P ROMULGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA

Así como el tema de las rentas universitarias fue materia de conversación en el consejo de ministros, también lo fue la decisión de una nueva ley que regule al sistema universitario en su conjunto para, de un lado, quitarles protagonismo y capacidad de decisión a los estudiantes representantes en el cogobierno de la universidad y, por el otro lado, la ley permitiría una evaluación por eficiencia a los catedráticos, quienes de no calificar positivamente serian separados de la universidad.

La discusión acerca de la necesidad de una nueva ley universitaria fue consenso en el consejo de ministros. Polemizaron en los puntos más álgidos y beneficiosos de ella, pero coincidieron que su aprobación conllevaría a un conjunto de protestas en los estamentos universitarios. Por ello plantearon que la promulgación de la ley debería ser en un momento estratégico del calendario

nacional. En la sesión del consejo de ministros del 31 de enero de 1969 se ponía una fecha límite, recomendada, para su promulgación. El ministro de Educación sostuvo que “[…] el momento es propicio por cuanto no hay clases, recomienda

como fecha para la nueva Ley Orgánica como límite el 24 de Febrero”.

Exhortación que fue escuchada.

Mientras que en Lima se decidían los plazos para la publicación de la nueva ley universitaria, en Ayacucho las manifestaciones de los postulantes a la universidad y universitarios reclamaban sin cesar casi dos semanas, no sólo por mantener sus rentas, sino ampliarlas. Fue el 18 de febrero que el gobierno militar promulgó el Decreto-Ley 17437, Ley Orgánica de la Universidad Peruana (LOUP), cuyo objetivo fue la reorganización del sistema universitario en su conjunto. En su artículo 82, literal “f”, este Decreto-Ley sostenía que “Los profesores serán

separados de sus funciones por las siguientes causas: Realizar activismo o

proselitismo político partidario dentro de la Universidad”. Asimismo en su artículo

109, literal “d” sostenía que “Se pierde la condición de estudiante universitario por las siguientes causales: Realizar cualquier tipo o forma de activismo o proselitismo político partidario dentro de la Universidad.”

Las nuevas facultades que la Ley Orgánica de la Universidad Peruana otorgaba a sus autoridades eran severas, su aplicación intentaba desarticular los movimientos o agrupaciones políticas que se habían desarrollado dentro del estamento docente y alumnado. Pero los artículos antes mencionados no fueron aplicados en ninguna de las dos categorías de la UNSCH.

En el artículo 149, la Nueva ley universitaria señalaba que, debido a la reorganización de la universidad peruana, las autoridades universitarias cesaban en los cargos, con la única excepción de rectores y vicerrectores. Desde esta perspectiva, la representación estudiantil en el cogobierno universitario tuvo que entrar en reorganización. No obstante, la FUSCH seguía cumpliendo funciones de representación estudiantil, legitimada en la práctica por la inacción de las autoridades universitarias. La nota periodística del mes de marzo afirmaba que:

“[…] hasta hoy la federación [FUSCH] sigue funcionando, sigue

convocando a asambleas en el Auditórium con fines de proselitismo político, sigue ocupando tres piezas del local de la Universidad. El

Vicepresidente, encargado de la Presidencia [Coronel Aguirre había sido detenido], sigue haciendo trámites ante el rectorado, sigue interviniendo en el gobierno de la Institución ¿Por qué no cierran el local que viene ocupando la Federación? ¿Por qué no exige rendición de cuentas? ¿Por qué no hacen retirar los parlantes desde donde continúa vociferándose insultos contra el actual gobierno? ¿Por qué le reconoce todavía persona al

Presidente de la federación? ¿[Abimael] Guzmán y su monaguillo siguen

pesando?” (Paladín 1969:5)

La ola de protestas que movilizaba a un conjunto de alumnos, docentes y postulantes en Ayacucho por mantener las rentas para la universidad se encontraba de pronto en un nuevo contexto, donde la reciente Ley Orgánica de la Universidad Peruana, emitida el 18 de febrero, puso al sistema universitario en reorganización. Cesaban todas las autoridades con excepción de rectores y vicerrectores. El consejo universitario se disolvía para dar paso a una comisión reorganizadora aprobada y respaldada por el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP). La representación estudiantil, según la ley, debió correr la misma suerte que sus pares docentes, pero la FUSCH seguía vigente y legitimada dentro de la institución universitaria.

