Introducción
Las primeras áreas protegidas (AP) datan de mediados del siglo XIX y fueron creadas con el objeto de apartar zonas consideradas como “na- turales” de los efectos e influencias de la propia sociedad occidental. En algunos casos, se buscaba preservar recursos naturales importan- tes para el desarrollo futuro o para grupos sociales privilegiados; en otros, imperaban valores éticos y estéticos asociados a la naturaleza y sus elementos. Hoy en día, existen más de 105,000 AP en el mundo que cubren casi 13% de la superficie terrestre (IUCN-WPCA, 2005; West et al., 2006) y a ellas se dedica una buena parte de los esfuerzos
1 La DGAPA y la Coordinación de Humanidades de la UNAM apoyaron la realización de este estudio a través de un financiamiento PAPIIT (INI305302) y
una beca posdoctoral para el Dr. Luis Bernardo Vázquez. Los autores agradecen a todas las personas de la UAEM, Ceamish, Conanp, Profepa, Ceama y Semarnat que
compartieron con nosotros sus opiniones y experiencias.
* Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), UNAM y Colegio de la Frontera Sur, sede San Cristóbal, respectivamente. Parte de la informa- ción presentada en este capítulo proviene del trabajo de Durand, L. y Vázquez, L.B. (2009) Discourses about Biodiversity Conservation. A Case Study among Scientists and Government Authorities in Sierra de Huautla Biosphere Reserve, Mexico, en dictamen.
y del financiamiento internacional disponible para la conservación de la biodiversidad.2
Al partir de una perspectiva antropológica las AP deben en- tenderse como formas particulares de observar, comprender y repro- ducir el mundo que, al regir y modificar las formas de relación de las personas con su entorno, se transforman en escenarios de una densa producción e interacción social (West et al., op. cit.). Al considerarlas como la principal herramienta para la conservación de la biodiversi- dad del planeta (IUCN-WCPA, op. cit.), las AP propagan e imponen una visión específica de la relación del ser humano con su entorno; se caracteriza por una fuerte dicotomía entre naturaleza y sociedad, y son observadas no sólo como entidades separadas sino, muchas ve- ces, enfrentadas (West et al., op. cit.; Haller y Galvin, 2008; Descola y Palsson, 2001). Es por esto que los parques nacionales de mediados del siglo XIX pretendían aislar la naturaleza pura o silvestre (wilderness), no alterada por el hombre, de los efectos nocivos de la civilización. La paradoja aquí es que, de acuerdo con autores como Denevan (1992) y Gómez Pompa y Kaus (1992), esos espacios prístinos los cuales se pre- tendían proteger, nunca existieron, pues sus atributos ecológicos eran resultado de largos procesos de interacción entre los grupos humanos y el entorno natural. Los espacios deshabitados que caracterizan al- gunos parques nacionales tanto en Norteamérica, como en África y Asia, fueron muchas veces construidos a partir del desplazamiento o expulsión de las poblaciones locales hacia fuera de los márgenes de las AP, limitando severamente sus formas de uso y acceso a los recursos biológicos. De esta forma, la implantación de AP produjo y aún produce severas consecuencias para las poblaciones locales,3 resultantes muchas
2 En el V Congreso Mundial de Áreas Protegidas realizado en 2003 se estimó que era necesario un gasto anual de 23 billones de dólares para establecer y manejar una red global de áreas protegidas representativas de la biodiversidad del planeta (The World Bank, 2006). En México, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) ha invertido 60.12 millones de dólares en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap I y II) (Banco Mundial, 2008).
3 Para abundar en los efectos sociales de las AP es útil consultar Redford y Fearn (2007) y Fortwangler (2003).
veces consideradas menores en relación con los beneficios obtenidos por la protección del bien común (Ghimire y Pimbert, 2000).
