Instituciones para el crecimiento y el bienestar social

3.17 La existencia de instituciones dinámicas y eficaces es un factor decisivo para el desarrollo de un país. Abundan las pruebas de que los países que más beneficios han logrado en materia de reformas económicas son los que más han avanzado en la ejecución de fructíferas reformas institucionales. Una exitosa descentralización en la prestación de servicios sociales, por ejemplo, requiere la existencia de instituciones subnacionales que operen en un contexto de transparencia y responsabilización. Otro ejemplo es el del crédito: para el desarrollo de los mercados de crédito, y de los mercados financieros en general, es indispensable contar con instituciones sólidas en el sector privado y con una capacidad reguladora eficaz. Un ejemplo más, en materia de bienestar social, es la importancia crucial de contar con instituciones responsables de la seguridad ciudadana que funcionen adecuadamente. Los siguientes son algunos de los ámbitos en los que el Banco tiene una participación estratégica en la región:

a. Ampliación del acceso a los servicios financieros. El acceso de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas al crédito formal constituye una fuerza motriz importante en la creación de empleo y crecimiento económico. Aunque las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe generan más de dos tercios del empleo, las deseconomías de escala y otros factores son obstáculos para la ampliación satisfactoria de sus operaciones. Además de compartir desafíos estructurales similares con las de regiones más desarrolladas del mundo, las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas y caribeñas tienen que lidiar con las dificultades que representan los mercados financieros de poca profundidad, procedimientos de formalización engorrosos y costosos, muy escasa protección frente a los riesgos e insuficiencia de recursos tecnológicos y logísticos para el acceso a los mercados. Con respecto al financiamiento, los datos empíricos indican, por ejemplo, que las pequeñas empresas de la región captan alrededor del 18% de su financiamiento para inversión en instituciones

financieras formales, en comparación con alrededor del 31% en los países de la OCDE; en el caso de las medianas empresas, las cifras son de 22% y 35%, respectivamente. El Banco ha desempeñado una función esencial en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en los últimos 15 años y puede seguir contribuyendo a reducir la brecha financiera en la próxima década. En el período 1994-2008, el BID catalizó más de US$30.000 millones en financiamiento para dichas empresas, a través de entidades de segundo nivel, facilitando el acceso al financiamiento a más de 238.000 pequeñas y medianas empresas y a unas 480.000 microempresas. El papel del Banco como principal proveedor de financiamiento a plazo fijo y conocimientos técnicos y especializados puede adquirir cada vez mayor importancia, dados los posibles efectos estructurales de la actual crisis financiera en materia de flujos de financiamiento a la región. El respaldo de la institución a los esfuerzos de sus clientes para aliviar las dificultades de financiamiento que tienen las pequeñas y medianas empresas en materia de inversiones productivas, en especial movilizando recursos locales, asumirá un papel cada vez más fundamental en el futuro posterior a la crisis.

b. Eficiencia y sostenibilidad fiscal. Una política fiscal sostenible y capaz de reaccionar a la demanda constituye una de las bases fundamentales de la equidad y el crecimiento. La política fiscal es capaz de reaccionar cuando las decisiones en materia de ingresos y gastos reflejan las prioridades de los ciudadanos. Un gobierno descentralizado, que otorga potestades a los gobiernos locales para recaudar sus propios ingresos y determina los gastos, constituye un instrumento poderoso de una política capaz de reaccionar a la demanda. La proporción del gasto público global a nivel subnacional en la región es de alrededor de 19% (10% del PIB), cifra que sigue siendo significativamente inferior al 30% (20% del PIB) que se alcanza en los países de la OCDE. Para llenar estos vacíos habrá que asociarse con instituciones multilaterales. El BID ya se ha constituido en un socio fidedigno en esas materias, a través de la creación de una sólida base institucional de conocimientos, la articulación de diversos programas e instrumentos, y la creación de asociaciones sólidas y duraderas con autoridades nacionales y subnacionales. Se espera que la descentralización siga siendo una esfera importante de la futura labor del Banco. Mantener bajos niveles de deuda y de déficit es una condición necesaria para la estabilidad macroeconómica, que a su vez requiere el crecimiento sostenible. Aunque la gestión económica ha mejorado, la región sigue enfrentando desafíos para lograr la sostenibilidad fiscal: para mantener en la región un nivel de deuda pública de no más del 40% del PIB, el déficit fiscal estructural tendría que reducirse en un 4% del PIB en los próximos cinco a seis años; ello requeriría un aumento del ingreso fiscal de alrededor de 3% del PIB. Dada su experiencia en materia de políticas fiscales y sociales, el BID está en condiciones favorables para ayudar a los gobiernos de América Latina y el Caribe a llevar a cabo reformas tendientes a

