La profunda inequidad en sentido nato, el elevado grado de pobreza y la precariedad en las condiciones de vida de buena parte del campesinado exige la necesidad, si no conve- niencia, de un modelo de desarrollo rural con enfoque territorial que propenda por una progresiva inclusión social y un reconocimiento del campesinado como agente social, productivo y político para la transformación de la ruralidad en Colombia.
Ello impone al Estado la responsabilidad de propugnar por el acceso y formalización de la propiedad de campesinos en tierras de adecuada calidad y situación geográfica, y por el establecimiento de condiciones propicias para el aprovechamiento de la tierra y la potenciación de las capacidades del campesinado (con la disponibilidad de crédito, asistencia técnica, vías de acceso, provisión de bienes públicos, etc.).
La conveniencia de un modelo rural de este tipo sobresale ante el hecho de que el proceso de pauperización sufrido por las víctimas del desplazamiento obliga al Estado a ofrecer alternativas razonables y viables para garantizar la sostenibilidad económica del retorno o la reubicación. En efecto, las víctimas del desplazamiento forzado no podrían retornar a territorios estériles o empezar de nuevo sin un apoyo (promocional, no asistencialis- ta) del Estado, tanto a nivel micro con la provisión de asistencia técnica, transferencia e innovación de tecnología, créditos blandos, entre otros, como a nivel de un entorno macro y mesoeconómico propicio para una producción campesina rentable y sostenible en medio de un modelo de desarrollo rural competitivo e incluyente.
Para avanzar hacia un modelo rural incluyente se ha de corregir la “falla de reconoci- miento” a partir de la cual se desconocen los derechos del campesinado, se niega una clara redistribución de activos a su favor –“falla de redistribución”– y conduce a que la sociedad ni reaccione ni se conmueva frente a fenómenos como el desplazamiento forzado interno.
Asimismo, se ha de superar la falsa premisa que el actor fundamental o cuasi-único sujeto social capaz de integrarse en la dinámica global es el “empresario”, con lo cual aparte de reproducir la desvalorización del campesinado, desconoce las potencialidades de los sistemas productivos campesinos y de pequeños productores en el abastecimien- to de alimentos y bienes agrícolas y en el aprovechamiento productivo de la tierra. Es decir, el modelo prevaleciente reproduce una falla de reconocimiento de los sistemas productivos campesinos y de pequeños productores como promotores potenciales de la productividad sistémica del campo en un país como Colombia.
En efecto, en contraposición a la óptica oficial predominante en Colombia, de acuerdo con resultados preliminares de un estudio pionero que ha venido realizando la Comisión de Seguimiento con la Universidad Javeriana, al menos en principio se podría argu- mentar que la productividad, eficiencia técnica y rentabilidad económica relativa de sistemas de producción de pequeños productores bajo condiciones adecuadas no son significativamente inferiores con relación a las de sistemas de producción a mediana y gran escala, sino que incluso llegaría a ser superior en algunos casos de zonas y pro- ducciones especializadas.
Ello implica que en la medida en que se logre proveer condiciones adecuadas en tér- minos de especialización-diversificación de productos, calidad de la tierra, métodos de producción, estabilidad jurídica y social, acceso a mercados, entre otras, en ciertas zonas y alrededor de determinados productos, los sistemas de producción de pequeña escala pueden llegar a ser incluso más eficientes en el uso de los recursos y factores de producción disponibles que los sistemas de producción de mediana y gran escala.
Por supuesto, no podría afirmarse lo mismo en el caso de sistemas de producción cam- pesina pauperizados de mera subsistencia y sujetos a inadecuadas condiciones por la baja calidad de suelos, alejados y de difícil accesabilidad y precaria estabilidad social y jurídica, entre otros.
Ello demostraría contundentemente la necesidad y la conveniencia económica y social de implantar un modelo de desarrollo rural que reproduzca el entorno adecuado para
la potenciación de sistemas productivos campesinos y de pequeños productores que a la vez de mejorar su eficiencia y competitividad, contribuya de manera socialmente benéfica al abastecimiento alimenticio, al mejoramiento del nivel de vida de la población rural, al reforzamiento de la competitividad sistémica de la producción agraria, tanto más en cuanto se tomen provecho de formas novedosas de organización asociativa y de modelos de inserción de la producción campesina y pequeña escala a cadenas de valor en condiciones de equidad de oportunidades con los otros eslabones de la producción empresarial.
En otras palabras, se debe superar la visión política preponderante para adoptar una visión en la que la Tierra es parte relacional con otros factores productivos puestos en juego en un nuevo modelo cultural y social, agenciado por agentes que se estima son capaces de constituir capital humano, productivo y social. Esta nueva visión impediría desestimar a las familias campesinas como hábiles para trabajar, valorizar las tierras y contribuir a la competitividad sistémica del campo, incluso en una perspectiva de competencia internacional.
El reto central reside en la adopción de un modelo de desarrollo rural con enfoque terri- torial que potencie la reproducción de sistemas campesinos y de pequeños productores competitivos para la producción tanto de alimentos como de productos que promuevan su integración en cadenas de valor bajo condiciones de equidad con sistemas empre- sariales competitivos, no rentísticos, como requisito fundamental para avanzar en el abastecimiento alimentario, el mejoramiento de condiciones de vida del campesinado, la reducción de la intolerable inequidad en el campo, la formalización y distribución de la propiedad, el reconocimiento del campesinado como sujeto productivo y social de inigualable trascendencia y, para no mencionar otros, la competitividad sistémica de la ruralidad colombiana.
