Uno de los principales beneficiarios de los programas de comunicación para el desarrollo y el cambio social en América Latina son los sectores del agro y las zonas rurales. Es por esto que entender a la comunicación como un derecho de estas comunidades para acceder a la información, generar conocimiento y aptitudes que fortalezcan el trabajo
2 La Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador fue aprobada el 14 de junio de 2013, en el pleno de la
Asamblea Nacional, con la participación de 136 asambleístas. Los 119 artículos contenidos en esta ley se encuentran disponibles en:
23 de las instituciones rurales y sus actores, dependerá de la efectividad y los resultados que reflejen la correcta implementación de nuevas y mejores políticas integradoras, que favorezcan el acceso a la comunicación rural.
Así lo plantea el estudio realizado a partir del 24º Foro en línea e-Agricultura (2014), liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). En este documento se destacan las propuestas y opciones de política e iniciativas estratégicas que promuevan los derechos y servicios a la comunicación rural y, de esta manera, fomenten la agricultura familiar y el desarrollo rural.
Tal como lo describe la FAO, en su trabajo “Comunicación para el desarrollo rural. Directrices para la planificación y formulación de proyectos” (2016), la comunicación para el desarrollo propone la participación activa de los actores y beneficiarios durante todo el proceso, mediante la aplicación de alternativas y medios que vayan desde el uso de radios comunitarias hasta las bondades de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como un punto clave de trabajo equitativo que permita el acceso a la información, así como el intercambio e intervención de los agricultores y comunidades rurales en la toma de decisiones (ibid: 01). El estudio señala:
La Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/50/130, 1995) reconoció “el papel fundamental de la comunicación en la implementación exitosa de los programas de desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas” para facilitar y mejorar la interacción necesaria entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo, incluyendo las Naciones Unidas, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ibid.: 05).
MAGAP es la institución responsable de “regular, normar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país”3, su misión es
promover acciones para el desarrollo rural y crecimiento de la agricultura familiar campesina del país. Sobre ello, Acosta (2010) recalca:
3 Información tomada de la página web oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
24 La mayoría de nuestros países tienen la capacidad de producir alimentos para satisfacer la demanda interna, tenemos que desmontar uno de los fetiches del modelo neoliberal del Consenso de Washington, aquel que nos obligaba a ser buenos produciendo y exportando bienes en donde tenemos ventajas comparativas, marginando la producción campesina y la biodiversidad (2010: 94).
La propuesta de MAGAP parte de un proceso en el que se estima capacitar entre 50 a 100 técnicos facilitadores de campo, para que estos, a su vez, sean responsables de la capacitación de alrededor de 2000 trabajadores del agro ecuatoriano.
A partir de mayo de 2016, la Dirección de Comunicación Social de esa entidad estructuró una planificación estratégica para intervenir en su campo de acción, a nivel nacional, a través de una propuesta de comunicación para el desarrollo con un enfoque participativo.
La naturaleza de dicha institución está estrechamente relacionada con el sector del agro, el campesinado ecuatoriano, los pequeños productores del campo. Por ello, la institución se planteó el reto de implementar una propuesta que integre a los productores del agro como actores principales en la generación de información y planes de acción comunicacional en territorio.
En este contexto y para conseguir aquel propósito, entender los conceptos de integración y participación resultan de vital importancia para comprender todo este cambio de forma de vivir y pensar que, según Ramírez
Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros— entre diversos pero iguales— a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido (Senplades, 2009: 387).
Contreras por su parte advierte de que la comunicación para el Buen Vivir demanda una estructura sólida, forjada a base de políticas de comunicación, legislativas, culturales. “[…] La característica de la comunicación para el vivir bien, con o sin legislación, es que no buscamos oposiciones sino más bien complementariedades en función de una vida digna” (Contreras, 2014).
25 El proyecto de MAGAP, apostó por la participación y empoderamiento de los actores territoriales, pues son ellos quienes emiten directamente las necesidades y voces de quienes trabajan en el campo, ya sea de forma individual o en asociaciones. Es entonces cuando el cambio social empieza a familiarizarse con el equipo de trabajo de la institución para, posteriormente, convertirse en el punto focal de acción. El hecho de que la comunicación para el desarrollo alcance terreno dentro de las unidades de comunicación social institucionales, no implica y no debe representar amenaza alguna para las tareas y actividades informativas que se han desarrollado desde siempre.
