La coyuntura regional de seguridad y defensa

La racionalidad que motivó la firma del Acuerdo en octubre de 2009 tuvo, en principio, tres variables: el alineamiento incondicional de Colombia con Estados Unidos, la carrera armamentista regional y un rezago en el potencial militar estratégico de Colombia (Carvajal, 2011, pp. 278-295).

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Ver el anexo. El acuerdo entre Brasil y Estados no contempla el uso de bases militares y, a diferencia del firmado por Washington y Bogotá, tiene la forma y la sustancia de un consenso entre “pares”.

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Sin embargo, un cuarto elemento, no menos importante, tiene que ver con la estrategia de securitización de la política exterior colombiana que, al tiempo que le generaba problemas en el vecindario, le reportaba réditos al gobierno de Uribe dentro de su lógica de conseguir adeptos en sus acciones ofensivas contra el terrorismo. De cara a la opinión pública, la administración Uribe defendía lo pactado con Washington como una profundización necesaria en la cooperación para la lucha contra la delincuencia transnacional, especialmente en momentos en que el Plan Colombia, como estrategia para combatir el flagelo de las drogas, iniciaba su declive y ya no sería el dispensador de recursos para la fuerza pública que entre 2000 y 2009 sumaron US$4.623 millones18.

De la misma manera como la internacionalización del conflicto se convirtió, como lo afirma Tickner (2007), en una actitud consciente y calculada, la idea de convertir el Acuerdo Militar en un elemento potenciador del componente seguridad de la política exterior fue para Uribe un objetivo con alta prioridad. De ello hay por lo menos evidencia empírica, surgida de dos fuentes: el talante de las decisiones de Uribe, dominado por su férreo concepto de seguridad, y el contenido de cables diplomáticos revelados en la red WikiLeaks, creada por el periodista australiano Julián Assange, que develó cómo militares y funcionarios colombianos acudían a la embajada de Estados Unidos en Bogotá para abogar por el acuerdo para hablar de le necesidad de enviar con su firma un claro mensaje disuasivo a Venezuela y a Ecuador, principalmente19 .

La autenticidad de los cables no fue puesta en duda por el gobierno de Estados Unidos, aunque según el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos del

18 _{La cifra está contenida en informe de seguimiento al Plan Colombia preparado por el} Departamento de Estado de Estados y citado por el gobierno colombiano durante los debates parlamentarios.

19 _{Ver el anexo relacionado con los cables sobre el tema de las bases. El material fue cedido por} Publicaciones Semana en beneficio de la presente investigación.

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momento, Arturo Valenzuela se trata de “insumos a la diplomacia, pero ninguno refleja la política exterior de Estados Unidos de ninguna manera”20

Algunos de esos despachos diplomáticos relacionan una reunión de mayo de 2007 en la que Uribe le expresó al secretario de Estado de la época, John Negroponte, que estaría dispuesto a autorizar que se ampliara la presencia de militares estadounidenses en bases colombiana para perseguir “altos objetivos estratégicos” en la campañas contra el narcotráfico y la guerrilla y se quejó de la “inquietante” postura asumida frente a estos temas por gobiernos vecinos. Otros, recrearon una visita a la sede de la embajada de ese país en Bogotá en la que el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Fredy Padilla de León, expresó que su gobierno tenía calculada la reacción Hugo Chávez y Rafael Correa ante el anuncio del Acuerdo militar.

Este enfoque sugería que la intención del gobierno colombiano del momento de hacerse a un tutor en materia de seguridad no obedecía exclusivamente a un sesgo conflictivo a la proclividad de Uribe hacia las soluciones de enfoque belicista. En esa coyuntura resultaba evidente que Colombia había descuidado su estrategia de defensa externa y que sufría un rezago en el potencial estratégico de sus Fuerzas Militares. Carvajal (2011, p. 287) retoma un estudio de The Military Balance 2008, citados a su vez en un análisis sectorial del Ministerio de Defensa, para llamar la atención sobre el hecho de que Colombia ocupaba entonces el cuarto lugar en el nivel de gasto militar, por debajo de Ecuador, Chile y Venezuela. Al amparo del Plan Colombia el país se había hecho a equipos tácticos para enfrentar los problemas de seguridad interna, pero aparte de la experiencia de combate de sus tropas, no contaba con los recursos necesarios para enfrentar un

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Valenzuela hizo esa observación en una entrevista concedida a la revista española especializada Política Exterior, publicada bajo el título “El hombre de Obama para Latinoamérica” en la edición número 139 (enero y febrero de 2011, páginas 159 a 177).

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conflicto regular. En este contexto, no dejaba de resultar un contrasentido el hecho de que tal variable no podía se desatendida por un país cuyo conflicto interno se irradiaba a través de las fronteras hasta caracterizar en buena medida el perfil de la política exterior.

Flames y Nolte (2010, pp. 22-33) se refieren a la coyuntura del momento y comienzan por destacar que el riesgo de confrontación bélica entre dos o más Estados en América Latina es baja. Apoyados en datos del Instituto Internacional de Estudios de la Paz de Estocolmo (Sipri), los dos analistas recuerdan que durante la década de los noventa hubo cuatro conflictos entre estados de la región, mientras que en África se registraron dieciséis, nueve en Asia, nueve en Medio Oriente y Ocho en Europa. Sin embargo, el enervamiento de las tensiones regionales aquí estudiadas coincidió con una aceleración de la carrera armamentista. De acuerdo con un estudio de los dos analistas internacionales, Venezuela se convirtió en un socio estratégico de Rusia en este ámbito y entre 2005 y 2010 cerró contratos por US$5.000 millones para adquirir una flota de 55 helicópteros de combate y transporte, veintinueve aviones de combate, veinte buques de guerra y arsenales compuestos por fusiles de asalto, lanzamisiles y lanzagranadas con la respectiva transferencia de tecnología.

Bolivia, uno de los aliados y dependientes de Chávez, obtuvo de Rusia un crédito de US$100 millones para hacerse a armamento más moderno, en tanto que Ecuador le compró a Moscú una flotilla de helicópteros para el transporte de tropas (Flames y Nolte, 2010. p. 34).

Mientras Colombia mantenía fijos sus ojos en Washington, Brasil, la potencia regional, concretaba una alianza con Francia para el traspaso de tecnología militar por US$2.500 millones. En su caso, la alianza no era estrictamente militar y echaba mano de otros recursos para fortalecer aún más su potencial como país:

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concertaba con París una postura para reformar el sistema financiero global y para proteger el medio ambiente, lo que consolidaba su liderazgo subcontinental.