Como han señalado Perry, Barberi y Garay (2011), la política gubernamental reciente no ha contribuido de manera significativa a estos propósitos ya que ha estado fundamen- talmente constituida por esfuerzos aislados que no han contemplado adecuadamente las características de los procesos de desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales, ha tenido una visión y un horizonte de corto plazo, se ha basado en subsidios puntuales y compartimentados, y no le ha otorgado importancia al desarrollo del capital humano y social.
En conclusión, es preciso fomentar el acceso a tierras en el marco de una política integral y coherente de tierras y desarrollo rural en Colombia, que garantice la existencia de
mecanismos con efectos transformadores mediante la democratización de los derechos sobre la propiedad y una modificación del modelo de desarrollo rural, sin que necesa- riamente afecte el rol particular del “empresario” en la búsqueda por una economía rural competitiva, sí haga un debido reconocimiento del papel que debe y puede jugar el campesinado en el desarrollo rural del país.
Se ha de superar la mera visión microeconómica de lo rural para optar por una visión comprehensiva macro-meso-micro que brinde debida cuenta de la complejidad del mun- do rural. En este sentido, Machado, Salgado y Naranjo (2013) muestran cómo incluso las mismas comunidades campesinas plantean su rechazo a los subsidios individuales, pero siempre y cuando el Estado invierta en bienes públicos comunales: carreteras, puestos de salud, escuelas, justicia, tecnologías.
Aún más todavía, bajo la lógica micro/individualizada de lo rural, por ejemplo, el pro- ceso de restitución de tierras se vería seriamente afectado en términos de la sosteni- bilidad socioeconómica de las familias desplazadas retornadas, ya que al no darse la atención debida a la preponderancia de las dimensiones meso y macro a nivel de comunidad, se limitaría la reconstitución del tejido social de las comunida- des y la reproducción de externalidades, sinergias y formas de asociatividad, en detrimento de la eficiencia y la rentabilidad social de la producción de los predios restituidos. Ello especialmente ante el hecho de que más del 40% de los desplazamientos en Colombia en las tres últimas décadas fueron masivos (de más de 10 hogares simultáneamente, y otro 30% grupales) con un desmantelamiento de comunidades y de institucionalidad comuni- taria, incluso de la pública aunque ya fuera de por sí precaria en muchas regiones.
En estas circunstancias, la implantación de figuras como la extranjerización de la tierra y el DRS podrían favorecer y resultar ampliamente atractivas para los capitales empresariales, nacionales y extranjeros, especialmente en el caso de predios campesinos en comunidades desvertebradas, sin institucio- nalidad pública indispensable y sin políticas rurales incluyentes, como ocurre en muchas regiones de restitución de tierras. Así, entonces, se correrían riesgos sistémicos de una nueva re-victimización en términos económicos de familias desplazadas restituidas, contrariando el propósito básico de la Ley de Víctimas.
Todavía más grave, esta tendencia se reforzaría ante una excesiva concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes, buena parte de ellos rentistas por ex-
celencia, y en ausencia de una debida regulación del Estado sobre el uso del suelo y la captación de parte de la renta absoluta de la tierra, bajo la inexistencia de verdaderos impuestos sobre la tierra, que hace que los terratientes y/o capitalistas se puedan apropiar casi plenamente de las rentas en su favor. En estas circunstancias, al me- nos en principio la aplicación de un mecanismo como el DRS tendería a realizarse preferentemente en tierras de propiedad o posesión formal de campesinos y pe- queños productores. Además, como bien lo comenta Carlos Salgado a una versión preliminar de este ensayo:
… la figura no entra en disputa con quienes encuentran que es mayor la ganancia política y de captura de rentas públicas que la de aplicar el DRS mismo. Los terratenientes basan su poder en el control territorial y su incidencia en la dinámica política, que es lucrativa en varios aspectos. ¿Por qué habrían de perder estos poderes para sustituirlos por una renta puramente económica, que incluso puede ser cubierta por los recursos públicos que apropian?”.
Ello se hace aún más grave en un contexto de conflicto armado en sentido amplio y del ejercicio de múltiples violencias en el campo en detrimento de la población campesina.
Como se verá en la siguiente sección, si no se lograra implantar un adecuado esquema regulatorio, laboral y fiscal para la aplicación del DRS, se reproducirían perversas y serias inequidades en contra de los dueños de la tierra –en este caso, campesinos y pequeños productores, especialmente– y trabajadores rurales, que agudizarían conflictos y crearían otros nuevos a los ya tradicionalmente exis- tentes en el campo colombiano.
El trasfondo existente en esta figura sería la posible incompatibilidad entre un modelo de desarrollo rural con énfasis “empresarista” y el desarrollo de la economía campesina por adolecer el primero de una falla de reconocimiento en relación con ésta. Un reto histórico es hacer compatibles el modelo de desarrollo rural con el fortaleci- miento de una economía campesina moderna donde los intereses poderosos no solapen ni subordinen la producción campesina, ni generen nuevos conflictos que re-victimicen a los hogares campesinos restituidos y retornados a sus tierras, por ejemplo.
He ahí una de las razones por las cuales ha de tenerse cautela en una aplicación me- canicista de medidas de política económica como el DRS para desarrollar el mercado de tierras y favorecer la “empresarización” del campo en contextos con serias fallas estructurales como el colombiano.