Es así que, en el caso particular de MAGAP, su proyección a corto plazo contempló la implementación y desarrollo de un modelo de gestión con base en sistemas de información y comunicación, con el propósito de facilitar la reproducción de este ‘capital cognitivo’ al que se refiere Ramírez.
Sucede que el régimen de acumulación en el presente ha comenzado a aprovechar intensivamente el conocimiento como la más importante fuente de valor agregado; de manera que en la actual “sociedad de la información” el conocimiento tiene un precio cada vez más alto (2016: 160).
Según León, refiriéndose al caso ecuatoriano, al Estado le compete no solo asegurar que se cumplan y respeten los derechos que establece la Constitución, sino que está obligado a garantizar el cumplimiento de los derechos de comunicación e información (2013: 244). No obstante, la realidad difiere de lo deseable. Remitiéndonos a los resultados contenidos en la declaración final del “Foro Regional Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible”, que tuvo lugar en Quito en el año 2016 bajo el auspicio de la FAO, AMARC y Ciespal, estos ponen al descubierto una ausencia de componentes y programas para el fomento de servicios de comunicación pensados desde las necesidades de las comunidades rurales, así como la ejecución de acciones y planes flotantes que carecen de políticas públicas o estrategias que los respalden. Adicionalmente, esta declaración contiene los siguientes puntos:
26 Se subrayó la falta de coordinación intersectorial entre las instancias gubernamentales que norman el sector agrícola y de desarrollo rural y el sector de los medios y telecomunicaciones, así como la importancia de la participación de la sociedad civil y de las mismas organizaciones de productores en la definición y puesta en marcha de servicios de comunicación rural que beneficien la agricultura familiar. La ausencia de políticas públicas y marcos institucionales que fomenten servicios de comunicación rural inclusivos y orientados a las demandas limita el potencial de desarrollo de los pequeños productores, los agricultores familiares, los pescadores artesanales, los jóvenes y mujeres rurales, los pueblos indígenas y originarios del continente, fomentando la migración hacia las áreas urbanas por falta de servicios adecuados, lo que incide desfavorablemente en la brecha de información y la necesaria igualdad de oportunidades de participación de la población rural (FAO, 2016).
La experiencia de la FAO en la aplicación de la comunicación para el desarrollo puede evidenciarse en su proyecto “Fortalecimiento para la Preparación y Resiliencia Comunitaria para Desastres Naturales en República Dominicana, Haití y Jamaica”, en el que la comunicación fue un elemento transversal y en el que se destaca que
[…] los pequeños agricultores y pescadores fueron los actores principales de la comunicación. Las instituciones locales, medios de comunicación y responsables también estuvieron involucrados en el desarrollo de estrategias nacionales y planes locales de CpD que daban prioridad a la concienciación, el intercambio de información, la documentación y el apoyo a la participación de los actores en el proceso general de Gestión del Riesgo de Desastres Agrícolas (GRDA) (FAO, 2016: 09).
Por su parte, Cimadevilla afirma que el estudio de lo rural, concebido como centro del desarrollo humano, ha sido punto de interés de intelectuales a partir del surgimiento de lo urbano, interpretado como el opuesto a lo rural, señala “[…] pero reconocida la ciudad o los poblados como tal, los escenarios rurales convocaron interrogantes, manifestaron especificidades y sirvieron de parámetro para diferenciar a las nuevas organizaciones sociales de aglutinación” (2004: 157). Asimismo, el autor recalca:
La idea de intervención, por tanto, fue clave para el escenario de acción en el que lo comunicacional tuvo y dio sentido a la posterior especialización de los estudios. Se trataba, nada más ni nada menos, de observar cómo los sujetos sociales reaccionaban ante la propuesta del cambio. La incorporación,
27 adopción, compra, adhesión, negación o rechazo de una idea, método o producto invadió entonces los campos de análisis, experimentación y verificación en terreno y el surgimiento y la expansión de las ‘máquinas de comunicar’ –como la radio- abonaron los interrogantes y las inquietudes por saber más sobre el poder de manipular, persuadir o simplemente influir sobre la gente (ibid.: 163).