PROBLEMAS DE TIERRA EN COLOMBIA, ORIGEN DEL MOVIMIENTO

MOVIMIENTO CAMPESINO EN EL PAÍS

En el más reciente informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Colombia es el tercer país más desigual del mundo antecedidos por Haití y Angola, y el más desigual en tenencia de la tierra en el continente, lo anterior, nos sitúa casi con exacta precisión, en la razón fundamental a partir de la cual se puede comprender y explicar lo que hemos conocido históricamente como “la violencia” que comprende un periodo amplio entre la colonización española, la consolidación de la república y el aún incipiente y fallido afianzamiento del Estado Social de Derecho.

Sin embargo, en el más reciente Informe de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas (CMHV), resultante de los diálogos establecidos entre la ex-insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos, aporta varios elementos de análisis para comprender lo que podría llamase las raíces del conflicto en el país, en los que, sin duda, la tenencia y uso de la tierra, desempeña un papel

preponderante en la violencia.

El profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor Manuel Moncayo, en su informe denominado “Hacia la verdad del conflicto. Insurgencia guerrillera y orden social vigente” expone de forma sucinta y rigurosa la relación dialéctica entre el

capitalismo y la implementación en el país y el surgimiento y accionar de las insurgencias en el país.

58 Moncayo (2015) recorre lo que aunque no de forma lineal y positiva y más bien a partir de dicotomías, antagonismos y contradicciones la historia de Colombia para acercarse de forma concisa a lo que puede entender como raíces del conflicto contemporáneo en el país; menciona así las confrontaciones liberal-conservadoras, lo que se llamó el gaitanismo, la dictadura militar, el duradero y casi vigente en nuestros días Frente Nacional, la

organización/trasformación de las insurgencia armadas, la injerencia de los Estados Unidos de América, el desarrollo del capitalismo de las posguerra y su nueva fase neoliberal, la economía de los narcóticos, el paramilitarismo, la confrontación armada, etc.

Los anteriores eventos de carácter histórico y determinantes para comprender las realidades políticas, económicas, sociales y culturales colombianas contemporáneas, resultan ser los antecedentes y las consecuencias, que inevitablemente nos sitúan en el aún vigente

conflicto interno armado, un conflicto que tiene sus raíces en la tierra, su expropiación, su uso y su tenencia, en estrecha relación con la implementación violenta y despojadora del modelo de producción capitalista instaurado en el país. En ese, sentido, es insoslayable comprender el por qué el movimiento social campesino de la región del Sumapaz tiene como una de sus demandas que se les reconozca como Zona de Reserva Campesina tiene que ver con unos elementos de orden histórico que es necesario analizar, sobre todo cuando una de las causas del conflicto interno colombiano en su orden social, político y económico inciden en el desarrollo regional, local y nacional.

“El orden capitalista en sus fases de transición, instauración, consolidación y desarrollo genera necesariamente conflictividad que, en el caso colombiano, históricamente ha significado expresiones de insurgencia o subversión que han transitado por las vías de la

59 normalidad institucional, o han asumido modalidades que han supuesto el ejercicio de la violencia, por oposición a la violencia que se afirma como legítima monopolizada por el Estado del mismo orden.” (Moncayo, 2015. Pág. 79).

Y continúa “Por esa razón las FARC, surgidas de la transformación de esos grupos de autodefensa campesina, hunden sus raíces históricas en la conflictividad rural, asociada a la violencia bipartidista liberal-conservadora, en zonas muy específicas de nuestra geografía, que forjó dirigentes como Pedro Antonio Marín, conocido luego como Manuel Marulanda Vélez”. (Moncayo, 2015. Pág. 44)

La década del 30 supone para las comunidades indígenas y campesinas del país, un

momento de álgidos conflictos por la tierra, con los hacendados que, con la anuencia de la iglesia y Estado nacional, emprenden una carrera violenta para expropiar y despojar a miles de comunidades indígenas y campesinas de sus territorios ancestralmente construidos favoreciendo el fortalecimiento de los latifundios y con ello, el aumento del poder local de las élites regionales y la privatización de los baldíos.

