Capítulo 1. Metodología de la Investigación
4. Recomendaciones para la aplicación efectiva de los derechos económicos
La responsabilidad de los Estados, organismos públicos y personal implicado en la gestión institucional es garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y de los hombres. Por lo tanto, un paso imprescindible para el cuerpo funcionarial que ya está dentro del andamiaje estatal es su formación y sensibilización en materia de género con perspectiva interseccional, con objeto de eliminar los prejuicios y sesgos machistas, clasistas etc. que orientan sus actuaciones. Hablamos, por tanto, de formaciones largas; de nada valen talleres de unas pocas horas, ya que la intervención con una perspectiva feminista, requiere el cambio de conciencia. Desafiar el sistema de creencias heterosexistas, racistas, clasistas, etc. implica deconstruir una férrea estructura de prejuicios y esto lleva mucho tiempo. Como decimos, la formación interseccional, es decir, aquella que proporciona herramientas analíticas para observar la conexión existente entre los distintos modos de opresión: género, raza, clase social, opción sexual, etc. debe ser exigida en las pruebas de admisión del nuevo funcionariado que cada administración establece. De esta manera comenzarán a ser evitarse, por ejemplo, las situaciones discriminatorias que las mujeres participantes en esta investigación han vivido en los juzgados en el momento en el que denunciaban el impago de la pensión alimenticia, o reclamaban pagos pendientes de la parte empleadora etc. En todos los casos, las mujeres se han encontrado con personal que cuestionaba su testimonio y obstaculizaba la aplicación de la norma, privilegiando así a los infractores y dejando a las mujeres en una situación de desprotección económica.
“Que trabajen conforme a la ley, que sean honestos y honestas, porque si esta gente de verdad apoyara, las cosas fueran distintas para las mujeres que llegamos a pedir ayuda” (HdV2).
Otra propuesta que las participantes realizan es la incorporación de auditorías externas y otros mecanismos de control y evaluación que puedan detectar las negligencias y abusos que servidoras y servidores públicos cometen. Así mismo, añaden:
“Sería bueno que sancionen a todas esas personas de las instituciones que ejercen violencia contra las mujeres que llegamos a solicitar ayuda, que los investiguen, que los quiten de sus cargos” (HdV2).
Analizada la prevalencia de prácticas estereotipadas y cómplices con las clases privilegiadas, además de solicitar la retirada del personal público que no cumple con su papel garante de la aplicación de la norma, es necesario exigir que los Estados asuman la responsabilidad de reparar los daños ocasionados a las mujeres por la vulneración de sus derechos. En este sentido, otra demanda es la indemnización económica por el perjuicio psicológico y económico ocasionado como resultado de los procesos de violencia soportados.
Por lo que respecta al tratamiento institucional que se le da a la violencia machista, así como a los protocolos de intervención aprobados para trabajar con las víctimas, se observa la necesidad de desjudicializar el proceso y reformular el protocolo de vía de acceso a los servicios de protección. Las propias supervivientes de violencia machista relatan la dificultad que les supone denunciar al agresor con el que a veces mantienen un lazo sentimental/
dependiente importante, o del que reciben amenazas contra su integridad y la de sus criaturas en caso de producirse una denuncia; denuncia que se hace requisito indispensable para adquirir la condición de víctima y poder acceder a las medidas de protección.
Los cambios legislativos estructurales son también urgentes y necesarios en materia de acceso a la sanidad, considerándose como única opción legítima la asistencia sanitaria universal, por no estar sujetas sus prestaciones al poder adquisitivo individual. Cualquier otra alternativa, además de convertir la garantía de un derecho humano en negocio que enriquece a las clases privilegiadas, por los intereses económicos que median, perjudica seriamente a las mujeres, principalmente a las mujeres pobres.
