Entre los programas específicamente destinados a los grupos de escasos recursos, destaca el caso del programa de Vivienda Básica (1984-2002) que se orientaba a familias pobres viviendo en situación de allegadas o que sean arrendatarias, quienes podían acceder a través de un ahorro previo y un crédito habitacional (otorgable de manera opcional por SERVIU) a viviendas sociales construidas por este organismo. A esta modalidad, en 1990 se agregó el programa de Vivienda Progresiva, que entregaba un subsidio para la primera etapa de una vivienda de hasta 23 metros cuadrados en un sitio urbanizado. Si es que no fuese posible para el beneficiario completar la construcción de la vivienda, se accedía a un subsidio en una segunda fase del programa.
Programas que venían de la década de los ochenta, y que se mantuvieron durante los noventa y parte de la década pasada para personas y familias con capacidad de ahorro y acceso a créditos, son el Subsidio General Unificado (SGU) (1988-2007), el Programa Especial de Trabajadores (PET) (1985-1994) y el Subsidio Rural (a partir de 1980/1986), al que se añade una modalidad de libre elección de los programas de Vivienda Básica y Progresiva (1994-2004)94.
Junto con el acceso a los subsidios y viviendas, se introducen a partir de los noventa una serie de programas de atención a los sectores pobres donde se localizaban las viviendas sociales, incluyendo programas de mejoramiento integral de los entornos y de equipamiento comunal —los programas de Mejoramiento de Barrios (ejecutado por el Ministerio del Interior), Pavimentos Participativos, Equipamiento Comunitario y Programa de Parques y Vialidad Urbana— (DITEC, 2004; Simian, 2010). Finalmente, en este período, se comienza a catastrar a las personas viviendo
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El SGU permitía financiar sólo una parte de la vivienda, y requería de un ahorro previo documentado para postular y de un crédito hipotecario. El Subsidio Rural —actualmente, Fondo Solidario de Vivienda III- estaba destinado a la población rural de bajos ingresos y demandaba un ahorro previo equivalente a entre el 4% (en 1995) y 6% (en 2002) del subsidio total. El PET estaba dirigido a grupos de hogares de sectores medios. La modalidad de libre acceso para la Vivienda Básica o Progresiva permitía, sujeto a la capacidad de ahorro y pago de crédito de los beneficiarios, construir una vivienda o comprar una vivienda social nueva o usada.
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en asentamientos precarios (campamentos) y a planificar una intervención integral en estos (a través del programa Chile Barrios).
2. Programas implementados desde el 2000
La política habitacional pretende abordar fundamentalmente dos ámbitos críticos detectados en el período anterior: la focalización de los subsidios para los más pobres y la calidad de las viviendas construidas por SERVIU. Ésta incluye un programa de Vivienda Social Dinámica en la que se diseñan soluciones ad-hoc que no involucren endeudamiento para los beneficiarios, y el Fondo Solidario de Vivienda (FSV) (también llamado Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios), que permite una serie de opciones incluyendo la construcción, así como la compra de viviendas nuevas y usadas, además de la habilitación de inmuebles, la instalación de áreas verdes y equipamiento comunitario como parte de una estrategia integral para las soluciones habitacionales.
Además de estos dos programas, se promueven acciones de consolidación legal y social en relación a la entrega de viviendas sociales, los que incluyen programas de mejoramiento, saneamiento de títulos e inversiones comunitarios. Para quienes disponen de mayor capacidad de ahorro, se mantienen los instrumentos de Subsidio Habitacional (D.S. 40) —creado en 2004 como reemplazo al antiguo SGU y Vivienda Básica de Libre Elección—, además del Leasing, mecanismo que comenzó a ser utilizado en 1993 y que permite optar a comprar una vivienda que ha sido arrendada por largo tiempo, sin exigir ahorro previo95.
