VI. TENSIONES Y CONFLICTOS ENTRE Y DENTRO DE EL MOVIMIENTO
6.3. Huelgas generales de 2001 y 2003: la huelga como estrategia de
desestabilización política
Las huelgas generales de estos años cobran importancia toda vez que no se trataba ya de eventos relacionados a demandas laborales, sino que tenían un carácter estrictamente político. Ante ello, y luego de golpe de Estado del año 2002 y del paro petrolero de 2002-2003, el diálogo existente entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores termina por romperse, luego de que la alianza entre FEDECAMARAS y la CTV desbordara su “ámbito tradicional de poder” y asumiera un rol preponderante en el escenario político nacional de Venezuela (García, 2011).
La huelga aparece, en este escenario, no ya como un mecanismo legal circunscrito a la conflictividad laboral, sino que su activación responde más a una estrategia adoptada desde el sindicalismo tradicional como una manifestación en contra del gobierno. Con ello, el Estado pierde su papel como mediador en un conflicto laboral y pasa a ser un enemigo ante el cual parte importante de los agentes laborales- sindicatos y gremios empresariales- se alían para solicitar su renuncia. Esto a va a desencadenar, posteriormente, en una contra táctica desde el gobierno venezolano: la ilegalización de las huelgas laborales en los espacios de trabajo.
La primera huelga general, convocada el 10 de diciembre de 2001 por la CTV y FEDECAMARAS, aparecía como una forma de protestar en contra de la promulgación en noviembre del mismo año de 49 leyes haciendo uso de los poderes recibidos por la Asamblea Nacional, pero sin haber sido sometidas a consulta nacional, requerida por la Constitución de 1999. Dichas leyes tenían un contenido considerado popular y nacionalista, siendo la huelga entonces una reacción por la radicalización y aceleración de las transformaciones impulsadas
81
desde el gobierno de Chávez (Lucena, 2005; Ellner, 2003); a la vez que se veían como una amenaza potencial a los derechos de propiedad privada (Webber, 2010). Esta campaña de desestabilización económica y política de dos meses que se cristalizó en un paro patronal exitoso, en la medida en que paralizó un 90% de las actividades económicas (Lucena, 2005), fue el preámbulo del golpe de Estado del 12 de abril de 2001, en donde Chávez fue temporalmente derrocado y Pedro Carmona, presidente de FEDECAMARAS se declaró presidente transitorio. En palabras de Lucena (2005), las movilizaciones y la violencia expresada en las calles entre los días 11 y 14 de abril de 2002 fueron expresión de factores como el fortalecimiento de la oposición, el desgaste del gobierno, la recesión económica y las polarizaciones y las agresiones entre las diferentes fuerzas y organizaciones del escenario político.
El día 11 de abril de 2002 se realizó la concentración más multitudinaria que se había conocido en la historia reciente de Venezuela (Lucena, 2005), con una escala e importancia no vista desde el Caracazo (Webber, 2010). Con ello se marca un punto de quiebre, donde la lucha de clases desde abajo emergió con mucha más fuerza como una respuesta a la contra-revolución desde la derecha (Webber, 2010). Los detractores al gobierno se reunieron en la sede de PDVSA en acto de solidaridad a los empleados en huelga, pero luego la marcha terminó por dirigirse frente al palacio presidencial para protestar y exigir la renuncia de Chávez (Lucena, 2005). Simpatizantes chavistas se encontraban también en el lugar, lo que terminó por generar un enfrentamiento que dejó un saldo de 19 personas asesinadas. En los días sucesivos, se hizo un golpe de Estado, para luego restituir a Chávez en la presidencia.
Para la huelga general de diciembre de 2002 se hizo aún más patente la coincidencia de intereses políticos entre el movimiento sindical tradicional y opositor al gobierno y el gremio empresarial. Esto se cristalizó en lo que se llamó la Coordinadora Democrática, donde la CTV y FEDECAMARAS se
82
aglutinaron para hacer frente a la situación política (García, 2011). De esta forma, la huelga general de diciembre de 2002, contó con la convocatoria de la Coordinadora Democrática- sectores de oposición- a realizar cacerolazos todos los días, encontrando receptividad en sectores de clase media y alta. Luego de tres días de huelga, la oposición llamó a una “huelga activa” (movilizaciones en la calle), lo que trajo consigo que personas de clase media protestaran en las refinerías impidiendo que los trabajadores ingresaran a sus espacios de trabajo. Los dirigentes chavistas hablaron de un paro empresarial o “lockout” para caracterizar esta huelga. A esto se suma que tanto los obreros petroleros como los trabajadores de la industria pesada de la región de Guayana, los empleados públicos y los trabajadores del Metro de Caracas se rehusaron a apoyar la huelga. Los dirigentes de las organizaciones sindicales de estos sectores surgieron como una tercera fuerza “independiente” dentro del movimiento sindical venezolano, ya que pertenecían a la CTV pero no eran chavistas. Su oposición al apoyo radicaba en que no estaban de acuerdo con la alianza con FEDECAMARAS- adversario tradicional de la clase trabajadora- y en que se acusaba a Ortega y a otros dirigentes de la CTV de no haber consultado a sus bases antes de llamar a la huelga (Ellner, 2003).
