Plan Brady

El tercer desafío financiero a resolver lo constituyó la refinanciación de la deuda externa que se encontraba en default desde fines de la dictadu- ra militar en 1982. Si bien el gobierno de Alfonsín había realizado distintas gestiones al respecto, no logró resolver el problema, de modo que cuando Menem asumió, el Estado se encontraba en cesación de pagos. Al inicio de su gestión la deuda pública ascendía a 92.400 millones de dólares, de los cuales sólo estaban registrados 63.700 millones quedando pendientes 28.700 millo- nes (Cavallo, 2014: 2).

En el orden externo, a los fines de reestructurar parte de dicha deu- da se llevaron a cabo una serie de negociaciones que permitieron acordar el llamado “Plan Brady”. Dicho plan fue impulsado por los grandes bancos norteamericanos y diseñado por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos Nicolás Brady. Consistía en una operación compulsiva de canje de la casi la totalidad de la deuda que el país tenía con la banca acreedora incorporan- do una propuesta de quita y extensión de los plazos en su refinanciación. El plan sostenía el principio del tratamiento de país por país (“caso por caso”) y no una solución global, manteniendo la responsabilidad de la crisis en los Estados individuales y desconociendo el principio de corresponsabilidad de los acreedores que argumentaban los países latinoamericanos. Asimismo, se conservaron las clásicas condicionalidades requeridas por el FMI en cuanto a la aplicación de un ajuste macroeconómico y a los derechos de monitoreo y control de las economías nacionales por parte de dicho organismo (Llairó y Siepe, 2005: 3).

La crisis generalizada de principios de los ochenta que llevó al default a una gran cantidad de países latinoamericanos y asiáticos tenía una particula- ridad: los préstamos a estos países fueron realizados y estaban en poder de la banca privada, principalmente norteamericana. De modo tal que un impago obligaba a estos bancos a pasar a pérdida dichos préstamos poniendo en pe- ligro la solvencia de muchos de ellos. El gobierno de Estados Unidos, alertado sobre esta situación presionó durante toda la década para que los países no repudiaran la deuda aunque no la pagaran. Esto explica el involucramiento oficial de Washington en las negociaciones y el lanzamiento de la iniciativa de reestructuración. Posteriormente, los bancos sólo oficiaron como interme- diarios de la colocación de deuda sin mantener en su poder los bonos y títu- los, transfiriendo al mercado privado inversor los riesgos de futuros default.

En diciembre de 1992, Argentina llegó a un acuerdo de refinanciación de su deuda con los bancos acreedores del exterior a través de un menú de instrumentos de pagos. El mismo entró en vigencia en abril de 1993 y mediante este acuerdo se refinanciaron, en forma escalo- nada a 30 años, aproximadamente 23.000 millones de dólares de ca- pitales adeudados más 8.000 millones de dólares de intereses (Ferrer, 2012: 407).

Un hecho notable de ese período fue que el Banco Central tenía serias deficiencias acerca de los registros del endeudamiento tanto público como privado, debiéndose recurrir a los propios acreedores para que ellos mismos establecieran las sumas de reclamos de capital e intereses, poniendo de facto en manos de los llamados “mercados” la administración de la deuda.

De tal manera que siendo ministro de Economía el Dr. Domingo Cava- llo, se le quitó al Banco Central el manejo de la deuda privada y se la otorgó al City Bank, como agente de cierre, designando como bancos agentes para las tareas de reconciliación de la deuda a J. P. Morgan, Banque Nationale de París, The Royal Bank Of Canada, Bank Of New York, Crédit Lyonnais, Midland Bank y Chemical Investment Bank (Ca- rro, 2006: 13).

Como tampoco se confiaba en la eficiencia de la estructura del Banco Central y debido a que éste no contaba con los registros de intereses se con- trató a la consultora internacional Price-Waterhouse, quien determinó los totales de cada contrato, con la información de los propios acreedores. En re- sumen, quedó cerrada toda posibilidad de llegar a establecer la verosimilitud de las deudas que los acreedores exigían (Carro, 2006: 13).

Los bancos entregaban así sus certificados de deuda contra títulos nue- vos de “mayor calidad” (garantía). Los principales tipos de bonos dentro del Plan Brady fueron los siguientes:

• Discount Bonds: se emitieron 4.500 millones de dólares a 30 años, con una quita de 35% con respecto a la deuda original. La tasa de estos bonos era flotante: Libor + 0,8125. Cada bono cotizaba a 55 dólares y el rendimiento anual previsto era del 16,5%.

• Bonos Par (Par Bonds): se emitieron por 15.000 millones de dólares a 30 años. La tasa era fija, aunque escalonada hasta su vencimiento. El precio de salida de estos bonos fue de 44,5 dólares y el rendimiento anual previsto del 16,5%.

• Bonos a tasa flotante (Floating Rate Bonds, FRB): se emitieron por 7.100 millones de dólares para pagar los intereses atrasados. Es un bono a 12 años, con tres de gracia. El interés era a tasa Libor + 0,8125. El precio de salida fue de 55 dólares y el rendimiento anual del 19,25% (Carro, 2006:33).

A partir de esta refinanciación se reabrieron los mercados financieros y, a diferencia del anterior proceso de endeudamiento en el cual los presta- mistas eran los bancos, a partir de ahora los mismos sólo cumplirían el papel de intermediarios.

Durante los siguientes siete años del gobierno menemista, la compo- sición de la deuda por tipo de instrumento y prestamista cambió mucho: au- mentó la deuda con los organismos financieros multilaterales, especialmente con el FMI, a una tasa de interés más baja del orden del 4% anual; desapare- ció la deuda por préstamos sindicados (estos eran los préstamos de bancos comerciales que habían sido la fuente de financiamiento de los años setenta y ochenta y devengaban intereses del orden del 10% anual) y apareció el en- deudamiento con agentes privados.