MENDOZA SAN LUIS

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entonces, hasta los ríos Neuquén y Negro (artículo 1); este último curso luego delimitaría las provincias de Río Negro, Buenos Aires y La Pampa. En segundo término, diferen-

ciaba entre parcialidades pacíficas y hostiles. Según la normativa, con las primeras se pactaría lugares de asentamiento (artículos 2 y 3) y con las renuentes al avance del go-

bierno sobre sus tierras, en cambio, les depararía el sometimiento (artículo 4). El artículo 9 era un reconocimiento de que lo que dictaminaba la ley podría cumplirse una vez que finalizara la Guerra contra el Paraguay, lo que evidenciaba las limitaciones presupuesta- rias y logísticas del Estado argentino de solventar y sostener una guerra internacional e

iniciar campañas sobre las parcialidades indígenas.

Finalmente, pero no menos importante, la Ley 215 podría caracterizarse (al igual que ciertos mapas oficiales) como un “deseo territorial” (Lois, 2007), es decir, pretendió e inscribió como propios a territorios que no ocupaba ni controlaría hasta casi dos década después. Lo paradójico es que dicho deseo territorial, que buscaba ampararse en una normativa nacional, construía un territorio de manera unilateral subordinando a quienes lo detentaban y ocupaban (los pueblos indígenas).

Sin embargo, durante la presidencia de Mitre (1862-1868) y los primeros meses de la gestión de Sarmiento (1868-1874), la pretensión de extender el territorio de acuerdo con la Ley 215 parecía inviable, y recién con el regreso de los jefes de frontera del Para-

guay, entre fines de 1869 y 1870, se modificaría el escenario político.

En efecto, en 1869 se le encargó al ingeniero húngaro Juan Cztez, radicado en Buenos Aires e incorporado al ejército nacional, un informe de reconocimiento del terri-

torio que permitiría mejorar los fuertes y las condiciones para cumplimentar el avance

previsto por la legislación.

Al informe publicado en 1870, tras la misión que visitó el sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y la frontera bonaerense, se le agregó la reorganización y división de las Comandancias de frontera en cuatro secciones con sus respectivos jefes, se ade-

lantó la frontera de Córdoba, desde el Río Cuarto hasta el Río Quinto, (ver el impacto de esta medida en el recuadro “Los ranqueles: su historia en las pampas”) y a través del jefe de la sección José Arredondo, y el comandante de frontera Lucio Mansilla, se buscó pactar con los ranqueles y dividirlos de potenciales alianzas con Calfucurá.

El Tratado de paz con los ranqueles es clara muestra de las diversas posiciones del gobierno respecto a la política indígena. Aprobado por el presidente Sarmiento en 1870 ni siquiera fue tratado por el Congreso Nacional dado que contradecía la mencionada

Ley 215. A su vez, en junio de ese año, se sancionó la Ley 385 que permitía al Ejecutivo disponer de la suma para realizar la campaña militar hasta el río Negro.

Paralelamente, el ministro de Guerra, Martín de Gainza, se inclinaba por no llevar a cabo el avance sobre las poblaciones indígenas porque no se contaba con los medios necesarios, en particular, un ejército profesionalizado.

Por tanto, mientras por un lado se negociaba un tratado de paz con los ranqueles, por otro, el gobierno –con disidencias internas y opiniones distintas con respecto al destino posible de la población indígena sometida– se aprestaba a realizar la campaña que la normativa había aprobado en 1867.

Sin embargo, la rebelión de Ricardo López Jordán5_{contra el gobierno y la posibilidad}

de que el caudillo sumara indígenas a sus fuerzas, algo común en aquel entonces, des-

articuló los planes estatales y debió una vez más disponer de los jefes de frontera para reprimir la resistencia.

