No existen excepciones. Todas las épocas de la historia han acusado el choque violento entre distintas ideologías que han pre tendido dominar cada instante histórico y consecuentemente, hacerse dueñas del poder universal. De ese choque permanente han nacido los incontables conflictos que caracterizan cada período del pasado y del presente. Y hasta cabe asegurar sin temor a equívocos graves que, matices puntuales aparte, esos conflictos los vienen causando dos únicas posturas extremas, ambas fanáticas, ambiciosas, intemporales y permanentes, cada una de las cuales ha tratado de prevalecer sobre su opuesta en su irreconciliable deseo de conducir al planeta o a una parte de él por el camino de su propia y distorsionada visión de la realidad.
Se me podrá acusar de simplista, pero hay veces en que resulta necesario reducir el discurso de la historia a sus esquemas primarios. Y ello por dos razones. La primera, porque el ser humano debe aprender que los errores que comete y los horrores puntuales que padece por ellos no forman parte de un instante determinado de la civilización y el progreso. Pues, aunque cambien su aspecto y hasta alguna de sus premisas, se trata de la eclosión violenta de estructuras ideológicas idénticas que se vienen arrastrando desde miles de años atrás. La segunda, porque sólo conociendo las líneas generales seguidas por el comportamiento humano al filo del tiempo —ese comportamiento fanático extremo e irreconciliable, que forma parte de nuestra personalidad colectiva—, podremos ser capaces de evolucionar, hasta llegar a discernir dónde se encuentra esa vía intermedia capaz de librarnos de los conflictos que ocasiona. Ese discernimiento podría alcanzarse con la convergencia de unas minorías realmente lúcidas, capaces de detectar el peligro al que conducen los integrismos. Pero esas minorías han resultado siempre discriminadas y han sido perseguidas con saña desde los dos extremos ideológicos representados por quienes ansían alcanzar a toda costa el poder y reducir al resto del colectivo humano a su santa voluntad.
En este sentido podemos establecer, en líneas más o menos generales, que esas dos posturas vienen representadas, respectivamente, una por la preponderancia extrema y desequilibrada de la razón; la otra por el predominio igualmente escorado del comportamiento analógico. Y del mismo modo, seguramente deberíamos pensar que sólo podría restablecerse el equilibrio existencial —y, por lo tanto, la eliminación de los conflictos milenarios que vienen conformando nuestro secular discurrir histórico— a través de una conciencia radicalmente distinta y, sobre todo, equilibrada y lúcida sobre
la naturaleza del mundo y de la realidad que representa. Tendríamos que recurrir a una visión más holística, capaz de conjugar los dos factores mediante el reconocimiento de los límites y de las posibilidades internas de cada individuo y de cada pueblo. Pero, sobre todo, reconociendo la importancia capital que tienen ambos factores en el desarrollo humano, prescindiendo de los fundamentalismos que dan lugar a optar por las posturas extremas, encaminadas al único fin de alcanzar los más altos hitos de poder y de dominio.
Lo peligroso para esa postura intermedia (preocupada esencialmente por el ser humano y radicalmente contraria a la lucha y a las mortales manifestaciones establecidas por alcanzar las máximas cotas de autoridad), es que los extremos en eterno conflicto ideológico son incapaces de reconocer sus intenciones ecuménicas y suelen descargar sus furias sobre quienes optan por ella, considerando cada fracción que esa actitud total forma en realidad parte de la contraria y que, si interviene en el conflicto, aunque sea como mediadora, es para desbaratar sus propios planes de prepotentes ambiciones dominadoras.
Precisamente la época que aquí estamos tratando: el tiempo de Felipe II, con todos sus conflictos ideológicos, religiosos y políticos a flor de piel, constituye un ejemplo diáfano que puede llevarnos a comprender mejor la presencia de los extremismos ideológicos irreconciliables y aun la tímida aparición de esas minorías proclives a propiciar el entendimiento ecuménico y tal vez moderadamente salvador. Sin embargo, los distintos juicios emitidos sobre este momento histórico, tarados a menudo por la ideología extremista de quienes los han expuesto, inclinados a una u otra de las posturas extremas que mencionábamos, han malogrado la posibilidad de establecer una visión objetiva de esa realidad, cargando sus tintas satanizadoras sobre quienes se oponían al dominio universal representado por los integrismos enfrentados en irreconciliable lucha por el poder.
