Labor y resultados de las Conferencias internacionales

B) L AS LEYES MODELO

IV. MANIFESTACIONES DE LA CODIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO MERCANTIL

1. Labor y resultados de las Conferencias internacionales

A) REFERENCIA ALDERECHO UNIONISTA EN EL MARCO DE LAS PROPIEDADES

ESPECIALES

72. El interés por garantizar tanto la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual más allá del país de origen como el acceso de los ex- tranjeros a estos derechos se sintió ya con fuerza en el siglo XIX, habiendo ido en aumento en correspondencia con la importancia de la propiedad industrial en el comercio internacional. El convenio multilateral básico en este sector, vincu- lante para más de un centenar de países, es el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 (CUP)186_{, en el cual parti-}

cipan alrededor de 150 Estados. El Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

El CUP, que parte de la estricta territorialidad e independencia de los derechos de propiedad industrial de cada país, establece el principio de tratamiento nacional o de asimilación (art. 2), en virtud del cual, los nacionales de cualquier país de la Unión, así como quienes tengan su residencia o establecimiento en uno de estos países, disfrutan en todos los demás países miembros del mismo nivel de protección de la propiedad industrial que los propios nacionales del país para el que se solicita la tutela. La protección del CUP se ex- tiende a la propiedad industrial en sentido amplio, incluyendo todas las moda- lidades de derechos de propiedad industrial, las denominaciones de origen y la tutela de la competencia desleal (art. 1 CUP). Al lado del principio de tratamiento nacional, el CUP reconoce determinados derechos especiales, dentro de lo que se conoce como «tratamiento unionista». Particular importancia pre- senta el derecho de prioridad (art. 4 CUP), conforme al cual el solicitante de un derecho de propiedad industrial en un país de la Unión goza de un determi- nado plazo, entre seis y doce meses, para solicitar con prioridad el derecho en los demás países de la Unión. En materia de marcas, además del derecho de prioridad, el tratamiento unionista incluye la protección telle quelle de la mar- ca (conforme al cual, las marcas válidas en el país de origen deben ser regis- trada sin modificaciones en los demás países unionistas, salvo supuestos ex- cepcionales), la tutela de las marcas notorias, así como la garantía de que la vinculación entre marca y empresa en la transmisión de las marcas impuesta por algunos ordenamientos, se satisface con la transmisión de la parte de la

186 _{El Convenio, concluido en 1883, fue completado por un Protocolo interpretativo en Madrid en} 1891, ha sido revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967, y fue enmendado en 1979.

empresa que se encuentre en el país al que se refiere la marca transmitida. Ahora bien, del CUP, pese al establecimiento de un estándar mínimo, a través del llamado tratamiento unionista, no deriva una armonización significativa del régimen de los derechos de propiedad industrial de los distintos ordenamientos nacionales, que gozan de libertad, salvo contadas excepciones, para determinar los requisitos de concesión, contenido, efectos y duración de tales derechos.

73. Junto al CUP existen otros convenios multilaterales concluidos en el marco de la Unión de París a los también España se ha incorporado, cuya ca- racterística positiva esencial ha sido la simplificación de engorrosos y dilata- dos procedimientos de solicitud de derechos de propiedad industrial de distintos países sobre un mismo objeto, estableciendo mecanismos de registro o depósito que mediante un procedimiento único permiten solicitar la protección del bien en varios países. Así ocurre con el Arreglo de Madrid de 1891, relati- vo al registro internacional de marcas, que agrupa a unos cincuenta Estados, que fue revisado en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957 y en Estocolmo en 1967, y fue enmendado en 1979 y está abierto a los Estados parte en el Convenio de París. El Arreglo establece el registro internacional de marcas (marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio) por la Oficina Internacional de la OMPI, en Gi- nebra. Los registros efectuados en virtud de este Arreglo se denominan «internacionales» porque todos los registros surten efecto en varios países y pueden extenderse a todos los Estados contratantes (salvo al país de origen). Otro importante instrumento en este sector, aunque con un número mucho más reduci- do de Estados parte, es el Arreglo de la Haya de 1925 sobre el depósito internacional de dibujos o modelos industriales que fue revisado en Londres en 1934 y en La Haya en 1960, que ha sido completado por un Acta Adicional firmada en Mónaco en 1961, por un Acta Complementaria firmada en Estocolmo en 1967 y por un Protocolo firmado en Ginebra en 1975 (el Acta fue enmenda- da en 1979). El Arreglo está abierto a los Estados parte en el Convenio de Pa- rís. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse ante el Director General de la OMPI. El sistema aplicable conforme a las Actas de 1960 y 1967 se puede resumir como sigue. El depósito internacional de un di- seño industrial puede hacerse en la Oficina Internacional de la OMPI, sea di- rectamente o por intermedio de la oficina nacional de propiedad industrial del país contratante, que es el país de origen, si la ley de ese Estado lo permite. La ley nacional de un Estado contratante puede requerir que el depósito internacional se haga por intermedio de su oficina nacional.

