Reacciones del Momento

Si bien la mayor parte del día 20 transcurriría en una tensa calma, mientras se esperaba que los resultados finales resolvieran las incógnitas, hacia las horas de las tarde la situación cambiaría. Uno de los primeros piquetes militares entraría en acción, conteniendo a los manifestantes rojistas que se dirigían hacia el Palacio de San Carlos en Bogotá (El Colombiano, 1970, 21 de abril, p.16). El ejército disolvería más manifestaciones de los militantes anapistas en la capital del país, mientras que pedreas y destrozos se presentaban en sectores como el Parque Santander (El Siglo, 1970, 21 de abril, p. 1).

Aunque en las horas de la mañana del día 20 el presidente Lleras había aceptado a petición de Álvaro Gómez conformar una comisión para ostensiblemente ocuparse de cualquier posible fraude, el mandatario se preocupaba principalmente por el mantenimiento del orden público y así se lo hizo saber a Rojas Pinilla durante una breve charla telefónica (Serpa, 2008, pp.420-421). No fue de extrañar, por tanto, que el día 21 Lleras Restrepo declaró el estado de sitio en todo el país (El Colombiano, 1970, 22 de abril, p.1) mediante una alocución televisiva en las horas nocturnas, incluyendo medidas como el toque de queda en Bogotá y la censura de radio, anunciando que el gobierno haría todo para impedir que cualquier intento de subversión tuviera éxito. Ese día, “en las principales ciudades las masas anapistas convencidas del fraude electoral se enfrentaron con la fuerza pública. Asaltaron vehículos, apedrearon algunos edificios y sedes de los periódicos del establecimiento”, no solamente en la capital sino también en

otras ciudades como Cartagena, Armenia, Pereira, Valledupar, Pradera, Cartago y Sevilla (Ayala, 2006, p. 208-220).

El Sol, medio partidario de Rojas que daba por sentado que el “bienhechor” había derrotado a la oligarquía dirigente del país, en su edición del 22 de abril denunciaba que las autoridades habían detenido a 60 dirigentes de la ANAPO (1970, 22 de abril, p.1). Desde ese momento la Registraduría negaba cualquier clase de fraude (El Colombiano, 1970, 22 de abril, p.1), pero eso no sería suficiente para impedir que para el día 24, cuando según El Colombiano había retornado la normalidad, ya se sumaran más de 668 detenidos por desórdenes en Bogotá (1970, 24 de abril, p.17).

La ANAPO intentaba utilizar la incertidumbre a su favor cuando difundió el 21 de abril un comunicado que hacía pensar en una acción insurrecional futura y que los medios impresos no tardarían en registrar en sus ediciones del día 22.

“El Comando Nacional de la Alianza Nacional Popular declara: Que el gobierno

oligárquico que explota a Colombia después de haber preparado un escandaloso fraude que está acabando de consumar, pretende ahora imponer al país un resultado electoral que burla la opinión inequívocamente expresada en las urnas por la abrumadora mayoría nacional: que el Presidente de Colombia es el general Gustavo Rojas Pinilla [...] que ante la evidencia del fraude y del atropello nos sentimos moralmente impedidos para contener la justa reacción popular y por ello responsabilizamos al gobierno y al presidente Lleras de las consecuencias que su doble y falsa conducta le traiga al país; que estamos tomando las medidas necesarias y eficaces para impedir que la oligarquía le robe el poder al pueblo colombiano; que desde este momento nos constituimos en el

Comando Nacional Revolucionaria, que encausará las justas aspiraciones y la

justificada reacción de las grandes mayorías nacionales” (El Tiempo, 1970, 22 de abril,

p.2).

El mismo General Rojas Pinilla desde el día 20 había dado declaraciones a la prensa en la cuales se refería a lo que consideraba un fraude y advertía “que el pueblo había reaccionado porque estaba consciente de la victoria y él, pese a que venía predicando la paz, tampoco podía contener la cólera popular desatada, cuando el pueblo se dio cuenta de la burla a su decisión”, mientras que negaba la participación de los anapistas en los saqueos (Rojas, 2000, p.409). Sin embargo, poco tiempo después había sido puesto bajo una especie de arresto domiciliario no declarado al ser vigilada su residencia militarmente (El Colombiano, 1970, 23 de abril, p.20).