Estas eran en parte las consecuencias de la retrógrada, clerical y pusilánime Constitución de 1886. Este conflicto puede comprenderse desde la óptica de uno de los libros más

importantes del presente siglo, en relación a las luchas sociales en Colombia “Gente muy rebelde”, así lo expresa su autor:

Durante la segunda mitad del siglo XIX, luego de la independencia, los diversos grupos indígenas que habitaban el actual territorio colombiano tuvieron que soportar sucesivas oleadas de destrucción y aculturación violenta por parte de hacendados, comerciantes, empresarios y colonos. Los dos partidos políticos compartían una visión similar sobre los indígenas colombianos- y esta visión era la

60 misma de las élites dominantes de América Latina- a los que veían como la expresión de la barbarie, el salvajismo, el atraso y la ignorancia. Se consideraba que la sola existencia de los indios era un obstáculo en el camino de alcanzar el progreso y la civilización. Los gobiernos radicales (1850-1885) en Colombia impulsaron, a partir de esta lógica, la conversión de los indígenas hacia la modernidad, mediante la supresión de los resguardos que habían existido desde la época colonial, con la

pretensión de convertirlos en ciudadanos, concediéndoles las mismas prerrogativas y derechos del resto de los colombianos. Esto produjo la apropiación de importantes tierras indígenas en el centro del país, la repartición de muchos de los resguardos que habían existido durante varios siglos y la desaparición de culturas milenarias. (Vega, 2014, pág.17)

El resultado de esta aculturación violenta y campesinización pero ya no por parte de los españoles colonos, sino de las élites clericales y latifundistas del país herederas de la Corona Española, obligó a las comunidades indígenas inicialmente a abandonar sus

territorios, sus tierras y hasta su cultura. Sin embargo, una parte de estas gentes, resolvieron oponerse al despojo y se conocieron en el país las luchas indígenas lideradas por Quintín Lame, entre otros.

Esta defensa por la tierra, en un país mayoritariamente agrario, se profundizó en relación a la imposibilidad de lograr acuerdos entre las élites regionales y la iglesia, y se dio una apertura hasta ahora vigente, aunque en otra etapa del modelo de producción capitalista, que además propició la consolidación de la mano de obra en el país. Esta apertura conocida en el mundo académico como “la modernización conservadora” fue uno de los primeros momentos de la agudización de este conflicto nacional aún sin resolver.

La Ley 200 de 1936 que prometía en parte resolver el conflicto por la tierra, lo agudizó, favoreciendo a los latifundistas e impulsando la modernización de los hacendados y

61 gamonales en las regiones sobre todo del sur del país, se vivieron las alzas de los precios del café y la conquista violenta por el control de la cosecha, la regresión de los cultivos de pan coger, etc.

Las campesinas y campesinos y los indígenas de diversas regiones del país empezaron una lucha con el fin de recuperar sus tierras, exigir una reforma rural acorde a sus necesidades, que impulsara el desarrollo agrícola y con ello impulsara el mejoramiento de la economía en el país, aprovechando la riqueza de las tierras productivas que podrían sacar de la pobreza no sólo al sector campesino sino a buena parte de los empobrecidos en el país. Luego del revés que trajo consigo la expedición y puesta en marcha de la Ley 200 de 1936, los sectores rurales del país enfrentarían un nuevo y contundente golpe, las élites nacionales lideradas en un primer momento por los liberales y su revolución en marcha, haría realidad lo que se conoce como “la sustitución de importaciones”. “Durante este periodo se

evidencia una combinación de medidas políticas y económicas con implicaciones sociales que actuaran como estrategia para la contención de los procesos de insurrección civil del periodo de “violencia política” (Tobasura, 2007, Pág. 43).

La violencia liberal-conservadora se desata sin control, gestando en su interior el primer momento de las llamadas “guerrillas liberales”. Sólo hasta 1957 se instaura el Frente Nacional, que consistió en la rotación del poder entre liberales y conservadores para acabar la cruenta guerra que liberaban sus bases en todo el territorio.

Este periodo también tiene como eje de las luchas sociales y particularmente agrarias en el país, la entrada de la denominada “Alianza para el progreso” qué más allá de sus “buenos

62 intereses” para América Latina y que trajo consigo algunos vestigios del Estado de

Bienestar ya en decadencia en los países del norte y occidente de Europa impulsó lo que parecía el inicio del desarrollo rural e industrial en el país. La creación de entidades como la Caja Agraria, el INCORA, el ICA, así lo permitía creer.

Sin embargo, un nuevo golpe estaba en vísperas de ser ejecutado, la tan anhelada por la élite nacional “apertura económica” comenzó su travesía nacional con determinación entre las décadas de los 70s y los 80s. La desregulación de los mercados y el énfasis en la producción para exportación caracterizaron el nuevo golpe al campo colombiano, una situación que por una parte potenció las movilizaciones sociales desde todos los sectores de la economía nacional y del conjunto de movimientos sociales que sintieron con agudeza los impactos de las nefastas decisiones estatales, por otra parte, la insurgencia armada en su tránsito de “guerrillas liberales” a “guerrillas comunistas”, se consolidaron en una multiplicidad de organizaciones político-militares entre las que se encuentran las FARC, luego FARC-EP, el ELN, el M-19, el EPL, entre otras.