Estos tres sucesos fueron de relevancia para dicho momento, pero quienes han estudiado los años aurorales de Sendero Luminoso no los han puesto sobre el tapete, han sido omitidos, silenciados. Aquí son considerados como importantes, porque permiten ampliar coherentemente la comprensión de la coyuntura que se vivió por aquellos años. Una etapa donde el gobierno militar empezaba a desplegar sus estructuras de poder. En el breve andar de la dictadura militar tenían muy claro que una de sus estructuras de soporte debería desplegarse hacia el espacio universitario, lugar donde converge y se forma la masa crítica y el movimiento estudiantil.

Todo el sistema universitario entró en reorganización. El caso particular de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga nos lleva a suponer que bajo las nuevas circunstancias que se le presentaba, ésta se vería librada de la fuerte influencia que venía ejerciendo, entre sus docentes y alumnos, la propuesta maoísta del PCP - Bandera Roja, cuyo comité regional era liderado por Abimael Guzmán, profesor y ex-director del ciclo básico de la UNSCH. Pero ocurrió todo lo

contrario, dicha propuesta de izquierda radical, lejos de ser debilitada, terminó fortalecida por la coyuntura; se presentó como una iniciativa interesada en defender a la universidad ayacuchana del atropello militar.

La reorganización en la universidad ayacuchana, sin proponérselo, facilitó en su interior la consolidación de la presencia política del PCP-Bandera Roja, ya que les permitió poco tiempo después, a través de nuevos y estratégicos cargos administrativos que ocuparon, cierto poder de decisión en aspectos administrativos de la universidad. También es importante señalar que dentro del comité regional Ayacucho del PCP-Bandera Roja se desarrollaba la Fracción Roja

dirigida por Abimael Guzmán Reynoso y que años después daría sentido a lo que hoy se conoce como PCP- Sendero Luminoso.

Aquellos fueron momentos difíciles para la Universidad San Cristóbal. Aún no iniciaba el año académico 1969 y ya atravesaba por una crisis que fue acrecentándose a lo largo del año. El 18 de marzo la noticia más destacada de la región fue la renuncia del Rector y de parte de los miembros de la reciente comisión reorganizadora. Las razones del rector, Luis Gonzáles Carré, fueron que el clima político interno de la universidad no era propicio para el desarrollo de sus funciones, la fuerte presión que el grupo docente maoísta encabezado por Abimael Guzmán Reynoso ejercía contra su gestión fue determinante desde el seno mismo de la universidad y de la comisión reorganizadora. Sobre la renuncia de los comisionados el medio periodístico señalaba lo siguiente:

“De otro lado también presentaron sus renuncias los profesores Roberto Ishikawa, Roberto Velásquez, Isaac Tupayachi y René Casanova Silva Renard, que integraban la reciente nombrada Comisión de Reorganización decretada por la nueva Ley Universitaria, por razones de oposición del grupo pekinés, quedando en esa comisión los pekineses Zenón Naveda, Ing. Moya, Profesor Escalante y el ex-Decano Jaime Rivera [Palomino], con la posible esperanza de que los nuevos integrantes de la Comisión Reorganizadora que deberá nombrarse de inmediato no esté conformada

Con la renuncia de Gonzales Carré, el cargo de rector fue asumido por el vicerrector en actividad. Como nueva autoridad Jacob Alcabés debió asumir la presidencia de la comisión reorganizadora de la universidad. Tres días después esta comisión quedó instalada y expuesta al asedio de los estudiantes vinculados al Frente Estudiantil Revolucionario (FER). La renuncia de Gonzales Carré no cesó la confrontación con el alumnado. Todo lo contrario, esta fue mayor.