Allí encontramos un momento clave, ya que si bien Rojas se decía dispuesto a recurrir a los medios que fueran necesarios para defender su victoria, no fue lo suficientemente claro con sus propios seguidores ni actuó con la suficiente rapidez, dadas las medidas militares y policivas que el gobierno tomó rápidamente en su contra para impedir el que progresara cualquier clase de conspiración o revuelta masiva.

El comunicado “revolucionario”, si bien no se oponía sino que justificaba cualquier tipo de reacción popular o insurrecional, dejaba toda la responsabilidad organizativa sobre los hombros de las mismas directivas y las decisiones del comando, sin llegar a ser una verdadera llamada a la acción inmediata de los cuadros. En palabras de Ayala Diago,

“cuando las masas empezaron a actuar ya era tarde. El corte militar del movimiento anapista las obligaba a aguardar una orden que nunca llegaría” (2006, p.213).

Carlos Toledo Plata, en ese entonces uno de los cuadros del movimiento anapista, se encontraba en Bucaramanga el día de las elecciones y llegaría a Bogotá el 21, donde pudo comprobar que había gente “dispuesta a tomarse los cuarteles, las gobernaciones, lo que fuera, pero se requería de una acción unificada en todo el país. El levantamiento no debía realizarse en una sola parte. La orden que dio el general a través de Maria Eugenia y que Pedro Pablo me transmitió a mí, fue la de que no podían efectuarse acciones violentas” mientras el mismo Rojas Pinilla no tomara una decisión en tal sentido (Lara, 2002, pp.38-40).

Hernán Vergara, el “líder espiritual” de la ANAPO, influyó en la actitud vacilante del candidato anapista al aconsejarle a Rojas que evitase un derramamiento de sangre y aceptase que “al escoger usted la vía del sufragio, admitió implícitamente cierta posibilidad de fraude”. Vergara le presentó la disyuntiva entre el materialismo y el cristianismo frente a la acción política a la hora de enfrentar un problema de legalidad, haciéndole notar que mientras el primero no tiene más camino que la acción humana, “en tal caso la violencia”, el segundo puede luchar dentro del marco de la legalidad, confiando en que Dios “sabrá hacer finalmente su Justicia” (Ayala, 2006, pp. 220-222).

No es fácil medir qué efectos concretos tuvo el comunicado revolucionario en si mismo, pero poco a poco pasaban los días y la ANAPO iba dando la impresión de que a la larga

prefería las vías legales para intentar disputar desde allí la legitimidad y autenticidad de la elección.

El día 25 de abril, Rojas Pinilla y Carlos Lleras Restrepo se encontraron en una reunión secreta en la Nunciatura Apostólica, ubicada a algunos metros de la residencia del líder anapista. La versión del mismo Lleras la presenta como “buena para la república” en razón de que allí Rojas se mostró dispuesto a respetar la “paz pública” y lo que indicasen los resultados finales del escrutinio electoral, después de que el entonces presidente hiciera énfasis en la independencia de las autoridades competentes y en la calidad de la comisión nombrada para vigilar su buen funcionamiento, siendo la posición del gobierno la de garantizar el triunfo de cualquiera de los candidatos. En otras palabras, su mensaje había sido que Rojas simplemente debía confiar en la institucionalidad. Al mismo tiempo, las inquietudes de Rojas sobre la suerte del detenido dirigente anapista José Ignacio Giraldo fueron bien recibidas por Lleras, según su relato, dando lugar a que el gobierno ordenase su libertad. (Serpa, 2008, pp. 423-425). Pero para la hija de Rojas (2000, pp. 414-419), por el contrario, dicha reunión fue todo menos “saludable” en razón de que “el fraude de todos modos se perpetró y sólo 30 días después de las elecciones se conocieron los datos, ya arreglados” y, lo que es peor, la entrevista entre ambos personajes dejó en el ambiente la sensación de que allí se habían “vendido” las elecciones, dejando a muchos seguidores de la ANAPO desilusionados y escépticos. Ni siquiera la famosa comisión fue del agrado de Maria Eugenia dada su inutilidad como un simple “testigo mudo” cuyos miembros no habrían sido nombrados con la autorización previa del candidato anapista. De acuerdo a su versión de los hechos, Lleras tampoco cumplió con la promesa de liberar de inmediato a

más de cien figuras anapistas que en ese momento se encontraban en la cárcel y que no recobrarían su libertad sino más de una semana después. Aunque no lo diga explícitamente y teniendo en cuenta que es relativamente fácil asumir actitudes desafiantes después de los hechos, al menos se puede concluir que la hija no compartía la actitud conciliadora de su padre y la califica como un error histórico.

