4 Análisis de la Violencia en Riohacha
4.2. Conflicto Armado
4.2.2 La extracción de recursos y las guerrillas
No siendo poco el atractivo que representa la región para los grupos armados, La Guajira, a pesar de no representar un centro político importante para Colombia, es uno de los departamentos que más regalías le deja al país. Es un centro de extracción de recursos y de producción de energía muy importante para la economía nacional, pero lo es aún más para el sector privado extranjero. El hecho de que le deje regalías al país implica que se lleva a cabo un modelo de extracción y de producción de riquezas que a los ojos de muchos se traduce en explotación y nuevas formas de colonialismo e imperialismo al servicio de intereses extranjeros y que además harto daño le hacen a Colombia. Es decir, el hecho de que la explotación de carbón y gas, entre otros (sal y oro), no se dé a partir de un modelo de explotación nacional en el cual la extracción y comercialización de los recursos se dé de manera autónoma y todo el proceso de generación de recursos sea doméstico, sino que en realidad es llevado a cabo por empresas extranjeras que se apropian de los recursos y comercializan con ellos a cambio de dejar una especie de comisión bajo la figura de regalías, resulta inaceptable y se convierte en una razón de peso para llevar a cabo acciones de Guerra. Para las guerrillas, estos puntos de “explotación” se convierten en blancos y objeto de agresiones, así que llevan a cabo atentados a la infraestructura, y además encuentran formas de financiamiento a través de extorsiones y “vacunas” cobradas a los empresarios.
A pesar de que a partir de las presiones por parte de la Fuerza Pública y las Autodefensas, las guerrillas han disminuido su accionar y su presencia en los últimos años, aún encontramos que estos influyen en las dinámicas de violencia de este territorio, especialmente desde el Frente Resistencia Guajira ‐Frente 59 de las FARC‐ (Ávila & Torres, 2014).
El frente 59 de las FARC, conocido como Frente de Resistencia Guajira o Frente de Resistencia Wayuu, pretendiente a cooptar el potencial de resistencia histórica de los pueblos Wayuu, Wiwa, Negros y Mestizos de la península de La Guajira, fue fundado el 17 de febrero de 1994, y desde sus inicios hizo presencia en los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira. Para el año 2012 contaba con 311 hombres, y como lo insinúa su nombre, no sólo echa mano de la resistencia indígena, sino también de la frustración de ser un pueblo históricamente abandonado por el Estado y por la sociedad colombiana.
Los hechos propiciados por mantener el poder en las zonas de influencia se identifican claramente, pues los hechos terroristas y atentados a infraestructuras que pretenden afectar el sistema socio‐económico de la región; las extorsiones y el boleteo. (Ávila & Torres, 2014, p.19).
Durante años, el frente 59, y los frentes 41 y 19 en menor medida, han ocupado la región con voladuras a torres de energía, enfrentamientos con la Fuerzo Pública y las AUC, hostigamientos a la población civil, y atentados a infraestructura eléctrica, férrea y doméstica en general (Ávila & Torres, 2014). En el tiempo correspondiente a los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe la fuerza pública comenzó una arremetida importante para combatir a las guerrillas en la región de la misma manera como lo hizo en el resto del país, especialmente en las zonas destinadas a la inversión extranjera. Por esta razón, para el año 2008 las FARC lanzan el Plan Renacer, con el cual los frentes 19 y 41 se adhieren al Frente de Resistencia Guajira, y además se conforma el Bloque Martín Caballero, para así fortalecer el accionar de la guerrilla junto con la cooperación del ELN y su también fortalecido Frente Camilo Torres Restrepo. De esta manera, la guerrilla de las FARC, en su etapa más crítica se fortalece nuevamente y comienza a hacer acciones conjunta con el Ejército de Liberación Nacional ‐ELN‐. El detrimento de las FARC‐EP para el 2008 era notorio. Las políticas contrainsurgentes del Estado buscaban el exterminio de las guerrillas a través de su velada persecución, enfocada en el incremento de efectivos militares en zonas en que se había detectado presencia del grupo subversivo, los controles de alimentos a toda la población asentada en las mismas; controles militares dirigidos al bloque de sus corredores de movilidad, y demás controles implementados para menguar en ese momento el accionar de las FARC‐EP, los cuales redundaron a la postre en la disminución de su capacidad operativa. (Ávila & Torres, 2012, p.393‐394).