En 2006 se pone en ejecución una nueva política habitacional, que nuevamente apostó como pilares por el mejoramiento de la calidad y la integración social (MIDEPLAN, 2008c), junto con promover la movilidad habitacional y determinar nuevos y mejores estándares de construcción y diseño de las viviendas sociales. Esta política fortaleció el programa del Fondo Solidario de Vivienda para personas viviendo en situación de pobreza —identificado según el puntaje obtenido en la Ficha de Protección Social—, incorporando de manera complementaria un Subsidio de Localización que financia la compra del terreno para edificación de la vivienda, además de otorgar un subsidio de equipamiento. Además, se incluyó el Programa de Protección del Patrimonio Familiar96, el cual permitió a los propietarios o asignatarios de una vivienda social —la hayan adquirido con o sin subsidio—, mejorar la vivienda y su entorno (en aspectos de seguridad, equipamiento y áreas verdes), y realizar ampliaciones. Para los sectores medios, en el marco del Subsidio Habitacional D.S. 40, se introduce un Subsidio de Interés Territorial para adquirir una vivienda económica en un sector de renovación urbana o desarrollo prioritario, así como un Subsidio de Rehabilitación Patrimonial en zonas de conservación histórica.
95 El programa Vivienda Social Dinámica se orientó a personas sin capacidad de acceder a créditos en entidades
financieras y que se encontraran bajo el promedio de pobreza regional (de acuerdo a la ex ficha CAS). Requería de un ahorro equivalente a CLP$210.000 —equivalentes a 430 dólares, expresados en las Unidades de Fomento (UF), cada una equivalente en Enero de 2011 a CLP$21.467- y otorgaba un subsidio máximo de 280 UF (equivalentes a 12.000 dólares). El FSV, por su parte, se focalizó en personas viviendo bajo la línea de pobreza, que forman parte de un grupo organizado y no hayan accedido a un subsidio previamente. Actualmente, opera bajo tres modalidades distintas. La primera de ellas no requiere de crédito, mientras que las otras dos, sí permiten un crédito complementario. El monto del ahorro total requerido varía entre 10UF (560 dólares) y 30UF (168 dólares). El monto máximo del subsidio para la vivienda por familia varía, dependiendo de la región donde se ubique la vivienda, y de la modalidad del subsidio, entre 280 UF hasta 470 UF (20.000 dólares). En el caso del Subsidio Habitacional, creado por Decreto Supremo No. 40, se requiere de ahorro previo y un crédito o mutuo hipotecario, permite obtener una vivienda económica de hasta 1.000 UF (4.300 dólares) y entrega un subsidio de alrededor de 200UF (8.600 dólares), con variaciones según la ubicación geográfica. Finalmente, el Leasing está dirigido a personas con capacidad de pago de arriendo, pero que no pueden acceder a otros subsidios. Financia la compra de viviendas de hasta 2.000UF (80.600 dólares) y entrega un subsidio de alrededor de 200UF, con variaciones según la ubicación geográfica.
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Para viviendas cuyo valor de tasación no sea superior a 650UF (28.000 dólares) y entrega un subsidio de alrededor de 200UF (8.600 dólares)
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Esta política introduce una modificación clave en la gestión de la política habitacional. Al ser el subsidio otorgado para una vivienda nueva, la construcción queda asignada a una Entidad de Gestión Inmobiliaria (EGIS) —la cual puede ser pública (municipalidades o corporaciones municipales) o privada, con o sin fines de lucro—. Cada proyecto elaborado por una EGIS debe ser autorizado previamente y considerar al menos 10 viviendas.
Bajo la nueva administración, la oferta de subsidios mantiene estas cuatro líneas principales: Subsidio Habitacional D.S. 40, Leasing Habitacional, Programa de Protección de Patrimonio Familiar y Fondo Solidario de la Vivienda. Se mantienen también los programas de mejoramiento de los barrios y urbano, así como la serie de medidas y políticas en torno a la planificación y obras urbanas (MINVU, 2011a).