Dejando aquí a un lado el problema que representaba para Europa la presencia del mundo islámico como supuesta amenaza suprema para la civilización occidental — lo que de ninguna manera debe llevarnos a condenar sin paliativos su ideario—, el conflicto ideológico que enfrentaba a buena parte del continente y amenazaba su integridad a través de la batalla en pos del poder absoluto estaba representado, por un lado, por el catolicismo a ultranza. Este catolicismo fue, ya entonces, incapaz de evolucionar desde su postura extrema como sostén de la única verdad trascendente que reconocía. Enfrente de él, en el otro extremo, el conflicto lo encabezaba el joven protestantismo en reciente e imparable expansión, portador de un cambio radical en las estructuras doctrinales del cristianismo. Pero, sobre todo, dispuesto a no tolerar las injerencias unitaristas de Roma en la solución de los asuntos internos propios de los
distintos países que formaban parte del mundo cristiano.
Dos Estados representaban ambos extremos. Uno de ellos era la Inglaterra de Isabel Tudor, con su recién estrenado infringimiento de la tutela de Roma desde la ruptura llevada a cabo por Enrique VIII. Por un tiempo, el breve reinado de María Tudor, el país volvió por sus antiguos fueros católicos, propiciados por el matrimonio de Felipe II con su tía. Pero fue tan traumático aquel breve regreso a la férula eclesial que, después de las represalias de los católicos, con más de cuatrocientos protestantes notorios arrojados como pasto de las llamas purificadoras, la subida al trono de Isabel Tudor, la hija de Ana Bolena, supuso h implantación definitiva y sin retroceso posible al dominio protestante, con un número equitativo de ejecuciones para saldar la deuda de sangre contraída.
En el otro extremo del integrismo se encontraba la España de Felipe II, formando una piña detrás de su rey en su autoelegida condición de guardiana de los valores eternos de un catolicismo a ultranza, reafirmados por las conclusiones del Concilio de Trento y de sus teólogos españoles. Aquí, en nuestro país, la Inquisición campaba por sus respetos, siguiendo las directrices —y no pocas veces, hasta las órdenes directas— marcadas por el soberano absoluto del que dependía. Se sucedían los autos de fe limpiando el territorio nacional de criptojudíos y de erasmistas confundidos con diabólicos protestantes; y el método, tan eficaz por su contundencia, pretendía exportarse, con muy pocas variaciones, a los territorios que eran propiedad hereditaria del soberano.
Los demás países del continente constituían, en buena parte, la tierra donde ese conflicto se dilucidaba. Allí, la violencia de los idearios afloraba en cada esquina y la lucha se planteaba abierta e irreconciliable, haciendo que la vida humana perdiera su razón de ser en aras de los valores hipertrofiados defendidos por los dos bandos en conflicto. Francia se debatía entre la tremenda fuerza de su Iglesia, adicta a Roma, y la potencia en alza de los hugonotes, que amenazaban con apoderarse del poder absoluto y con colocar en el trono a sus particulares aspirantes a la corona. Flandes, Borgoña y los territorios del noroeste europeo, políticamente ligados a la España felipista a través de su soberano, se caracterizaban por un manifiesto progreso económico en un régimen de relativas libertades otorgado por el emperador Carlos V, pero que pronto se vería amenazado por la represión inquisitorial impuesta por su hijo, el rey castellano. Mientras pudo, aquel rincón de Europa fue un país donde convivieron no sólo católicos y protestantes, sino buena parte de los judíos expulsados de la Península a raíz de las medidas fundamentalistas adoptadas por los Reyes Católicos. Las instituciones flamencas, al margen del monarca que las gobernase, eran propicias a la introducción pacífica de un protestantismo que luego serviría como motivo de reivindicaciones
políticas ajenas a lo religioso, pero tendentes al mantenimiento de la identidad que Felipe II se empeñaba en arrebatarles.
Por su parte, los países alemanes, sobre todo desde la subida al solio imperial de Rodolfo II, mantuvieron su independencia trente a las dos partes en litigio, fomentando una convivencia que, en aquellos momentos, hizo que sus soberanos, y sobre todo el pacífico Rodolfo, tuvieran que soportar la crítica más cruel de todos los extremistas, que lanzaron sobre el emperador, desde ambos lados, las peores críticas y las más amenazadoras intrigas.
En términos generales, cuando nos adentramos en los estudios que han hurgado en este período especialmente afectado por el problema del enfrentamiento doctrinal, resulta prácticamente imposible descubrir si hubo o no mentes más objetivas y serenas que se opusieran a la violencia. Se pregunta uno si acaso no hubo espíritus capaces de vislumbrar y hacer valer una vía intermedia, susceptible de establecer soluciones que no pasaran por la integración indiscriminada en uno u otro de los bandos enfrentados en su empeño imparable por alcanzar el poder absoluto. En la mayoría de los casos, sin embargo, no es que tales intenciones no existieran, sino que la documentación que poseemos, procedente casi siempre de una u otra de las grandes fuerzas en litigio, carga las tintas sobre estos pequeños colectivos con ánimos conciliadores, adscribiéndolos al bloque enemigo por no haberse mostrado proclives a su integración en su propio esquema de conducta. Son, a gran escala, como esos individuos de buena voluntad que intentan interceder en una reyerta y terminan recibiendo los golpes de los contendientes, cada uno de los cuales les considera partidarios del enemigo al que se enfrentan.
