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Recomendaciones

Para un proceso de evaluación docente de nivel nacional, a partir de los aspectos analizados en este documento, se pueden aportar las siguientes recomendaciones:

Sobre el propósito de la evaluación docente:

1. Diseñar un proceso enfocado en la mejora de la calidad de la educación20 a través del mejoramiento de la práctica docente, basada en un plan de desarrollo profesional. En este sentido es muy importante hacer saber que la evaluación no implica pérdida de derechos laborales ni sanciones, sino oportunidad de mejora. En tanto el gremio docentes asocie evaluación con sanciones esta será inviable.

2. Establecer la claridad y pertinencia técnica del paquete instruccional que reciben los docentes y la forma y medida en que estos son capaces de implementarlo. Se trata de dos aspectos clave: el paquete instruccional es todo aquello que los docentes reciben del sistema (currículo, indicaciones técnicas, materiales y recursos de aula, directrices para evaluar, etcétera) y que les orienta sobre el trabajo que deben realizar y la forma de realizarlo. Por otra parte, el desempeño de los docentes, es decir, qué tan bien implementan las orientaciones que reciben y cómo esto incide en el aprendizaje.

3. Hacer evidente la correspondencia entre los resultados de la evaluación y las condiciones de desigualdad que enfrentan los alumnos en el acceso a las oportunidades de aprendizaje y cómo esta realidad sistemática refuerza condiciones de desigualdad y eventualmente las extrema. La evaluación es la herramienta que informa sobre cuánto esas brechas crecen o se reducen.

Sobre el marco de implementación

4. Establecer una instancia de dirección de la evaluación docente que, dada la trascendencia del proceso, incluya a las más altas autoridades del Ministerio de Educación, de manera que se faciliten las condiciones operativas necesarias para una implementación exacta en tiempo y características establecidas en el respectivo diseño.

5. Instalar un consejo técnico encabezado por la DIGEDUCA para la definición del marco técnico para la evaluación, los parámetros y las condiciones que deben reunirse, establecer un marco conceptual que rige el proceso, los normativos específicos, los instrumentos de evaluación, los manuales de aplicación y la capacitación de los aplicadores que intervendrán en el proceso.

6. Considerar un dispositivo que involucre a personal del propio sistema educativo, personal como supervisores, coordinadores técnico-administrativos (CTA) y técnicos del SINAE podrían ser considerados para intervenir como evaluadores. En general se tata de personal con un nivel de formación académica superior a la media del cuerpo docente y con roles que les permiten conocer el medio y saber conducirse. Estos podrían intervenir en zonas cercanas que no sean en las que se desenvuelven regularmente, de manera que pudiera evitarse la mayor cantidad de sesgos. Además, una medida de este tipo reduciría costos y permitiría una aplicación masiva y simultánea.

20 Por lo tanto, no en un sentido sancionatorio, ni como un medio para disminuir o incrementar ventajas laborales.

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7. La implementación podría organizarse por grados, ciclos o tipos de centros educativos, de acuerdo con el cuerpo de aplicadores disponible. En simultáneo a nivel nacional de manera que en un plazo de tres o cuatro semanas estuviera concluida la aplicación de los instrumentos en terreno. Esto puede ampliarse debido a la complejidad de los instrumentos considerando que las observaciones de aula demandan más tiempo que la administración de pruebas de conocimiento.

Sobre el tipo de evaluación

8. Dada la cantidad de docentes, se recomienda la aplicación de cuestionarios que recojan:

conocimientos, autoevaluación de habilidades docentes y sistema de planificación de clase.

9. Las observaciones de aula deben ser consideradas en este proceso por lo que se recomienda incluir figuras que ya existen en el sistema como lo son: directores de centros educativos y profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa para que participen en su implementación, asegurando que han sido preparados para ello.

