La evaluación institucional como actividad de evaluación formativa

Dentro de todos los procesos de evaluación y acreditación universitaria que se encuentran bajo el “ámbito” de la CONEAU, la Evaluación Institucional es el principal proceso con una finalidad abiertamente formativa. El documento orientador más importante producido por la CONEAU fue el de “Lineamientos para la Evaluación Institucional”22_{. Este documento, con grandes}

2. Este Documento fue elaborado por un importante grupo de especialistas en Ciencias Básicas y Tecnología, en Ciencias Sociales y en Desarrollo y Evaluación Institucional, coordinado por el entonces miembro de la CONEAU, Norberto Fernández Lamarra. Una vez concluido y antes de su aprobación definitiva- fue enviado en consulta

orientaciones generales sobre cómo realizar la evaluación, se sustenta en la concepción teórica de que los procesos formativos deben tener un momento autónomo, ligados a las necesidades propias de cada institución. Esto resalta la capacidad de las universidades de seleccionar los aspectos principales y las formas propias de cómo llevar adelante los procesos, adecuándolos a sus propios planes institucionales (Dias Sobrinho, 2010).

Como se menciona anteriormente, la evaluación institucional universitaria en Argentina empezó a desarrollarse con anterioridad a la a la sanción de la Ley de Educación Superior de 1995 y la consecuente creación de la CONEAU, siendo pioneras las Universidades Nacionales del Sur, de Cuyo, y de la Patagonia Austral. Con la sanción de la LES y la creación de la CONEAU, esta se convirtió en la agencia encargada de la tarea de coordinar la evaluación externa de los procesos de evaluación institucional universitaria.

Para 1997 ya habían completado su evaluación institucional las Universidades Nacionales de San Juan, del Nordeste y de Luján. La Evaluación Institucional -tal como lo plantea el marco normativo de la CONEAU- se divide en dos claras etapas: la autoevaluación y la evaluación externa, precedidas por un acuerdo para realizar el proceso entre la institución y la CONEAU. La evaluación externa se manifiesta en un informe que es enviado a la institución evaluada para su conocimiento y que se complementa con una respuesta con los comentarios o descargos de su Rector.

Aunque la evaluación institucional (EI) jugó un papel importante en los orígenes de la CONEAU, tratando de combinar procesos de evaluación con autonomía institucional, su auge inicial no fue seguido en los años siguientes. Posiblemente esto se deba a que la CONEAU comenzó a priorizar o a centrarse

al Consejo Interuniversitario Nacional y al Consejo de Rectores de Universidades Privadas

en actividades de acreditación o de autorización institucional. Esto tuvo dos consecuencias, que las instituciones no vieran en la EI una prioridad, por un lado, y que a la CONEAU no se la asociara como un agente promotor de la calidad interna en base a procesos de autoevaluación sino como un agente controlador del sistema mediante procesos normativos.

Una de las funciones de la CONEAU en la EI era la selección del comité de pares que realizaría la evaluación externa. A diferencia de las acreditaciones de grado y de posgrado, estos pares no eran disciplinarios sino que caracterizaban por tener un perfil de experiencia en cargos de dirección y gestión académica. Para cada proceso dicha selección se dividía en pares que tuvieran experiencia en gestión administrativa, docente, de investigación/ extensión, y para las universidades nacionales y aquellas privadas que lo solicitaran, en cuestiones de administración económica y financiera. Como se ha mencionado en otros trabajos (Fernández Lamarra, Aiello y Grandoli, 2013), la experiencia de los pares seleccionados fue disminuyendo a través del tiempo, dejando de actuar como tales aquellos que habían sido referentes en el campo universitario en la década de los noventa.

Paralelamente, en las universidades que fueron desarrollando sus procesos se percibía que la idea de institución universitaria que se evidenciaba en los juicios externos era aquella de las tradicionales universidades públicas, sin una adecuación o conocimiento integral de las realidades o los proyectos institucionales de las nuevas universidades. Sin embargo, la mayoría de los autores resalta la potencialidad de los procesos de autoevaluación, tanto para desarrollar un conocimiento pleno sobre la institución como para orientarla hacia procesos de mejora.

Sin embargo, muchas universidades perciben a la evaluación institucional como otra actividad de la CONEAU, del tipo de aseguramiento de la calidad o de control, más que como un proceso de búsqueda de la mejora de la calidad. Esta percepción

que se tiene de la evaluación tiene un impacto en todo el proceso: así, por ejemplo, generando autoevaluaciones descriptivas o autocomplacientes, sin las riquezas necesarias para orientarse a la mejora. Otras consecuencias son que muchas veces las evaluaciones externas están centradas en un modelo relativamente rígido y pre-establecido de institución -muy burocrático y convencional- poco innovador, y se proponen, en los modos de controlar, que cada institución se adapte a ese modelo.

A diferencia de los procesos de acreditación de grado, desde el sector público no se financian las aplicaciones de las mejoras que se encuentran en las sugerencias de las evaluaciones institucionales, cuestión que podría permitir una viabilidad sustentable de planes de desarrollo y la promoción de la evaluación institucional en el sistema. Es muy clara, en las universidades nacionales, la diferencia de gestión y de recursos que tienen aquellas unidades académicas que poseen carreras de grado acreditadas -y por lo tanto acceso a fondos diferenciales para la implementación de mejoras- de las que no poseen este tipo de carreras.

Pero la evaluación institucional ha tenido ciertas consecuencias positivas. Una es producto de la potencialidad de la autoevaluación, que se ha constituido como un proceso dinamizador de sistemas de información fiables hacia dentro de las instituciones. Esto ha contribuido a la mejora de la toma de decisiones tanto académicas como administrativas.

Pareciera que el diagnóstico es una actividad que se percibe fragmentada de la planificación estratégica de la institución y que no llega hasta las unidades académicas menos centralizadas. Hacia adentro de las instituciones se percibe como la supuesta garantía de la calidad llega mediante las acreditaciones de algunas carreras, con fondos orientados a ciertas recomendaciones externas, pero no a otras o para políticas de mejora producto de autoevaluaciones. Esto es contradictorio, pues mientras la autoevaluación es una garantía para confirmar la autonomía de las instituciones, éstas -que adscriben en lo político fuertemente a

esta concepción- tienden a dar mayor significación a los procesos de control estatal, como son los de acreditación.

En este contexto, sería necesario repensar la evaluación institucional como actividad para la mejora. ¿Podrían evaluarse todas las carreras, tal como se hace con las disciplinas que se acreditan actualmente? Pareciera demasiado trabajo burocrático y podría ser contradictorio con el concepto de autonomía institucional. Una alternativa sería, por ejemplo, promover sistemas internos de calidad hacia dentro de las instituciones; es decir, trasladar hacia el interno de éstas los mecanismos de evaluación para la mejora, promoviendo cultura de calidad, de revisión y evaluación de la actividad docente de las unidades. El rol de la evaluación externa, en este marco, sería supervisar y recomendar mejoras, a éstos procesos internos de evaluación de la calidad. Una seria dificultad para esto lo constituye la falta de sistemas y criterios de carácter formativo para la evaluación de la docencia universitaria en Argentina y en otros países de América Latina. Por ello son importantes los trabajos que está llevando a cabo la Red Iberoamericana de Investigaciones para la Evaluación de la Docencia (RIIED) -promovida inicialmente por el IISUE de la UNAN de México, el NIFEDE de la UNTREF y la Universidad de Buenos Aires- integrada por alrededor de cuarenta universidades iberoamericanas.