Francesc Granell
2. Los cambios en la estructura económica mundial
Sin ir siquiera más lejos de la primera Cumbre entre la UE y la región latinoamericana y del Caribe celebrada en Río de Janeiro en mayo de 1999, la estructura económica mundial ha experimentado una gran transformación que ha conllevado que los países del Sur tengan mucho más que decir respecto a las cuestiones mundiales y que ha llevado a que los proble- mas no puedan solventarse en el cuadro estrictamente bilateral o birregional sino con una visión mundial.
En estos últimos años hay países latinoamericanos que han escalado posiciones muy relevantes en el contexto internacional como pueda ser el caso de Argentina, Brasil y México, que han accedido al G-20, al tiempo que han emergido nuevas potencias globales como es el caso de China tras su ingreso en la Organización Mundial de Comercio en 2001.
Los países en desarrollo o, al menos, una parte de ellos, han alcanzado capacidades de diálo- go económico y financiero internacional que antes no tenían. Los casos más espectaculares son, sin duda, China y la India pero casi lo mismo sucede con México y Brasil y en menor medida con ciertos “leviatanes” regionales. Hay, además, otros países en desarrollo que ocu- parían mejores posiciones en el concierto mundial si no se hubieran lanzado a políticas popu- listas que han mermado la confianza que el sistema mundial hubiera podido depositar en ellos.
Todo esto implica, como se decía, que el crecimiento de los países ya no depende tanto de acuerdos birregionales o bilaterales, como los que puedan discutirse directamente en las Cumbres UE-ALC, cuanto a la capacidad de los países de inser tarse plenamente en la
economía mundial y de hacerse oír en los foros que van a determinar la regulación o la acción mundial en los diferentes ámbitos de carácter intergubernamental o de empresas multinacionales y bancos e instituciones financieras internacionales.
¿Cuál es, pues, la capacidad y fiabilidad que ofrecen los países latinoamericanos y del Caribe fren- te a todos estos factores que determinan lo exitoso o no de su inserción en la economía mun- dial y sus apor taciones posibles a la gobernanza económico-financiera mundial? y ¿cómo se relacionan con las actitudes de la Unión Europea y sus principales estados miembros en estas cuestiones?, ¿cuál es su capacidad para formular proposiciones aceptables para el resto de inter- locutores mundiales?
Llegados aquí no cabe más remedio que aceptar que hoy no son sólo las integraciones regionales o los factores económicos los determinantes del peso o éxito de los países, sino también los factores políticos y de gobernanza. Estos factores poco o nada tienen que ver con las antiguas políticas autárquicas de substitución de importaciones o las políticas de crea- ción de bloques económicos regionales cerrados los que condicionan la capacidad de los países para formular proposiciones para poder modular la globalización de una forma res- ponsable.
La fiabilidad o no de un país depende en alguna medida —por descontado— de la política eco- nómica que se siga, pero mucho más fundamentalmente de la política/política y de las garantías que ésta ofrezca a los centros internacionales públicos y privados de decisión en relación al grado de eficacia de sus sistemas regulatorios financieros, al nivel de corrupción que pueda per- cibirse en sus administraciones públicas o el grado de libertad con el que puedan operar las empresas inversoras o potencialmente inversoras.
En este contexto, la VI Cumbre EU-Latinoamérica-Caribe debe tratar de reforzar los lazos entre los 27 países de la UE y los 33 países latinoamericanos y del Caribe y llegar a consensuar pro- posiciones sobre las relaciones birregionales si se dan las condiciones pero no de una forma birregional excluyente, sino partiendo de la base de que las relaciones y las ideas que puedan surgir a ambos lados del Atlántico deben ayudar a que los países de ambas partes se inserten más y mejor en la economía mundial y puedan ser más determinantes en la vertebración de la economía internacional cara a potenciar sus respectivas posibilidades de desarrollo.
Un ejemplo claro lo tenemos en el caso de Grecia que, a pesar de formar parte de la UE desde hace más de veinticinco años y de formar parte de la Eurozona ha llevado a cabo políticas insos- tenibles a los ojos del mercado financiero mundial y a los ojos del resto de los Estados miem- bros de la Eurozona y del Fondo Monetario Internacional, lo cual ha conducido a este país a situaciones de gran dificultad financiera y la ha obligado a solicitar el correspondiente rescate financiero.
En Latinoamérica son numerosos los casos de países integrados en grupos regionales que tie- nen problemas muy distintos a los de sus compañeros de integración. Baste ver, a este respecto
que pese a venir defendiendo relaciones birregionales, la UE no ha tenido inconveniente en individualizar algunas relaciones con ciertos países latinoamericanos al no poder hacer avanzar las relaciones de carácter birregional.