En esta línea, los derechos sexuales y reproductivos deben estar reconocidos en los diferentes marcos jurídicos y garantizados de manera efectiva. La interrupción del embarazo debe ser libre, segura y gratuita para que en la práctica no tenga sesgo de clase. Nos hacemos eco de la proclama feminista que denuncia “las ricas abortan, las pobres mueren” o como en el informe se refleja, en países como El Salvador donde el derecho a la interrupción del embarazo está prohibido, aquellas mujeres que no cuentan con los medios económicos suficientes para realizarlo en otro país o clínicas privadas, van a prisión cuando esto sucede. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos, debe estar garantizada una educación sexo-afectiva plural a lo largo del ciclo vital, el acceso a métodos reproductivos asequibles para cualquier estrato de la población, y la interrupción del embarazo cuando las mujeres así lo decidan.
Teniendo en cuenta que la dependencia económica es un elemento central que prolonga en muchas ocasiones la relación de maltrato, contar con las prestaciones económicas necesarias que posibiliten la autonomía es una demanda clave.
“En mi caso yo sí que es verdad que me he incorporado al mundo laboral...pero por mi cuenta, a mí nadie me ha contratado por ser víctima de violencia de género y, es más, yo cuando hace años, me pasó lo mío, por la televisión se anunciaban empresas y una de ellas era El Corte Inglés, y yo en su día me fui al Corte Inglés y allí nadie sabía nada” (HdV15). Pese a que en las leyes aparece desglosado un apartado de acciones de orientación e intermediación laboral, la realidad es muy distinta. Las mujeres se encuentran con un mensaje unívoco en los medios de comunicación de abundancia de recursos que en realidad resulta ser ficticio. Una de las consecuencias para ellas es un sentimiento de engaño y frustración nada favorable para su proceso de empoderamiento personal. En este sentido, la propuesta que ellas realizan va dirigida a la presencia efectiva de estos servicios, así como de las condiciones necesarias para desempeñarlos, desde un lugar que garantice la confidencialidad para realizar las asesorías individualizadas, hasta la dedicación del tiempo suficiente para efectuarlas.
En cuanto a la intermediación con las empresas se hace necesario mejorar los cauces de relación, estableciendo protocolos que faciliten la contratación efectiva, siendo conscientes del proceso vital complejo en el que se hallan y que puede que condicione su desempeño profesional. El número de citas judiciales -debido a la burocratización de la que ya hemos hablado- suele ser tan extenso que realmente puede llegar a interferir en la asistencia ordinaria al puesto de trabajo. Establecer vínculos entre las administraciones y entidades de la Economía Solidaria, por ejemplo mediante la aprobación de clausulas sociales, puede
ser una muy buena alternativa, ya que las empresas capitalistas, como la mencionada en la cita anterior (HdV15), se queda en la instrumentalización de las mujeres al ser su prioridad la acumulación de beneficios, se lleve a quien se lleve por delante.
En el área laboral, se hace necesario generar cambios estructurales para garantizar los derechos de las mujeres en todas las actividades profesionales, regulando aquellas en las que se encuentran en inferioridad de condiciones respecto a las personas trabajadoras inscritas en el régimen general.
Un cambio imprescindible es activar la responsabilidad de los Ministerios de Trabajo en los centros laborales para velar por el cumplimiento del código laboral, incidiendo en la mejora de los derechos de las trabajadoras, el acceso a permisos, prestaciones y vacaciones. Es igualmente necesario agilizar los procesos de denuncia de las vulneraciones de los derechos laborales.
Otro trabajo imprescindible es la intervención psicosocial con mujeres, desde un enfoque feminista, en el que ellas se puedan empoderar, se asuman como sujetas de derechos y autónomas en la denuncia de las diferentes violencias machistas sufridas.
