Pablo Lapegna
HEGEMONÍA PLURALISTA Y PROYECTO NACIONAL-POPULAR (2003-2007)
Néstor Kirchner buscó diferenciar su gobierno respecto del neoliberalis- mo proponiendo un cambio de política macroeconómica con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y promover la movilidad social ascendente. Durante sus negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda externa, Kirchner culpó a la ideología neoliberal y a las institu- ciones financieras globales por la crisis del país. Su gobierno rechazó las políticas de ajuste estructural como forma de resolver la crisis y adoptó en cambio políticas keynesianas neo-desarrollistas (Féliz, 2015).
6 Sobre estos asesinatos, ver el documental La crisis causó dos nuevas muertes (dis- ponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Nfm-f2yJa0g>) y el libro del Frente Popular Darío Santillán (FPDS, 2003).
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La intervención en los mercados de exportación figuraba de ma- nera prominente entre estas políticas. Durante su mandato de cuatro años, el gobierno de Néstor Kirchner aumentó los impuestos de ex- portación a la soja, subiéndolos del 23,5% (la tasa establecida durante los últimos meses de la administración Duhalde) al 35%, fomentando lo que se ha llamado un “populismo orientado a la exportación” (Ri- chardson, 2009). A pesar de que Néstor Kirchner no enfrentó fron- talmente al agro-negocio (su gobierno prestó escasa atención a los impactos socio-ambientales negativos del boom de la soja), esta fuerte tributación sobre las exportaciones (utilizada, en parte, para financiar programas sociales) sugería un nuevo conjunto de prioridades.
En el frente político, el gobierno de N. Kirchner reconstruyó un proyecto hegemónico bajo el concepto de lo “nacional-popular”, a tra- vés del cual el gobierno nacional y las organizaciones de base estable- cieron relaciones cercanas. Desde la perspectiva de las organizaciones de base, el “objetivo era que plantearan sus reclamos mientras el pre- sidente les proponía sumarse al ‘proyecto nacional’; que en términos prácticos implicaba su incorporación al plantel gubernamental, la ar- ticulación de los trabajos territoriales con la definición e implemen- tación de políticas públicas y su retraimiento callejero” (Natalucci, 2012: 26). Muchos movimientos sociales “llegaron a la conclusión de que una medida de cooperación con el gobierno [de Kirchner] era la manera más eficiente de afirmar al menos algunos de sus intereses y valores” (Wolff, 2007: 24). A pesar de que los campesinos no son un grupo homogéneo y que sus organizaciones participaron del proyecto “nacional-popular” en diversas formas, la mayoría de los movimientos campesinos apoyaron a los Kirchner.
La relación entre los movimientos sociales populares y los gobier- nos de Kirchner se basó en una conveniencia mutua y en las “estructu- ras de sentimiento” compartidas (James, 1988). Esto se expresó como una relación hegemónica en términos de la aceptación del liderazgo de Kirchner por parte de los actores subordinados. Las organizacio- nes populares y los movimientos sociales tuvieron acceso a algunas áreas de la administración directamente relacionadas con las preo- cupaciones e intereses de sus bases (por ejemplo, este fue el caso del Programa de Social Agropecuario, que analizo más adelante). Tam- bién obtuvieron acceso a recursos que les permitieron fortalecer sus organizaciones y obtener beneficios concretos para los miembros de estas organizaciones. Los discursos del presidente Kirchner, además, se alineaban estrechamente con los discursos anti-neoliberales, nacio- nalistas/peronistas y con la “estructura de sentimiento” con la cual se identifican muchos participantes de los movimientos populares. Un miembro de un movimiento campesino articuló estas afinidades, ex-
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plicándome durante una entrevista: “En el peronismo, por ejemplo, ahí te hablan de la justicia social y todas esas cosas de lo que pasó el peronismo, pero capaz que ni la mitad practicaban ellos. Pero todos seguimos siendo peronistas, sin saber ni por qué.” Tanto los activistas como los funcionarios públicos durante los gobiernos de Kirchner re- interpretaron el rol de los movimientos sociales como un puente entre el Estado y “el pueblo”. Dentro de esta interpretación, la fase “defensi- va” de los años noventa había concluido, dando lugar a un momento de “ofensiva” para los sectores populares (Natalucci, 2012).
