Participación Ciudadana en el Re-Inicio de la Democracia

Con el retorno a la vida democrática, la participación ciudadana se constituyó como movimientos sociales, que poco a poco fueron perdiendo influencia54, y como inclusión de los ciudadanos la reactivación de las Políticas Públicas.

54

ESPINOZA, Vicente. Óp. Cit. En FERNÁNDEZ Matías y ORDÓÑEZ Martín. Pág. 13

Más allá de las limitaciones establecidas por la Constitución de 1980, los movimiento sociales en la recuperación de la democracia fueron relegadas para favorecer la acción de los partidos políticos y el supuesto de que la transición se definiría en un contexto constitucional político partidista y no de movilización social.

En el segundo ámbito, la vuelta a la democracia permitió que la participación ciudadana se reactivara a través de las Políticas Públicas, traduciéndose en un crecimiento sostenido del gasto público para saldar una “deuda social” existente debido a la pobreza de comienzos de los años noventa55.

La inversión social no se concibió como asistencialismo, sino que pretendía aportar herramientas para que cada quien supere la pobreza con su propio esfuerzo, abriéndose espacios de participación caracterizados por la contribución ciudadana en la formulación e implementación de las Políticas Públicas.

Si bien se reconoció desde el comienzo la importancia de la participación para el desarrollo económico y social, las principales políticas sociales en democracia no la consideraron como un objetivo prioritario. Pese a los esfuerzos del Estado para promover la participación ciudadana, la mayoría de los espacios abiertos son co-financiamiento de programas y externalización de servicios a organizaciones sociales, ONG’s y empresas, estableciéndose una relación excesivamente instrumental del sector público con la sociedad civil más que de fortalecimiento y empoderamiento de la ciudadanía, siendo las instancias de evaluación, control ciudadano y difusión de los derechos ciudadanos dónde se presentarían las mayores carencias56.

55

Ibíd. Pág. 14

56

DE LA MAZA, Gonzalo, “Políticas Públicas y Sociedad Civil en Chile: el Caso de las Políticas Sociales (1990-2004)”. Ibíd.

En el año 1992 se recupera con la Ley Nº 19.452, que modificaría la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en lo referido a la elección democrática directa de autoridades municipales, donde la descentralización es uno de sus ejes centrales, concibiéndola como proceso que permite acercar a la sociedad civil el poder de decisión respecto de aquellos asuntos comunes que la afectan.

El énfasis del Gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azocar (1990- 1994) fue en el área territorial regional, aprobándose la Ley Nº 19.175, Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional. En dicho cuerpo legal se crearon los gobiernos regionales, fortaleciéndose el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, añadiéndose, además, dos nuevas fuentes de inversión, a saber, las Inversiones Sectoriales de Asignación Regional (ISAR)57 y los Convenios de Programación58.

A nivel comunal, se fortalece la autonomía municipal a través de la elección democrática de sus autoridades y el mejoramiento de la capacidad de influencia de ciertas instancias participativas, como el Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), la consulta no vinculante y el plebiscito comunal. En lo fiscal destaca los aportes realizados a comunas a través del Fondo Común Municipal, establecido a través del Artículo 38 del Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, el cual es utilizado como instrumento solidario de compensación

57

La Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR) corresponde a los recursos que la Ley de Presupuestos incluye en el presupuesto de un ministerio, destinados a estudios de pre inversión, programas y proyectos de inversión que siendo su objeto responsabilidad del respectivo Ministerio o servicio público, la prioridad y decisión de ejecución es determinada por la región en la que se concentran los efectos económicos. Los recursos ministeriales se distribuyen entre las regiones en los primeros meses del año que se inicia la ejecución de los proyectos.

58

Los Convenios de Programación (CP) corresponde a compromisos plurianuales establecidos entre una o más regiones con uno o más Ministerios a través de los cuales acuerdan ejecutar en un plazo determinado anual o plurianual, un conjunto de proyectos específicos, estructurando el cronograma de ejecución y estableciendo los aportes de recursos que corresponde realizar a cada uno de los actores involucrados

intercomunal, que ha permitido aumentar considerablemente los ingresos municipales, sobre todo de aquellas comunas más vulnerables.

En lo referido a participación ciudadana se mejoraron instrumentos a nivel municipal, y la aprobación de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual estableció procedimientos para informar y consultar a la comunidad en la evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión y en la elaboración de normas y planes ambientales.