Según la Fundación Ideas para la Paz, en su informe Conflicto Armado y su Impacto Humanitario (2012), las acciones armadas de las FARC han mantenido una intensidad regular, intensificándose sutilmente en los últimos años (hasta el 2012), y con algunas caídas hacia los años 2004 y 2010. Ante la constancia de las guerrillas en el departamento, y comprendiendo su importancia geográfica, las Fuerzas Armadas a través de la Primera División del Ejército Nacional, La Policía Nacional, el Gaula, la Policía Fiscal y la Policía Aduanera, lanzaron para el
terrorismo y el crimen organizado mediante la desarticulación del ELN y las FARC a través de las Fuerzas de Tarea Conjunta lideradas por el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Plan de Guerra que contempla diez departamentos clave para el conflicto armado, el terrorismo y el crimen organizado, que ha tenido en cuenta al departamento de la Guajira aún sin ser uno de los departamentos con mayor presencia de guerrillas, pero teniendo muy claro el carácter estratégico del mismo. (Ideas par la Paz, 2012)
De la evidente pugna militar, de los intentos de la guerrilla por mantener sus actividades y seguir dando golpes al establecimiento, y de los esfuerzos de La Fuerza Pública sólo se desprende una cosa: Una intensificación de los entornos violentos en el departamento.
Fuente: Fundación Ideas para laPaz
Esto implica una intensificación en la tensión producto de la guerra, ya que cada parte del conflicto acentúa más su accionar. Esto se convierte en un estado de guerra y de zozobra para la población civil, que como siempre, es quien sufre más fuertemente las secuelas de los
enfrentamientos; Los actores del conflicto tienden a involucrar a la ciudadanía solicitando información o pidiendo favores, cosa que hace que no se puedan mantener plenamente al margen de la situación. 4.2.3 AUC y Bacrim Por otro lado, es imposible seguir los movimientos de las guerrillas y de la problemática de la violencia en Colombia sin prestar especial atención a los grupos paramilitares y las bandas criminales que actualmente delinquen en la zona. Encontramos que hay una relación intrínseca entre el comportamiento del paramilitarismo y los grupos subversivos. Uno responde a los movimientos del otro, así que cuando hablamos de violencia, no se puede perder de vista que los grupos de extrema derecha (paramilitares) y las Bacrim ponen una cuota significativa en cuanto a violencia y conflicto armado se trata.
El pueblo guajiro carga con el imaginario nacional de ser un pueblo violento. Lejos de poder asumirse como una verdad de a puño y como una generalización válida, esta afirmación encuentra sus cimientos en el hecho de que la cultura Wayuu, por sus dinámicas sociales y organización política, tiene una fuerte tradición de posesión y uso de armas y defensa del territorio a través de la fuerza.
