Instituciones y órganos administrativos

En la evaluación que la Contraloría y la Procuraduría general de la nación realizo a 130 municipios se presentan diferencias que pueden obedecer a varias causas: 1) A que los municipios no están separando los recursos de acuerdo a su origen, 2) A errores en los procedimientos contables 3) A que las empresas generadoras no reportaron el valor real de su transferencia por motivos de diferencias en la temporalidad de la causación. En síntesis, el problema real que evidencian estas inconsistencias es una falta total de claridad en el manejo de los recursos.

Sobre este aspecto hay que destacar la falta de idoneidad y buen desempeño de los Municipios y las CARS, pues la conformación de sus plantas de personal suscita preocupación, en particular por los problemas de corrupción que sobre estas se ciñen. Esta situación se puede apreciar en el índice de transparencia nacional publicado en 2007-2008 el cual intenta medir el riesgo de corrupción en las entidades públicas. En este sentido, el sector de medio ambiente es el segundo sector de más deficiente desempeño con un promedio de 65.2 sobre 100 puntos, en este el 38% de las corporaciones autónomas regionales están en riesgo medio y 26% en riesgo alto y muy alto de corrupción. “Estas entidades han sido señaladas en varias ocasiones por diferentes grupos políticos, sociales y medios de comunicación por su marcada ineficiencia y sus escandalosos hechos de corrupción”(Transparencia por Colombia, 2009). Por otro lado entes reguladores como la comisión de regulación de energía y gas CREG, suscitan preocupación pues se encuentra dentro de un nivel de riesgo alto de corrupción, con un índice de transparencia tan solo del 35,9. Esto la ubica en el puesto 135 puesto entre 138 de las instituciones públicas menos transparentes. dentro de este mismo análisis la unidad de planeación minero energética UPME y la súper intendencia de servicios públicos domiciliaros SPDD se encuentran ubicadas en el puesto 32 y 43 respectivamente con un índice de transparencia de 81 y 78,3 respectivamente, situación aparentemente tranquilizante, no obstante es claro que estas entidades son altamente vulnerables a esta problemática.

De este modo, avanzar en un modelo apropiado para la gestión de estos recursos necesariamente requerirá: esclarecer cual es el monto real de las trasferencias y permitir una comunicación entre los agentes, los municipios y las corporaciones, y por otro lado elaborar un mecanismo que garantice la buena gestión de los recursos. Para esto se propone por una parte la instauración de un organismo que se encargue de dar cumplimiento a la normativa que cobijan las transferencias mediante el fortalecimiento de sistemas de información, de tal forma que se cree un canal de

información entre los agentes generadores, los Municipios y corporaciones beneficiados por las transferencias del sector eléctrico.

Para ello, en 2006 la superintendencia de servicios públicos domiciliarios creo el comité de seguimiento del mercado de energía mayorista “CSMEM” con el objetivo de analizar la situación del mercado mayorista, entender su composición, determinar los agentes que influyen mayormente en la fijación de los precios de la energía en bolsa, y elaborar indicadores de seguimiento que permitan prever situaciones monopólicas entre otras.

Este órgano adscripto a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, el cual es el órgano que ejerce control, inspección y vigilancia de las empresas prestadoras de servicios públicos dentro de la estructura del sector eléctrico. Ver Figura 5, está dotado de capacidades con las cuales se pueden realizar análisis de fondo de la situación del mercado de energía mayorista el cual es el mercado que directamente influye en la determinación de las transferencias del sector eléctrico.

Así se propone, además de las funciones actuales, dotar a la comisión de seguimiento del mercado mayorista de las funciones del seguimiento y control de las transferencias del sector eléctrico. Esta función será de vital importancia tanto para los agentes generadores como para los municipios y corporaciones autónomas beneficiadas con esta.

Para este órgano el acceso a la información necesaria es sencilla, ya que la superintendencia de servicios públicos domiciliarios al ser un órgano de vigilancia y control tiene la facultad de solicitar información a los agentes generadores; así mismo, por la condición de ser parte de la estructura del sector eléctrico, tiene facultades para ejercer una comunicación con XM ,expertos en el mercado, y filial de ISA que presta el servicio de la administración y operación del mercado de energía mayoristas. Así el comité de seguimiento tendría la información suficiente, tanto en la cantidad de energía generada por cada tipo de central como de las cantidades transferidas, lo cual permite hacer un seguimiento y determinar las posibles irregularidades no sería complicado.

Por otro lado, Para efectos de la mejora en la gestión de los recursos transferidos por el sector eléctrico, y con el objetivo de impedir el derroche por parte de las administraciones locales, se estaría proponiendo que las transferencias en vez de ser giradas a los municipios y Corporaciones Regionales, deberían ser manejadas por el Ministerio de Hacienda, previo control y seguimiento –en la incorporación, ejecución y reporte presupuestal– por parte del DNP. Así se garantizaría un mejor destino de las transferencias, a la vez que un mayor apalancamiento en lo que se refiere a su destinación específica, dado que el 50% de los municipios desvía los recursos hacia otros sectores(Hernández et al., 2009).