fortalecer su orientación fiscal y al mismo tiempo lograr reformas fiscales compatibles con una mayor equidad.

Recuadro 3.3

Apoyo del BID a los gobiernos subnacionales y locales

Hasta finales de los años noventa, el Banco canalizaba el apoyo a los gobiernos subnacionales y locales indirectamente, a través de operaciones emprendidas con los gobiernos centrales. Si bien en términos generales tuvieron éxito, estas operaciones no siempre estaban sincronizadas con las expectativas de los gobiernos subnacionales y locales y, frecuentemente, se observaba una falta de alineación entre las prioridades de los gobiernos subnacionales y locales y las de los gobiernos centrales. Desde entonces el Banco ha creado nuevos canales para ofrecer apoyo directo a los gobiernos subnacionales y locales, en un principio con garantía soberana únicamente y sin un marco estratégico específico. En 2001, el Banco presentó su Estrategia de Desarrollo Subnacional, seguida más recientemente por la creación de una ventanilla sin garantía soberana a la cual pueden acceder los gobiernos subnacionales y locales.

En el curso de los últimos diez años, el Banco ha desarrollado un sólido historial de apoyo a los procesos de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y locales. En términos de apoyo a la descentralización fiscal y la infraestructura de gobiernos subnacionales y locales, desde 1996 el Banco ha beneficiado a 150 de estos gobiernos ya sea directamente, o a través de operaciones coordinadas por los gobiernos centrales, por un total que ronda US$5.300 millones. Estas iniciativas han generado nuevas e importantes metodologías y lecciones aprendidas, entre las que se incluyen (i) la apertura de espacios con los gobiernos centrales para un diálogo de política sustantivo en torno a los gobiernos subnacionales y locales; (ii) productos operativos que aseguran la flexibilidad y la calidad, bajo sólidos marcos de seguimiento y evaluación; (iii) ciclos de proyecto eficientes y con orientación de cliente, orientados por equipos en el terreno; (iv) instrumentos concretos de diagnóstico y herramientas técnicas para gobiernos subnacionales y locales; y (v) sinergias con mecanismos no financieros que funcionan a nivel de los gobiernos subnacionales y locales, tales como PRODEV.

De cara al futuro, la capacidad del Banco de movilizar recursos con destino a los gobiernos subnacionales y locales y de ofrecer productos técnicos y operativos de elevado valor seguirá generando altos niveles de demanda de parte de los gobiernos centrales, que cada vez son más conscientes de la importancia que encierran los gobiernos subnacionales y locales para la estabilidad global, el crecimiento y la prestación de servicios, así como de parte de los mismos gobiernos subnacionales y locales.

c. Mayor seguridad ciudadana con instituciones eficaces y participación de la sociedad civil. En la región, la violencia es un grave obstáculo al desarrollo, pues dificulta el crecimiento y afecta desproporcionadamente a los pobres. El temor a la delincuencia aumenta los costos económicos, va en detrimento de una coexistencia favorable a la paz en una sociedad democrática, inhibe las inversiones nuevas, aumenta el costo de la actividad comercial, reduce el financiamiento que podría destinarse a otras prioridades públicas y socava la confianza en las instituciones, especialmente en las responsables de proteger los derechos y hacer cumplir las obligaciones de las personas. En América Latina y el Caribe la tasa de homicidios es la más alta del mundo: 27,5 por cada 100.000 habitantes por año, en comparación con 1,9 en los países de la OCDE. Según algunos estudios, la violencia está altamente correlacionada con la desigualdad; en base a promedios, casi todos los países de América Latina y el Caribe presentan mayor desigualdad y más violencia

