Este texto corresponde a la profundización del capítulo cuarto de la investigación Gastos militares: definición y funcionamiento, publicado en 2007 por la Red Juvenil. La Investigación fue y sigue siendo un proceso de análisis del costo de la guerra, que señala la necesidad de nombrar la realidad del conflicto armado en nuestro país, su dinámica económica y sus implicaciones sociales: desplazamiento, red de informantes, aumento del pie de fuerza, plan Colombia, segunda fase del plan Colombia y la seguridad democrática o plan Consolidación, plan Patriota, plan Puebla Panamá Putumayo, entre muchos otros. Existen pocas fuentes de información, reducidos trabajos investigativos y escasas veedurías sobre los im- puestos, los presupuestos, los planes de guerra y las inversiones estatales. Pero el análisis del costo de la guerra implica —y en mayor medida desde la objeción fiscal— una posición política que se transforma en acción: en la posibilidad de rechazar por razones de conciencia el servicio militar obligatorio, el pago de la libreta militar de segunda, los impuestos al patrimonio, al IVA y al de renta; no en el marco de la exigibilidad de los derechos, cuando éstos pueden fundamentarse en la constitución y en la construcción discursiva del gobierno, sino desde los derechos de los pueblos como construcciones y deseos que han nacido desde la necesidad de vivir.
La pregunta que nos queda, la que sensibiliza y hace movilizarnos es: ¿por qué el dinero que pagamos no se distribuye en salud, vivienda, educación, empleo digno, alimentación, tranquilidad y confianza de los ciudadanos de menores ingresos, sino que por el contrario, va a dar a la consolidación de planes de guerra, a la reinserción y a una Fuerza Pública que, en su afán por mostrar resultados, viola los pocos derechos humanos que aún conservan y defienden los pueblos?
Red Juvenil
Organización juvenil, social y política que trabaja desde hace 17 años en Medellín. Sus propósitos están centrados en el empoderamiento juvenil y la resistencia a la guerra desde la no violencia
activa como principio filosófico y proyecto de
vida. Su búsqueda es la transformación de las prácticas culturales que legitiman la cultura militarista, el actual sistema político y el modelo económico.
41
agentes paraestatales, cuyo objetivo es conseguir a como dé lugar el control de los territorios; es decir, utilizando no sólo las fuerzas militares legales, sino también mediante la conformación de grupos paramilitares y otros ejércitos privados, que permiten garantizar la seguridad privada a las grandes empresas “nacionales”, multinacionales y trasnacionales.
El interés por el control de determinadas zonas del territorio colombiano proviene de su riqueza en recursos, plantas, especies animales, y en especial, agua y minerales. “Los recursos minerales del país son variados y extensos. Colombia es el primer productor mundial de esmeraldas y tiene reservas minerales considerables de petróleo y gas natural, carbón, oro, plata, hierro, sal, platino y uranio”.2
Además de los recursos naturales importantes para la subsistencia de los pueblos, hay otros que se vinculan directamente con la industria militar: recursos como el ferroníquel, acompañado de la leucita para fabricar los chasis de aviones de combate, el uranio, el mercurio y el plutonio propios de la guerra nuclear; minerales vinculados directamente con la industria militarista, las armas de destrucción masiva y la economía de guerra.
Es así como en nuestro país, los megaproyectos dirigidos a la explotación de todos estos recursos se diseñan y se ejecutan por Estados extranjeros, multi y trasnacionales, y por organismos multilaterales de la Banca y el
comercio, con el fin de lograr hacer desaparecer una economía mixta, en aras de materializar una economía de mercado con mezclas claras de una economía de guerra, que se desenvuelve a través de empresas privadas sin el control directo de parte del gobierno. En sí, un matiz de liberalismo combinado con una misión corservadurista del Gobierno, a favor de unas élites y en detrimento de la riqueza colectiva que nos brindan los recursos “naturales”.
En la economía de mercado y de guerra los principales procesos y operaciones son llevados a cabo por particulares, ya sean estos empresas o trasnacionales, y la interferencia gubernamental es mínima o al menos está claramente delimitada a través del marco jurídico vigente impuesto por: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Mundial del Comercio (OMC); quienes a través de préstamos, acuerdos de
seguridad jurídica y compromisos que adquiere la Nación, determinan la explotación de nuestros recursos “naturales” mediante la adecuación de nuestras leyes, normas y decretos a sus directrices e intereses.
Los acuerdos de seguridad Jurídica son garantías que consisten en que las empresas extranjeras sólo se rigen por las leyes que hasta el momento están aprobadas, es decir; si en Colombia se van a modificar leyes o decretos después de lo acordado entre el gobierno nacional y estas empresas privadas, el Estado debe pagar las pérdidas que sufra la trasnacional al disminuir sus ganancias o al producir a pérdida.
