Las políticas de evaluación en la sociedad global, las instituciones y sus académicos

Los cambios que se generaron de manera acelerada a partir de los años ochenta a escala global, traerán aparejado nuevos escenarios para el ejercicio de la autonomía universitaria y la libertad académica. Específicamente, Becher y Trowler (2001) señalan que la aparición de lo que Neave y Van Vugh denominaron Estado Evaluador, la necesidad de “performatividad” investigadora y la necesidad de búsqueda de fondos, han cambiado la naturaleza del trabajo académico.

Los procesos de reforma universitaria de la mayoría de los países y para el caso de Latinoamérica particularmente estarán basados en una reorientación del papel del Estado y en conceptos tales como calidad, eficiencia, transferencia de resultados y rendición de cuentas. Las políticas de evaluación constituirán uno de los ejes del control estatal del rendimiento de las universidades, bajo el supuesto que mediante la autoevaluación y evaluación externa se promoverá una mayor capacidad pública de acreditación de las instituciones como una forma de asegurarse que los establecimientos sean dignos de la fe pública que en ellos se deposita.

Desde el plano del financiamiento, las políticas se caracterizarán por la disminución de los presupuestos estatales y por nuevas formas de obtención de recursos por parte de las universidades tales como: la venta de servicios, aranceles, acceso a proyectos y programas competitivos y participación en sistemas de pago según productividad (Escotet, 2006; Fanelli, 2005).

Estas políticas tendrán su impacto en el trabajo de los profesores e investigadores universitarios y por ende en el ejercicio de la libertad académica. Las nuevas demandas y presiones externas darán lugar a una profesión académica más controlada, más internacionalizada y menos organizada en base a criterios disciplinares. Se espera que sea más profesional en la docencia, más productiva en la investigación y más emprendedora en relación con el medio. Por su parte, el crecimiento de los sistemas universitarios conducirá a las instituciones y a los profesores a tener que atender a más estudiantes en un marco de escasez presupuestaria (Altbach, 2009). La exigencia de mayor competitividad en investigación demandará la búsqueda de recursos económicos, modos alternativos de organización que aseguren vínculos académicos transnacionales y a su vez formación de posgrado en los máximos niveles de excelencia para contar con currículos consistentes que permita afrontar con éxito a las diferentes instancias de evaluación.

Como se podrá observar, se trata de nuevas regulaciones que impulsan un modelo homogéneo de académico que en muchos casos excede la cátedra, la institución y los sistemas universitarios nacionales; se trata de un académico altamente formado, orientado hacia la investigación, productivo en los diferentes campos académicos (docencia, investigación, extensión) y competitivo para asegurarse el financiamiento que sostendrá su producción y en algunos casos su salario.

A nivel institucional, esto último se refleja en un aumento y diversificación de roles, actividades y responsabilidades, en las transformaciones en sus formas de organización, generadas en

gran medida por las demandas de las políticas educativas a través de mecanismos de evaluación y regulación, lo cual obedece a nuevas reglas del juego impuestas desde las nuevas lógicas de la sociedad global. El conocimiento, materia prima de trabajo en dicha sociedad, ha adquirido un papel central en este entorno. Lo implícito en los conceptos referidos anteriormente, combinado con las necesidades propias de las diversas disciplinas y dinámicas del campo académico y del científico, impacta incluso en las condiciones de producción intelectual de los académicos. Este concepto al que recurre Pérez Mora (2011), refiere a que dichas condiciones no existen únicamente como estructuras que se imponen a los sujetos, sino que también los sujetos en su actuar cotidiano construyen significados y externalizan, a partir de sus propias prácticas, formas de respuesta, ya sea de asimilación, adaptación y/o resistencia. Estas prácticas, a su vez, los convierten en co-constructores de dichas condiciones. Es por esto que el autor las define desde la noción de estructuras-estructurantes, desde una mirada sociológica, en el sentido de concebir la realidad construida en un proceso en el que interactúan lo macro y lo micro, el actor y el sistema. En ese interjuego entre lo macro y lo micro, el actor y el sistema, el sistema y los recursos de capital, el trabajo académico, capital humano de la universidad, es maximizado como tal, reduciendo sus costos y aumentando sus beneficios sobre el proceso productivo en el cual se sustenta cada universidad.

Estos cambios pueden ser también estudiados a partir de lo que se ha denominado “capitalismo académico” (Slaughter y Leslie, 1999), como la capacidad de las instituciones de educación superior para actuar como agente económico libre en el mercado de bienes y servicios. Es decir, la facultad de las entidades académicas de obtener y generar sus propios recursos sin depender, por lo menos totalmente, del tutelaje financiero del Estado. De hecho, el “capitalismo académico” supone el incremento de los vínculos de los académicos con el mercado y el uso de las universidades de su único activo real, el capital humano

de sus académicos, buscando incrementar sus ingresos. Esta tendencia nos permite poner en perspectiva nuevas prácticas de las universidades o comportamientos que funcionan en espacios diseñados como si fueran mercados: competencia institucional por fondos escasos o competencia de los investigadores por financiamientos para sus proyectos o para acrecentar sus remuneraciones (Ibarra Colado, 2003). Desde esta óptica, las universidades se encuentran hoy subsumidas a la economía y el mercado, perdiendo la autonomía de la que gozaron en otros momentos, para incorporarse a redes de producción de conocimientos en las que las decisiones académicas empiezan a ser tomadas a partir de motivaciones económicas. Entonces, la gran disputa refiere a la producción, el control y la propiedad de los productos que generan las universidades a través de sus investigadores demandados por las empresas y el Estado. Bajo esta perspectiva, el investigador ha visto igualmente reinventada su identidad, pues ha sido desprendido de su libertad de investigación, perdiendo paulatinamente el control del contenido y organización de su trabajo (Gibbons, 1994).