La década del 90 entre la consolidación de la Constitución Política de Colombia, con el desarme del M-19 y el posterior asesinato de Carlos Pizarro siendo candidato presidencial y la entrada en vigencia las políticas neoliberales en el gobierno de Carlos Gaviria.

Las anteriores premisas hace parte del epítome necesario para comprender cómo el campo colombiano se ha venido afectando paulatina y progresivamente con las decisiones

históricas de la élite nacional que ya como gobierno han implementado en las últimas décadas con mayor énfasis en los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y lo que se avizora con el ahora presidente Iván Duque, alfil político del

63 senador Uribe, políticas de corte neoliberal voraces, que privilegian ya no únicamente a las élites nacionales y los grandes terratenientes, sino a las trasnacionales ahora productoras de semillas, de herbicidas y transgénicos, privatizando, expropiando, acumulando y

reprimiendo a las comunidades que se resisten y luchan la embestida capitalista en su fase neoliberal a la colombiana.

El accionar político-militar de las insurgencias, tuvieron como respuesta desde el principio del siglo XX una agresiva política contrainsurgente, que como afirma Renán Vega Cantor (2015), el estado colombiano lo ha implementado incluso antes de la existencia de la misma insurgencia, lo que llevó a las conformación de ejércitos para-estatales, para militares que hasta el momento, se han encargado de materializar la política contrainsurgente,

anticomunista, antisubversiva, antidemocrática y profundamente fascista. Asesinatos, desapariciones, masacres, amenazas, exilios, miedos, dolor y sangre son el resultado nefasto del “terrorismo de estado”, pues en varios fallos judiciales, denuncias y relatos de las víctimas a lo largo de las últimos años y que en últimas ha beneficiado y beneficia al poderío trasnacional.

Así lo enuncia el profesor Jairo Estrada, “…La Violencia desempeñó una función ordenadora de la relación social capitalista en proceso de despliegue y expansión, activó mecanismos de disciplinamiento y control social, desestructuró luchas y formas de resistencia, aunque se constituyó en desencadenador de otras, dentro de las cuales se encuentra la resistencia y la lucha armada.” (Estrada, 2015, pág. 95)

Lo anterior, no fue ni ha sido posible de vigorizar sin que, por un lado, los gobiernos

64 a las multinacionales, otorgándoles tierras fértiles, baldíos y todo un conjunto de medidas fiscales (reducción de impuestos) y legales (firma de TLC) para producir, explotar y contratar mano de obra a su medida y bajos sus condiciones. De otro lado, la entrega de los recursos naturales, su explotación y uso por parte de las multinacionales en el país, ha ido consolidándose paralelamente con el aumento de la violencia estatal y paramilitar,

defensores del statu quo contra la insurgencia armada y los movimientos sociales, sus líderes y lideresas.

Movilizaciones indígenas y campesinas alrededor de la reivindicación del derecho a la propiedad de las tierras y la no explotación de los trabajadores rurales, en una clara postura contraria al latifundismo y sus formas de explotación, ejemplo de lo anterior es

penosamente la llamada “Masacre de las bananeras” que en 1928 cobró la vida de miles de trabajadores que se opusieron a la explotación y expropiación de la que fueron víctimas del ejército nacional de Colombia, que masacró a las y los trabajadores en una clara defensa de los intereses de la multinacional Banana Fruit Company hoy Chiquita Brands.

Las décadas entre los años 20s y los años 50s y en varias regiones del país se consolidaron organizaciones indígenas, sociales, campesinas, como el Movimiento Agrario del Sumapaz y Oriente del Tolima consolidado en el año de 1924 y que logró la expedición del decreto 1110 de 1928 en relación al destino y uso de los terrenos baldíos para la creación de las llamadas colonias agrícolas. Este sería el mayor antecedente para la consolidación de los procesos organizativos en defensas del territorio en el Sumapaz.

También en este periodo atiborrado de trabajo organizativo y de acción de sectores excluidos y violentados, se expide la Ley 200 se 1936, en el gobierno del entonces

65 presidente Alfonso Pumarejo, con lo que en parte se reconoce la función social de la

propiedad, no obstante, este reconocimiento “tuvo incidencia directa sobre la ausencia de regulación jurídica respecto a la propiedad rural en el país, y sobre las posibilidades de equilibrar la distribución inequitativa de la tierra no usufructuada”. (Cadavid, 2004: pág. 25)

Las décadas siguientes hasta antes de los años 80s, están marcadas por la agudización del conflicto interno armado por causa, de una parte, de la violencia bipartidista de estos años, a la vez que se fortalecieron y consolidaron los procesos de orden popular, social y político en el país, pero marcadamente las organizaciones campesinas que con influencia del liberalismo y el partido comunista salieron fueron protagonistas de innumerables

movilizaciones, protestas y colonizaciones en diversas regiones, fueron reprimidas por el Estado, con la puesta en marcha y más bien, exacerbación de la puesta en marcha de la política contrainsurgente, lo que llevó a una fuerte represión a comunidades indígenas, campesinas y campesinos organizados y fortaleció en varias regiones el tránsito de casi total, de organizaciones de carácter civil a autodefensas campesinas armadas.