Entre 1871 y 1872, con la victoria de las tropas nacionales y el regreso de los jefes a la frontera, se concretarían campañas contra los ranqueles y Calfucurá, quién sería derrotado en la batalla de San Carlos y moriría un año más tarde. No estaba definida la posibilidad de concretar el ansiado deseo territorial que las autoridades habían marcado en 1867 con la Ley 215, y el período de Sarmiento no vería plasmarse dicho anhelo, entre

otras cuestiones, porque el proyecto ofrecía una resistencia solapada por parte de los

jefes de frontera vinculados al mitrismo, facción enfrentada a Sarmiento y a Alsina, presi-

dente y vice, respectivamente, y especialmente debido al estallido de una nueva rebelión jordanista en 1873 que retrasó una vez más los planes gubernamentales.

Ante el cada vez más palpable ímpetu del gobierno argentino de arrebatarles sus territorios, las parcialidades continuaron recurriendo a estrategias diplomáticas con las autoridades nacionales, con tratados que en algunos casos les imponían duras cláusu-

las, como el apoyo militar a las tropas, o que no les permitían establecer condiciones fa-

vorables. A su vez, constituyeron alianzas o pactos intraétnicos para resistir los embates oficiales con contraofensivas sobre la frontera.

5 Ricardo López Jordán (1822-1889) fue un caudillo federal aliado de Urquiza, funcionario durante la Confederación Argentina que, disgus- tado con este por no presentar batalla en Pavón, y su posterior acercamiento al presidente Sarmiento, entre otros motivos, se vio impulsado a desatar un conjunto de rebeliones entre 1870 y 1876 contra el centralismo porteño, y que como punto de partida incluyen un confuso episodio que terminó con el asesinato del propio Urquiza en su palacio de San José (Entre Ríos). Las rebeliones jordanistas son señaladas como las últimas rebeliones contra el Estado nacional y tras su derrota, López Jordán fue apresado, se fugó y vivió en el exilio en Uruguay hasta recibir una amnistía por parte del presidente Juárez Celman a fines de la década de 1880. Fue asesinado en 1889 en la Capital Federal donde residió tras su exilio.

En los años siguientes, el espacio de negociación y los márgenes de maniobra se estrecharon de manera dramática y el futuro inmediato les depararía aun peores noticias.

La organización nacional (1862-1880)

Tras una década de disputas entre la Confederación Argentina y Buenos Aires, este período reúne tres presidencias que tuvieron como resultado la organización del Estado nacional argentino. Los tres reconocidos mandatarios de esta etapa fueron Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880). Mitre fue entonces el primer presidente de la República Argentina organizada aunque esto no incluía a las actuales provincias que por aquel entonces conformaban los terri-

torios indígenas que luego el estado conquistaría sometiendo a las comunidades. A su vez, queda claro que el proyecto de organización comandado por Entre Ríos en la década anterior, pasó a ser liderado por Buenos Aires, sin embargo, las rispideces entre figuras porteñas que se enfrentaban por un proyecto nacionalista (Mitre) y uno au-

tonomista (Alsina) suscitaron diversas disputas y, paradójicamente, el período se cerró con el triunfo de las tropas nacionales por sobre las bonaerenses como consecuencia de la federalización de Buenos Aires. El punto crucial estuvo ligado durante casi dos décadas a la supremacía de lo nacional por sobre las autonomías provinciales y esto incluyó a Buenos Aires.

En tal sentido, la construcción del estado nacional exigió una casi permanente represión a focos disidentes federales, conocidos como montoneras. Sus figuras más promi-

nentes, Ángel “Chacho” Peñaloza, Felipe Varela y Ricardo López Jordán, entre otros, cuestionaron la impronta que adquiría la organización estatal, en especial lo que deno-

minaban el centralismo porteño, y presentaron una fuerte resistencia respondida con la movilización de tropas y los enfrentamientos constantes. Además, el gobierno nacional

apeló a intervenir provincias6 _{y a destituir o remover de sus cargos a gobernantes o}

políticos opositores.

En este lapso, la Argentina participó junto a Brasil y Uruguay en una guerra internacio-

nal contra Paraguay (1864-1870) lo cual incrementó el clima de guerra y el traslado de

tropas fue funcional a la represión de las rebeliones del interior.