En términos gramscianos, este cambio de postura se puede ver como una opción estratégica por parte de los movimientos sociales en términos de involucrarse en una “guerra de posición” con el fin de obtener recursos y ocupar espacios políticos para construir poder. A comienzos de la década del dos mil, los movimientos sociales se recu- peraban de la profunda crisis económica de 2001-2002, luego de que sus organizaciones pasaran años luchando contra las consecuencias nefastas de la neoliberalización. Es importante conectar este contex- to con una frase de Marx citada por Gramsci (1971: 239) al discutir la guerra de posición: “Una resistencia demasiado prolongada en un campo sitiado es desmoralizante en sí misma. Supone el sufrimiento, la fatiga, la pérdida del descanso, la enfermedad y la presencia conti- nua, no del agudo peligro que amenaza, sino del peligro crónico que destruye”. Para los asediados movimientos populares argentinos, la oportunidad de participar en el gobierno Kirchner ofrecía un camino para dejar atrás años de movilización defensiva y orientarse hacia una nueva fase de lo que se veía como un cambio ofensivo.
Los gobiernos Kirchner brindaron estas oportunidades, creando una serie de iniciativas, programas y agencias que buscaban recono- cer e incorporar lo que se dio en llamar “agricultura familiar”. El go- bierno creó el nuevo Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecua- ria (INTA) y promovió la incorporación de los agricultores familia- res dentro del INTA de manera más amplia, incluyendo la creación de centros e institutos regionales de apoyo a la agricultura familiar (Juárez et al., 2015). Al mismo tiempo, el gobierno reconoció la im- portancia de los agricultores familiares y facilitó su participación en foros públicos. A pesar de estas buenas intenciones, sin embargo, y aunque los campesinos recibieron un espacio para expresar sus pun- tos de vista, el proceso de toma de decisiones permaneció en manos de los funcionarios públicos y siguió una dinámica verticalista. Como se señala en una evaluación de la agricultura familiar en Argentina: “Los esfuerzos de trabajo conjunto dependieron de voluntades políticas ‘in- dividuales’ y fueron formalizados institucionalmente en términos de
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convenios estándar para financiar recursos humanos y materiales en temas puntuales, pero no en términos de colaboración en los procesos y estabilidad de estos” (Juárez et al., 2015: 67).
Esta dinámica de participación sin redistribución del poder tam- bién permeó las relaciones establecidas entre el gobierno y el MNCI (Movimiento Nacional Campesino-Indígena). El MNCI fue creado al- rededor de 2005, reuniendo aproximadamente 20 mil familias y tra- bajando como una suerte de federación, conectando a organizaciones campesinas de base y organizaciones indígenas que en su mayoría son
activas a escala local o provincial7. El MOCASE (Movimiento Campe-
sino de Santiago del Estero), miembro activo de la organización inter- nacional La Vía Campesina y el mayor movimiento campesino de Ar- gentina, con aproximadamente 9 mil miembros (Barbetta, 2012: 60), jugó un rol decisivo en la creación del MNCI junto con otras organiza- ciones campesinas como la UST (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza) y el MCC (Movimiento Campesino de Córdoba).
En 2006, funcionarios públicos se acercaron a los miembros del MNCI y les ofrecieron el control del PSA. Los líderes de la MNCI acep- taron la oferta con el objetivo de cambiar el enfoque que tenía el PSA respecto del desarrollo rural. Después de una serie de reuniones y asambleas, el MNCI decidió que la infraestructura del PSA podría ser utilizada como una plataforma para cambiar las desigualdades de po- der, especialmente teniendo en cuenta las desigualdades entre las orga- nizaciones campesinas y las administraciones provinciales (muchas de las cuales se suelen oponer a la mera existencia de organizaciones de
base)8. Argumentando que el PSA veía a los beneficiarios del programa
como “individuos en el mercado”, la nueva dirección buscaba cambiar estas relaciones para lograr que las organizaciones campesinas e in- dígenas puedan ser consideradas como actores sociales y tenidas en cuenta a la hora de definir políticas. El nuevo liderazgo del PSA, por lo tanto, propuso un enfoque de desarrollo que sería implementado sin mediaciones, autónomamente y con la intencionalidad propia de las
organizaciones “siguiendo los objetivos de la organización”9.