74. Este marco normativo se completa con el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Reglamento, hecho en Ginebra en 1994 que armoniza aspectos relativos fundamentalmente a la tramitación administrativa de las solicitudes de marca en los diversos Estados, sin afectar significativamente a los requisitos de concesión de estos derechos, su contenido, infracción, etc. Este instrumento detalla cuáles deben ser los elementos integrantes de la solicitud de marca, así como las circunstancias de su presentación: representación, fe-

cha, firma, etc. Asimismo, contempla las posibilidades de introducir cambios en los nombres o en las direcciones del titular o del solicitante, las circunstancias del cambio en la titularidad del registro, corrección de errores. En la línea de uniformar las formalidades burocráticas relativas a las actuaciones ante los registros de marcas, el Reglamento incorpora una serie de formula- rios internacionales tipo: solicitud de registro de una marca, poder, petición de inscripción de cambio en nombre y dirección, petición de inscripción de un cambio en la titularidad respecto de registros y solicitudes de registro de marcas, certificado de transferencia de registro y solicitud, documento de transferencia, petición de corrección de errores en registros y solicitudes y petición de renovación de un registro.

75. En el sector de las patentes ocupa un lugar descollante el Tratado de Washington de Cooperación en materia de patentes de 1970, modificado en 1979 y en 1984. El Tratado, en el que participan casi un centenar de Estados, si bien no unifica el régimen de concesión, sí crea un sistema de colaboración que abarca procedimientos unificados de solicitud internacional y de búsqueda internacional, así como de examen preliminar internacional de la novedad de las invenciones. Permite escrutar protección por patente para las distintas invenciones simultáneamente en un gran número de países mediante la presentación de solicitudes de patente «internacionales». Pueden presentar tales solicitudes los nacionales o residentes de un Estado contratante y pueden presentarse general- mente ante la oficina nacional de patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección del solicitante, ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Si la nacionalidad o el domicilio del solicitante corresponde a un Estado contratante que es parte en el Convenio sobre la Patente Europea, en el Protocolo de Harare sobre patentes y dibujos y modelos industriales (Protocolo de Harare) o el Convenio sobre la Patente Euroasiática, la solicitud internacional puede presentarse también en la Oficina Europea de Patentes, en la Oficina de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) o en la Oficina Euroasiática de Patentes (EAPO), respecti- vamente. La solicitud internacional se somete luego a lo que se llama «búsque- da internacional», que se lleva a cabo por una de las principales Oficinas nacionales de patentes.

76. Debe insistirse, sin embargo, en un dato: ninguno de estos convenios cuestiona la territorialidad e independencia de los derechos de propiedad industrial, ni la sustancial autonomía de cada país para fijar su régimen de protec- ción. Mas la voluntad de reducir los obstáculos y distorsiones que para el comercio internacional derivan de los distintos sistemas nacionales de protección de la propiedad industrial, así como, en particular, el propósito de garantizar un cierto estándar homogéneo de protección de estos derechos en el marco internacional (incrementando la protección otorgada por los países menos industriali- zados) justifican la importancia asignada a la propiedad industrial en los acuer- dos adoptados en el marco de la Ronda Uruguay del GATT el 15 de diciembre de 1993, que incluyen un Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC o Acuerdo

TRIPs)187_{. El Acuerdo, que no menoscaba la naturaleza estrictamente territorial}

de los derechos de propiedad industrial e intelectual ni su independencia, pro- clama el conocido principio de «trato nacional» (art. 3) así como, verdadera aportación en esta materia, el principio de «nación más favorecida» (art. 4), que implica que toda ventaja con respecto a la protección de la propiedad industrial concedida por un miembro a los nacionales de cualquier otro país debe ser ex- tendida incondicionalmente a los nacionales de los demás Estados miembros. Hasta la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, el único organismo internacional activo en las materias referidas era la citada OMPI, mas este organismo internacional adolecía de graves carencias: En primer lugar, su operatividad era muy escasa a la hora de garantizar el establecimiento en las legislaciones internas de los procedimientos de observancia que el Acuerdo ADPIC exige a sus miembros respecto a los derechos incluidos en su ámbito de aplicación material. Pero además la OMPI nunca consiguió un mecanismo efectivo de arreglo de controversias entre sus Miembros, mientras que el art. 64.1.º del Acuerdo ADPIC ga- rantiza tal efectividad al someter las controversias entre sus miembros al nuevo Entendimiento para la Solución de Diferencias de la OMC, de cuya operatividad cada vez encuentra mayores defensores.