La mañana del 18 de marzo, aproximadamente mil quinientos postulantes de la UNSCH se encontraban reunidos en el patio del edificio rectoral. Según el diario Paladín del 19 de marzo, “[…] exigían en forma por demás insolente, azuzados por el bonzo Coronel Aguirre, Ascarza, Martínez, Najarro dirigentes

estos últimos del ferismo, para que [el nuevo rector] Jacob Alcabés les dijese el

número de vacantes existentes, quiénes habían ingresado, cuántos postulantes no habían logrado ingresar.”

Por los apellidos que recoge la cita anterior queda en evidencia que se trató de estudiantes dirigentes y de bases de la FUSCH, por tanto ésta se encontraba detrás de las manifestaciones de los postulantes. En el medio periodístico aparece una nota de prensa, fechada el mismo 19 de marzo, donde se afirmaba, en resumidas cuentas, que era responsabilidad de los ayacuchanos evitar el descarado intento de hacer de la UNSCH una universidad pekinesa gobernada por Abimael Guzmán y su grupo. La nota también señalaba el apoyo que brindaba el Frente de Defensa de Ayacucho, en la figura de su principal dirigente (Cárdenas Sulca), al grupo de docentes universitarios liderados por Guzmán.

El 27 de marzo nuevos desórdenes protagonizados por los postulantes se registraron en la ciudad de Ayacucho, esta vez fueron las calles y no las instalaciones de la universidad el escenario de la protesta. Su requerimiento, a voz en cuello, fue el aumento de vacantes para el proceso de admisión de 1969. Este pedido en realidad se hacía insostenible, si se recuerda que en el mes de febrero el gobierno militar anunció el recorte de rentas al conjunto de las universidades peruanas. La marcha de los postulantes nuevamente contó con el apoyo de los dirigentes de la FUSCH y su registro periodístico señala lo siguiente:

“Una vez más se pudo advertir la infaltable presencia en estos conatos de violencia estudiantil de los alumnos feristas […] Rigoberto García, Gualberto Ascarza, Coronel Aguirre, que en la realidad son los verdaderos culpables, entre otros, del “Ingreso Libre” y que hoy para evitar la furia de

los estudiantes [postulantes] engañados hacen lo imposible para lanzarlos

contra las autoridades de la Universidad y salvarse ellos así de la violenta reacción de quienes han sido miserablemente estafados en todo orden de

cosas.” (Paladín 1969: 1)

El 9 de abril, luego de haberse realizado el examen de admisión, la UNSCH publicó en sus vitrinas la relación de ingresantes. El criterio de selección primó para ocupar las vacantes disponibles y fueron mil los ingresantes para el año académico 1969. Sin embargo, la dirigencia estudiantil emitió un volante y publicó varios pizarrones donde exigían que los postulantes que no alcanzaron vacante también fuesen admitidos como alumnos ingresantes a la casa de estudios. Su requerimiento no prosperó ante la comisión reorganizadora y el año académico en la UNSCH inició el 15 de junio sin ninguna novedad al respecto. La ciudad de Ayacucho en general y la UNSCH en particular, como se ha podido apreciar, desde finales de 1968 vivió una situación de protesta constante, no se trataba de un espacio vacío ante las prolongadas vacaciones de los jóvenes universitarios como ha sido sugerido por Degregori (2010).

