Nuevas perspectivas de ciudad, nuevo manejo al tema de la seguridad

En lo que atañe a los principales enfoques tenidos en cuenta para definir las políticas públicas de seguridad en Bogotá en las administraciones Mockus y Peñalosa; Fabio Sánchez, Silvia Espinosa y Ángela Rivas en su texto: ¿Garrote o Zanahoria?, realizan un importante análisis donde se explica la existencia de ciertas líneas de continuidad en algunas iniciativas y políticas de seguridad de dichas administraciones. Ahora, los cuatro enfoques a los cuales se hace referencia son: el primero, Zanahorias (carrots) o medidas de impacto en las condiciones económicas, el segundo, las medidas garrote (sticks); en tercer lugar, la teoría de la ventana rota; y por último, las medidas que los autores rescatan, se denominan zanahoria-garrote, pues combinan el enfoque preventivo con el uso de incentivos y sanciones (Sánchez, Espinosa y Rivas 2006, p.17). No obstante, a continuación se exploran solo los tres últimos enfoques.

En primera instancia, en cuanto a las medidas garrote, denominadas así porque

implican sanciones a los delitos de impacto social, los autores anotan que en el caso bogotano dichas medidas se presentaron en programas como: el fortalecimiento de la Policía Metropolitana y la Justicia Punitiva. El fortalecimiento de la Policía Metropolitana se puede visualizar en hechos como la modernización

de los sistemas de comunicación, en el mejoramiento de la calidad del servicio de los Centros de Atención Inmediata (CAI), así como en programas tales como: Frentes Locales de Seguridad y Zonas Seguras(Sánchez, Espinosa y Rivas 2006, pp.18-19). Respecto a la justicia punitiva, la intención de la política se centró en mejorar las condiciones de cumplimiento de la penas.

De otra parte, las medidas zanahoria-garrote (p.20), que emplean formas

alternativas para incidir en el comportamiento de los ciudadanos, se presentaron en las políticas de seguridad para Bogotá a través de programas sobre: cultura ciudadana, desarme, autorregulación y regulación interpersonal del consumo de alcohol; la intención era entonces acercar a los ciudadanos y las instituciones gubernamentales.

Por último, se encuentra la teoría de las “Ventanas Rotas”, dicha teoría comenta

que “un espacio público que se abandona y del cual se permite un deterioro inicial,

se convierte en un espacio propicio para que ocurran actividades ilícitas” (Martin y Ceballos, 2004, p.331), los programas en materia de seguridad orientados por esta teoría fueron: la recuperación del espacio público y de los entornos deteriorados, entre otros.

De otro lado, al mirar cuándo y como se posicionó el tema de la seguridad ciudadana en Bogotá, se encuentra que existen quienes aseguran que después del periodo de La Violencia, “el contexto se encontraba caracterizado por: la ausencia de una política pública coherente para promover la seguridad ciudadana, al igual que por la falta de definición clara de responsabilidades en los diferentes niveles de gobierno y las instituciones encargadas de velar por la garantía de este

ámbito” (p.101). En este sentido, es evidente que a pesar del alto nivel en el que

se encontraban los indicadores de seguridad1, los gobiernos del momento

parecían no preocuparse por el fenómeno.

1 _{En relación con estos indicadores es importante tener presente que la mejora en éstos no necesariamente}

Así, teniendo claro el contexto anterior de finales de los setenta, los ochenta e

inicios de los noventa, Martin y Ceballos en su texto: “Bogotá: anatomía de una

transformación. Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003”, van a decir que la

llegada tanto de Mockus como de Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá en el periodo

1995-2003, “muestra un mejoramiento significativo en los indicadores de

seguridad en Bogotá, al igual que múltiples evidencias que permiten asegurar que la políticas locales implementadas por estas administraciones, de la mano de las estrategias desarrolladas a nivel nacional por esos días, le permitieron a Bogotá

afrontar el tema de manera integral”(p.124). Dichos autores aseguran que “la excelencia en la gestión publica, al igual que la integralidad de las políticas y la prioridad otorgada al tema de la seguridad en las administraciones de Mockus y Peñalosa, resultaron relevantes para la sostenibilidad a largo plazo de las políticas de seguridad ciudadana” (p.37). Así, estas dos administraciones “concibieron el tema de la seguridad dentro de un todo programático, de modo que la seguridad ciudadana no podía ser entendida sin tener en cuenta los diversos ejes temáticos del plan de desarrollo” (p.165).

De este modo se evidencia entonces la importancia que este tema ha tenido en la

agenda del gobierno distrital, por ende, hablar de seguridad ciudadana en Bogotá es prioritario, en la medida que es necesario no solo describir lo esfuerzos realizados en las últimas administraciones, sino también revisar la importancia de dichos esfuerzos a la hora de mejorar este ámbito de la vida de la ciudad.

De otra parte, para poder dar cuenta de la relevancia del tema en nuestro contexto, es importante revisar lo concerniente al desempeño institucional de todos aquellos organismos encargados primero, de velar porque las metas en este sentido se cumplan, y segundo, de divulgar la situación y resultados de los programas y políticas. En relación con lo anterior, Martin y Ceballos (p.122) sostienen que la debilidad institucional es el componente principal de las deficiencias en materia de seguridad no solo a nivel local, sino en todo el territorio

nacional; razón por la cual revisar el comportamiento de las instituciones es fundamental a la hora de dar cuenta que sucede en materia de seguridad ciudadana en Bogotá.

