Partes en el Juicio de Amparo 31.

Uno de los aspectos más importantes sobre el juicio de amparo son las partes que intervienen en él, además de saber que función desempeñan y cuáles son sus derechos y obligaciones.

Por "parte" debemos entender aquella persona que interviene en el amparo ejerciendo una acción y cuya finalidad es que la sentencia que se dicte, le sea favorable, reconociéndole el derecho que pide o solicita le sea respetado, por la parte contraria, la cual a su vez tratará de demostrar que le asiste la razón, aquí pueden intervenir directamente o por medio de un representante legal, el concepto de parte en el amparo de garantías debe distinguirse bien de otras personas que intervienen en el mismo, tales como el juez, los testigos y peritos, donde éstos son terceros a juicio, quienes pueden participar en el amparo pero no tienen interés jurídico o legitimación para intervenir en él, es decir que son auxiliares en la impartición de justicia, por lo tanto el juez se limitará a decir el derecho que le corresponde a las partes allegándose de lo que sea necesario para emitir su criterio basado en la ley, en tanto que los testigos deben de narrar los hechos que

15 _{BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Op. Cit. Pág. 206.}

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les consten, como los percibieron con sus sentidos, no teniendo ningún interés sobre el resultado de la controversia, de igual manera los peritos deberán de dictaminar según su leal saber y entender y además con los conocimientos técnicos que poseen respecto de lo que se les plantee.

De lo anterior podemos desprender que sólo las partes que integran el amparo, son las que tienen interés jurídico y por lo tanto están legitimados para intervenir en él, mientras que los terceros a juicio, carecen de estas características, no obstante que para que su participación sea significativa y el juez pueda tomar en cuenta su colaboración, deben ser advertidos los testigos, del delito en que incurren, al declarar falsamente según la ley, y por su parte los peritos, deben de aceptar y protestar el cargo, para poder llevar a cabo su trabajo, es decir deben de auxiliar de manera imparcial.

El artículo 5° de la Ley de Amparo señala quienes son partes en el juicio de garantías: I. El agraviado o agraviados, II. La autoridad o autoridades responsables, III. El tercero o terceros perjudicados y IV. El Ministerio Público Federal.

I.- El Agraviado o agraviados.

El agraviado también llamado “quejoso”, es quien promueve el amparo, demandando el amparo y protección de la justicia federal, es quien ejercita su acción e insta al órgano jurisdiccional para que resuelva la controversia que se le plantea, derivada de la afectación en su esfera jurídica por un acto de autoridad, demandando le sea restituida la o las garantías violadas; como ya se mencionó puede actuar directamente o por interpósita persona.

Dentro de este apartado es oportuno mencionar que hay diferentes tipos de quejoso, es decir de gobernado: están las personas físicas, personas jurídico colectivas privadas, quienes pueden solicitar el amparo a través de sus legítimos

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representantes, personas jurídico colectivas oficiales por conducto de los funcionarios que según la ley tengan la representación para tales efectos.

II.- Autoridad o Autoridades Responsables.

Son órganos del Estado, es decir, entes públicos, de los cual derivan los actos que se reclaman por el quejoso, convirtiéndose en la parte demandada en el juicio de amparo, es a quién se le imputa la violación de garantías.

El acto reclamado, es el que da inicio del juicio de garantías, es un acto proveniente de un órgano de estado, es decir es un acto de autoridad, que contiene las siguientes características: unilateralidad, imperactividad y coercitividad.

Existen dos clases de autoridades responsables, que son: La autoridad ordenadora y la autoridad ejecutora, la primera es aquella que emite un acto de autoridad, en tanto que la ejecutora es la autoridad que va a realizar las ordenes emitidas por sus superiores jerárquicos, en todas las autoridades que tengan relación con la emisión del acto de autoridad, así como aquellas que pretendan ejecutarlo.

El artículo 11° de la Ley de Amparo menciona la definición de autoridad responsable al mencionar que es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; pero considero de manera personal que dicho concepto es incompleto pues recordemos que puede haber actos de acción y omisión y aquí sólo se mencionan los actos por acción.

En apoyo a lo anterior, es aplicable la Tesis Aislada número P.XXVII/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento dieciocho, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

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"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación

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generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.”

III. Tercero o Terceros Perjudicados.

Es la persona que se ha visto favorecida por el acto de autoridad reclamado por el quejoso y tiene interés en la subsistencia del mismo, interviniendo en el juicio constitucional para solicitar que se sobresea tal juicio, o en su caso que se niegue la protección de la justicia federal al quejoso, argumentando la existencia de diversas causas de improcedencia del amparo, o bien manifestando que el acto de autoridad reclamado es constitucional, es decir, que tratará de que el acto de autoridad se mantenga sin modificarse.

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El tercero perjudicado es una parte que puede existir o no existir, es decir no en todos los juicios de garantías hay tercero perjudicado, tal es el caso por lo regular en materia penal, debido a que el acto reclamado exclusivamente va a causar menoscabos en la esfera del quejoso, sin que vaya a favorecer a otro gobernado, pero en aquellos en que sí existe el tercero perjudicado, éste se convierte en la adversario del quejoso, debido al interés que tiene que se corrobore la constitucionalidad del acto demandado, para que sus resultados favorezcan su esfera jurídica, por lo tanto deberá tenerse el cuidado de analizar la materia y el tipo de amparo de que se trate, además, cabe mencionar que cuando el tercero perjudicado sí forma parte del juicio, éste debe de apegarse a lo que establece la ley en relación a su participación.

En apoyo a lo anterior, es aplicable la Tesis Aislada número I.2º.P.82P, emitida por la Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, publicada en la página mil seiscientos treinta y cinco, Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:

"OFENDIDO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y POR ELLO DEBE SER EMPLAZADO. Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se otorga la calidad de tercero perjudicado al ofendido o a las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño, en los juicios de garantías promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que pueda afectarse la citada reparación, por ello es inconcuso que esta posible afectación sobre tal condena que el ofendido obtuvo a su favor, obliga a emplazarlo a juicio para que, de estimarlo conveniente, comparezca a ejercer los derechos que le correspondan, pues no hacerlo así se traduciría en violación a las formalidades del procedimiento, desconociéndose así la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 44/96 del Pleno de la

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Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página 85, de rubro: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO."

IV. El Ministerio Público Federal.

El Ministerio Publico de la Federación, al tener el carácter de representación social, tiene la obligación de ser parte en el juicio de amparo, cuando sea de interés público, es por ello que en cada órgano jurisdiccional se tenga un Ministerio Público adscrito, el cual podrá participar por medio de un pedimento, es decir, un escrito en el cual expondrá sus consideraciones, siendo estas por ejemplo en el sentido de: la litis planteada, opinando sobre la concesión o negación del amparo, o bien el sobreseimiento del mismo, así mismo, tiene el derecho de promover los recursos que la ley señala respetando con las excepciones a la misma.

A lo anterior es aplicable la tesis P. CLXII/97, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento ochenta y uno, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto establece:

"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. COMO PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE SENTENCIAS QUE ESTABLEZCAN LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO A SU EXISTENCIA, ORGANIZACIÓN O

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ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo reconoce al Ministerio Público Federal el carácter de parte en el juicio de amparo, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento, especificando que tal facultad comprende la interposición de recursos en amparos en que se reclamen resoluciones de tribunales locales, a excepción de aquellos cuya materia sea civil o mercantil. Por consiguiente, debe considerarse que el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aun contra sentencias que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política, cuando se actualiza la presencia de un interés específico para tal representación social, como acontece cuando la interpretación versa sobre una disposición fundamental que determine su existencia, organización o atribuciones."