6 Las intervenciones federales en las provincias no fueron una práctica excluyente del período 1862-1880, sino que son anteriores a este lapso y se continuaron hasta el siglo XX, aunque con menor periodicidad. Sólo entre 1854 y 1880 hubo cuarenta intervenciones (más de una por año), la misma cantidad que en el período posterior (1880-1916) aunque la diferencia subyace en que en la primera etapa la mayoría de ellas fueron realizadas por el poder ejecutivo, mientras en el segundo período, predominan las intervenciones solicitadas por el Congreso de la Nación (Serrafero, 2009).

La organización, además de conseguir que las provincias resignaran parte de su sobe-

ranía en una autoridad nacional, implicó también dotar al flamante estado de una ad-

ministración central y un aparato burocrático nacional. Para ello, en casi dos décadas, se plantearon distintas medidas: sancionar normativas, crear un ejército profesional de alcance nacional, establecer una moneda única, fomentar industrias y políticas inmigra-

torias, desarrollar la infraestructura y las comunicaciones –en especial el telégrafo y los ferrocarriles–, y extender un sistema educativo que dotara de consenso al nuevo orden. También, en 1869 se realizó el primer censo nacional que estableció que la población alcanzaba los casi dos millones de habitantes. Los cuatro mil censistas formularon once preguntas y se descartaron explícitamente las referidas a religión, ya que se suponía que la mayoría de la población era católica, y la vinculada a la “raza” porque entendían que “este dato pierde importancia [...] por la fusión de razas, y la desaparición gradual y cierta del elemento de color, el negro y el indio” (Sábato, 2012: 199). De este modo, el censo no sólo fue una medición o contabilización de habitantes sino también la expre-

sión de un perfil de país homogéneo, blanco y católico, que borraba en sus estadísticas

la diversidad religiosa y cultural.

Un tarea nodal fue la de construir un territorio propio y colonizar sus tierras para in-

corporar a la República Argentina al mercado mundial como exportadora de materias primas e importadora de manufacturas, mano de obra e inversiones de capital. Se tra-

taba de expandir las relaciones capitalistas e integrarse al orden mundial, en general, a través del desarrollo agropecuario, y, en particular, mediante la explotación ganadera. En ese modelo de desarrollo pretendido por las elites que dinamizaron la organización del estado, las comunidades terminaron convirtiéndose en un obstáculo, dada la ape- tencia de tierras y el deseo de establecerse sobre el territorio indígena.

Como veremos, el Estado nación argentino tomó forma, logró disciplinar las resisten-

cias de diversa índole y pudo abocar fuerzas y recursos al sometimiento definitivo de las

Los ranqueles: su historia en las pampas

Por Graciana Pérez Zavala

Durante los siglos XVIII y XIX el territorio de la República Argentina presentaba una fiso-

nomía diferente a la actual. Las actuales provincias de Buenos Aires y Mendoza esta-

ban, por entonces, atravesadas por un conjunto de fortificaciones militares que materia-

lizaban la denominada “Frontera Sur Argentina”. Las autoridades coloniales primero y, posteriormente, las provinciales y nacionales concibieron a estos fuertes como barreras de contención ante los malones. Sin embargo, la frontera también fue un espacio en el que eran cotidianos los movimientos de comitivas indígenas que negociaban la paz, comercializaban, buscaban raciones o canjeaban cautivos.