10. Se recomienda que el cuestionario incluya una sección referida al conocimiento del currículo correspondiente al grado en el que se encuentra ejerciendo el docente. Sobre todo, en sentido de asegurar que se conoce el currículo y se planifica teniéndolo en cuenta. Esto puede resultar complejo, debido a que no existe una política o regulación para la asignación del docente a determinado grado. El grado asignado al docente depende de diversas causas pero ninguna de estas regulada.

11. La aplicación de instrumentos de razonamiento pedagógico que impliquen la solución de casos en esquemas de respuesta con opción múltiple, que permitan al docente discernir sobre situaciones comunes de la vida docente y la toma de decisiones para el aprendizaje.

Sobre la información y la comunicación

12. Se recomienda establecer un sistema de comunicación oficial hacia los docentes a nivel nacional. Es importante considerar que estos procesos pueden verse fácilmente afectados por información falsa, especulaciones y distorsiones que se generan en parte por la cultura de circulación de información imprecisa, así como eventualmente por la intención de producir confusión. En tal sentido es imprescindible que se instale un sistema de comunicación del que emanen las informaciones exactas y en forma periódica. La buena información facilita la gobernabilidad del proceso.

13. Por otra parte, es importante establecer un mecanismo de comunicación en el cual los docentes puedan presentar sus dudas e inquietudes y que estas sean resueltas de forma oportuna y precisa. En procesos masivos es inevitable que existan casos especiales y que se necesite solucionar situaciones que no están dentro del común de casos.

28 Sobre el financiamiento del proceso

14. Se recomienda reservar los recursos presupuestarios necesarios para la implementación del proceso en su conjunto, asegurando la disponibilidad de recursos para la ejecución de las distintas actividades necesarias. La normativa vigente (Acuerdo Gubernativo 225-2008) ordena que la DIGEDUCA debe establecer la implementación de mecanismos para evaluar las competencias y el desempeño docente, pese a ello no cuenta con el suficiente presupuesto y recurso humano para llevar a cabo un proceso de tal magnitud.

15. Establecer si la capacidad instalada a nivel institucional es suficiente o si se precisa de contratar algunas subactividades con entidades externas con capacidad de ejecución inmediata. Es previsible que el Ministerio de Educación tiene las capacidades necesarias para la ejecución de la mayoría de las actividades. Sin embargo, siendo un proceso masivo es posible que se necesite de alguna intervención puntual.

16. A mediano plazo se debe considerar evaluar la posibilidad que instancias externas intervengan en el proceso de evaluación del desempeño docente. Sea como una figura que lleve a cabo el proceso en su totalidad o de forma complementaria. Sería posible tercerizar servicios tales como: desarrollo de los instrumentos, aplicación de los instrumentos, análisis de datos, automatización de la información para llevar a cabo la realimentación a docentes, entre otros.

Al evaluar los distintos escenarios pueden identificarse aspectos a favor o en contra para cada uno de estos, analizando aspectos políticos, técnicos y financieros.

Sobre el seguimiento y uso de los resultados

17. El fin último de la evaluación es mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes que asisten a cualquiera de los niveles y modalidades educativas. De esa cuenta, los resultados de la evaluación docente tienen al menos dos fines:

a. Establecer una línea de base sobre el desempeño docente, capaz de ser contrastada por medio de nuevas evaluaciones a través del tiempo.

b. Realimentar la acción docente por medio de intervenciones técnicas de fortalecimiento de capacidades derivadas de la información que presente la evaluación. Extraer conclusiones y lecciones que den pie a mejoras sistémicas e individuales. Esto puede cobrar la forma de un sistema de apoyo para el desarrollo profesional docente.

Sobre la gobernabilidad del proceso

18. Es necesario que este proceso tenga la participación de la máxima autoridad del Ministerio de Educación, principalmente porque además de ser un proceso con alta complejidad técnica está influido por un componente político. Se puede conformar un espacio donde haya distintas representaciones que den fe de la imparcialidad y la calidad técnica del proceso.

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