En tiempos de nuestro Felipe II, estas tendencias existieron, sin duda. Y hasta alguna vez se habla de ellas, reconociendo eventualmente su papel esencial en el devenir histórico del momento. En el caso concreto de España, numerosos autores reconocen la presencia de personajes singulares y de pequeños grupos de pacifistas — incluso los llaman precisamente por este nombre—, que trabajaron a su aire en pro de un intento de entendimiento con la facción contraria y por una humanización, cuando no por la desaparición total, de los métodos represivos representados por la Inquisición y por el absolutismo extremo de Felipe II. Y hasta se reconoce que, frente a esta minoría conciliadora, se encontraba otro grupo activo, el partido belicista, cuyas figuras emblemáticas estaban representadas por la del duque de Alba y don Juan de Austria, que habían optado por métodos expeditivos tendentes a lograr las metas de poder propuestas por el monarca, recurriendo a los más altos niveles de violencia y a la política de tierra quemada y cabeza cortada, para terminar con cualquier tipo de sedición o de protesta que pudiera enfrentarse a los proyectos reales de dominio
universal y absoluto.
Se sabe que, aun manteniendo su fidelidad al monarca —un sentimiento que parecía prevalecer siempre sobre cualquier otro—, los componentes del bando pacifista, encabezados por Ruy Gómez de Silva, el príncipe de Éboli, aconsejaron a Felipe II, siempre que tuvieron la ocasión, propugnando un entendimiento pacífico con los súbditos de la Corona que se mostraban reticentes al dominio indiscriminado y violento esgrimido por el rey y los belicistas. Incluso se tiene conocimiento documentado de que, de un modo o de otro, intrigaron, aunque siempre con discreción, por lograr que prevalecieran sus propósitos. Hasta se sabe que, a espaldas del mismo soberano — aunque sin duda, en muchos casos, con su consentimiento tácito, que no con su aquiescencia—, mantuvieron discretos contactos con los rebeldes flamencos en la búsqueda de canales de concordia que pudieran terminar con la terrible violencia que se había desatado en los Países Bajos, cuando Felipe porfió por implantar en aquella tierra, a través del duque de Alba, los métodos inquisitoriales vigentes, tan eficaces en España. La intransigencia política y religiosa implantada aquí desde los tiempos de los Reyes Católicos ya había logrado excelentes resultados en un país —el nuestro— mayoritariamente dócil a los sueños de dominio absoluto enarbolados por la Corona. Y Felipe II, secundado con entusiasmo por los belicistas más exacerbados, quiso trasplantar también a tierras de Flandes los mismos principios vigentes en sus territorios peninsulares; obedeciendo a un convencimiento de tintes fundamentalistas según el cual recurría a aquellas soluciones extremas por el bien de las tierras y de los hombres que formaban parte de su patrimonio familiar.
Sin embargo, hay un punto sobre el que, cuando menos, tendríamos que reflexionar. El punto en cuestión radicaría en averiguar si aquellos personajes que formaban el bando que llamamos pacifista constituían, en efecto, un grupo inconexo de gentes unidas apenas por una conciencia común, o si llegaron a estar organizados de alguna manera, formando parte de algún tipo de asociación secreta. Asociación secreta volcada a un intento por alcanzar un2s fines determinados que sus componentes canalizaron a su modo, sin siquiera aparecer como colectivo presuntamente adscrito a un ideario concreto.
Es cierto que las noticias que nos han llegado a través de la documentación existente no aportan ninguna luz sobre este extremo. Para la mayoría de los investigadores, fueron éstos personajes a los que unió esporádicamente su propia conciencia, que fueron más o menos amigos entre sí y que coincidieron en unas convicciones que, en general, no pasaron de charlas de salón y de alguna que otra tímida acción que ni siquiera llegó a ser solidaria y meditada, sino apenas recurrente. Y que, si mostraron en algún momento sus reticencias frente a la manera de actuar de
Felipe II, lo hicieron a título individual, pero sin un propósito claro y previamente establecido. Y más allá todavía: que, si actuaron desde la sombra, y aun esto siempre más o menos en solitario, lo hicieron porque cada uno de ellos, por su cuenta, no hizo sino tentar a su modo la conquista del poder. Una conquista parcial que, en su caso, equivaldría a la de los favores del monarca: de la gracia real, como apunta Marañón.189
Sin embargo, a poco que prescindamos —a la fuerza— de la fiabilidad necesaria, por ausencia de esa documentación a todas luces inexistente, nos surgen toda una serie de indicios que, cuando menos, inducen a pensar en la posibilidad de que, detrás de aquellos personajes que, en apariencia, formaban parte de una corte esencialmente antiaristocrática, como la llamó Morayta,190 amagaba la formación de un movimiento organizado que ni siquiera llegó a ser apuntado por este autor, ni por ningún otro, al menos que yo tenga noticia, pero que dejaba asomar su evidencia más allá de esa profunda sospecha.