Este paro petrolero fue eminentemente político, pues la consigna era “Chávez vete ya” y carente de contenidos gremiales, y pese a que se paralizaron las actividades de la industria petrolera durante un mes, la huelga no cumplió su objetivo (Díaz, 2006).
Nuevamente acá, se iluminan las contradicciones que ciertas tácticas- en una contingencia histórica de agudización de conflictos sociales y de clases- van generando al interior del movimiento sindical. Si bien la discusión autonomía-cooptación del movimiento puede tornarse relevante en este periodo, nos parece también importante recalcar que la posibilidad de crear una nueva central- y que desencadenará posteriormente en la creación de la UNT-
83
no está solamente vinculada a intereses gubernamentales. Esta perspectiva, nuevamente estatalista, obvia que dentro del movimiento sindical existieron fricciones que se agudizaron con el contexto general propiciado por la llegada de Chávez al poder. Así, mecanismos activados desde las cúpulas de la CTV generaron que varios dirigentes decidieran salirse de ella para formar una nueva central sindical (paros y huelgas, etc., OIT, etc.).
Aun después de que la CTV se desacreditara luego del fracaso de la huelga general de 10 semanas, seguía existiendo el resquemor de muchos sindicalistas chavistas de abandonar esta central para crear una nueva, siendo uno de los argumentos las temidas consecuencias de aislamiento que generaría el paralelismo sindical al desprenderse de sindicatos mayoritarios. La comunista CUTV (Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela), para ese momento, propuso- para escapar a lo precipitado que podría ser crear una nueva central, por ser considerada oficialista- formar una “coordinadora nacional”, para ir preparando el terreno para una nueva central unificada (Ellner, 2003).
La huelga de diciembre iluminó también un asunto que estaba en discusión en el seno del movimiento sindical chavista: despedir a empleados de la administración pública considerados no confiables. La línea más dura dentro del chavismo logró que 18.000 empleados, en su mayoría de nómina mayor y que habían participado de la huelga, fueran despedidos. Esto no debería sorprender, considerando las motivaciones políticas detrás de ello: FEDEPETROL había sido un bastión de AD. Junto con esto, se argumentaba que quienes debían ocupar las posiciones de los empleados despedidos debían ser, de preferencia, chavistas que habían arriesgado su vida formando brigadas cívicas durante la huelga para resguardar la seguridad de las instalaciones petroleras. Esto, claramente, formaba parte también de una estrategia que pretendía consolidar a dirigentes chavistas en FEDEPETROL y sacar a la federación de la CTV. Lo mismo se sugirió, desde la línea dura del chavismo en
84
el movimiento sindical, dentro del sector público (educación y empresa de electricidad Cadafe), donde se acusaba que los “enemigos del proceso revolucionario” estaban ocupando posiciones clave al mismo tiempo que se mostraban inamistosos con los trabajadores chavistas (Tribuna Popular, 2003, 6; en Ellner, 2003). Así,
“el reemplazo de empleados pertenecientes a los partidos tradicionales por chavistas evidentemente involucraba el riesgo de transformarse en una simple operación de clientelismo político, una tradición profundamente enraizada en
Venezuela” (Ellner, 2003:174).
Este paro petrolero, entonces,
“supuso una derrota catastrófica que causó un daño irreparable a la estructura
sindical de oposición” (Díaz, 2006:12)
, pues no sólo no logró la destitución de Chávez, sino que logró el despedido de 18 mil trabajadores y que Carlos Ortega, presidente de la CTV, fuera condenado a 16 años de cárcel. Por otro lado, supuso una ventana de oportunidad para los sindicalistas chavistas, pero también un riesgo asociado justamente a la problemática de la cooptación-autonomía del movimiento sindical.
Así, y lejos de ser un comportamiento monolítico, quienes se opusieron en el seno de la CTV a las huelgas promovidas entre 2001 y 2003 y que además se mostraron receptivos a crear una confederación obrera alternativa, manifestaron también sus reservas a la posibilidad de que ello pudiera significar la promoción de una organización oficialista dentro del movimiento sindical y “bajo las órdenes” del Estado. Así, si bien Chávez podía movilizar políticamente apoyo al repudio a dirigentes tradiciones de la CTV- sobre todo en sectores populares- no podía evitar que se sembrara la duda respecto a que todo ello fuera en función de crear un sindicalismo oficialista (Ellner, 2003).
85
De esta forma, nuevos acontecimientos fortalecieron la posición de quienes apostaban por crear una nueva central. Uno de los factores más importantes, era la deslegitimación de la CTV luego del fracaso de la huelga general y su alianza con FEDECAMARAS. A esto se sumó que luego del golpe de Estado frustrado de abril del 2002, algunos dirigentes defensores de la estrategia de no abandonar la CTV abandonaron el MVR; y la emergencia de grupos de dirigentes sindicales independientes que estaban dispuestos a quebrar con la CTV, luego de las elecciones de la CTV en octubre de 2001, y de las huelgas generales posteriores. Un argumento que también aparecía era el posible descrédito dentro de los trabajadores de los sectores chavistas, al no romper con la CTV (Ellner, 2003).
Así, y luego de la última huelga general, los dirigentes independientes más importantes buscaron apoyo a nivel nacional para crear una nueva confederación (Machuca, Rosales, Torrealba y Rondón), a la vez que se barajaba que, para evitar que fuera tildada de oficialista, el presidente fuera uno de los independientes.