En cuanto a las estrategias, la colectivización de las demandas es eficaz y transformadora, como nos ha ilustrado la experiencia de las “cabras montesas” y el resto de experiencias colectivas de reivindicación. Además de la creación y el fortalecimiento sindical capaz de realizar incidencia política, el desarrollo de propuestas de Economía Solidaria puede ser también una fórmula eficaz para mejorar sus condiciones retributivas y laborales, hoy día sujetas a la fuerte individualización promovida en estos sectores. “Sola no puedes, con amigas sí”, resume esta propuesta de articulación cooperativista para mejorar la mala situación sobre todo en la esfera de la economía informal.
Por lo que respecta a los derechos vinculados al territorio, una de las demandas de las mujeres a efectos de reparación es que se garantice por parte de los Estados el acceso a la tierra y a la vivienda. Como hemos visto, dadas las condiciones de vida de las mujeres que mayoritariamente no son propietarias de tierras, estas no pueden trasladarse o dejar en herencia bien alguno a los hijos e hijas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, tras 20 años de la firma de los acuerdos de paz, las mujeres siguen esperando algún tipo de resarcimiento de parte del gobierno.
Para finalizar, consideramos imprescindible el desarrollo de legislaciones que se hagan eco del paradigma defendido por los movimientos feministas, basado en la sostenibilidad de la vida frente a la acumulación del capital. En este sentido, se hace urgente la creación de jurisprudencia internacional capaz de castigar a las transnacionales que constantemente vulneran los derechos humanos y medioambientales y que tan terrible impacto tienen en las vidas de las mujeres.
¡Despertemos, despertemos humanidad porque ya no hay tiempo! Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la
autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal” Bertha Cáceres Flores
5. BIBLIOGRAFÍA
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Pérez Orozco, Amaia (2014): Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Traficantes de sueños.
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Dimensión
mediática
JUNE FERNÁNDEZ
Periodista, fundadora y una de las coordinadoras de Pikara Magazine. También escribe en medios como Argia, o eldiario.es. Su labor como periodista comprometida con los derechos humanos y de las mujeres ha sido reconocida con tres premios, concedidos respectivamente por la Unión Europea, la Asociación de Periodistas de Almería y la Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación AMECO. Facilita procesos de formación sobre comunicación y género con periodistas, grupos de mujeres y funcionariado. En 2016 publicó su primer libro de periodismo narrativo, ‘10 ingobernables’ (editorial Libros del K.O.), en el que recoge historias de mujeres y personas LGTBI que desafían mandatos sexuales, corporales y de género.
1. INTRODUCCIÓN
La metáfora de que la prensa constituye el cuarto poder expresa la innegable influencia de la prensa en la vida pública. Se suele decir que los medios no solo reflejan la realidad sino que la crean, o al menos la moldean. Los medios de comunicación no solo dan cuenta de los discursos presentes en la opinión pública, sino que llegan a moldearla.
El Código Europeo de la Profesión Periodística (1993) reconoce que “la información y la comunicación revisten una gran importancia para el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos así como para la evolución de la sociedad y la vida democrática”. Recuerda que la información constituye un derecho fundamental reconocido por el Convenio europeo de los derechos humanos y, en consecuencia, exige a la profesión periodística asumir con responsabilidad ética esa “labor de “mediación” y prestación del servicio de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información”.
El derecho fundamental a la información supone que los contenidos periodísticos se elaboren “con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados”. Además, el código señala que la calidad de las informaciones u opiniones no pueden estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia. Es decir, no todo vale con tal de vender más periódicos, aumentar la cuota de pantalla, el número de oyentes o el tráfico web. Por otro lado, en las resoluciones internacionales sobre la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género y en cumbres como La Conferencia de Beijing en 1995, también se ha llamado la atención sobre la responsabilidad de los medios para despertar la conciencia social, erradicar los estereotipos sexistas y educar en igualdad.
Estos llamados institucionales han chocado con una cultura periodística que, siguiendo a Juana Gallego (2007), pese a comprometerse con valores como la veracidad y la imparcialidad, “está sesgada por la cosmovisión de género dominante, que no es otra que aquellos valores, creencias, actitudes e ideas que han conformado la identidad masculina frente a la femenina”.