Fueron necesarios más de 100 años desde el establecimiento en 1864 de Yosemite, el primer parque nacional, para que el diseño de las AP fuera cuestionado y para que sus impactos en las poblaciones tradicionales, indígenas y campesinas sean reconsiderados (Stevens, 1997). Una de las reacciones importantes en el esquema dominante de AP fue la creación, en 1972, de las Reservas de la Biosfera dentro del programa Man and the Biosphere (MAB) de la UNESCO. Las re- servas de la biosfera (RB) son un tipo de AP que pretenden reconocer los derechos sobre la tierra y las tradiciones de las poblaciones locales, conciliando la conservación con el desarrollo. El modelo se basa en un sistema de zonificación interna del área que permite a las perso- nas que viven en su interior utilizar los recursos de forma regulada (Herlihy, 1997; Brandon, 1998; Halffter, 1984). Esta clase de reservas están constituidas por un área núcleo dedicada exclusivamente a la conservación y a la investigación científica, donde se prohíbe cualquier tipo de uso de los recursos biológicos, y zonas de aprovechamiento sustentable, destinadas al desarrollo de actividades productivas acordes con las características del entorno. De manera particular, el modelo mexicano de reservas de la biosfera tiene la intención de incorporar las poblaciones locales a las labores de conservación, y realizar proyectos de desarrollo que les aporten beneficios en un esquema de cooperación con autoridades gubernamentales y científicas (Halffter, 1984).
La política ambiental en México ha privilegiado la creación de Áreas Protegidas, especialmente de RB, como una de sus principales estrategias de conservación, sumándose a la tendencia mundial de tran- sitar desde las AP, de protección estricta, hacia aquellas que integran la presencia humana y el uso de recursos (Zimmerer et al., 2004). Hoy en día, tenemos en México 166 AP que abarcan poco más de 23 millones de hectáreas, cerca de 12% del territorio nacional. De ellas, 67 son RB y cubren 51% de la superficie protegida del país (Conanp, 2008a).4 Para
4 La información contenida en World Database on Protected Areas (WDPA, 2009) indica que para enero de 2008, México contaba con 191 áreas protegidas ma- rinas y terrestres y ocupaba el lugar número 82 en cuanto a porcentaje de su territorio asignado a conservación (8.76%) de un conjunto de 234 países.
2006, más de 8 millones de mexicanos habitaban dentro o cerca de una RB, lo que revela su impacto social en nuestro país (Conanp, 2008b).
Aunque el esquema de RB parece adecuado para integrar las ne- cesidades e intereses de la población local con los objetivos de conser- vación, su implantación no es simple (Brandon, 1998). Generalmente, las RB residen en escenarios sociales complejos en los que confluyen actores diversos con intereses divergentes y, si el modelo contempla la participación social como elemento fundamental, su ejecución impone costos a los habitantes locales, limitándolos en el uso de los recursos, por lo menos en ciertas áreas (Idem, 1998). Lo anterior es particular- mente cierto para países como México, donde las áreas ricas en bio- diversidad son también profusamente habitadas. En este sentido vale la pena mencionar que, de acuerdo con Boege (2009), 26.6% de la superficie de las ANP en México corresponde a territorios indígenas, donde se encuentran muchas de las comunidades más pobres y mar- ginadas del país.
Los análisis y estudios sobre los aspectos sociales de la conserva- ción en RB no son frecuentes en México, pero los trabajos existentes muestran que muchas de estas áreas son diseñadas e implantadas sin la colaboración de las comunidades involucradas. Al mismo tiempo, con frecuencia se ignora la importancia de los esfuerzos para lograr la aceptación local de las iniciativas y adecuarlas al contexto e intereses propios de las comunidades (Fraga, 2006; Legorreta Díaz, 2007; Ge- rritsen et al., 2003; Haenn, 1999 y 2002; Tucker, 2004; Von Bertrab, 2002; Young, 1999, Durand y Lazos, 2008). Un estudio reciente a nivel nacional (Figueroa y Sánchez Cordero, 2008) muestra que más de 60% de las RB analizadas (n=16) resultaron eficaces para contener el cam- bio de uso de suelo, por lo que las RB constituyen un instrumento valioso para la conservación de la biodiversidad en México. Sin embar- go, es necesario notar que algunas de las RB consideradas exitosas en términos ecológicos son también áreas que presentan fuertes conflictos sociales en torno al uso y acceso a los recursos naturales (Montes Azules, Mariposa Monarca, Calakmul) (Figueroa y Sánchez Cordero, op. cit.).