En el caso argentino los cambios que exhibe la profesión académica están relacionados con la implementación de reformas de magnitud a partir de 1993, que se legitimaron con la sanción de la Ley de Educación Superior (LES). Este marco normativo habilitará la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento universitario, mecanismos competitivos para la obtención de recursos económicos estatales y la evaluación de las instituciones y del desempeño de los profesores como estrategias de mejoramiento de la calidad de los estudios universitarios. El impulso dado a las políticas de evaluación a través de la autoevaluación y la evaluación externa a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), constituirá una política clave en la reconfiguración de la autonomía universitaria y la libertad académica.

La decisión gubernamental de intervenir en la regulación de las carreras, implicará un avance de competencias del Estado

nacional sobre la autonomía universitaria, en la medida en que se prescribe que las carreras consideradas de “interés público” deben adecuarse a “parámetros de acreditación” para tener reconocimiento oficial y validez nacional de los títulos. Esto implicará procesos de acreditación de carreras realizados por la CONEAU, con fuertes regulaciones para las instituciones y los académicos por cuanto los parámetros de acreditación a los que deben adecuarse las carreras prescriben objetivos, contenidos, competencias a lograr, perfiles de egresados y cargas horarias de las carreras que serán acreditadas. Aún más, una vez fijados los parámetros de acreditación las instituciones tienen un año para adecuar sus carreras a los mismos y presentarse a las “convocatorias voluntarias” realizadas por la CONEAU, vencido este plazo, necesariamente deberán presentarse a las “convocatorias obligadas”.

La acreditación de carreras basada en “parámetros homogéneos” abarca la evaluación de todos los aspectos involucrados en la función docente: recursos materiales, plan de estudio, programas de las asignaturas hasta el currículum de los docentes a través de una ficha estandarizada denominada “ficha del docente”. Como se podrá observar, este tipo de evaluación estandarizada del curriculum de los académicos resulta incompatible con el ejercicio de la libertad académica ya que los impulsa a adecuar su curriculum a los parámetros contenidos en dicha ficha. Como bien señalan algunos autores, la evaluación externa no se enfoca solamente a nivel del establecimiento sino que avanza en el control de docentes e investigadores (Vaccarezza, 2006). Además los indicadores o parámetros de evaluación implican, una forzosa homogenización de situaciones bajo conceptos poco flexibles y, por otro lado, construcciones ideológicas ya que encierran “modelos de académicos” y de “prácticas académicas”.

Resulta importante destacar en este punto que la “evaluación” ha sido una institución propia del ambiente académico y científico universitario y fuente de legitimidad y de reconocimiento de su

producción y del acceso y permanencia en la academia. Estas instancias tradicionales de evaluación del mundo académico tales como los referatos de congresos y publicaciones, los premios y los concursos, han constituido prácticas reguladas desde la institución y la disciplina. Sin embargo, en el nuevo contexto, la evaluación queda fuera del dominio de la universidad porque las instituciones de la reforma generaron mecanismos de diferente naturaleza para la evaluación externa y todas ellas involucran a la comunidad científica y académica como agentes de la misma, pero cooptados en un ejercicio de autoridad estatal que los enfrenta a la universidad. El problema está en que los criterios de evaluación tienden a adquirir rigidez universal y los evaluadores contratados son disciplinados por criterios preconcebidos y con frecuencia la evaluación de raíz académica recibe el auxilio de consultorías no académicas. Así, lo nuevo de las reformas no es solamente la pérdida de autonomía de la universidad para componer su sistema de evaluación, sino también el cambio de estilo y significación de la evaluación misma (Vaccarezza, 2006).

Este control exógeno a nivel individual se lo identifica también en el Programa de Incentivo de 1994 que conlleva procesos de evaluación del desempeño de los profesores e investigadores y de su productividad en las distintas áreas del quehacer académico. El “Sistema de Categorizaciones Docentes” que otorga una categoría de docente investigador a través de la asignación de puntajes a la formación académica (títulos de posgrado), a la producción en docencia (docencia de posgrado, libros sobre docencia, material sistematizado), a la investigación (publicaciones, congresos, evaluaciones) y Transferencia (asistencias técnicas), se configura como una nueva “cuadrícula” que clasifica jerárquicamente a los individuos, modifica los procesos de reconocimiento académico y, fundamentalmente, se transforma en un “panóptico” de la vida académica, externo a la propia universidad (Suasnábar, 1999, Vaccarezza, 2006). Sería un sistema de control externo a la institución y diferente a los dispositivos evaluativos tradicionales que al instaurar la comparabilidad de la formación y desarrollo

profesional de los académicos, impulsan la competitividad y nuevos comportamientos académicos para “dar al sistema lo que este les demanda”. Como se puede advertir, estos comportamientos homogéneos dejan escasos márgenes para el ejercicio de la libertad académica. Por otro lado, la función de los pares académicos en su rol de evaluadores (para la acreditación, categorización, evaluación de proyectos), irá más allá de sus juicios evaluativos seguido por recomendaciones, porque se les confiere la función de clasificación y categorización de sus pares y también la de asignador de recursos.

4. Percepción de los académicos argentinos sobre la