Asimismo, el Acuerdo ADPIC establece una serie de normas materiales bá- sicas, destinadas a asegurar un nivel mínimo de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los distintos Estados participantes. Con este fin incorpora un conjunto de reglas, algunas facultativas, sobre cuestiones pun- tuales relativas a las marcas (objetos susceptibles de protección, contenido del derecho de marca, carácter renovable indefinidamente, transmisibilidad...), indicaciones geográficas, diseños industriales, patentes (invenciones patentables, contenido básico del derecho de patente, requisitos de la solicitud, utilización por un tercero no autorizado, plazo de extensión de la protección no inferior a veinte años...), topografías de circuitos integrados, así como a los derechos de autor y derechos afines, e incluso a la tutela de conocimientos técnicos secretos por medio de normas sobre competencia desleal. El Acuerdo recoge también la obligación de los Estados parte de instaurar en las respectivas legislaciones nacionales procedimientos y recursos civiles y administrativos, incluyendo la po- sibilidad de adoptar medidas cautelares, que garanticen la protección efectiva de la propiedad industrial e intelectual.

B) QUEHACER DE LASCONFERENCIASMARÍTIMASINTERNACIONALES

77. De todos los grandes sectores comerciales del mundo el transporte ma- rítimo es acaso el que posee el carácter más internacional. Se trata de una modalidad de transporte caracterizada desde antiguo por su peligrosidad por eso se ha estimado que la mejor manera de incrementar la seguridad en el mar con- siste en elaborar reglas internacionales que sean cumplidas por todas las nacio- 187 _{Vid. J.L. Iglesias Prada, Las derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del}

Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 2 tomos, Madrid, Instituto de Derecho y Etica Industrial, 1997.

nes marítimas adoptándose a partir de mediados del siglo XIXdiversos tratados al respecto188_{. Varios países propusieron la creación de un órgano internacional}

permanente destinado a fomentar la seguridad marítima más eficazmente, pero esa esperanza no se vio cumplida de forma eficaz hasta la creación de las Na- ciones Unidas. Teniendo el Derecho de la navegación un eminente jaez internacional, como consecuencia del carácter internacional de la navegación mis- ma, se ha se ha desarrollado aquí una marcada tendencia hacia la búsqueda de la unificación de las leyes nacionales; de ahí la importancia de la labor unificadora realizada en este siglo por el Comité Marítimo Internacional, la Orga- nización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Lo que realmente es internacional no es el Derecho marítimo como ordenamiento jurídico, sino las relaciones jurídicas que típicamente se generan en el ámbito marítimo, y que son casi siempre transnacionales. Pues bien, a una prevalen- cia estadística de situaciones jurídicas transnacionales responde el sistema ju- rídico generando Derecho uniforme y, por tal motivo, el Derecho marítimo es pionero en la producción de reglas jurídicas materialmente uniformes en el campo internacional189_.

78. El Comité Marítimo Internacional fue fundado en 1897 con el propósito de la unificación internacional del Derecho marítimo a través de convenios internacionales a los que se han ido incorporando los diferentes Estados de la comunidad internacional. El método de codificación utilizado puede resumirse como sigue: se distribuye un cuestionario sobre el tema propuesto para la unifi- cación entre las asociaciones nacionales miembros del CMI; posteriormente una Comisión es designada por su Consejo Ejecutivo para tratar el tema en general y tras la redacción del informe final de la respectiva comisión y de un eventual proyecto de convención, éste es sometido a la aprobación de las plenarias de las Conferencias convocadas por el CMI. Hasta 1979, cuando el CMI aprobaba un proyecto, lo enviaba al gobierno belga para que éste, a su vez, convocara una Conferencia Internacional de Plenipotenciarios; mas a partir de esta fecha coin- cidiendo con la 13.ª y última de estas Conferencias Diplomáticas, esta función mediadora cesó. El Acta final de estas Conferencias, era enviada a los Estados signatarios de las mismas para su ratificación y a los otros Estados, no signatarios, para su adhesión. Finalmente, el Reino de Bélgica actuaba como deposita- rio para las ratificaciones (y denuncias) de los Convenios. La labor unificadora del CMI ha sido muy importante; desde sus orígenes ha reunido, a través de las asociaciones nacionales, la experiencia de todas las categorías de los operadores del mar y ha podido, en consecuencia, expresar en su seno ideas que represen- tan al mismo tiempo el punto de unión de intereses contrapuestos y el punto de llegada de experiencias operativas en todos los campos y a todos los niveles. Además, sus características de organización privada, le permitieron siempre una

