BALANCE MACROECONÓMICO Y SOCIAL 1990–2002 CONSIDERACIONES DE GÉNERO SOBRE LOS PRINCIPALES
IV.5 El panorama del desarrollo humano en la región vs la desigualdad de género
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) propuesto por el PNUD constituye un primer intento de medición del desarrollo desde una óptica más integral. El IDH es una medida sintética de los adelantos medios de un país en tres as- pectos básicos: una vida larga y saludable, conocimientos y un nivel de vida decoroso. El índice mide el desarrollo nacional medio y no la forma en que éste se distribuye en el país. En el esfuerzo por mejorar las aproximaciones metodológicas, el PNUD ha desarrollado otros índices complementarios al IDH, como el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Po- tenciación de Género (IPG).
Costa Rica es el único país de la región que se encuentra en el grupo de desarrollo humano alto, ocupando en 2001 la posición 42. Los restantes
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países se clasifican en desarrollo humano medio. En el mismo año Panamá se ubicó en la posición 59, bastante distante de El Salvador que ocupó el lugar inmediato (el lugar 105) y de Nicaragua que clasificó en el lugar 121, el más bajo de los países centroamericanos. Estos números indican que el 86,4 por ciento de la población centroamericana vive en regiones con IDH medio, 11,3 por ciento se ubica en regiones con IDH alto y el restante 2,3 por ciento reside en zonas con IDH bajo (PNUD, 2003a).
Entre 1990 y 2001 las distancias promedio entre los países de la región se acortaron, al pasar de 1,46 veces a 1,29. En todos los países el componente del IDH de mayor peso relativo es el que mide los logros en salud; el menor peso lo tiene la dimensión que representa el nivel de vida decente.
País 1990 2001 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 0,787 0,688 0,538 0,602 0,612 0,646 0,832 0,719 0,652 0,667 0,643 0,788 (a) Guatemala 1999, Costa Rica y Honduras 1991; El Salvador 1996. Fuente: PNUD, 2003 a y b.
(a)
(a) Guatemala 1999, Costa Rica y Honduras 1991; El Salvador 1996. Fuente: PNUD, 2003 a y b.
Cuadro IV.6
Centroamérica: Índice de Desarrollo Humano, 1990 y 2001
Si bien todos los países de la región incrementaron el valor de su IDH entre 1990 y 2001, lo hicieron a diferentes ritmos. Panamá y Guatemala registraron los mayores aumentos, 22 y 21,2 por ciento respectivamente; El Salvador tuvo un incremento del 4,5 por ciento, el menor de la región.
De acuerdo a la metodología desarrollada por el PNUD, el IDH y el IDG debe- rían ser iguales. Sin embargo, como se puede apreciar en el Cuadro IV.6., en todos los países el IDG es menor que el IDH, evidenciándose así la desigual- dad en contra de las mujeres en los logros del desarrollo humano. Aunque la esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los hombres y en algunos países es más alto su acceso a la educación, en materia de ingresos se registran las mayores desigualdades en desventaja para ellas.
���� ��� ��� ��� Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 0,832 0,719 0,652 0,667 0,643 0,788 0,824 0,707 0,638 0,656 0,636 0,781 0,670 0,459 nd 0,408 nd 0,471 �������� PNUD, 2003b. ����������� ����������������������������������������� ���� �������� PNUD, 2003b.
Al comparar la posición en que se ubican los países en función del valor de sus índices, se observa que todos los países mejoran al pasar del IDH al IDG y al IPG. No obstante, debido a que no todos los países cuentan con valores para el IDG, el PNUD recalculó la posición de los 144 países que sí los tenían en el 2001. De acuerdo a esa reclasificación, sólo Nicaragua mejoró su po- sición según el IDG, y sólo Honduras la desmejoró; los restantes países no variaron su clasificación. Al desagregar los índices por sus componentes se observa que en el caso del IDG la brecha más significativa está en el nivel de ingreso per cápita. En el caso de Guatemala la brecha en las tasas de anal- fabetismo es especialmente relevante.
Al analizar el IPG el componente más significativo es la proporción de mujeres en ocupaciones de profesionales y técnicos, excepto en Costa Rica donde la proporción de mujeres en el parlamento tiene un peso mayor. Es decir que, en la mayoría de los países, las mujeres han avanzado más en su acceso a la educación y al empleo que en su participación en la toma de decisiones económicas y políticas. Esto constituye una seria limitación para continuar avanzando en la eliminación de las brechas de acceso y control de recursos entre hombres y mujeres.