Los problemas y conflictos sociales derivados de la operación de RB en México no pueden adjudicarse sólo a los aspectos prácticos de su creación y administración. Robinson (2007) explica que uno de
los principales problemas de la puesta en marcha de esquemas de co- operación y participación en conservación tiene que ver con ignorar las tensiones existentes entre las visiones y prioridades que guían a los actores implicados. Desde esta perspectiva, la participación en conser- vación debería iniciar con el reconocimiento de estas diferencias que, muchas veces, son profundas (Durand y Lazos, 2008).
En este trabajo, nos interesa mostrar, a partir de un estudio de caso en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (RBSH) en el estado de Morelos, la importancia de los discursos, como formas com- partidas de comprender el mundo (Dryzek, 2005), para entender tanto la forma en que las RB son diseñadas y operadas, como sus impactos sociales. El enfoque teórico de nuestro estudio proviene de la ecolo- gía política y, en particular, de su vertiente ligada a una perspectiva post-estructuralista, que rechaza la posibilidad de establecer verdades universales sobre la naturaleza o formas objetivas de comprenderla, asumiendo que únicamente tenemos acceso a diferentes interpretacio- nes sobre una realidad común y no a la realidad en sí misma (Milton, 1996; Castree, 2001; Demeritt, 1998).
Es posible decir que una buena parte de las fricciones y conflic- tos sociales que tienen lugar en RB son producto de la falta de legiti- midad de estas iniciativas, y esta ausencia de legitimidad está, a su vez, asociada a la preponderancia de prácticas autoritarias de gestión en las que las comunidades locales tienen poca influencia en las decisiones sobre el manejo de las reservas (Wilshusen, 2003; Legorreta, 2007). A fin de establecer los nexos entre la problemática social de las RB y las ideas y nociones que las guían, decidimos enfocar nuestra atención a la forma en que la participación social es explicada e interpretada por dos grupos de actores con clara influencia y poder de decisión en la RBSH: los científicos y las autoridades de gobierno. Los datos que aquí se presentan provienen del análisis de una serie de entrevis- tas abiertas (18) realizadas, entre septiembre de 2006 y noviembre de 2007, a científicos, principalmente del Centro de Educación Ambien- tal e Investigación Sierra de Huautla (Ceamish) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como a funcionarios de instancias del gobierno federal y estatal con presencia en la RBSH: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
la Procuraduría Federal para la Protección Ambiental (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (Conanp) y la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (Ceama).5
Breve acercamiento teórico
al problema de la participación social
En el ámbito de la conservación, es posible distinguir dos enfoques sobre participación social: la participación como medio para la conser-
vación y la participación como fin de la conservación (Hersch, 1992;
Pimbert y Pretty, 2000; Mannigel, 2008). Como medio, la participación constituye una herramienta para conseguir el apoyo y la cooperación de las comunidades con los proyectos de conservación. Se busca in- crementar el éxito de las iniciativas y facilitar el cumplimiento de sus objetivos al generar relaciones sociales más fluidas. A diferencia de cuando nos referimos a la participación social como fin, estamos consi- derando que entre los objetivos de la conservación se cuentan también el cambio social y la mejora de las condiciones políticas, económicas y sociales de poblaciones involucradas.