El presente trabajo de investigación considera que el particular contexto de protesta social y demandas universitarias por el que atravesaba la ciudad de Ayacucho de finales de 1968, posibilitó que el movimiento estudiantil secundario por la gratuidad de la enseñanza tuviese mayor arraigo en la vecina ciudad de Huanta; más todavía desde principios de junio de 1969 tomó un rumbo distinto y trajo consigo la participación del propio sector estudiantil organizado. La ciudad capital del departamento, Ayacucho, se había mantenido colmada de manifestaciones universitarias, demandas de organizaciones sociales y sindicales entre otras. Todas ellas venían empleando el espacio público sin tregua. Sus calles y plazas fueron, desde el último trimestre del año 1968, el lugar por excelencia para lo concentración y reclamo del poblador ayacuchano.

Aquí se sostendrá el siguiente razonamiento. Lo que permite comprender por qué el tratamiento de la gratuidad de la enseñanza escolar, cuando se produjo, en la ciudad de Huamanga no tuvo el mismo tratamiento que logró en la vecina Huanta se debe a una diferencia cuantitativa en sus compromisos políticos. Mientras que en la primera de ellas formó parte, o mejor dicho se sumó al conjunto de temas de debate, de la recargada agenda política de la ciudad y sus dos universidades (especialmente la San Cristóbal de Huamanga). Cosa distinta ocurría en Huanta, en ella la restitución de la gratuidad de la enseñanza secundaria se convirtió casi exclusivamente en la demanda social preponderante.

2.3L

Desde inicios del año 1969, la ciudad de Ayacucho se encontraba franqueada por una serie de demandas, movilizaciones y protestas callejeras. El eje central de articulación de todas ellas fue, de una u otra manera, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH).

En aquel contexto regional, donde la Universidad era el centro neurálgico de la vida académica y política de la ciudad de Ayacucho, se produjo una noticia que afectó al sistema educativo secundario y técnico superior a nivel nacional que fue sentida con una intensidad particular en la capital ayacuchana. Los altos niveles de politización que había alcanzado la vida de su población en general era tal que incluso había llegado a los sectores escolares secundarios; jóvenes que, en su mayoría, continuarían la formación educativa profesional en la UNSCH.

El 4 de marzo de 1969 el gobierno militar promulgó el Decreto Supremo 006-69/EP, que en su artículo primero decía: “A partir de la iniciación del año

escolar de 1969, los alumnos de los planteles oficiales de Educación Secundaria Común, de Educación Secundaria Técnica, Mando Intermedio y Formación Magisterial, que pierdan la gratuidad de la enseñanza, abonarán la suma de cien

soles oro (S/.100.00) mensuales de abril a diciembre”.

Como se puede apreciar, en el contenido del referido decreto supremo, no sólo se vio afectada la gratuidad de la educación secundaria común, sino también otros sistemas educativos. Razón que permite dar una mejor explicación al porqué los alumnos de los institutos industriales se plegaron a la lucha encabezada por los estudiantes secundarios. No queda duda alguna de que

fueron ellos los que más sintieron los efectos de la aplicación del decreto supremo, dada su mayor dependencia económica a los ingresos familiares, puesto que serían sus padres quienes solventarían el pago mensual requerido.

No hay ninguna duda en afirmar que fueron, lo siguen siendo, los colegios secundarios estatales donde se educaron y educan los hijos de los sectores más pobres del país. En Ayacucho, particularmente, la aplicación de la medida gubernamental atentó contra un gran porcentaje de familias campesinas pobres. Según el Mapa de la Pobreza del Perú (construido en base a información obtenida hasta 1972) se identifica a dos de las provincias ayacuchanas entre las diez más pobres del país de aquel momento.

También se desprende de su lectura que todo alumno desaprobado en un curso del año escolar anterior (1968) perdía la gratuidad de su educación. Por tal razón quedaba afecto a un pago mensual de cien soles que debía ser abonado desde el mes de abril hasta diciembre del periodo escolar vigente.