Los países caribeños están, por el contrario, más avanzados respecto a sus relaciones birre- gionales con Europa que los países Latinoamericanos pues, no en vano, la Unión Europea tiene con ellos un “Acuerdo de Partenariado Económico” —en despliegue del Convenio de Cotonou— que implica un más avanzado proceso de diálogo económico y político para coordinar posiciones birregionales globales cara a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y cara, por ejemplo, también, a la crisis monetaria y financiera internacional y a los remedios a aplicar.
Europa ha venido sosteniendo que sus relaciones con Latinoamérica se basan en ideas y valo- res comunes y se han tratado de impulsar los grupos regionales que parecían despuntar en el subcontinente pero, en realidad, las relaciones de los países con Europa siguen determinados por un alto contenido de intereses individualizados recíprocos sin entrar en las opciones gene- rales derivadas de la integración regional (Comunidad Andina, Mercosur, Comunidad Centroamericana) y, mucho menos, de globalización, salvo, quizás, las interacciones y posibilida- des de actuación conjunta en instituciones como las Naciones Unidas (ONU), OMC, FMI, Banco Mundial, OCDE (en que México y Chile son ahora miembros), BPI, G-20 (con presencia de Argentina, Brasil y México) o la presencia de sus países en las Naciones Unidas con el objetivo de hacer cumplir la Carta de San Francisco y los numerosos instrumentos internacionales que la ONU. ha hecho avanzar en aspectos tales como los derechos humanos, el pacto internacio- nal de derechos económicos, sociales y culturales (1966), la carta de los derechos y deberes de los Estados (1974), la declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) o la resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), al tiem- po que deben prestar apoyo a los trabajos de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Por encima de todo, tanto los países de la UE como los países latinoamericanos y caribeños, se comprometieron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en particular, a hacer avanzar el octavo de dichos objetivos de desarrollo del Milenio: el hacer avanzar un Partenariado Mundial para promover el desarrollo, la lucha contra la degradación del medio ambiente, la lucha contra el proteccionismo y la búsqueda de nuevas formulas a favor de una nueva arquitectura financiera internacional, actuación, esta última que debe encuadrarse actualmente en superar los problemas derivados de la excesiva desregulación y del excesivo neoliberalismo financiero mun- dial que tantos desequilibrios han generado.
Europa y Latinoamérica pueden y deben, pues, colaborar en este contexto global y no sólo birregional o bilateral, en el cuadro de organismos económicos internacionales y de orga- nismos no gubernamentales relevantes en el ámbito financiero mundial como puedan ser la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión Internacional de Mercados de Valores, la Federación Internacional de Auditores, etc., pues los países más impor tantes de Europa y
Latinoamérica tienen entidades que se agrupan en tales organizaciones mundiales creadas sin intervención de sus respectivos gobiernos.
Europa desea conver tirse en un actor y socio mundial global tal como reza, incluso, una de las secciones de su Marco Financiero 2007-2013 y tal como se fija como objetivo el Tratado de Lisboa entrado en vigor el 1 de diciembre de 2009 y esto conlleva percatar- se de que Europa puede ser un socio privilegiado para el diálogo con los países latino- americanos en muchas cuestiones aunque para ello debe dar, ella misma, un impulso hacia una mayor coordinación de actitudes entre sus estados miembros pues son notorias las actitudes descoordinadas que algunos de los principales países europeos sostienen en los comités directivos de algunas instituciones económicas y financieras internacionales en re- lación a la necesidad o no de regulación, al alcance del esfuerzo en pro de los países en desarrollo y otras cuestiones. Si Europa no consigue hablar con una sola voz en estos foros va a quedar como un actor mundial irrelevante y difícilmente podrá ser un actor válido para América Latina.
El ámbito de la regulación financiera y la nueva arquitectura financiera internacional es un ámbi- to en el que la colaboración es posible y deseable pues no en vano Europa es hoy una Unión Económica y Monetaria que se ha permitido acelerar procesos regulatorios no sólo exclusivos a los 16 países del euro o a los 27 Estados miembros de la UE sino, en asociación con otros países, al nivel global. La convocatoria de la primera Cumbre del G-20 de Washington —que tanto ha aportado a la nueva arquitectura financiera internacional y a la acción concertada con- tra la crisis mundial en noviembre del 2008— fue, de hecho, una iniciativa de la UE en un semestre de Presidencia francesa pese a que, luego, Gran Bretaña, Alemania y Francia han mos- trado algunas desavenencias que han mermado, en definitiva, la imagen de la UE como actor financiero global.