188 _{Vid. R. Rodière, «Les tendances contemporaines du droit privé maritime international», R. des C.,} t. 135, 1972, pp. 345 ss.; S.M. Carbone, «La réglementation du transport et du trafique maritimes dans le développement de la pratique internationales», R. des C., t. 166, 1980, pp. 293 ss.

189 _{J.A. Álvarez Rubio, Derecho marítimo y Derecho internacional privado: algunos problemas}

flexibilidad y una rapidez de acción que, por motivos institucionales, es difícil- mente realizable en organizaciones de carácter gubernamental.

A través de este proceso el CMI hasta 1979 patrocinó la aprobación de una serie de Conferencias internacionales que llevaron a la aprobación de convenciones sobre diversas materias, señaladamente la asistencia y el salvamento marítimos y el abordaje; pero debe dejarse constancia que en 1924 fue aproba- da en Bruselas la Convención Internacional para la Unificación de Ciertas Re- glas en Materia de Conocimientos de Embarque, convención que se conoce como «Reglas de La Haya», en virtud de que éstas reglas, existentes con an- terioridad a la Convención, fueron el antecedente e inspiración del texto internacional. Desde su aprobación, las Reglas de La Haya han regido el transporte marítimo en el ámbito internacional, convirtiéndose en el estatuto jurídico más generalizado que regulador de esta materia, contando con un número importante de Estados parte, casi un centenar, y habiendo sido incorporada a las legislaciones de mucho países. Sin ir más lejos España aceptó la invitación como se evidencia en la Ley sobre Transporte Marítimo de Mercancías en Régimen de Conocimiento, de 22 de diciembre de 1949. La finalidad del Convenio de Bru- selas es establecer un régimen de responsabilidad que, aunque de una manera limitada, garantice los derechos del remitente en los casos en los que el transporte se vea afectado por circunstancias ajenas a su voluntad (retraso, pérdida, etc.). Existen dos protocolos a esta Convención, uno en 1968, conocido como las «Reglas de Visby» y otro de 1979, cuya innovación fue introducir los Dere- chos Especiales de Giro (DEG) como moneda de cuenta para fijar el monto de la limitación de responsabilidad.

Las convenciones del CMI no fueron resultado de proyectos elaborados ex- clusivamente por juristas sino el reflejo de la experiencia práctica de la gente de mar. Han supuesto, además, la convergencia de los distintos intereses, de los diversos sistemas legislativos y de las diversas concepciones jurídicas. Sin embargo, la tarea codificadora de esta institución ha experimentado una cierta decaden- cia en los últimos años quedando bloqueado el mecanismo de la preparación de los proyectos de convenciones internacionales y la convocatoria de conferencias, por parte del Gobierno belga, a fin de que fuesen examinados y aprobados los proyectos, mecanismo éste considerado para esa época como indispensable a falta de una iniciativa de la comunidad internacional. Por eso tras la Conferen- cia Centenaria del CMI, celebrada en Amberes en junio de 1997, uno de los te- mas más importantes de su agenda fue el análisis de su actuación futura a través de nuevos métodos de unificación que ha producido hasta ahora, además de las Reglas de York y Amberes, soluciones tales como las Reglas para la determina- ción de daños y perjuicios en casos de Abordajes, Reglas de interpretación de los términos de estadía en los fletamentos por viaje, un estudio comparativo de los contratos de construcción de buques (con cláusulas modelos), Reglas para el arbitraje marítimo internacional, Reglas sobre el Estatuto de los aerodeslizado- res y de los accesorios de navegación costa afuera (offshore mobile craft), un estudio sobre la responsabilidad y relaciones de las sociedades de clasificación, las Reglas de París sobre los conocimientos de embarques nominativos no en- dosables (sea way bills) y las Reglas de París sobre Conocimientos de Embar-

que Electrónicos. A partir de aquí la institución ha encontrado una nueva voca-

In document Teoría y Praxis en la codificación del Derecho de los negocios internacionales (Law and Practice in the Codification of International Business Law) (página 75-85)