La intervención de la Banca financiera internacional (muchas veces accionista mayoritaria de proyectos minero-energéticos), de los gobiernos de los países origen de estos conglomerados y de sus multinacionales,
ha sido en nuestro caso tan abierta para garantizar sus intereses que, en el marco de la imposición de un modelo neoliberal o globalizante, han manipulado para su beneficio particular los acuerdos bilaterales y multilaterales, han “asesorado” los nuevos cambios legislativos y lo que es aún más grave, participan abiertamente en la respuesta militar que el Estado colombiano da a quienes se oponen a la implementación del proceso de globalización.
[…]
Esta medida [la reforma del artículo 333 de la Constitución que garantizaba la nacionalización de recursos del subsuelo], continuó con el desmantelamiento de la legalidad que garantizaba los intereses de la Nación para el manejo de sus recursos; por ejemplo, la reciente extensión a perpetuidad de la concesión del campo Caño Limón a la Occidental Petroleum significa la imposibilidad para la nación colombiana de recibir miles de millones de dólares que serían utilizados en el aumento de coberturas de salud o de educación, a la que se suma la extensión del campo de Gas de Chuchupa a la Mobil-Texaco, en un negocio que privó a la nación colombiana de recibir cerca de 600 millones de dólares, o la venta de la contraparte colombiana en el complejo Carbonífero del Cerrejón en la Guajira que le significa, de acuerdo a las proyecciones de precios y mercado, la imposibilidad de recibir cerca de quince mil millones de dólares en los próximos treinta años.3
Es así como en determinadas zonas colombianas se está viviendo la intervención militar estatal, extranjera y paraestatal, con el objetivo de apropiarse de los territorios en donde el recurso del petróleo y del agua es abundante, obedeciendo a una lógica del capitalismo del servicio, la demanda y la oferta. Entre esas zonas figuran: el Macizo colombiano; en el Cauca, el Río Páez; la cuenca Tunjuelo en el Sumapaz, Cundinamarca y el Oriente y Nordeste Antioqueño donde se implementaron los planes Meteoro y Patriota;4 la represa e hidroeléctrica
Urrá en Tierra-Alta Córdoba, donde la Fuerza Pública triplica el número de habitantes y ha asesinado líderes indígenas;5 los incontables proyectos de represas en
varias regiones del país, que están focalizados para abastecer de energía a altos precios a países vecinos que no cuentan con los medios para hacer hidroeléctricas y con el suficiente recurso hídrico, por ejemplo, la misión que se plantea EPM en la producción de energía para vender en el mercado internacional, búsqueda que es visible en la intención de ISA y EPM de construir un cable
submarino que lleve energía a Républica Dominicana y Puerto Rico.6
El sector energético colombiano produce 13 mil mega vatios al año y sus habitantes consumimos entre 8 mil y 10 mil mega vatios anualmente, teniendo una oferta amplia de energía eléctrica constante. Este sector funciona como una sociedad por acciones la cual dictamina el precio de kilovatio hora cada hora, es decir, para
acceder a la energía todos los generadores de electricidad hidráulica o térmica envían sus mega vatios por el sistema de interconexión nacional, y desde allí se distribuye la energía a cada uno de los mercados de “usuarios”.
El manejo anteriormente esbozado se decretó por la ley 142 y 143 de 1993 y 1994, que son la carta de navegación en cuanto a unas condiciones mínimas de calidad y facturación que deben cumplir las Empresas Prestadoras de Servicios. Sin embargo el plano ideal que se traza en materia de servicios públicos no se cumple, pues interesa más beneficiar al empresario que al usuario, demostrándose una vez más cómo a través de la normatividad constitucional se le entregan las riquezas a operadores foráneos, los cuales en el orden de prioridad de la política económica neoliberal tienen como prefijo la prestación del servicio a los grandes mercados y la rentabilidad, y no los pequeños “mercados” de clientes y los desconectados.
Esta estrategia de participación se iniciaría a través de códigos y acuerdos estratégicos de buen gobierno corporativo, garantizaría el monopolio y el enriquecimiento de las transnacionales, pues dichos pactos son la entrega de empresas mixtas a la lógica del mercado, la cual camina hacia la exclusión del patrimonio público, la
ínfima redistribución de las ganancias y regalías en inversión social colectiva y la minimización del papel de la política en las necesidades sociales; véase como ejemplo la ley 1151 de 2007 o el llamado Plan Nacional de Desarrollo, donde se establece una comunicación directa con las multinacionales para que inviertan en servicios públicos y obtengan ganancias. Dicha lógica ha sido nombrada por el sector ejecutivo del gobierno también como crecimiento económico, siendo la mayor de las farsas.