Quizás sea precisamente por esa actitud de Rojas que los llamados iniciales a las vías de hecho no obtendrían muchos resultados después del brote original de protestas que fue a la larga controlado por las autoridades aprovechando la circunstancia excepcional del estado de sitio, y ni siquiera en términos conspirativos se logró aglutinar a los simpatizantes del partido para embarcarse de lleno en esa riesgosa aventura. Cuando hubo intentos de hacerlo, sufrieron fallas de organización que los condenaron al fracaso. (Lara, 2002, pp. 40-41). Como lo ha mencionado Daniel Pécaut (2006, pp.114-120, 206- 207), los “cantos de sirena” de la ANAPO en los cuales se apelaba, por ejemplo, “al patriotismo de los comandantes de las Fuerzas Armadas para que, conforme a la promesa que han hecho solemnemente al país, hagan respetar el resultado de las elecciones del 19 de abril de 1970” tampoco serían escuchados.

A medida que los escrutinios fueron aplazándose (El Tiempo, 1970, 30 de abril, p. 7), cada vez parecía más difícil lograr rescatar un resultado favorable al partido a pesar de los intentos de lograr alguna rectificación legal del escrutinio electoral. Pasaron los meses y nada cambiaría. La Registraduría del Estado Civil “dosificó la entrega de los resultados; además en muchos lugares, a solicitud de los rojistas, se recontaron los votos de las mesas cuestionadas, se verificaron las planillas y se revisaron las actas. Se

especuló con los votos depositados en el exterior, pero la verdad sea dicha, ellos no influyeron en el margen que favoreció a Misael Pastrana, quien según el organismo electoral obtuvo 1.625.025 votos, seguido de Gustavo Rojas Pinilla con 1.561.468” y así las cosas el hecho de obtener una nutrida bancada parlamentaria de 38 senadores y 71 representantes, el 32.2 y 33.8 por ciento de cada cámara respectivamente, no sería más que una victoria pírrica amarga para la ANAPO ante la imposibilidad de concretar su ansiada aspiración principal (Serpa, 2008, p.425).

Para el 20 de Julio de 1970, Misael Pastrana ya había recibido una credencial oficial que lo acreditaba como ganador de las elecciones y en consecuencia no tuvo mayores problemas para posesionarse posteriormente, a pesar de las protestas de los parlamentarios anapistas y la constancia que Maria Eugenia Rojas presentó, dando lugar a un ruidoso incidente que culminó con su retiro a la fuerza del recinto, como muestra de la voluntad de lucha que –según ella- animaba a la ANAPO y al pueblo a no reconocer ni a perdonar el “robo electoral de que fue víctima el 19 de abril” (Rojas, 2000, pp.430-435).

Pero tales expresiones serían bastante retóricas y poco prácticas dentro de su contexto inmediato. La misma ANAPO demostraría claras señales de desunión cuando Rojas llegase a expulsar al otrora ilustre senador Vives durante de las luchas internas sobre quién sería el sucesor del General a la candidatura presidencial, lo cual no sería bien recibido por todos sus partidarios. Si bien el movimiento por fin se convertiría en 1971 en un partido que contaría con una nueva plataforma ideológica considerada “nacionalista,

revolucionaria y popular” mediante la cual confirmaba su oposición a los postulados del Frente Nacional (Pécaut, 2006, p. 119), su debilidad estructural empezaba a notarse.

No volverían a verse unas elecciones tan reñidas como las de 1970. La fragmentación interna del electorado anapista y de sus cuadros fue sintomática. En 1974, María Eugenia Rojas sería la candidata anapista y no sería capaz de mantener el grueso de los votos de su padre, alcanzando un lánguido tercer lugar con 492.166 sufragios a su favor. Como lo sugiere Pécaut (2006, p.206), el que las multitudes anapistas ya no pudieran rivalizar con las grandes manifestaciones liberales y conservadoras había sido un mal presagio. Para todos los efectos prácticos, su momento había quedado atrás.