La documentación del siglo XIX denominaba con la palabra “indígenas” a un amplio y diverso conjunto de pueblos o “tribus” que habitaban la “Tierra Adentro”, es decir, las tierras de Pampa y Patagonia. Estas agrupaciones se diferenciaban entre sí por su lo-

calización, por sus formas de designarse, por sus caciques y por sus vínculos políticos. Para mediados del siglo XIX, el viajero que atravesara las pampas podía acceder a las tolderías de los salineros, ranqueles, pehuenches, manzaneros, entre otros. Las distan-

cias entre una y otra toldería eran importantes, sin embargo, un entramado de caminos o rastrilladas les permitía sostener vínculos económicos, parentales y culturales. Martha Bechis acuñó el término “área arauco-pampeana-norpatagónica” para conceptualizar estas relaciones, incluyendo en ellas las tribus de la Araucanía chilena. Por su parte, Raúl Mandrini, a través del estudio del circuito del ganado que provenía de las fronteras, mostró la fluida articulación entre los toldos de las diferentes parcialidades.

Ahora bien, ¿quiénes eran los ranqueles? Su historia en las pampas está estrechamen-

te vinculada a los acontecimientos de la “frontera sur”.

La frontera sur de las provincias de Córdoba y San Luis eran el límite norte del terri-

torio de los ranqueles. Los historiadores discuten sobre su origen, pero coinciden en que a fines del siglo XVIII estos estaban instalados en la Pampa Central. En 1796, una veintena de caciques, entre los que se destacaban Cheglen y Carripilun, concretaron un tratado con el rey de España, Carlos IV, el cual fue representado por el gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, el marqués de Sobre Monte. Este pacto permitía consolidar la nueva línea militar que pocos años atrás había trazado dicho funcionario

colonial a través de los fuertes y fortines Villa de la Concepción (Río Cuarto), San Ber-

nardo, Reducción, Punta del Sauce, San Rafael de Loboy, Las Tunas y Loreto.

A principios del siglo XIX, las relaciones entre los ranqueles y las autoridades coloniales tomaron un nuevo rumbo. La Revolución de Mayo de 1810 tuvo también repercusión en las políticas interétnicas. Justamente, en 1815 y 1818, en el contexto de las guerras de la independencia, el gobierno de la provincia de Córdoba, actualizó y ratificó el tra-

tado de paz de 1796. Sin embargo, los ranqueles no actuaban de manera unificada, de modo que lo constante del período fue la fragilidad de las alianzas y la presencia de malones en la frontera. En 1825, los gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concretaron un nuevo tratado. Esta vez fue en la Laguna del Guanaco e involucró a unos cincuenta caciques. Pero, las disputas entre unitarios y federales y el ingreso masivo de indígenas transcordilleranos a las pampas diluyeron el acuerdo.

En la década de 1830, Juan Manuel de Rosas consolidó en la frontera bonaerense el “negocio pacífico de los indios”. En cambio, las tolderías de los caciques ranqueles Yanquetruz y Painé se vieron asoladas por campañas militares, que además de resca-

tar cautivos “cristianos” generaron prisioneros indígenas. De manera paralela, muchos unitarios buscaron refugio en dichas tolderías y con los años entablaron estrechos vín-

culos políticos y parentales con los ranqueles. El caso más ilustrativo es el del coronel Manuel Baigorria, que vivió cerca de veinte años entre ellos y fue padrino de uno de los nietos del cacique Yanquetruz, al cual le dio su nombre. Juan Manuel de Rosas también apadrinó a un hijo de Painé, que se encontraba prisionero en la provincia de Buenos Aires. Cuando este regresó a las tolderías, ya con el nombre de Mariano Rosas, buscó un acercamiento diplomático entre los ranqueles y el gobernador porteño, que se ma-

terializó en las paces de 1840.

El derrocamiento de Juan Manuel de Rosas en 1852 modificó otra vez las alianzas in-

terétnicas. La provincia de Córdoba adhirió a la emergente Confederación Argentina, liderada por Justo José de Urquiza y opuesta a la provincia de Buenos Aires. En este contexto y después de extensas negociaciones, en 1854, Calfucurá y los ranqueles, encabezados por Pichún Guala y Calbán –hijos de Yanquetruz y Painé, respectivamen-

te– acordaron un tratado. De acuerdo con este, los ranqueles se comprometían a no maloquear sobre las fronteras confederadas, poniendo el foco de sus invasiones en los campos bonaerenses.

