Como es normal, la encuesta no recoge una cantidad importante de información acerca de las necesidades jurídicas vividas por las personas, ni de los obstáculos que estas encuentran al intentar acceder a la justicia. Las preguntas estandarizadas a muestras re- presentativas de tres poblaciones revelan las tendencias genera-
24 Agradecemos la colaboración prestada por Handicap Interna- tional, por la Fundación Saldarriaga Concha y por la Corporación ECCOS.
les, pero no capturan muchos de los detalles con los que ocurren las cosas.
La tercera parte del libro intenta suplir estas carencias, apli- cando diversas metodologías que aportan información específica acerca de las necesidades jurídicas y la situación de acceso a la justicia de seis grupos poblacionales: las personas con desven- tajas económicas, las personas con discapacidad, las mujeres, la población LGBTI, los afrocolombianos y las víctimas del conflicto armado.
En el capítulo 1 concluimos que el enfoque diferencial es ne- cesario para garantizar un acceso a la justicia real en términos de igualdad. Las características propias de diferentes grupos pobla- ciones pueden hacer que existan distinciones importantes en sus necesidades jurídicas y en los retos que enfrentan para acceder a los servicios de justicia, por lo que es preciso acomodar dichos servicios a los diferentes tipos de demanda que deben suplir y para eliminar las barreras concretas que existen para su adecuada prestación.
Los ajustes y delineamientos de los programas de política ju- dicial dependerán de las limitaciones que existen, tanto desde el punto de vista de los recursos disponibles como de las restriccio- nes mismas de las intervenciones públicas. Para poner un ejem- plo extremo, no es posible ni conveniente, desde el análisis de la política pública, pensar en ventanas de servicio específicas que se acomoden al dedillo a las necesidades y características de cada grupo poblacional. Lo razonable es intentar encontrar puntos de equilibrio razonables dependiendo de las distinciones que exis- tan entre grupos, además de las desventajas y vulnerabilidades que los caracterizan.
Ahora bien, lo primero que se necesita para pensar en dichos ajustes es conocer las diferencias que existen entre grupos. Solo con diagnósticos sólidos se podrá pensar en las diferentes alternativas de política que existen para superar las diferencias observadas. Ese es uno de los objetivos de centrar este análisis en los grupos poblaciones mencionados que tienen múltiples desventajas so- cioeconómicas y que, en parte, necesitan del sistema judicial para superarlas. De la profundización se quiere extraer, con el nivel de detalle que sea posible, las particularidades de las necesidades jurídicas que los integrantes de estos grupos padecen de manera
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distintiva y, en el mismo sentido, las dificultades específicas que encuentran en los momentos de reconocer necesidades jurídicas, entrar al sistema de justicia, o encontrar soluciones mínimamente satisfactorias, oportunas y que se cumplan.
Metodologías Las metodologías utilizadas en estos capítulos de profundización son diversas.
Entrevistas y grupos focales
Quizá la metodología más importante está relacionada con las investigaciones de campo de tipo cualitativo realizadas a lo lar- go de tres años, que consistieron principalmente en (i) múltiples
grupos focales flexibles25 con personas, líderes comunitarios y or-
ganizaciones de base integrantes de estos grupos; (ii) entrevistas abiertas y semiestructuradas con las mismas personas, además de entrevistas con funcionarios que prestan servicios de justicia en diferentes lugares y desde distintos organismos.
En total realizamos 17 grupos focales en seis ciudades y
municipios,26 y múltiples entrevistas en las mismas ciudades.
Adicionalmente, en algunos momentos en los que hacíamos entrevistas con funcionarios públicos, intentamos realizar obser- vaciones participativas de las instalaciones y las formas en que funcionan y se prestan los diferentes servicios judiciales. Esto su-
25 Los grupos focales no eran estructurados de tal manera que re- sultaran en hallazgos cuantitativos –por ejemplo, para identificar las prioridades de algunos grupos–. Eran flexibles pues se planteaban puntos de discusión casi siempre relacionados con el contenido de las mismas entrevistas semiestructuradas, buscando que el intercambio entre las personas produjera más detalles y profundidad de sus expe- riencias.
26 Afros: grupos focales en Cali y Bogotá en febrero de 2011. Po- blación con discapacidad: talleres de investigación realizados en Me- dellín (Antioquia), el 25 de junio y el 30 de julio de 2010; en Urabá (Antioquia), el 28 de julio de 2010; y en Cartagena (Bolívar), el 6 y 7 de octubre de 2010. Población en situación de pobreza: talleres de in- vestigación realizados en Cartagena (Bolívar), el 24 de septiembre de 2010; en Bogotá, el 26 de octubre de 2010; y en Medellín (Antioquia), el 28 de julio de 2011. Población LGBTI: talleres de investigación rea- lizados en Cali (Valle del Cauca), el 5 de octubre de 2011; en Bogotá, el 1 y 3 de noviembre de 2011. Mujeres: talleres de investigación realiza- dos en San Juan Nepomuceno (Bolívar), el 14 de octubre de 2010; y en Bogotá, el 26 de octubre de 2010. Víctimas: grupos focales a víctimas en Montes de María en 2010 y en Cartagena en 2011.
cedió al acudir a unidades de la Fiscalía General de la Nación (FGN), a juzgados y a casas de justicia.