De la mano de dichos autores (cáp.6), se puede anotar que existen varios aportes de estas administraciones (Mockus y Peñalosa) al progreso de la seguridad en Bogotá; uno de estos aportes fue la progresiva institucionalización del tema de la seguridad en el ámbito distrital con la creación de diferentes organismos.

Un primer aporte en este sentido fue la instauración de la subsecretaria de asuntos para la convivencia y la seguridad ciudadana, creada en 1996, dicho ente se constituye como factor esencial en los avances de la política pública de seguridad; de otro lado, también en 1996 se crea la Dirección de Seguridad, organismo que sirve de apoyo a la subsecretaria de asuntos para la convivencia y la seguridad ciudadana, a la vez que colabora con las alcaldías menores y la policía en las temáticas que requieran. Por otro lado, organismos como el Consejo de seguridad ampliado (2001-2003), los Consejos locales de seguridad (2000), al igual que instrumentos como el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia de Bogotá (SUIVD), y el Plan maestro de equipamientos de seguridad ciudadana, defensa y justicia (2003), pueden citarse también como aportes significativos de estas administraciones a la institucionalización del tema en Bogotá. Es importante anotar, que el hecho de haber suscrito un crédito con el BID, permitió avances prácticos en el tema, es decir, los recursos del crédito, fueron destinados a partir de 1998, al trabajo con jóvenes, población de zonas marginales, entre otras cosas (Buvinic, M, 2000, p.43).

Ahora, Martin y Ceballos (p. 264) también destacan las implicaciones que tuvo para el tema de la seguridad y su manejo la visión de ciudad en la administración Peñalosa (1998-2001); los autores aplauden esta visión que concibe la mejora de la seguridad en Bogotá en relación directa con la profunda transformación urbanística de la ciudad, esta transformación iniciada por Mockus, profundizada

con Peñalosa e intensificada por la segunda administración Mockus, es adoptada por los autores como una causa directa de la reducción de la inseguridad y de la percepción ciudadana de la misma. En síntesis, la reflexión de estos analistas apunta a destacar que en lo que atañe a las políticas de seguridad y convivencia en Bogotá los alcaldes Peñalosa y Mockus rompieron con dos paradigmas, el primero, el de la seguridad como tarea primordial del gobierno nacional para así asumir que el papel de los alcaldes es garantizarla, promoverla y mantenerla; y segundo, rompieron con un esquema en el que las prioridades en temas de seguridad se encontraban limitadas en las responsabilidades sectoriales de la Secretaria de Gobierno, optando así, por una interrelación armónica entre diferentes entes con miras a una gestión integral del tema (Martin y Ceballos, 2004, p.169).

De otra parte, se encuentra que María Victoria Llorente apoya esta visión, ella

sostiene que “las políticas de seguridad y convivencia implementadas en Bogotá

en el período 1995-2003 se han constituido en ejemplo pionero de las posibilidades que hay para gestionar programas desde lo local con aparentes resultados exitosos en cuanto a la reducción del crimen y de la sensación de inseguridad de los ciudadanos” (Llorente, 2005, p.110). Agrega además que el caso de Bogotá parece esperanzador para la región, su análisis detalla así, el impacto de las medidas tomadas en Bogotá respecto al tema entre 1995 y 2003. En concordancia con lo anterior, María Victoria Llorente, junto con Ángela Rivas en su texto: La caída del crimen en Bogotá: Una década de políticas de seguridad ciudadana, se suman a los autores que destacan la importancia de las políticas emprendidas en las administraciones de Mockus y Peñalosa entre 1995 y el 2003, no solo en cuanto a indicadores, sino en el mejoramiento mismo de este ámbito en la ciudad (Llorente y Rivas, 2004).

Ahora, en contraposición con todos los autores citados anteriormente, Pablo

Casas en su texto: “Políticas de seguridad y reducción del homicidio en Bogotá: Mito y Realidad”, va a resaltar el hecho que “no son solamente las políticas locales

las que exclusivamente inciden sobre el fenómeno de reducción del crimen (…) el

aumento o reducción de este indicador está sujeto también a coyunturas

nacionales y a las dinámicas propias de los diversos agentes de la violencia”

(p.287). Lo que quiere anotar el autor, es que las políticas de seguridad implementadas entre 1995-2003 en Bogotá, pudieron fortalecer la tendencia de reducción del homicidio, más resalta, que no son la causa inicial para ese descenso (Casas, 2005, p. 279).

Si bien es cierto que los argumentos aducidos por Casas (p.257), resultan pertinentes para explicar la reducción del homicidio en Bogotá y otras ciudades de Colombia, en la medida que explica detenidamente las políticas que fueron implementadas a nivel nacional y tuvieron incidencia en el fenómeno, evidentemente los avances en seguridad ciudadana no solo pueden anotarse en relación con este indicador; la seguridad ciudadana va más allá de la reducción del homicidio, y es precisamente en aquellos elementos como la mejora en la convivencia ciudadana, que han actuado de manera eficaz las políticas locales de seguridad puestas en marcha entre (1995-2003).

3.3.2 Luis Eduardo Garzón: ¿Continuidad o ruptura en el tratamiento del