La participación es el poder del pueblo

En el siglo XVIII Rousseau escribía:

“La soberanía no puede ser representada, por la misma razón por la que no puede ser enajenada: consiste en la voluntad general, y la voluntad no se representa, porque o es ella misma, o es otra; en esto no hay medio. Luego los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes: son tan solo sus comisarios, y no pueden determinar nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no haya ratificado es nula, y ni aun puede llamarse ley. El pueblo Inglés cree ser libre y se engaña: porque tan solo lo es durante la elección de los miembros del parlamento, y luego que estos están elegidos, ya es esclavo, ya no es nada” (Rousseau, 1762: 78)

La concepción de Rousseauniana es clara y contundente: el “representante” es sólo un mensajero, un portavoz de la voluntad general. Entre el gobierno democrático y el pueblo debe haber una relación de continuidad que se rompe si el gobierno pretende “representar” al pueblo. La democracia es el control que ejerce la gente sobre la gestión de las cuestiones que les conciernen –una definición bastante más exigente que la idea de que la democracia se basa en la selección de los candidatos más adecuados, en la selección de la política más preferible en el momento de las elecciones, o en la presión de algunos grupos sobre el gobierno para satisfacer sus demandas sectoriales. En la concepción participativa de la democracia, el gobernante es gobernado y el gobernado es el gobernante. Condición necesaria para que suceda esto es que la voluntad de los gobernados no sea la mera suma de voluntades particulares sino algo que las supera: ser una voluntad colectiva que tiene el carácter de un lazo orgánico entre sus miembros. Se trata incluso de la libre renuncia, por lo menos si es necesario, de la satisfacción de sus deseos individuales con el objetivo de crear una fuerza común, que pertenezca a todos y a nadie en concreto. El contrato social de Rousseau no es un pacto entre el gobierno y la gente. Es el compromiso entre la gente, que tiene como consecuencia la creación de una comité de personas (gobierno) que simplemente enuncia y aplica el acuerdo de los ciudadanos.

Rousseau promueve la idea de que el poder democrático es un lugar vacío. Como diría Jacques Ranciere (2006) es el poder de todos y de cualquiera. No hay nadie que pueda ocupar este lugar sin que sea un usurpador. Esta vacío porque es de todos y en consecuencia nadie lo puede ocupar. Cuando el poder es de todos y por tanto el gobernante se identifica politicamente con los gobernados, las prácticas de liberalismo político –la selección entre candidatos, la sustitución de ellos o incluso la crítica al gobierno- no tienen sentido democrático. Por tanto, la “voluntad general” de Rousseau es radicalmente participacionista. Requiere la implicación constante y generalizada de todos, en todas las decisiones políticas y en todos los momentos. Requiere una tremenda dosis de disciplina colectiva y de trabajo. El contrato que defiende y propone es un gesto radical de colectivización que crea un “cuerpo moral y colectivo, compuesto por tantos miembros como la asamblea contiene votos, y que recibe de este acto su unidad, su identidad común, su vida y su voluntad” (Rousseau, 1762: 15). Se trata efectivamente de una prescripción ético-política (Cunningham, 2002).

Este carácter prescriptivo es una característica de toda la perspectiva participacionista. Si los defensores del liberalismo parten de la idea de la aceptación de la imperfección humana y de su egoísmo, para los participacionistas la concepción del ser humano es mucho más optimista y prometedora. Esta fe, característica de los textos Rousseaunianos se manifestará también después de la segunda guerra mundial, en los 60´, cuando una coyuntura histórica de movilizaciones y luchas dentro y fuera del primer mundo hizo creer que todo era posible. Las ideas de Rousseau se hicieron presentes y muchos quisieron llevar las consecuencias de su pensamiento hasta sus últimas consecuencias.

En 1962, estudiantes activistas norteamericanos se juntaron en la localidad de Port Huron de Michigan y fundaron la organización más emblemática de la “Nueva Izquierda” Norteamericana, el SDS (“Students for a Democratic Society”). El manifiesto de la organización incluía como punto central un llamamiento a la “democracia participativa”, como fin y también como medio. Consideraba al ser

humano como intuitivamente valioso y poseedor de una irrealizada capacidad para la razón, la libertad y el amor. Planteaba la cuestión de generar un movimiento de democratización de la sociedad americana, superando la apatía y el individualismo, para crear un proceso de cambio social que superaría la desilusión que habían generado los errores y el autoritarismo de la antigua izquierda. (Floridia, 2013).

“As a social system we seek the establishment of a democracy of individual participation, governed by two central aims: that the individual share in those social decisions determining the quality and direction of his life; that society be organized to encourage independence in men and provide the media for their common participation; that decision-making of basic social consequences be carried on by public groupings; that politics be seen positively, as the art of collectively creating an acceptable pattern of social relations; that politics has the function of bringing people out of isolation and into community, thus being a necessary, though not sufficient, means of finding meaning in personal life; that the political order should serve to clarify problems in a way instrumental to their solution; it should provide outlets for the expression of personal grievance and aspiration; opposing views should be organized so as to illuminate choices and facilities the attainment of goals; channels should be commonly available to related men to knowledge and to power so that private problems -from bad recreation facilities to personal alienation, are formulated as general issues” (Hayden, T., & Students for a Democratic Society, 2005)

En una época en la que los Schumpeterianos llevaban la voz cantante en el ámbito académico, político y en todos los fórums de debate “serios”, el manifiesto de Port Huron constituía una acontecimiento social y político de primer orden. Evidentemente no era su sofisticación analítica sino sus pretensiones prácticas las que dieron lugar a su impacto. Pretensiones prácticas que condujeron a una movilización masiva alrededor de su espíritu y sus objetivos, e hicieron reflexionar tanto a los ciudadanos no activistas como a los políticos y a los académicos. En otras palabras, el texto originó un cambio de paradigma en el pensamiento político, incorporando la idea de la participación al discurso público, algo que se ha mantenido incluso en los últimos años, cuando la corriente liberal ha aparecido como la opción más fuerte de todas, incluso la única, en algunos momentos. Así por ejemplo, la presencia del discurso a favor de la participación se ve en la

petición de una “democracia real” en el movimiento de las plazas en el Estado Español y en Europa o en la intensa producción teórica en los campos de la teoría política, o incluso en los documentos institucionales más progresistas. Y eso a pesar de que la tradición totalmente opuesta sea la imperante -la tradición que sostiene que la sociedad y la política son extensiones del mercado y en consecuencia no se plantea ni puede plantear cualquier cuestión de democratización participativa de la vida política. Lo único que se puede plantear es la eficiencia tanto del mercado como del sistema político que opera en paralelo.