Es posible identificar muchos tipos de participación. En algunos casos, procesos como la consulta a las comunidades, la consideración de las opiniones de la población local, el aporte de información o la distribución de incentivos materiales (alimentos, dinero en efectivo, material de construcción, empleo temporal) se incluyen como formas de participación, lo cual es correcto. Sin embargo, las formas pasivas o consultivas de participación (Pretty y Smith, 2004) no son útiles para poder promover la creación de capital social y generar apoyo mutuo, cooperación y confianza interpersonal e institucional; condiciones ne- cesarias para incrementar la capacidad de los habitantes para mejorar sus condiciones de vida y, desde ahí, preservar los atributos de los eco- sistemas. Se torna entonces necesario implantar procesos de partici-
5 Cabe aclarar que otra institución importante en la zona de la Sierra de Huau- tla es la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Aunque establecimos contacto con funcionarios de esta dependencia en Morelos, no fue posible concretar una entrevista.
pación que logren ceder autoridad en la toma de decisiones hacia las comunidades (idem). La participación social, desde esta perspectiva, se transforma en un objetivo de la conservación, que al rebasar el ámbito puramente ecológico, pretende restaurar el control de las comunidades sobre sus recursos y sus vidas (Little, 1994).
Actualmente, aún es muy frecuente que la participación social sea interpretada de tal modo que pocas veces se cede autoridad a la población local, y “los profesionales de la conservación establecen cla- ros límites en la forma y el grado de participación que pueden tolerar en el manejo de AP” y en proyectos más allá de sus fronteras (Ghimire y Pimbert, 2000: 23), aunque se ha mostrado que la transferencia de responsabilidad hacia las comunidades con alto capital social produce, en muchos contextos, resultados positivos para la conservación de la biodiversidad (Barton Bray et al., 2003; Pretty y Smith, 2004). En México encontramos experiencias importantes en este sentido como las narradas por Barton Bray y Merino Pérez (2004) para los ejidos forestales de Oaxaca y Quintana Roo.
La Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla
La Sierra de Huautla se localiza en la parte sur del estado de More- los, en su frontera con los estados de Guerrero y Puebla. La región ha sido habitada desde épocas prehispánicas, como lo demuestran los vestigios arqueológicos ubicados en las comunidades de Chi- malacatlán y Coaxitlán (Trujillo Santiesteban, 2002). Después de la conquista (1519), se estableció la hacienda como la principal unidad de producción donde indígenas, mestizos y descendientes de esclavos negros trabajaban en los ingenios y minas de plata. Sin embargo, no todas las comunidades indígenas fueron devastadas y algunas lograron mantener sus derechos de propiedad coexistiendo con las haciendas (Hernández Chávez, 2002). Morelos se convirtió en estado en 1869 y años después fue escenario importante de la lucha revolucionaria ini- ciada en 1910, pues el líder Emiliano Zapata nació y dirigió su lucha desde ahí. Actualmente, en Sierra de Huautla son comunes los relatos sobre Zapata, su presencia y batallas en el área.
Además de su relevancia histórica y social, Sierra de Huautla es también una región destacada por sus atributos ecológicos. El área esta cubierta, casi en su totalidad, por selva baja caducifolia, el ecosis- tema tropical más amenazado tanto en México como en el mundo (Conanp, 2005; Janzen, 1986; Trejo y Dirzo, 2000). Los 5,903 km2
que constituyen la reserva representan el remanente más amplio y mejor conservado de selva baja en la región centro-sur del país y la última extensión en Morelos (Conanp, 2005). Dentro de la reserva existen también otros ecosistemas como los bosques de pino y encino; se reportan cerca de 939 especies de plantas vasculares y 349 de verte- brados, de las cuales 75 son endémicas (Idem).
En 2007, 31 comunidades, casi todas ejidos, con una población de 23,544 habitantes, tenían su territorio o parte de él incluido dentro de las fronteras de la RBSH. La ganadería bovina extensiva y el cul- tivo para la subsistencia de maíz, frijol, calabaza y chile son las princi- pales actividades productivas, además de la recolección y venta de leña (Trujillo Santiesteban, 2002). Es importante mencionar que Sierra de Huautla es la región más pobre de Morelos. Muchas de sus comu- nidades son clasificadas como de alta marginalidad por el Consejo Nacional de Población (Conapo) (Ávila et al., 2002), lo cual significa que el acceso a la infraestructura básica, agua potable, electricidad y servicios de salud es limitado.