3.4 De la ANAPO al M-19

Las mismas elecciones del 19 de abril de 1970 que anunciaron el comienzo del fin para la ANAPO en términos de sus éxitos electorales fueron un duro golpe para unas bases sociales que nuevamente vieron rotas sus ilusiones de obtener lo que esperaban fuese un cambio social por las vías legales y, en consecuencia, para algunos dirigentes anapistas desilusionados como Carlos Toledo Plata y varios de sus compañeros, se generó la necesidad de utilizar la alternativa de la violencia para alcanzar el poder político, dado el inmenso grado de frustración que colmó el ambiente nacional. (Lara, 2002, p. 38-42), (Bushnell, 1993, p. 242-245).

En un plazo relativamente corto ya se habían establecido diferentes vertientes y disidencias de la ANAPO. Siguiendo a Pécaut (2006, p. 199), “se multiplican las deserciones. Afectan tanto al sector reaccionario de la Anapo como a su sector progresista, a la fracción liberal y a la conservadora, a los viejos militantes como a los nuevos reclutas. El reflujo es particularmente apreciable en dirección al Partido Conservador [...] Pero el regreso al Partido Liberal no es menos sensible” y ni siquiera la fugaz perspectiva de una nueva candidatura de Rojas Pinilla parece restaurar el ánimo de una organización en plena decadencia. Abandona el partido Manuel Bayona Carrascal junto a otros quince congresistas anapistas, creando en agosto de 1972 el Movimiento Amplio Colombiano (MAC) para luego hacer causa común con el Partido Comunista y el MOIR (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario) en un intento de aglutinar a la oposición en torno a un nuevo frente electoral, la Unión Nacional de Oposición (UNO) fundada en noviembre de ese mismo año (Duque, 2007), (Baez, 2006, p 158), (Pécaut, 2006, p. 199-202). Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos su acogida resulta ser aún menor que la de la ANAPO de Maria Eugenia y el mismo General no lamenta en absoluto la retirada de quienes llama burlonamente los “comunistas” del MAC. El candidato de la UNO para las elecciones de 1974, el antiguo anapista Hernando Echeverri Mejía, obtendría apenas 137.000 votos en dicha contienda frente a los 492.000 de la “Capitana” (Guarín, 2005, p. 53). Así las cosas, no es difícil concluir que buena parte del entusiasmo por la antigua ANAPO y la vía electoral que representaba se ha perdido sin remedio aparente en medio de tanta división y frustración.

Fuera de lo que parecía ser un deprimente ámbito electoral, Carlos Toledo Plata y Andrés Almarales, entre otros anapistas de la línea radical representada por la llamada “ANAPO socialista”, mantenían contactos con miembros de las FARC y con la Juventud Comunista (Baez, 2006, p. 171) para crear la que sería, a la larga, tal vez la más concreta repercusión socio-política del 19 de abril de 1970: El Movimiento 19 de Abril (M-19), cuyo nacimiento se daría a conocer a conocer a la luz pública el 17 de enero de 1974, cuando ya expiraba el último año del gobierno del conservador Misael Pastrana Borrero (Lara, 2002, pp. 38-42). El nombre del naciente grupo guerrillero implicaba una apelación directa hacia la percepción generalizada de fraude en ese memorable 19 de abril de 1970. En palabras de Álvaro Fayad, una de las personas que formarían parte de la nueva formación subversiva, “ese día quedó en mi memoria para siempre... Yo fui quien insistió después en que nuestro movimiento se llamara así, Movimiento 19 de Abril. Algún día esa fecha, que recuerda la derrota del pueblo colombiano, se convertirá en el símbolo del triunfo” (Lara, 2002, p. 65).