43
Para el 2007, nombraríamos como ejemplos de trasnacionales a grandes generadoras hidroeléctricas de energía; la empresa Endesa de España, con sus filiales pro-activa,7 Emgesa y central hidroeléctrica Betania
en Colombia, la cual genera el 28.1% del total de la hidroelectricidad en Colombia; en compañía de Unión Fenosa (de España) y su filial EPSA en Colombia, poseen el 51% de la generación de energía eléctrica (22,9%); EPM con sus hidroeléctricas en el oriente antioqueño y sobre el río Porce, con una capacidad de generación de 25.9%; otras hidroeléctricas son ISAGEN y AES de EE. UU. con su hidroeléctrica Chivor al noroeste de Bogotá, la cual genera 10.6%. El sector público de la energía o las empresas mixtas del estado poseen un 49% de la generación eléctrica, evidenciando la venta a los privados y el robo del patrimonio colectivo que se hace a través del pago de tarifas.8
Por otra parte, para mantener el control en las zonas de importancia “natural” se han elaborado diferentes planes de intervención: Plan Marshall, Plan Laso, Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria, Iniciativa Regional Andina, Plan Houston-Puebla-Panamá-Bogotá y Plan consolidación, enmarcados cada uno en la prioridad del momento: enemigo interno, narcotráfico, terrorismo y orden público. Dichos planes están en total concordancia con las vías, explotaciones y construcciones necesarias para asegurar el libre comercio de las trasnacionales extranjeras, especialmente las de España y EE. UU. en Colombia.
El Plan Colombia y luego el Plan Patriota, por sus objetivos y resultados, son una estrategia contrainsurgente y contra el movimiento social con miras a garantizar, en primer lugar, la seguridad democrática con la militarización privada y el control territorial, en especial donde están ubicados los recursos naturales estratégicos y la biodiversidad, y en segundo lugar, la puesta en marcha del IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional de la Infraestructura Suramericana) y el Tratado de Libre Comercio (TLC). En numerosos documentos y en la sustentación del Plan Colombia, en el Acuerdo de Libre Comercio para las
América (ALCA) y el TLC, se manifiestan los intereses geoestratégicos de EE. UU. para el control territorial y para asegurar el acceso a los recursos por parte de sus multinacionales.9
Dentro de estas empresas se encuentran:
DynCorp y su filial Tagle Aviation Service and tecchnology EAST; ARINC (Sistemas de Reabastecimiento de Combustible para las Pistas de Aterrizaje); Lockheed-Martin (asistencia a los helicópteros de combate y a los aviones de transporte de tropas); Grupo Rendon (apoyo a la difusión del Plan Colombia); ACS Defensa (asesoría al personal de la embajada vinculado con el Plan Colombia); Northrop (manejo de radares para espionaje aéreo y entrenamiento para “operaciones especiales”); Maritech, TRW, Matcom y Alion (empleo de tecnologías para fotografiar desde el espacio e interceptar las comunicaciones y analizarlas).10
Los recursos destinados para el “exterminio” del “terrorismo” por parte de Estados Unidos exigen que, al administrar el gasto de guerra, se contraten empresas estadounidenses de asesoría, entrenamiento en defensa y seguridad, además empresas de fumigación y aspersión (e insumos relacionados), propios de las formas de empresas transnacionales y de la táctica de ataque “legal” de la democracia en la región Andina, la cual ayuda a consolidar en este Estado la economía de guerra.11
Los Departamentos de Estado y de Defensa pagaron en el 2006 unos 300 millones de dólares a contratistas privados de los 630 millones de dólares de ayuda militar estadounidense para Colombia, que es el mayor receptor de asistencia de Washington fuera del Medio Oriente y Afganistán
[…]
La empresa Dyncorp, con sede en Virginia, cuyos pilotos fumigan los cultivos de coca, recibió el año pasado por su trabajo en Colombia unos 164 millones de dólares, que son casi el 25 por ciento de la ayuda estadounidense para Colombia en el 2006 y dos veces más de lo que recibía en el 2002.12
Para conocer más de la ubicación de estas empresas privadas especuladoras de la guerra, de los contratos, de las zonas donde entrenan militares colombianos, los invitamos a visitar algunos mapas construidos por el movimiento por la reconciliación (FOR) y una página
del congreso de EE. UU. donde se encuentra un listado de empresas, servicios y pagos por los proyectos realizados para auspiciar la guerra en Colombia, haciendo que el dinero que dan en ayuda retorne a las trasnacionales, a la economía interna de Estados Unidos desde el año 2000.13
Una pregunta que nos surge respecto a la estructura de estos planes de guerra, sobre las contrataciones de estas empresas extranjeras, de compañías privadas para tareas de interdicción, mercenarismo y entrenamiento militar es: ¿qué y cómo es el proceso de licitación?; similar a otro interrogante: “¿qué controles se adelantarán a las Sociedades Militares Privadas (SMP) vinculadas directamente por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, sobre las cuales no se tiene información en el país?”.14
Hemos tratado de esbozar, en primer lugar, la lógica de la economía de guerra a través de la ayuda extranjera que ofrecen los Estados Unidos a Colombia desde hace más de ocho años y a quién beneficia; en segundo lugar, hablaremos de los planes de guerra en los que es invertida la ayuda extranjera, tratando de mostrar la lógica militar y el papel del gobierno en la economía interna de guerra que se practica en Colombia.