Este departamento tiene una tradición cultural dentro de sus clanes de tenencia de armas. En las Rancherías los hombres en su mayoría portan armas desde tiempos anteriores acostumbrados a defender su territorio y a las personas de sus clanes, operando al parecer como pequeños ejércitos al servicio y necesidad de la Ranchería. (Ávila & Torres, 2014, p.11)
En adición a lo anterior, la “Nación Wayuu”, en su persistente independencia cultural, e incluso institucional y legal del resto del país, se ha mantenido circundando la ilegalidad. Su fuerte tradición cultural hace que se sientan ajenos la legislación colombiana y asimismo, muchos de ellos, no vean reparo alguno en salirse de la normatividad para seguir las prácticas comerciales que durante décadas han realizado. En su cadena económica tradicional está la protección de mercancías ilegales, e incluso atraco a mano armada por parte de algunos miembros de los clanes. Existe una marcada predisposición cultural a la autodeterminación y
la autodefensa del territorio y de los intereses de las rancherías; esto sin mencionar las consecuencias que acarrea el histórico abandono por el Estado hacia esta región. De manera que cuando el paramilitarismo llega a la zona, este se confunde e incluso se mezcla con esta "independencia” indígena. Según Ávila, la llegada de las AUC a La Guajira fue un proceso tardío. Para los años 70, estos pequeños ejércitos indígenas (autodefensas) al servicio de mercancías ilegales, se consolidan y fortalecen en el periodo conocido como la Bonanza Marimbera (Ávila & Torres, 2014). Dado que el comercio de marihuana resultaba tan rentable y salía gran cantidad de mercancía del país, estos ejércitos se fortalecen como autodefensas para la protección de narcotráfico, con algunas excepciones que permanecen como pequeños grupos en defensa de los clanes. Sin embargo en esta región no ocurre como sí sucede en El Magdalena o El Cesar, donde pronto llegan las AUC ‐Autodefensas Unidas de Colombia‐. Según el informe acerca de la Guajira, de la Fundación Paz y Reconciliación, no fue sino hasta el año 1999 que inicia el proceso de consolidación de las AUC en la Guajira. La llegada del paramilitarismo se vio demorada por la presencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira ‐ACMG‐ que hace ya más de dos décadas se habían organizado para contrarrestar la presencia guerrillera en el departamento y acompañar el tráfico de marihuana. Cuando el Bloque Norte de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá comienza a entrar a La Guajira encuentra una fuerte resistencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira, por parte de las guerrillas y además por parte de grupos de resistencia indígena.
La incursión paramilitar en La Guajira estuvo obstaculizada por la presencia de grupos guerrilleros y otros grupos de autodefensa, y también por las resistencias locales ejercidas por comunidades Wayuu (especialmente en la media y alta Guajira), cuyo arraigo territorial se vio amenazado y cuyas resistencias se dieron principalmente en el ámbito local. (Ávila & Torres, 2014, p.14)
Salvatore Mancuso y Jorge 40, al mando del Bloque Norte, encontraron una fuerte resistencia, pero en el año 2002 luego de intensos combates, Jorge 40 (segundo al mando) firmó una tregua con Hernán Giraldo (líder de las ACMG) en la cual este segundo se rendía y ponía sus hombres al mando de los primeros. De esta manera se consolidó la presencia de las Autodefensas unidas de Colombia en el departamento, y una vez más, la ciudadanía sufrió las consecuencias de la guerra en el país. Durante estos enfrentamientos, y en general durante el
desarrollo del conflicto armado la población civil se ha visto fuertemente afectada, hasta el punto de ser reiterativamente blanco directo de estos grupos, generando desplazamientos a las cabeceras municipales y afectando la cotidianidad de las personas en múltiples formas (Ávila & Torres, 2014).
Todos los fenómenos violentos relacionados con el conflicto armado colombiano han dejado como principal elemento a tener en cuenta, una cuota de víctimas y de vulnerabilidad que no puede escapar de la vista. Más allá de los enfrentamientos y los intereses de poder con sus diferentes matices y dinámicas, el fundamental elemento a resaltar cuando de asuntos humanitarios se habla, es el inmenso saldo de civiles afectados y condiciones desfavorables para la población en general. Cada acción de guerra, cada esfuerzo de las guerrillas, la Fuerza Pública, los paramilitares, o las bandas criminales por mantener el control y expandir su influencia, o por contrarrestar las acciones de los otros, resulta con un sólo elemento en común: Civiles afectados, ya sea de manera directa, o ya sea porque estas generan entornos susceptibles de violencia en el sentido que generan desestabilidad y desintegración social, pobreza, y necesidades insatisfechas.