A tan sólo cinco meses del golpe de Estado que llevó a las fuerzas armadas a hacerse con el poder, a poco menos de un mes para que los escolares retornasen a las aulas se promulgó un decreto supremo que marcaría con sangre el año escolar de 1969. Su aplicación en Ayacucho, como en todo el país, fue sentida como un impedimento para continuar la formación educativa de muchos jóvenes de escasos recursos económicos, en su mayoría hijos de campesinos pobres o de pequeños comerciantes.

Degregori (2010) hace una conversión monetaria de la suma que el decreto supremo exigía como pago, por cada alumno desaprobado, para continuar con su formación educativa escolar. De ella obtiene un equivalente a 2.3 dólares americanos, cifra exigua en apariencia; pero toma importancia cuando es comparada con el salario diario que en el campo ayacuchano se pagaba por aquel entonces. El autor señalado sugiere que éste fluctuaba entre 5 y 15 soles diarios. De ello concluye que un campesino con solo un hijo afectado tendría que abonar mensualmente el equivalente a una semana de su salario, en el mejor de los escenarios; y de tres semanas, en el peor de ellos.

Este sencillo ejercicio permite poner en contexto la realidad económica de los padres de familias que fueron afectados por el referido decreto, un verdadero

drama para la economía de los campesinos. Aquellos hogares que mensualmente ingresaban a sus arcas un equivalente de 3.45 dólares, quedaban obligadas a abonar en favor del Estado peruano una suma de dinero que representaba las 2/3 partes de sus ingresos mensuales.

Lo señalado hasta aquí permite comprender el motivo de la movilización social que se produjo en defensa de la gratuidad de la enseñanza y que se prolongó hasta junio de 1969, momento en que alcanzó su punto más alto de beligerancia y también su final cuando el gobierno publicó el Decreto-ley 17717 del 24 de junio que corregía la situación que originó a nivel nacional el decreto supremo 006-69/EP.

Uno de los centros de esta movilización nacional fue el departamento de Ayacucho, las primeras manifestaciones se hicieron sentir en la ciudad de Huanta. Aquello no fue una casualidad, sino un indicador del mayor componente campesino e indígena que esta ciudad tenía en comparación a su vecina Ayacucho, capital del departamento del mismo nombre.

Para 1969, Ayacucho (ciudad) era un espacio sometido a una transformación y crecimiento urbano, donde sectores populares vinculados al pequeño comercio iban asentando sus hogares en las laderas de la ciudad, que cada vez tenía menos aspecto señorial. Nuevos barrios fueron incorporándose y ampliaban los límites de la ciudad. Ayacucho crecía al ritmo de la demanda exigida básicamente por instituciones del Estado: de un lado, la UNSCH que no había cesado de crecer desde su reapertura en 1959; del otro, un aparato administrativo estatal que después del golpe de estado de 1968 fue incrementándose progresivamente. La multiplicación de sedes administrativas de instituciones estatales e implementación de programas sociales desde el gobierno central, hicieron la diferencia.

Iniciado el año escolar, el Decreto Supremo 006-69/EP fue rechazado, las primeras manifestaciones de este rechazo se evidenciaron el segundo domingo de abril, cuando la población de Huanta objetó y reclamó su derogatoria. En la misma fecha el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), desde la ciudad de Ayacucho, presentaba un memorial dirigido al Presidente de la República acompañado de un listado con las firmas de los padres de familia afectados por la aplicación del mencionado Decreto Supremo.

Todo parecía transcurrir en el plano administrativo. Pero, para finales de mayo el ausentismo escolar se hacía evidente, los niveles de politización que atravesaba al conjunto de la sociedad ayacuchana también habían echado raíces en los jóvenes estudiantes secundarios. “[…] un grupo de jóvenes militantes de izquierda se reúne en secreto. De pronto, la sorpresa: el domingo 1 de junio se

constituye el Frente Único de Estudiantes de Huanta (FUEH)” (Degregori 2010:

57)

El 3 de junio el director del González Vigil, colegio emblemático de Huanta, expulsó a un grupo de alumnos por falta de pago de las mensualidades exigidas