Perfi l de género de la economía del istmo centroameicano 137 ���� ��� ��� ��� Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 42 105 119 115 121 59 41 85 97 96 98 54 19 54 nd 60 nd 50 �������� PNUD, 2003b. �������� PNUD, 2003b. ����������� ������������������������������� ��������������������������������� �����������
A pesar del avance de las mujeres en ocupaciones como profesionales y técnicas, (tal como lo refleja la evolución del IDG e IPG) la brecha de ingreso por sexo es más pronunciada a medida que aumenta el número de años de estudio. En el promedio regional, la remuneración por hora de las mujeres con 13 o más años de educación es alrededor de 30 por ciento más baja que la de sus equivalentes masculinos. En otras palabras: para las mujeres la educación, particularmente la superior o universitaria, no tiene el mismo retorno que para los hombres, pues no se traduce en iguales ingresos. Ello explica las barreras ideológicas que subordinan a las mujeres aun cuando éstas disponen de todas las capacidades requeridas en determinados pues- tos de trabajo.
IV.6 Conclusiones
• El comportamiento de la economía de la región, los procesos ace- lerados de apertura económica y los efectos sociales observados, evidencian la poca preocupación dada por los gobiernos al tema de equidad en general.
• El monto y composición de los presupuestos nacionales, la elimi- nación de barreras a la importación, el destino de la IED y demás políticas macroeconómicas tienen relación no solo con stocks o fl ujos fi nancieros, o de bienes y servicios, sino que también afectan directamente las condiciones de vida de hombres y mujeres al pro- vocar cambios en el uso de su tiempo. De ahí la importancia —y la necesidad— de incorporar la perspectiva de género al proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas macroeco- nómicas.
• Las reformas económicas, las políticas de liberalización de precios y el modesto crecimiento económico experimentado en la región no han garantizado la mejoría de las condiciones de vida de la po- blación, ni la superación de la desigualdad social y de género. El balance deja en evidencia que el crecimiento económico no crea por sí mismo nuevas reglas para distribuir las capacidades y los beneficios entre la población.
• El índice de feminidad de la pobreza alcanza valores superiores a 100 entre la población de 20 a 59 años. Se asocia básicamente a la discriminación de género que afecta a las mujeres en cuanto al acceso al ingreso. El porcentaje de mujeres mayores de 15 años sin ingresos propios supera ampliamente el de varones. Existen causas estructurales que impiden a las mujeres salir del círculo de la pobreza, entre ellas pueden mencionarse: los altos índices de violencia que afectan particularmente a las mujeres y los patrones culturales predominantes que les restan autonomía, entre otros. • La relevancia del aporte de las mujeres al ingreso nacional y al fa-
miliar y la feminización de las estrategias para enfrentar la pobreza a nivel micro se reflejan en que son ellas las que encabezan estra- tegias y emprenden nuevas actividades para garantizar el ingreso familiar. Sin dicha contribución muchos hogares que hoy no son pobres, lo serían.
• Esto plantea la necesidad de superar el sesgo de los gobiernos de la región que ven a las mujeres como beneficiarias de las políticas sociales y hacer que se las tome en cuenta como agentes econó- micos y como personas emprendedoras para que las políticas eco- nómicas respondan a sus necesidades específicas, para superar la pobreza y para habilitarlas como partícipes activas del desarrollo. • La pobreza en la región está fuertemente asociada a la precariedad
e informalidad del empleo. Tres de cada diez personas en la región se ocupan en el sector formal y siete de cada diez están vinculados a los sectores informal y agropecuario-tradicional. El 63 por ciento de los hombres en situación de pobreza pertenece al sector agro- pecuario y el 70 por ciento de las mujeres al sector informal. Cua- renta y cuatro por ciento de la población de la región, de 12 años y más, ocupados, pertenece a hogares pobres (2000).
• La incidencia de la pobreza es mayor entre los que trabajan en el sector agropecuario y en el sector tradicional (hogares campe-
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sinos) con relación a los que trabajan en el sector informal (por cuenta propia, en el servicio doméstico y, en menor grado, en mi- croempresas). Por lo tanto, las acciones eficaces para reducir la pobreza deberían empezar por aquellas que faciliten la creación de empleos no agropecuarios formales y agropecuarios modernos y mejoren las condiciones de competitividad de la población ocupa- da en los sectores agropecuario e informal para aliviar su situación de pobreza. Para ello se requieren políticas de inversión social que incrementen las capacidades de las personas y la dotación de re- cursos como capacitación, crédito, entre otros.