Una vez entró el Bloque Norte, el negocio de contrabando de combustible, y parte del negocio del narcotráfico, que estaba en gran medida en manos de guajiros e indígenas de la zona, pasa a manos de Jorge 40. Esto, ilegal o no, representaba en gran medida estabilidad económica para las poblaciones locales, así que se genera una ruptura en su economía y por supuesto esto deviene en traumatismos sociales que gestan condiciones de vulnerabilidad.
Por órdenes de “Jorge 40”, entre 2002 y 2003 “Ramiro” y “Felipe”, comandantes del FCW, promovieron varios bloqueos en la Troncal del Caribe para lograr el mando absoluto sobre el contrabando de gasolina, tradicionalmente en manos de familias de descendencia Wayuu, como los clanes Uriana, González y Epiayú. (Ávila & Torres, 2014, p.29)
Familias que durante décadas habían controlado el negocio del contrabando de gasolina y otras mercancías, se vieron despojadas de su medio de producción y se vieron obligadas a buscar nuevas formas de subsistencia y en muchos de los casos empujadas a buscar oportunidades de trabajo en las cabeceras municipales, fundamentalmente en Riohacha.
Para cuando empiezan los procesos de paz con las AUC, y con ellos las desmovilizaciones de estas por todo el país, el contrabando de gasolina pasa a estar en manos de las fracciones disidentes de estas desmovilizaciones que se organizaron como estructuras criminales conocidas hoy como Bandas Criminales o Bacrim (Ávila & Torres, 2014). Durante la desmovilización del Bloque Norte, el Bloque de Contrainsurgencia Wayuu no se desmoviliza y permanece “cuidando la retaguardia” de las operaciones narcotraficantes, mientras persiste con intimidaciones a poblaciones en la Alta y Media Guajira, ocupando territorios y desplazando indígenas. De esta manera este grupo sigue operando de manera autónoma en la región hasta mediados del 2009.
En la actualidad el Bloque de Contrainsurgencia Wayuu no existe, pero tras su desintegración, sus antiguos combatientes, “desempleados”, entraron a conformar las filas de lo que se conoce hoy como Los Urabeños, y junto con otros desmovilizados provenientes de diferentes regiones del país, Los Rastrojos, conformando así las dos estructuras criminales que mayor presencia tienen en el departamento de La Guajira. Los Rastrojos se centran en el corredor de la Troncal del Caribe, controlando las operaciones de narcotráfico, que son dirigidas desde el departamento del Magdalena, y usan como escampadero y escondite las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta banda, para el año 2012, estaba conformada por alrededor de 60 hombres en el departamento que habían sido disidentes de los Urabeños y cercanos a Hernán Giraldo Sierra, ex comandante de las ya extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira (Fundación Ideas para la Paz, 2012).
Por otro lado este informe indica que los Urabeños, que contaban con alrededor de 90 hombres, hacen presencia principalmente en los centros urbanos, concentrándose en Riohacha y Maicao. Maicao por su proximidad a la frontera venezolana, y Riohacha por los altos índices de desempleo y la gran concentración de desmovilizados. Las operaciones más frecuentes para estos grupos pasan por disputas por los territorios donde se lleva a cabo el transporte y la producción de la coca, cosa que ha generado enfrentamientos entre ambos bandos, dejando como resultado gran cantidad de homicidios y una fuerte tendencia al sicariato. Además, dado que la comercialización de droga ha venido disminuyendo en los últimos años, a parte del contrabando, las extorsiones y micro extorsiones se han convertido en su principal fuente de financiamiento, especialmente en Riohacha.
