LA PRODUCCIÓN SELECTIVA DEL ESPACIO URBANO

Hasta la mitad del siglo XX, la construcción de la ciudad sudamericana estuvo a cargo básicamente del sector privado, actuando el Estado para satisfacer las demandas de infraestructuras y equipamientos para la población que por su nivel de ingresos podía acceder a estos servicios. Los sectores populares, hasta entonces poco numerosos, pudieron resolver a través de la autoconstrucción sus necesidades de vivienda y sus requerimientos sociales básicos.

Entre los 60 y 70, a raíz del deterioro económico, una parte cada vez más importante de pobladores urbanos comenzó a vivir al margen de las posibilidades que le ofrecía la ciudad. A diferencia de los países más desarrollados, en los que las ciudades registran exclusiones temporales de determinados segmentos poblacionales debido a crisis estacionarias, en las ciudades iberoamericanas, la incapacidad de los mercados laborales de ofrecer trabajo y mejoras económicas estables dio lugar a la generación de nuevas alternativas para producir y gestionar la ciudad fuera de las formas tra- dicionales planteadas por las empresas inmobiliarias y constructoras. La ciudad sudamericana comenzó a construirse bajo la acción de dos mercados contrapuestos e igualmente dinámicos -el for- mal, definido por los agentes tradicionales, y el informal, compuesto por la acción de los grupos populares -, que respondían a principios económicos diferentes. El Estado opera como nexo entre ambos.

La cultura dominante en los últimos tiempos (la riqueza) homogeniza el espacio para los segmentos que por sus niveles de ingresos pueden acceder al mercado formal: las viviendas destinadas a los altos ingresos no difieren mucho de las construidas en los distintos países de la región ni en los de los países más avanzados. Las respuestas del sector inmobiliario para este segmento de la población, que decide libremente donde y como vivir, son cada vez más sofisticadas, con urbanizaciones de alto nivel, dotadas en la mayoría de los casos con seguridad privada, y conjuntos habitacionales de segunda residencia.

Los sectores medios compran generalmente sus viviendas en el mercado libre, aunque condicionados por las opciones existentes. Los agentes inmobiliarios promueven y construyen viviendas colectivas e individuales, respondiendo básicamente a estrategias de máximas rentabili- dades obtenidas de la mayor ocupación del suelo posible, y a ciertas pautas sociales. El resultado de esta acción lleva a la conformación de tejidos urbanos caracterizados por la alta densidad y las reducidas dimensiones de las viviendas, patrón que se repite en los centros y en los barrios residenciales periféricos.

En 1979 las áreas sin ocupación en Sao Paulo representaban el 47% del área urbana, mientras que en Salvador y Belo Horizonte esta cifra alcanzaba el 60 por ciento. En algunos partidos del Gran Buenos Aires, la situación en 1973 era peor, alcanzando a representar en algunos casos el 83% de las parcelaciones legalmente aprobadas. Estos suelos baldíos, generalmente bien ubicados, se contraponen con la necesidad de la población de bajos ingresos, que para ocupar un espacio de la ciudad debe invadir suelos o comprar sus lotes en el mercado clandestino de terrenos. Los altos costos de infraestructura que conlleva la urbanización de los nuevos terrenos, alejaban las posibilidades de la población de menores recursos para acceder al mercado formal de suelo o viviendas. Los rígidos

códigos de construcción, elaborados en la primera mitad del siglo siguiendo las formulas europeas de promotores y constructores, así como los nuevos planes de ordenación vigentes, solo pudieron ser empleados para la construcción en espacios urbanos donde operaba el mercado tradicional, y esto sólo fue respetado hasta el punto en que no se lesionaban los intereses del grupo inmobiliario. Las transgresiones a la normativa aplicable eran una práctica normal, resultado de las negociaciones entre los poderes públicos locales y los agentes constructores de la ciudad, que permitían la urbanización en áreas no contempladas por el planeamiento urbano.