que los países de la OCDE. El carácter multifacético de la violencia y sus complejas relaciones causales pueden haber disuadido a otras instituciones multilaterales —pero no al BID— de respaldar proyectos en este frente. El Banco apoya proyectos para aumentar la seguridad de los ciudadanos en la región en el contexto de una amplia visión, que comprende el enfoque en la rehabilitación social, la modernización de la justicia penal, la prevención de la violencia en los colegios y la violencia contra la mujer, y la prevención del crimen organizado y el lavado de dinero, entre otros ámbitos. El BID es el único banco multilateral de desarrollo que ha adoptado una perspectiva global al respecto, y su cartera representa el 72% del total de los recursos que han invertido los bancos multilaterales de desarrollo en la región en aras de mejorar la seguridad ciudadana. Algunos de los desafíos que tiene ahora ante sí la región radican en reducir la tasa de homicidios y el número de víctimas y mejorar la percepción de inseguridad que experimentan los ciudadanos en la vía pública. Dadas las ventajas comparativas ya logradas en esta esfera, el Banco puede cumplir un papel importante, contribuyendo a cerrar esas brechas mediante la ampliación significativa de sus operaciones en materia de seguridad ciudadana.

Recuadro 3.4

El costo económico y social de la violencia: Integración del control de la violencia doméstica en la agenda de la región

El Banco fue uno de los primeros bancos multilaterales de desarrollo en comenzar a trabajar en temas de violencia social (o callejera), a efectos de crear conciencia entre quienes formulan las políticas y el público en general sobre el elevado costo social y económico que tiene la violencia, y la necesidad de hacer frente a este problema. Como parte de esa labor, el Banco ha hecho aportes de investigación que ponen de manifiesto el costo socioeconómico de la violencia doméstica y los vínculos que existen entre ese tipo de violencia y la violencia social. El Banco se valió de esos estudios, a través de operaciones de cooperación técnica e instrumentos de financiamiento, para integrar la preocupación por la violencia doméstica en su propia agenda, y en la agenda de los gobiernos y la sociedad civil de la región.

Con el ánimo de destacar el compromiso institucional de abordar la violencia doméstica, el Banco lo declaró uno de sus temas bandera. El programa de investigación del Banco tenía por propósito demostrar la magnitud del problema, la prevalencia de la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe y las medidas que el Banco podía tomar para frenar este tipo de violencia. Asimismo, el Banco estableció un Consejo Asesor Externo sobre la Mujer en el Desarrollo. En 1997, y en colaboración con otros organismos multilaterales, el Banco organizó una conferencia regional sobre violencia doméstica que contó con la asistencia de 400 participantes invitados y llegó a un público de más de 20 millones de personas en Estados Unidos y México. La conferencia reforzó el uso potencialmente significativo de los medios y la comunicación social para ayudar a abordar algunos de los temas sociales más apremiantes que por años han sido causa de preocupación en la región. En 1999 el Banco publicó el libro Too Close to Home: Domestic Violence in the America (Morrison y Biehl, editores), la primera publicación de esa naturaleza por parte de un banco multilateral de desarrollo.

Las operaciones de financiamiento en el ámbito de justicia y reforma jurídica empezaron a incluir actividades de control de violencia doméstica y social, así como actividades para legislar el tema. Las dos primeras operaciones individuales para combatir la violencia (emprendidas en Colombia y Uruguay) se aprobaron en 1998, habiéndose aprobado otra en Jamaica en 2001. Las tres operaciones integraron las actividades de violencia doméstica como acciones cuyo propósito es reforzar la seguridad ciudadana. Durante el período comprendido entre 2002 y 2005, el Banco aprobó 5 préstamos por un total de US$128,1 millones y 18 operaciones de cooperación técnica que ascendieron a US$2,9 millones en los ámbitos de seguridad ciudadana y prevención de la violencia.