Estas extorsiones son cobradas a pequeños y medianos comerciantes, siendo estos víctimas de hostigamientos, y cuando estos se han negado a pagar las sumas de dinero exigidas, han resultado siendo víctimas de agresiones y de daños a sus casas, negocios y establecimientos comerciales. Dichas represalias tomadas por estos grupos llegaron hasta el punto de que en el año 2012 eran bastante comunes los ataques con granada a locales y negocios (El Tiempo, 2012). De esta manera, los comerciantes se ven obligados a pagar sumas que les son establecidas de acuerdo al tipo de negocio que tenga y el capital que este le represente. Dineros que son cobrados según el antojo de las bandas, en muchos casos de manera regular, y dejando a los propietarios sin mayor remedio que resignarse a estas medidas de control social por el miedo a ser víctimas de sus agresiones directas. Fuente: Fundación Ideas para la Paz
5. Condiciones Socioeconómicas
Los fenómenos de guerra y las acciones violentas de los diferentes actores toman múltiples formas y se presentan de diferentes maneras. Motivados por variadas causas, son en ocasiones encubiertas por “nobles intenciones” que parecen justas, y muchas otras veces simplemente se presentan como hechos atroces injustificados. Vemos también casos de violencia organizada entre la población civil como lo son los enfrentamientos entre los clanes indígenas que se disputan territorios, que parecen encontrar sustento en sus prácticas culturales; pero de cualquier manera, es un hecho que las acciones de violencia, sin importar cuál sea su naturaleza siempre tienen consecuencias. Estas resultan generando desplazamientos a los centros urbanos, pobreza, hogares desintegrados y familias en busca de nuevos hogares. Familias que ante la necesidad y el estado de miedo y zozobra, se dirigen a las ciudades en busca de protección y nuevas oportunidades; estos desplazamientos de gentes que llegan en condiciones de vulnerabilidad y pobreza sólo pueden generar una cosa: pobreza. Estas personas, que en su mayoría llegan a Riohacha, llegan en condición de desplazamiento forzado y con la urgencia de ubicarse y de comenzar a trabajar, pero con la precariedad de tener que empezar de ceros en una ciudad con altas tasas de desempleo y pocas oportunidades. Se ubican en barrios marginales, y comienzan un proceso que demanda de mucho trabajo, días sin tener qué comer, y sometimiento a condiciones de pobreza extrema, que en últimas, propician las condiciones necesarias para que los círculos de pobreza y violencia se acentúen y repitan una y otra vez.
Riohacha es una ciudad blanco de las Bandas Criminales por sus condiciones socioeconómicas y por ser una ciudad receptora de desmovilizados de los grupos armados. Por un lado es una cabecera municipal con altísimas tasas de desempleo en la cual la promesa de dinero fácil se convierte en una tentadora oportunidad para niños jóvenes y adultos. Ante la falta de oportunidades laborales, las bandas ofrecen trabajos que de una forma u otra le dejan a la persona ganancias económicas, y de paso, así sea a partir de miedo, algo de estatus y reconocimiento social para los que han sido víctimas de frustraciones a causa de la misma falta de oportunidades. De esta manera encontramos niños que terminan involucrados en sicariato y extorsiones, y jóvenes que resultan haciendo parte de los ejércitos urbanos a servicios del crimen organizado.
Los Urabeños, que tienen como epicentro los centros urbanos, encuentran en Riohacha casi que su principal zona de acción. El desempleo y la precariedad convierten a esta ciudad en un hervidero de violencia que este grupo sabe aprovechar, y que se agudiza con el hecho de que este es el principal lugar de llegada de los desmovilizados en el departamento. Al ser capital de departamento, y de lejos la ciudad más importante de este, recibe a las personas que habían estado en los grupos armados y han decidido re‐insertarse en la población civil. Dado que estas personas que han decidido retomar la vida civil ‐y que en ocasiones no ha sido decisión propia sino más bien una orden de una mando superior‐ llevan años ganándose la vida con actividades relacionadas con la guerra, cuando llegan a una ciudad que poco les ofrece, no tienen más remedio que seguir haciendo lo que saben hacer para sobrevivir. Llegan a una ciudad donde las ofertas delictivas están a la vuelta de la esquina, en la cual muchas veces se encuentran con sus antiguos compañeros de guerra, así que encuentran como un