Los capítulos de profundización mostrarán la manera en que los relatos encontrados en estos ejercicios enriquecen y se com- plementan con la información de la ENNJ.
Documentación e investigaciones existentes
Aunque, como dijimos, no existen diagnósticos generales como el que intenta ofrecer este libro, sí se han realizado múltiples y notables esfuerzos para detectar los problemas específicos que algunos grupos poblacionales tienen en su relación con la justi- cia. Al ser realizados por organizaciones que pueden tener una amplia trayectoria de trabajo con ciertos grupos, los diagnósticos recogen información que esta investigación no hubiera podido recolectar y que, por lo tanto, acaba siendo supremamente valiosa como parte de este esfuerzo de profundización. Esto sucede de forma particularmente intensa en el diagnóstico acerca de si las decisiones judiciales son mínimamente satisfactorias, algo que es difícil de examinar a partir de las experiencias relatadas por las personas y acerca de lo cual diversas organizaciones han hecho análisis muy valiosos –por ejemplo, acerca de las decisiones judi- ciales relativas a temas que afectan particularmente a las perso- nas de algunos grupos poblacionales.
En cada capítulo describimos la literatura empírica en la que basamos parcialmente cada investigación.
Registros administrativos y experiencia pública disponible. Derechos de petición
Para estas investigaciones enviamos múltiples derechos de peti- ción a 13 autoridades públicas solicitando información acerca del
acceso a la justicia de los miembros de los grupos referidos.27
27 Afros e indígenas: derechos de petición enviados al Consejo Su- perior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procu- raduría General de la Nación. Población con discapacidad: derechos de petición enviados a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación, al entonces Mi- nisterio del Interior y la Justicia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo y al entonces Ministerio de Protección Social. Población LGBTI: derechos de petición enviados al Consejo Superior de la Judicatura, al entonces Ministerio de Protección Social, al Ministerio de Justicia, a la Defen- soría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría
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Preguntamos principalmente acerca de dos temas: primero, los flujos e inventarios de casos relativos a las personas de cada uno de los grupos vulnerables estudiados. Segundo, las políticas, planes, proyectos o programas que de alguna manera estuvieran dirigidos a mejorar el acceso a la justicia de las personas de los grupos mencionados.
Sin embargo, como veremos al inicio de la tercera parte del libro, las respuestas a nuestros derechos de petición fueron muy poco lucrativas como fuentes de información útiles dentro de nuestros diagnósticos. No obstante, ello en sí mismo se convirtió en un importante hallazgo de estas investigaciones: la informa- ción pública generalizable acerca de los casos judiciales relati- vos a personas de grupos vulnerables es casi nula –salvo la de la Defensoría del Pueblo–, y el nivel de descripción acerca de los programas públicos es tan general que probablemente se trata de esfuerzos con bajos niveles de detalle en la planeación y con muy poca implementación o ejecución.
Datos de casas de justicia y consultorios jurídicos
Adicionalmente, al analizar el acceso a la justicia de personas con dificultades económicas y de afrocolombianos, acudimos a varias casas de justicia de Bogotá, Cali y Medellín, y a cuatro consulto-
rios jurídicos de la ciudad de Bogotá.28
Además de entrevistar a las personas que trabajan en estos lugares, en cuatro oportunidades nos fue proporcionada la infor- mación del agregado de casos que son tramitados en estos sitios. Aunque esta información no es generalizable para todas las casas de justicia o los consultorios jurídicos, sí nos da una idea del tipo de carga que se tramita en estos lugares.
General de la Nación, a la Alcaldía de Medellín, a la Alcaldía de Bo- gotá, a la Alcaldía de Barranquilla y a la Alcaldía de Cali. Mujeres: derechos de petición enviados al Consejo Superior de la Judicatura, al entonces Ministerio de Protección Social, al entonces Ministerio del Interior y de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Alcaldía de Medellín, a la Alcaldía de Bogotá, a la Alcaldía de Barranquilla y a la Alcaldía de Cali.
28 Les solicitamos información de su carga de trabajo a los consul- torios jurídicos de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional y de la Universidad Militar Nueva Granada. Igualmente, acudimos al Consultorio Jurídico Popular (Serjupop).
Orden del análisis La descripción de nuestros hallazgos para cada uno de los grupos poblacionales sigue normalmente un orden coherente con la ruta descrita en el capítulo 1. En primer lugar, exponemos cuáles son las necesidades jurídicas que particularmente afectan a las per- sonas de estos grupos. Y en segundo lugar, nos referimos a los obstáculos identificados para que dichas personas accedan a la justicia. A su turno, estos obstáculos se dividen en tres etapas en las que pueden manifestarse:
▪ En los momentos anteriores a presentar un conflicto ante un tercero imparcial, lo cual hace referencia a los eventuales pro- blemas de reconocimiento de necesidades jurídicas o a los obstáculos constatados para que las personas que sí reconocen tales necesidades acudan a la administración de justicia. ▪ En los momentos en los que intentan entrar al sistema. ▪ En la etapa en que, ya habiendo entrado al sistema, se espera
una decisión mínimamente satisfactoria, oportuna y que se cumpla.
67 Segunda part e. A pr oximación cuantitati va