Hemos de guiarnos, pues, por indicios; pero esos indicios nos llevan, si no a corroborar tales sospechas, sí al menos a incidir sobre ellas, dejando su confirmación al impensable hallazgo de algún documento definitivo gracias al cual pudieran ser sancionadas sin reticencias por ese academicismo que dicta las leyes de lo que puede decirse y de lo que conviene callar por las preguntas sin respuesta posible que implican. La clave de esta búsqueda tendríamos que localizarla en torno al momento de la siniestra aventura de Antonio Pérez, que contribuyó a ensombrecer los últimos años del reinado de Felipe II. Es de sobra conocido todo cuanto gira en torno al que fue secretario de Estado y, durante muchos años, hombre de la absoluta confianza del rey, desde el momento de su imparable ascensión en la soberana estima hasta convertirse en el más acérrimo enemigo del monarca, en su víctima emblemática y en fuente fundamental para la alimentación de aquella Leyenda Negra que ensombreció el reinado y la política española de todos los reyes de la Casa de Austria. Resultaría inútil volver sobre ello en detalle, porque resulta un asunto tan complejo y ha sido ya tan minuciosamente estudiado191 que casi forma parte de los acontecimientos elementales
189 Antonio Pérez, op. cit.
190 Miguel Morayta, Historia General de España, 10 vols. Felipe González Rojas, Editor, Madrid, 1890.
Morayta fue catedrático de Historia Universal en la Universidad de Madrid y masón de alta graduación, lo que hizo que su historia, por sus antecedentes y por su misma forma de tratar críticamente nuestro pasado, fuera injustamente desautorizada por el academicismo imperante hasta nuestros días.
191 Fundamentalmente por Marañón op. cit., a quien hay que recurrir como fuente exhaustiva de todo
conocidos por cualquier interesado por la historia de la España Moderna. Quizás nos baste, pues, resumir, siquiera para refrescar memorias, que el origen de todo aquel conflicto se concentra en el asesinato de Juan de Escobedo, que fue secretario de don Juan de Austria cuando éste se hallaba en Flandes, poco antes de su muerte, en calidad de gobernador encargado de combatir a los rebeldes flamencos, ya abiertamente levantados en armas contra la política represiva de Felipe II. Escobedo, como se sabe ya a través de una completa documentación que no admite reticencias ni interpretaciones de ningún tipo, fue directamente mandado asesinar por Antonio Pérez, con la tácita aquiescencia del rey. Se conocen desde el nombre y la suerte de los asesinos a sueldo que actuaron en aquella ocasión hasta los motivos políticos —que no personales ni supuestamente escabrosos, como se intentó alegar hasta no hace tanto tiempo— que hicieron aconsejable a Felipe II la desaparición de aquel personaje. El caso fue que, llegado el momento de explicar y justificar el crimen, la culpa recayó sobre la persona más directamente implicada en él y no sobre quien lo había inspirado, dando lugar a la prisión, tormento, proceso y condena de Pérez y de la princesa de Éboli y a la huida del secretario y, posteriormente, a su persecución por tierras aragonesas, donde buscó refugio, con la intervención de un tribunal inquisitorial que seguía órdenes expresas del monarca Y, por fin, a la sonada escapada del condenado más allá de las fronteras, donde, desde Francia y desde Inglaterra, pasó el resto de sus días responsabilizando a Felipe II del crimen por el que se le acusaba y levantando una muralla de maledicencias y culpabilidades que ensombrecieron —sin duda con una gran parte de razón— la figura del que se proclamaba el más justo y poderoso de los caudillos de la cristiandad.
Lo cierto es que, en todo este gran tinglado, Antonio Pérez nunca se encontró solo. Hubo toda una serie de personajes que, antes y después del acontecimiento que desató el conflicto, se mostraron sus enemigos o sus partidarios y cargaron las tintas más negras sobre su persona o salieron en su defensa, ayudándole más o menos subrepticiamente, en la medida en que pudieron hacerlo. Y, en medio de esta maremágnum de posturas encontradas, resulta cuando menos curioso, si no altamente significativo, que aquellos que se mostraron abiertos partidarios de Antonio Pérez y proclives a prestarle su ayuda —a menudo incluso casi en secreto—, coincidían en sus actitudes con la postura que anteriormente hemos dado en llamar pacifista, activamente contraria a los aspectos represivos y belicistas de la política flamenca de Felipe II.