La creación de la Reserva proviene del interés e iniciativa de algunos académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Mo- relos (UAEM) donde, desde 1980, se desarrollaban estudios taxonó- micos que permitieron reconocer la relevancia biológica del sitio. En 1993, el Gobierno del Estado decretó un área de 3,131 km2 como área protegida bajo la categoría estatal de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, abarcando los municipios de Tlaquiltenango y Tepalcin- go. En 1995, la UAEM creó el Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla (Ceamish), como una institución de investigación científica dedicada a generar conocimiento biológico y ecológico sobre la región para promover su conservación mediante el uso sustentable de los recursos biológicos (Dorado, 1999). En 1998, la UAEM y el Ceamish proponen a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) la creación de la Reserva de
la Biosfera, que es decretada en 1999. Desde entonces, la RBSH es co-administrada por la Conanp y el Ceamish. La primera aporta el apoyo institucional y financiero mientras que el segundo asume las responsabilidades del manejo cotidiano de la Reserva.
Discursos sobre participación social ¿Qué es participación social?
Los entrevistados reconocen varios grupos o sectores sociales com- prometidos en la conservación de la RBSH entre los cuales, el más mencionado, es la comunidad local.6 La población que se asienta en el
interior de la reserva es observada como un actor con quien es necesa- rio relacionarse para poder implantar acciones concretas, dado que son los usuarios directos de la biodiversidad. Desde aquí, la participación social es entendida, primordialmente, como el contacto o relación de las autoridades con la población local.
De acuerdo con algunos entrevistados, este proceso de interac- ción significa la creación de vínculos y relaciones de confianza entre las autoridades y los habitantes de la RBSH por lo cual, explican, es necesario mantener una presencia constante en las comunidades e in- teresarse por sus actividades cotidianas. Lo anterior incluye ofrecer ayuda y asesoría en aspectos productivos e inclusive para la realización de trámites y peticiones ante, por ejemplo, el gobierno estatal. Se asu- me que las relaciones de familiaridad y amistad con la población local evitan que los científicos y los funcionarios gubernamentales sean vis- tos como enemigos, y como una de las personas consultadas explicó “la gente te ve como de ellos”, desconfiando menos de las iniciativas y proyectos de conservación.
Desde ahí empieza la participación social, desde saludar [a las perso- nas],…participación es llegar a su casa, comer con ellos, ayudarles en 6 Los otros actores mencionados son las universidades y los científicos, las po- blaciones indígenas, el gobierno, los políticos y el sector privado.
el campo, hacer una faena, ir a sus fiestas, ser padrinos de sus hijos… (Académico).
Además del establecimiento de relaciones de confianza y amis- tad, la participación social es entendida en una forma mucho más li- teral, en el sentido estricto de hacer partícipes a los habitantes del AP del interés y de la preocupación de los actores externos por la pro- tección de la diversidad biológica. La participación social, desde esta perspectiva es observada como una labor de convencimiento en la que se intenta, por un lado, persuadir a los pobladores sobre la relevancia de los proyectos de conservación y, por otro, integrarlos en actividades o labores concretas dentro del esquema prediseñado por las autorida- des.7 Así, entre los testimonios se menciona que “hay comunidades
que trabajan con nosotros muy bien” y otras “que cuesta mucho trabajo interesarlas en el asunto de la conservación”, evidenciando una con- cepción de la participación social esencialmente técnica, cuyo diseño depende de las autoridades y cuyos problemas son, principalmente, de índole práctica.
…se ha trabajado con las comunidades en términos de hacerlos par- tícipes de tu propia emoción de conservar, de lo que vale conservar, para que sea benéfico para ellos y lo vean como parte de lo que ellos creen… [también] habrá comunidades con las que no va a haber forma