Políticas públicas nacionales

Teniendo en cuenta que las políticas públicas en el presente trabajo se definen como las políticas sociales y las políticas orientadas a mitigar el conflicto armado es necesario destacar que esta época inicia con algunos cambios que logran incidir en las mismas; estos cambios se centraron en la reducción de la intervención del Estado, la importancia del crecimiento económico a través de criterios de eficiencia y eficacia y la desmovilización de algunos grupos armados ilegales (Grupo Nacional de Memoria Histórica, 2010). Lo anterior tiene bastante relación con las políticas orientadas en primer lugar a la privatización de servicios sociales prestados por el Estado, específicamente en temas que tienen que ver

68 con políticas asistenciales a las personas en situación de vulnerabilidad, como las personas en situación de desplazamiento y en segundo lugar a políticas que fortalecen el tema de la seguridad, a través del aumento del gasto público en la militarización de algunas zonas con presencia de conflicto armado.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo (2002- 2006) los principales objetivos del mismo estaban orientados a la seguridad democrática, el crecimiento económico y sostenible y la eficiencia del Estado. Este objetivo se centra en argumentos como el aumento de los grupos armados ilegales que repercuten en actos terroristas y se convierten en un obstáculo para el crecimiento económico del país, cuyas consecuencias se centran en temas como el narcotráfico y actos de violencia. Por esta razón se prioriza el fortalecimiento de la fuerza pública en lugares en donde se concentra la violencia y la producción y el tráfico de drogas, lo cual se concreta a través de la ley 812 del 2003. (Departamento Nacional de Planeación 2002)

El objetivo de fortalecer la seguridad y la militarización en el territorio colombiano es un tema clave que gira en torno a las políticas de fomento de la producción y generación de empleo que se encuentran en esta época, de esta manera estas políticas se centran en el crecimiento económico a través de créditos y subsidios, fortalecimiento de los programas de asistencia y la focalización de los mismos, la protección del campo y el impulso de la microempresa.

Lo anterior se ve reflejado, según el Grupo Nacional de Memoria Histórica, (2010), en el desarrollo rural, a través del enfoque productivo y la competitividad, proponiendo un subsidio integral del cien por ciento condicionado a la viabilidad económica del proyecto productivo, lo cual se complementa con la reestructuración de entidades como el Desarrollo Rural Integrado, el INAT, el INPA y el INCORA, reemplazándolas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, cuyo objetivo principal es la eficiencia de las entidades públicas en el tema del campo, con un foco hacía el favorecimiento de la población desplazada.

69 Atendiendo a este punto se generan programas de proyectos productivos (forestales, agroforestales y silvopastoriles) y generación de ingresos como Desarrollo Alternativo en zonas donde se concentra el conflicto armado, estos programas utilizan como mecanismos el Incentivo a la Capitalización Rural, el Certificado de Incentivo Forestal y el Proyecto de Apoyo a la Microempresa Rural. De igual manera, en relación con la atención al desplazamiento forzado se da prioridad a la generación de condiciones para el restablecimiento de las personas en situación de desplazamiento e implementar un programa piloto de retorno, en donde se beneficien treinta mil (30.000) familias campesinas a través de subsidios de vivienda, procesos de titulación de tierras y programas de generación de ingresos.

Ahora bien, dentro de este conjunto de programas y políticas orientadas al campo se da en el año 2007 la ley 1133, a través de la cual se crea el Programa de Agro Ingreso Seguro y a través del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo del periodo (2006 – 2010). En esta ley se promueve la productividad y competitividad del sector agropecuario, a través de dos componentes, por un lado el de apoyos económicos directos para mejorar la competitividad; y por otro lado mejorar la productividad. Estos apoyos económicos no tenían ninguna prestación económica y se basan en incentivos productivos, créditos y apoyo a la comercialización. Es necesario comentar que este programa no tuvo éxito, debido al tema de la corrupción que permitió que dineros de este programa fueran dados a ex-reinas, políticos y algunos funcionarios del Estado.

Por otro lado, de acuerdo a las políticas en salud, sigue vigente la ley 100 de 1993, la cual se explica en el capitulo anterior. En este Plan Nacional de Desarrollo (2002 - 2006) se propone es el fortalecimiento de la protección y la seguridad social, a través del discurso de la insostenibilidad del Instituto de Seguros Sociales y la ineficiencia de los hospitales públicos. Se crean entonces, programas especiales entre las que se encuentran la atención a ancianos,

70 atención a la población con discapacidad, programas de apoyo a la mujer, entre otros.

Es necesario anotar, que aparte de las políticas del fomento a la producción y de la salud entra en vigencia la ley 795 de justicia y paz del 2005, la cual tiene por objetivo facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil los miembros de los grupos armados ilegales y garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación. Dentro de esta ley se da a conocer más allá del término del desplazamiento el concepto de víctima del conflicto armado, que es mucho más amplio y que abarca a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido algún tipo de lesión producto de la violencia del conflicto armado. (Congreso Nacional de la República, ley 795 del 2005)

Esta ley según el Grupo Nacional de Memoria Histórica, (2010), permite el descubrimiento de un fenómeno denominado la parapolítica, ya que tiene vínculos de algunos políticos con el paramilitarismo en varias regiones del país, entre ellas la región de los Montes de María, como se verá más adelante.

Por otro lado, se da la sentencia T 025 del 2004 de la Corte Constitucional, la cual introduce los estándares internacionales de atención mínima a la población en situación de desplazamiento, orientándose estas políticas de atención al desplazamiento a la población desplazada que se encuentra concentrada en las ciudades.

Estas políticas nacionales tienen repercusiones en las políticas públicas locales de acuerdo a las dinámicas que se presentan en la región de los Montes de María, lo cual es el tema del siguiente aparte.