La construcción espontánea de la ciudad sudamericana:

Un crecimiento urbano de las magnitudes y características del sudamericano implica para sus gobiernos locales un esfuerzo inversionista desmesurado. Los escasos recursos municipales hacen imposible hacer frente a las demandas de infraestructuras y servicios para toda la población, por lo que el decrecimiento de las condiciones generales de vida es una constante. De este modo, las ciudades crecen conformando sectores urbanos de calidad, que concentran servicios, viviendas y equipamientos de nivel, mientras proliferan los asentamientos marginales sobre lotes propios y las ocupaciones ilegales sobre terrenos ajenos. La congestión del tránsito, la contaminación atmosférica y acústica, la deficiente o nula depuración de aguas y la falta de redes de alcantarillado son, entre otros, los problemas más acusados.

En la mayoría de los países, tanto los planes de viviendas financiados con fondos públicos como las unidades habitacionales promovidas por el mercado libre, estuvieron dirigidos a la satisfacción de las necesidades de los sectores que podían acceder a los mismos. EI resultado de esta política llevó a que el sector inmobiliario tradicional trabajase para los sectores medios y altos, dedicándose a la construcción de viviendas para los medios y bajos ingresos sólo cuando el Estado dirigía parte de la financiación pública a estos estratos sociales.

La realización de estos planes siempre resultó insuficiente ya que favoreció a los grupos de ingresos bajos y medios y no a los de recursos mínimos. Considerando el caso de la política de vivienda de Brasil llevada adelante entre los años 1964 y 1985, esta sirvió para que el 65% de las unidades financiadas por el Estado estuvieran dirigidas a los sectores de ingresos altos y medios y solo un 35 por ciento a los de bajos recursos. De este último porcentaje, sólo un 10 por ciento llegó a los sectores de muy escasos recursos. Igual situación se dio en Argentina.

La falta de respuestas publicas comprometidas con las clases pauperizadas, y la imposibilidad de estas de alcanzar niveles mínimos de ingresos que permitieran su incorporación al mercado habitacional legal, llevo a la búsqueda de soluciones alternativas. A partir de los 70, estos grupos promovieron comportamientos de organización social, ocupación del suelo, construcción de viviendas y gestión de los servicios urbanos. La acción popular en Caracas, Lima, La Paz, Santiago de Chile, Bogotá, Guayaquil, Sao Paulo, Rio de Janeiro comenzó a construir una proporción de las ciudades, generadas al margen del mercado formal.

La invasión y ocupación de terrenos urbanos, tanto en forma individual y espontanea como colectiva y perfectamente organizada, y la compra de parcelas en urbanizaciones ilegalmente trazadas son las vías que los sectores más pobres de la sociedad sudamericana utilizan para el acceso a una parcela donde asentar su vivienda. En la mayoría de los países esta situación se agravó a partir de mediados de los 70. En Brasil, la ciudad de Sao Paulo tenía en 1981 más del 50% de su espacio utilizado al margen de las disposiciones municipales, repartido en 33.567 urbanizaciones clandestinas que desconocían las disposiciones de la legislación civil, y se llegaron a vender tierras no pertenecientes a los promotores. Obviamente estos terrenos no cumplían con las mínimas regulaciones legales de infraestructura. Las parcelaciones clandestinas y las invasiones son los caminos que los pobres urbanos utilizan para el acceso a una porción de ciudad. En Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires y Lima son un hecho. Sin embargo, en la actualidad se producen bajo condiciones diferentes en las que ocupantes ilegales lograron regularizar su situación de cara a las administraciones locales, obteniendo de ellas el re- conocimiento de la invasión y el derecho a los servicios y a las infraestructuras necesarias. La nueva modalidad de ocupación, basada en la autoconstrucción o bajo regímenes cooperativos, se registra con mayor intensidad en Argentina, Chile, Perú, Colombia y Brasil.