En este periodo de tiempo en el que se consolidaba la existencia y el respaldo fiscal y jurídico del latifundio, a la vez que se perseguía al pequeño y mediano campesino y campesina organizados en defensa de la tierra, su uso y su tenencia, y se fortalecían las insurgencias armadas de corte campesino, fue también el momento de la intolerancia del sistema político a las nuevas expresiones políticas, de la que sólo logró con una fuerte represión y declarado exterminio sobrevivir a esta violencia.

66 Así trascurren los años del Frente Nacional, entre la represión de las expresiones sociales de todo tipo y la criminalización las luchas de corte campesino, por supuesto sin olvidar las presiones de tipo internacional, sobre todo las ejercidas por el gobierno norteamericano. El ataque a Villa Rica, en el Cauca y Marquetalia en el Tolima, hizo que las autodefensas se desplegaran por el Páramo del Sumapaz y empieza una larga travesía por varios

departamentos, lo que constituye el fortalecimiento ya no de las autodefensas campesinas, sino de las guerrillas colombianas y en el año 1966 surgen las Fuerzas Revolucionarias de Colombia – FARC.

“En este sentido los desplazamientos forzados de Marquetalia y Río Chiquito, expresan un nuevo elemento de en la lucha guerrillera en Colombia: las marchas conjuntas de población civil y guerrilla quedarán sólo en la distancia del recuerdo de quienes lo vivieron y en la bruma de la memoria histórica, de dramáticas gestas que sucedieron con poblaciones enteras en los años cincuenta, en el sur del Tolima, en Villarica, Oriente del Tolima, Sumapaz y en los llanos Orientales.”. (Alape, S.f, Pág. 44)

Este periodo de marcada conflictos sociales ahora de carácter político, generó las

condiciones suficientes para la consolidación de las guerrillas armadas y el fortalecimiento de los organismos para estatales de represión, como los antiguos “chulavitas”, “pájaros” en la época frentenacionalista.

Para las décadas entre los 80s y los 90s, por las fuerzas contrainsurgentes, ahora

consolidadas en Convivir, fuerzas armadas privadas, que avanzaron hasta las hoy conocidas AUC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que dieron paso al recrudecimiento de la violencia en el país ya la represión ya no sólo contra la insurgencia armada sino de las los

67 movimientos y partidos políticos que cómo resultado de diálogos entre el establecimiento y los alzados en armas, como el ocurrido durante el gobierno de Belisario Betancur y las FARC en 1983, y después de los diálogos de la Uribe, se consolida como fuerza política la Unión Patriótica, que en palabras de Imelda Daza (2014) “todos nos vinculamos al gran diálogo nacional, el 16 de junio de 1985, en Pueblo Bello, César, allí había gente de las FARC eso es cierto, porque era con ellos la Unión Patriótica, y lo que se había dicho era que la Unión Patriótica iba a ser el mecanismo, la organización a través de la cual la gente de las FARC se iría a vincular a la actividad política concreta, ellos estaban allí, y su presencia tenía una explicación”.

Lo que marca estos años, es el genocidio a más de 5000 militantes de la Unión Patriótica, a lo largo y ancho del país, después de haber conseguido escaños en las elecciones regionales y parlamentarias del año 1986, en la que quedaron electos concejales, gobernadores y parlamentarios para el Congreso de la República por la UP, entre ellos dos exguerrilleros de las FARC.

Este es sin lugar a dudas uno de los episodios más lamentables del siglo XX en materia de violencia política y de tierras en el país, un genocidio impune, pero que es radiografía de las luchas de diversos sectores del país por transformar esta país desigual e injusto. Las

violencias de los 80s y los 90s, marcó sin duda la historia de Colombia, el devenir y las agendas de las luchas de los sectores indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantiles que se movilizaron a lo largo y ancho del territorio nacional, máxime, cuando entra con fuerza la denominada “apertura económica”, en el gobierno de César Gaviria, es decir, todo el modelo neoliberal hoy sustento de la economía del país.

68 El siglo XXI, para Colombia significó el llamado “Plan Colombia” en el gobierno de

Andrés Pastrana, que permitió el ingreso de inteligencia militar estadounidense en el país y la instalación de base militares norteamericanas y grandes multinacionales extractivistas en territorios ricos de recursos naturales y estratégicos para el control del territorio, que bajo la promesa de acabar con las guerrillas y atacar el narcotráfico práctica que se hizo cotidiana e