Modelos de desarrollo y política social en Colombia

Colombia no ha sido ajena a las tendencias de política social expuestas en el apartado anterior. Tal y como lo presentan Acosta, Forero & Pardo (2015), el país ha tenido avances significativos en materia de protección social reflejados en el enfoque de garantía de derechos, la integralidad del sistema de protección social y la combinación entre la financiación del modelo a partir de prestaciones de carácter contributivo y asistencial.

Al igual que otros países, Colombia tuvo un periodo de ajuste en el marco de los parámetros dados por el FMI. Durante la década de los 80´s, decisiones como la descentralización política y fiscal, hicieron que se trasladaran los recursos a los municipios, los cuales asumieron la responsabilidad en la implementación de políticas públicas sectoriales como salud y educación.

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En el país, el modelo de desarrollo liberal exportador se gestó, asumiendo las reformas del Consenso de Washington. Desde la década del 90 Colombia ha sustentado el desarrollo a partir de la eficiencia a nivel microeconómico, la garantía en la estabilidad macroeconómica y el acceso al mercado internacional, que como ya se expuso anteriormente hacen parte de las formulas necesarias para garantizar la estabilidad de la economía en el marco del modelo de desarrollo neoliberal.

En este contexto se gesta la Constitución de 1991 por medio de la cual se establece que la acción estatal se concentrará en aspectos como los servicios sociales esenciales, la seguridad y la justicia. Por la vía de la Carta Magna se otorgan garantías a la libre competencia, lo cual amplia la intervención del sector privado que junto con la configuración del Estado Social de Derecho, establece las bases para la implementación del modelo neoliberal26_.

En el gobierno de César Gaviria (1990-1994), se promueve la expansión del sector privado con la aceleración de la apertura económica y la promoción a la inversión extranjera, con la flexibilización del mercado de trabajo y la posibilidad de que privados sean proveedores de servicios públicos (Observatorio Nacional de Paz, 2011). En la misma medida se elimina el monopolio del Banco Central en el manejo de las divisas y se traslada a operadores financieros, acompañado de la desregulación financiera que consistió en eliminar la especialización de negocios (hipotecario, cuentas corrientes, leasing, etc.) y se incorpora a la banca en los nuevos negocios como los Fondos Privados de Pensiones.

En cuanto al tema laboral, se introduce un cambio estructural a partir de la expedición de la Ley 50 de 1990, mediante la cual se permitió el despido de los

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Para lograr los objetivos propuestos se hace necesario el acoplamiento de la institucionalidad para la implementación de las reformas establecidas en el Consenso de Washington, es así que se da paso a la creación de instituciones destinadas a la promoción de la eficiencia, la libre competencia, dando primacía a la lógica financiera, como las Superintendencias.

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trabajadores aún sin justa causa, por lo cual se facultaba el pago de una indemnización, situación que se configura en inestabilidad laboral, por otra parte se da vía libre a la suscripción de contratos inferiores a 1 año. Con este marco de flexibilización laboral, se da lugar al debilitamiento del movimiento sindical, con la minimización del Estado como empleador y la deslocalización de la figura patronal, debe el movimiento sindical sumarse a los nuevos esquemas de configuración de las relaciones obrero-patronales.

En este contexto de modernización y privatización del Estado se expide la Ley 100 de 1993. Mediante ésta se apunta a la privatización del sistema de seguridad social, generando transformaciones en materia de salud, pensión y riesgos profesionales. En este sistema se da la coexistencia de entidades estatales y privadas y se establecieron dos tipos de afiliaciones al sistema: Contributivas y Subsidiadas, en este mismo marco los Hospitales ya no percibieron más recursos Estatales y debieron buscar la financiación por la vía de la venta de servicios. Para Giraldo (2007), existen 3 aspectos que hicieron que la Constitución Política en la práctica, sometiera la reforma a la seguridad social a criterios distintos a la garantía de derechos. El primero la eliminación del monopolio del Estado para la provisión de dichos derechos y la configuración de agentes privados como proveedores de los servicios asociados a la seguridad social; el segundo, es la dependencia del gasto público de la autoridad fiscal (Ministerio de Hacienda) dejando de lado cualquier asomo de intervención o participación ciudadana; y tercero con la pérdida de facultades para la emisión de dinero que tenía el Banco de la República la financiación de lo público comenzó a sustentarse en el endeudamiento.

Por otra parte es de destacar que el abordaje de las problemáticas sociales en Colombia se hace fundamentalmente a través del Sistema de Protección Social. Este fue creado por la Ley 789 de 2002 y se caracteriza por ser un sistema dual

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sustentado por una parte en el trabajo formal y por otra parte por las políticas generadas de lucha contra la pobreza. Tiene como objetivo el disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida. En este marco se enfocan las acciones especialmente en los más vulnerables.

Este modelo de protección tiene como base el enfoque de Manejo Social del Riesgo, el cual apunta a la reducción de la vulnerabilidad económica a partir del potenciamiento del capital humano, logrando con ello evadir las trampas de la pobreza, de esa manera disminuyen los riesgos a los que están expuestos los pobres a partir de prever y controlar variables que inciden en la reproducción de su condición. Lo anterior se basa en el abordaje de 4 componentes: Seguridad social integral, acceso a activos, formación en capital humano y manejo de riesgos en crisis. De igual forma incorpora el sistema de promoción social que se encarga de orientar a la población pobre y vulnerable para el acceso al sistema de protección social.

Con respecto a la seguridad social integral se refiere a la cobertura en salud, riesgos profesionales y protección al cesante. En relación a la formación del capital humano este hace referencia a la generación de capacidades para el

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ingreso al mercado de trabajo27_{. Por su parte el acceso a activos corresponde a} mecanismos para que las familias pobres puedan mejorar sus ingresos (micro finanzas)28. Por último y en referencia al manejo del riesgo y la promoción social este se basa en la incorporación de programas de transferencias condicionadas mediante los cuales se intenta superar el enfoque asistencialista de la política pública. Así se promueven las capacidades de la población a partir de que ellos asuman la responsabilidad en la toma de decisiones frente a los riesgos (Acosta, Forero, & Pardo, 2015)29.

Por otra parte es de destacar que la entrega de subsidios a partir de la focalización ha tenido desarrollos destacados. A nivel estadístico Arias (2012), destaca el éxito en el uso del SISBEN30 como herramienta de focalización. La eficiencia queda demostrada cuando se establece que el 39% de las ayudas de instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales las recibe el quintil 1, mientras que el quintil 5 recibe el 6%31_.