En el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruíz Tagle (1994-2000) se profundizó y consolidó el proceso descentralizador y las políticas de desarrollo con el fin de superar la extrema pobreza. En términos generales, fue una continuación de lo realizado en el anterior gobierno, sumado a descentralización fiscal, la que se supone permitirá un uso más eficiente de los recursos para subsanar los problemas presupuestarios que todavía mantenían las municipalidades, estancando los beneficios de la democracia en su contexto global.

El reconocimiento como la reinvención del movimiento social y como concepto propiamente tal del participación ciudadana marca este Gobierno, ya que en el mandato anterior solo se entendió y asumió el concepto, orientando las acciones y el trabajo más que nada a entregar información, capacitación y lograr un nivel común de entendimiento y de gobernabilidad, ya que el país salía de la dictadura.

Dentro de un plan de modernización estatal para mejorar la gestión pública, existe una moción que atañe directamente las posibilidades de la participación ciudadana, integrando los intereses y necesidades reales de los ciudadanos en el centro de la acción estatal, permitiendo acoger sus demandas y evaluar el desempeño público, lo que aportará una mayor optimización de recursos gubernamentales.

Una de las principales transformaciones en el ámbito municipal fue la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades aprobada en marzo de 1999 mediante la publicación de la Ley Nº 19.602. Ésta generó cambios cualitativos muy relevantes en lo referido principalmente con la gestión, con lo que obliga a implementar el Plan Comunal de Desarrollo (PLADECO), el Plan Regulador y el Presupuesto Municipal; mayor Fiscalización de los recursos y la obligación de informar al Concejo y a la ciudadanía sobre la ejecución presupuestaria y el cumplimiento del PLADECO.

A través de una Ordenanza se debía regular en cada comuna mecanismos de participación ciudadana local, la cual debía complementarse con instrumentos de participación tales como el Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), los plebiscitos, las audiencias públicas, las oficinas de partes y reclamos y las consultas no vinculantes, estás tres últimas creadas con esta Ley.

Debe precisarse que a dicha fecha los CESCO`s existían en pocas comunas debido a la falta de atractivo para la participación comunitaria por sus escasas atribuciones.

La descentralización en Chile ha sido esencialmente a través de las municipalidades, donde se han encaminado la mayoría de las modificaciones legales desde la instauración de la democracia, adquiriendo un mayor protagonismo en el desarrollo local, por su cercanía a las personas y representatividad directa de la ciudadanía.

En lo referido a educación y salud mejoraron las herramientas de gestión, instaurándose, a partir de 1996, los llamados Planes Anuales de Salud y Educación Municipal, los cuales debían incluir metas y programas de acción a

partir de un diagnóstico participativo de los establecimientos, así como mecanismos de evaluación de la operación sectorial59.

En el período del Presidente Eduardo Frei se instauró el tema de la participación ciudadana de manera más formal, con una investigación a cargo de la División de Organizaciones Sociales (DOS), del Ministerio Secretaría General de Gobierno, acerca de cómo se había concebido la participación al interior del Gobierno. Se descubrió que existían distintas versiones; sin embargo, las tres tenían un énfasis común: el accionar colectivo y la consideración del Estado como interlocutor central. Por esto, La D.O.S. se planteó la necesidad de avanzar hacia otra concepción acorde con los “nuevos tiempos,” aquella enfatizase la responsabilidad individual y el rol del mercado60.

En el mandato del Presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) se planteó una profundización de la política de descentralización a través de un proceso participativo liderado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior (SUBDERE), realizado con el objetivo de contribuir al desarrollo del país, por medio de reformas político- institucionales que reconociesen la legitimidad del derecho de la ciudadanía regional y comunal, sus representantes e instituciones para decidir y gestionar los asuntos propios de sus territorios, especialmente los relativos al desarrollo económico, social y cultural.

Se consideró como lo principal la autonomía de cada territorio y de todos los entes que lo conforman para planificar su desarrollo, con equidad y participación, que es la que permite legitimar en última instancia a los poderes públicos al incluir a la sociedad civil en la toma de decisiones y en el control de su accionar.

59

Según estudios de la SUBDERE, la participación de los actores comunitarios en estos ámbitos es mínima, sobre todo porque no tiene información sobre tales Planes, tanto de su existencia como del proceso de su elaboración.

60

. MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. Óp. Cit. Pág. 12.

En dicho Gobierno se reconoció la debilidad de la participación ciudadana y la poca presencia de la sociedad civil, reflejada tanto en los procesos electorales61 como en la incidencia en la gestión y toma de decisiones.

El objetivo de este Gobierno fue profundizar la participación y transitar hacia una democracia participativa, como eje fundamental del proceso de reforma del Estado para el desarrollo del país.