Este PSA reformado implementó una serie de iniciativas basadas en un “enfoque socio-territorial”. En lugar de presionar para lograr acuerdos entre organizaciones de base y gobiernos provinciales (un
7 De acuerdo a las propias estimaciones del MNCI. Ver <http://mnci.org.ar/about/>. 8 El PSA contaba con oficinas en 21 de las 23 provincias argentinas, empleando a más de 700 “técnicos de terreno”, incluyendo agrónomos, veterinarios y otros profesionales. 9 Las citas de este párrafo y el siguiente corresponden al documento “El enfoque socio-territorial”, escrito por un grupo de intelectuales orgánicos del MNCI que par- ticiparon activamente en la re-orientación del PSA.
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consenso que habitualmente se inclinaba hacia los intereses de estos últimos), este nuevo enfoque implicaba que
la asistencia técnica debía reformatearse como práctica. Fue necesario que los equipos técnicos llevaran a cabo una intervención que reco- nociera el conflicto y fueran capaz de desenvolverse en una realidad atravesada por relaciones de poder. […] En el enfoque socioterritorial la conflictualidad no es más una externalidad negativa sino parte del proceso de definición de los usos del territorio.
El PSA organizó talleres con “intelectuales orgánicos” del MST, el movimiento brasileño de campesinos sin tierra, buscando replicar el éxito relativo de esta organización en cuanto a la construcción de un modelo de desarrollo alternativo (Vergara-Camus, 2014). El PSA controlado por el MNCI, en resumen, buscaba no solo abordar las desigualdades materiales sino también de poder, una cuestión clave en la creación de estrategias efectivas de desarrollo rural (Kay, 2006). En 2007 hubo un cambio de ministros en el área de economía, y por lo tanto también cambió la dirección de PSA (el programa era parte de la Secretaría de Agricultura que, a su vez, estaba bajo control del Ministerio de Economía).
Los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner se caracteri- zaron por un momento de hegemonía basado en la recreación de “el pueblo” como sujeto político, la construcción de un proyecto nacional- popular y la incorporación de los movimientos sociales en programas estatales. El caso del MNCI ilustra que etiquetar la cooperación entre los movimientos sociales y el gobierno como una simple “cooptación” le presta poca atención al punto de vista situado de los líderes de los movimientos y olvida el escenario complejo que enfrentaban a princi- pios de los 2000. El compromiso con el gobierno no solo proporcionó a los movimientos campesino-indígenas acceso a recursos e informa- ción, sino que también les brindaba la oportunidad de reestructurar las metas y orientaciones del desarrollo rural a lo largo de líneas más críticas, dejando atrás el legado de las políticas neoliberales. Este pro- yecto, sin embargo, fue de corta duración y se enfrentó a la arraigada oposición de la Secretaría de Agricultura, cuyo personal había estado profundamente involucrado con las políticas de los años noventa. Por otra parte, el hecho de que un cambio en el gabinete de ministros (por causas ajenas a las agrarias) pusiera fin a esta re-estructuración del PSA también indica la fragilidad de la estrategia de cambiar las rela- ciones de poder “desde dentro” del Estado. Estos problemas ilustran uno de los principales retos de una guerra de posición, es decir, las dificultades para “resistir las presiones y tentaciones de recaer en la
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búsqueda de ganancias incrementales para los grupos subalternos en el marco de la hegemonía burguesa” (Cox, 1993: 53).
En la sección siguiente exploro estas tensiones y contradicciones centrándome en un segundo momento en la construcción de una he- gemonía nacional-popular: la fase organicista de la hegemonía que se cristalizó en poder estatal. Como veremos, la evolución hacia una hegemonía menos vinculada a la construcción de un actor político y más vinculada con el fortalecimiento del poder estatal fue el resultado de una confrontación entre los actores detrás del proyecto nacional- popular (el gobierno nacional y sus partidarios) y los actores domi- nantes del agro-negocio.
EL GOBIERNO NACIONAL VERSUS EL AGRO-NEGOCIO EN LA