Más allá de las rispideces entre las partes, el tratado de 1854 estuvo en vigencia hasta 1861. Luego de la batalla de Pavón, la Confederación Argentina se disolvió y poco después se conformó la República Argentina, con Buenos Aires a la cabeza. En este

escenario, los ranqueles se distanciaron del nuevo gobierno y lo enfrentaron. Durante

la década de 1860, sus caciques Mariano Rosas y Manuel Baigorrita Guala, impulsaron grandes malones sobre la frontera, cordobesa al tiempo que auxiliaron a los líderes de las montoneras provinciales que actuaban en la región. Los efímeros tratados de 1865 dan cuenta de la permanencia del conflicto.

Finalmente, la década de 1870 puso al descubierto el debate en el seno del gobierno

nacional sobre la política a seguir con los indígenas en razón de que el avance de la

frontera era entendido como necesario para el desarrollo del Estado argentino. En este marco, en 1869-1870 el gobierno nacional extendió parcialmente la frontera sur argen-

tina. En el caso de Córdoba, esta se trasladó desde el río Cuarto hasta el río Quinto, en donde se emplazaron los fuertes Sarmiento, Tres de Febrero y Villa Mercedes (en San Luis). Este adelanto militar impactó en la territorialidad de los ranqueles ya que las parti-

das corredoras del ejército empezaron a tomar el ganado de los indígenas y a controlar sus movimientos. El tratado de paz que impulsó en 1870 el coronel Lucio V. Mansilla buscó neutralizar los malones de resistencia de los indígenas. A su vez, las expedicio-

nes militares de 1871 y 1872 sobre los toldos de Lebucó y Poitagué debilitaron aún más a los ranqueles. En 1872, sus caciques concretaron otro tratado con el gobierno nacional, el cual aunque duró hasta 1878, no llevó “paz” a los toldos. En esos años, muchos capitanejos e indios de lanza fueron aprisionados en el marco de expediciones de “ablandamiento”. Simultáneamente, otros se trasladaron a la frontera, por causa de la viruela, el hambre o por las diferencias con los caciques principales. Estos ranqueles fueron instalados en las misiones franciscanas de Villa Mercedes y Sarmiento, empla-

zadas en las cercanías de los fuertes homónimos. Algunos también fueron destinados a ciudades como Río Cuarto.

Como en otros tramos de la frontera sur argentina, entre 1878 y 1879, distintas expe-

diciones militares, penetraron tierra adentro. Las tolderías fueron abandonas y/o que-

madas mientras sus ocupantes eran aprisionados, muertos y heridos. Algunos, como el cacique Epumer Rosas, fueron destinados a la isla Martín García. Otros ranqueles fueron a los ingenios azucareros de Tucumán al tiempo que los fuertes de la frontera de

avanzada también recibieron prisioneros. El cacique Baigorrita logró huir hacia la cordi-

llera, aunque finalmente murió en combate.

A fines del siglo XIX, la política de frontera aplicada por el Estado argentino resultó en la pérdida del territorio indígena, la negación de su autonomía política y su desmem-

bramiento como sociedad. Sin embargo, un siglo después, los descendientes de los ranqueles sometidos, organizados en más de cincuenta comunidades en las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, están buscando recuperar

lo que el Estado argentino les quitó.

6

¿qué EstratEgias implEmEntó El Estado argEntino a partir dE la década dE 1870 cuando finalizó

la guErra contra El paraguay?

Como vimos en el punto anterior, tras la guerra del Paraguay y el regreso de los jefes a “tierra adentro”, se profundizó el plan de avance de la frontera. En especial, la década de 1870 trajo algunas novedades y sobre el final del período estaría avanzado el some-

timiento final de las comunidades.

Una de las estrategias implementadas por el gobierno fue la de intervenir en las rela-

ciones entre parcialidades “amigas” asentadas en la “frontera sur”, imponiendo la sub-

ordinación de algunas comunidades a determinados caciques indígenas. Así, en 1871,