrollar el sistema de prevención y análisis de la deserción en las instituciones de educación superior –SPADIES, una herramienta informática instalada en 70 universidades –entre ellas las de la Costa Caribe colombiana- que permite identificar y ponderar las variables asociadas al fenómeno, donde se identificaron como factores determinantes de la deserción sobresalen la vulnerabilidad académica, la dificultad de acceder a créditos o a algún tipo de apoyo financiero y una deficiente orientación vocacional.

Por otro lado, la revolución educativa (2006-2010) en la política de pertinencia de la educación, para la competitividad, propone consolidar: a) el observatorio laboral para

la educación; b) fortalecer los vínculos universidad-empresa, para que la educación superior esté sintonizada con las necesidades del sector productivo; c) promover la cultura de la responsabilidad social en las universidades; d) apoyar el proceso de internacionalización de la educación superior, con la finalidad de monitorear, analizar y

difundir información, y hacer seguimiento a los egresados de las instituciones de educación superior para crear un espacio de concertación.

En consecuencia, la calidad en la educación superior, precisa acciones como: definición de condiciones mínimas y estándares de competencias para programas de educación superior, diseño e implementación del sistema de aseguramiento de la calidad, diseño, aplicación y análisis de los Exámenes de Calidad de la Educación Superior-ECAES a todos los programas académicos de las universidades públicas de educación superior; las pruebas ajustadas comenzarán a aplicarse a parir de 2009.

Así mismo, debe: a) fomentar y fortalecer la investigación y su articulación con el sistema nacional de ciencia y tecnología con los centros de investigación a través de semilleros y grupos de investigación reconocidos de las universidades públicas; b) internacionalizar de la educación superior; c) fortalecer los vínculos universidad- empresa; d) promover la cultura de la responsabilidad social universitaria; e) uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías; f) fortalecimiento de la autonomía mediante la modernización de las instituciones de educación superior; g) creación de

redes de cooperación y del conocimiento; h) observatorio del mercado laboral y, finalmente i) sistema de monitoreo para la vigilancia y control de la educación superior, las cuales no se han podido concretar como política del gobierno de Álvaro Uribe.

En conclusión, la política de pertinencia consiste en lograr que el sistema educativo en las universidades forme el recurso humano requerido para aumentar la productividad del país y hacerlo competitivo en un entorno global. Por ello el Ministerio de Educación Nacional viene trabajando en la adecuación de las universidades de tal manera que respondan a las exigencias y a las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el sector productivo.

Así mismo, la política de eficiencia está orientada a afianzar el proceso de descentralización, con fundamento en la modernización de la administración y la gestión de las instituciones de educación superior. Esto supone una transformación operacional para promover nuevas y mejores formas de realizar el trabajo.

Por tal razón, se continuará en el próximo cuatrienio las estrategias de descentralización y modernización del Ministerio de Educación Nacional y las instituciones de educación superior. Con ello se busca garantizar una gestión con altos índices de calidad y eficiencia, orientada al servicio y provista de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

En consecuencia, las universidades públicas sometidas a la eficiencia y competitividad universitaria, concebida en la revolución educativa (2002-2010) y respaldada en la política neoliberal, bajo el pensamiento del Fondo Monetario Internacional, evidencian todo tipo de transformaciones, desde las contenidas en la Constitución de 1991 hasta las plasmadas en la Ley 30 de 1992, con las cuales se dio inicio a un proceso de reforma de la Educación Superior en Colombia, con el propósito de adecuarla a los requerimientos del modelo económico neoliberal.

Es por ello que al interior de las universidades públicas se produce en la práctica la pérdida de la autonomía académica bajo una apariencia de mayor autonomía administrativa, que no es otra cosa que la obligación de generar recursos financieros necesarios propios para el sostenimiento de la actividad universitaria. Por otra parte está el sometimiento a las necesidades del mercado laboral y sus efectos negativos en

126 la docencia, investigación y extensión, reflejado en las diversas presiones: la normatividad en materia de la obtención de los registros calificados; la persecución de los indicadores de desempeño: formación, producción académica, bienestar y extensión, que les garanticen el acceso a la obtención de la acreditación por excelencia.

En síntesis, las políticas más relevantes fueron: medidas impuestas por la ampliación de cobertura, el acondicionamiento de los contenidos a los perfiles de los Exámenes de Calidad de la Educación Superior-ECAES, los ajustes del funcionamiento de los recursos financieros y el sometimiento de las políticas de promoción de la formación de niveles técnicos y tecnológicos forzada mediante la orientación de los créditos educativos y el otorgamiento de estímulos económicos a las universidades que opten por ellos, y la consecución de recursos propios mediante la venta de servicios. Todo ello conduce a las universidades a tener menor participación porcentual de los recursos del presupuesto estatal, que resultan condicionadas por la precariedad financiera.

Finalmente, se ve afectado el ambiente interno de las universidades públicas porque son objeto de modificaciones: los estatutos generales, estatutos docentes, reglamentos estudiantiles, currículos, programas de las asignaturas, muchas veces sin concertación con la comunidad académica, lo que genera procesos de choque entre sus integrantes, de acuerdo a la circunstancia de cada universidad, donde todas apuntan hacia el mismo propósito acerca de la flexibilidad, la modernización, la racionalidad, la pertinencia, la eficiencia, la equidad y hasta la calidad.