Su primer acto público fue sustraer de la Quinta de Bolívar una espada perteneciente al Libertador, después del cual se empleó la consigna “¡con Maria Eugenia, con el pueblo, y con las armas al poder!”. La inclusión del nombre de Maria Eugenia Rojas constituía un referente electoral vigente en aquel momento dado su papel directivo en la ANAPO, sus posturas políticas y su existente candidatura presidencial, dando a entender que el M-19 inicialmente se consideraba, de una u otra forma, la prolongación armada de ese partido, dentro de la simbología política, y dichas referencias también se hallaban en la adopción de los mismos colores (azul, blanco y rojo) de la reconocida bandera anapista.

En términos estrictamente organizativos no hubo, a la muerte del general Rojas Pinilla en 1975, la suficiente unidad de acción dentro de la ANAPO que pudiera hacer posible una vinculación formal y duradera entre el partido y el M-19, a pesar de las intenciones de quienes así lo querían. Las disputas internas y desacuerdos que surgieron en torno a las labores políticas de Maria Eugenia y su esposo, quienes no veían con buenos ojos la creación de la ANAPO socialista como una alternativa para los disidentes más radicales, entre otros factores de discordia, lo impidieron (Lara, 2002, p. 40-43).

Como organización guerrillera, el M-19 representaba una verdadera novedad para Colombia. A diferencia de las más numerosas FARC, consideradas como un movimiento guerrillero de naturaleza predominantemente rural, el M-19 era una agrupación más pequeña con una mayor presencia urbana que pretendía apelar tanto al electorado anapista como a otros sectores de la población, incluyendo distintos profesionales de clase media y universitarios, mediante acciones tan osadas como populistas que mostraban un lado más amable y por lo tanto políticamente atractivo. Aunque no todos sus miembros provenían de las filas anapistas, algunos como Jaime Bateman y Carlos Pizarro habían estado vinculados a las FARC en el pasado y tenían cierta formación guerrillera, sus actividades fueron más allá de la lucha armada tradicional. (Dudley, 2008, pp. 88-90). La substracción de más de 5.000 armas del Cantón Norte en 1978, por ejemplo, fue algo inusitado para la Colombia de entonces (Lara, 2002, p. 46). Al considerar su proyección internacional, varias de las tácticas urbanas del M-19 parecen haber sido tomadas de los Tupamaros uruguayos. En otras palabras, se podría afirmar que por medio del M-19 se introdujeron a Colombia varios métodos que otras organizaciones subversivas ya utilizaban a nivel mundial (Bushnell, 1993, p. 245).

Sin duda que el grupo recurrió a acciones espectaculares que asombraron al país desde su aparición, pero su uso del secuestro de civiles e inclusive del asesinato como formas de lucha demuestran que las líneas entre la admiración, el miedo y el horror podían cruzarse fácilmente. El secuestro y ejecución del líder sindical afro-colombiano, José Raquel Mercado, acusado de “traicionar” al pueblo, sería un indicio temprano al respecto (Bushnell, 1993, p. 246). Otros secuestros realizados por el M-19 incluirían el del animador Pacheco en julio de 1981, el periodista Germán Castro Caicedo en 1980, un helicóptero cargado con dinamita en octubre de 1981, un avión con 130 pasajeros y numerosos secuestros motivados por la extorsión. (Lara, 2002, pp. 47-50, 320), (Bushnell, 1993, p. 246).

La reacción gubernamental contra el accionar del M-19 no se haría esperar. Después de la humillación que supuso el ataque al Cantón Norte el gobierno aplicó medidas particularmente represivas para recuperar los fusiles robados, bajo el amparo del estado de sitio y el recién promulgado Estatuto de Seguridad (Lara, 2002, p.128-129). Funcionarios de la administración de Julio César Turbay (1978-1982) “aceptarían por lo menos tácitamente el uso de métodos ilegales para combatir la violencia guerrillera”. Aunque en opinión de Bushnell (1993, p. 257) los abusos resultantes no llegarían a la escala de los vistos bajo los gobiernos militares de Chile y Argentina, el uso de la tortura contra los detenidos, entre ellos Iván Marino Ospina quien sería uno de sus principales mandos y muchos otros militantes, fue suficiente para ser denunciado ante y por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional (Lara, 2002, pp. 45-46, 166-175).

De entre todos los golpes audaces del M-19, seguramente sería la toma de la embajada de la República Dominicana en 1980 la que tendría la mayor repercusión internacional,