Desde 1995, cada cinco años se lleva a cabo el Monitoreo Global de Medios, que analiza la representación de mujeres y hombres como protagonistas y como productores de las noticias en un centenar de países del mundo. Los datos del último informe, el de 2015, muestran que no se puede esperar a una evolución natural. Las mujeres sólo representaron 10% del sujeto central de las notas informativas; exactamente la misma cifra que en 2000. Y solo en el 4% de las noticias se observa algún cuestionamiento de los estereotipos de género. Estas cifras varían de unos países a otros: en el Estado español, las mujeres son protagonistas del 29% de las noticias; en Colombia representan el 25%, en El Salvador el 20% y en Guatemala el 30%. La cifra más alta de América Latina es la de Perú: 38%. En todo caso, dentro del gremio periodístico, para el año 2000, en el Estado español y en América Latina se habían constituido numerosas redes de periodistas comprometidas con la igualdad, en las que se han gestado infinidad de proyectos de comunicación con perspectiva de género: agencias de noticias como Sem-Lac (América Latina), CIMAC (México), Cerigua (Guatemala) o AmecoPress (Madrid); programas de radio como los de la red Nosotras en el Mundo (Madrid-Argentina); portales web como Mujeres en Red (Estado español), y
años después nuevos proyectos como el programa de televisión ‘Ni reinas ni cenicientas’ (Colombia) o la revista digital Pikara Magazine (fundada en Euskal Herria).
Por tanto, frente a la lectura simplista que señala a la prensa como uno de los poderes patriarcales que alimentan las injusticias y las violencias hacia las mujeres, nos parece necesario reconocer una realidad más compleja en la que los medios a veces funcionan como actores revictimizadores, otras veces como aliados en la denuncia de las injusticias e incluso como espacios (potenciales o efectivos) de reparación y empoderamiento.
Aunque la dimensión mediática apenas se menciona en aquellos casos que no trascendieron a la prensa, y aunque en varios solo se recoja una reflexión general sobre el papel de los medios como transmisores de prejuicios, estereotipos y valores dominantes, vemos que en aquellas historias de vida en las que se indaga más en el papel de los medios, se advierte esa ambivalencia. Las propias mujeres que han accedido a ser entrevistadas para este proyecto, mencionan a menudo como una de las motivaciones que contar su historia puede servir para que se sepa la verdad y para inspirar y acompañar a otras mujeres.
Metodología:
Para realizar este análisis sobre la dimensión mediática, se han revisado por una parte las noticias (fundamentalmente en prensa digital) publicadas sobre aquellos casos que llegaron a los medios de comunicación. En cuanto a las historias de vida que no trascendieron a los medios (la mayoría), he optado por hacer una pequeña búsqueda de contenidos sobre ese tema publicados en los medios del país en cuestión. En concreto, he tratado de observar el tratamiento que realizan dos periódicos antagónicos -la cabecera más leída y alguna que se caracterice por su compromiso con los derechos humanos y de las mujeres-, revisando los primeros resultados que se obtienen al teclear palabras clave.
Euskal Herria: El Correo / Berria Estado español: El País / eldiario.es El Salvador: La Prensa Gráfica / El Faro Guatemala: Prensa Libre / Plaza Pública Colombia: El Tiempo / La silla vacía
Al diagnóstico que desprendo de estos análisis y la reflexión sobre el impacto del tratamiento mediático que se observa en las historias de vida, le sigue un apartado de recomendaciones que cuenta con dos subapartados: uno en el que propongo una agenda de temas y otro en el que repaso iniciativas de sensibilización de periodistas y de autorregulación.
En aquellos casos que fueron mediáticos y que la víctima no utilizó pseudónimo, he mencionado su nombre real (por ejemplo, Nagore Laffage y Asun Casasola o Mindy Rojas), mientras que en el resto he omitido los nombres.