Reducción progresiva de los desplazamientos forzados y proce-

Entre 2006 y 2009 se produce una reducción paulatina de la expulsión con un total de 1279 personas (6,4% del total general) y de la recepción con 467 personas (8,6%). El promedio anual de expulsión fue más bajo que cualquiera de los años comprendi- dos entre 1998 y 2005. Los desplazamientos ocurrieron en 59 po- blados comprendidos por 48 veredas, tres corregimientos y ocho barrios. El poblado más afectado fue la vereda la Villa, donde se presentó un desplazamiento masivo de 117 personas en el 2006 cuando fueron expulsadas desde la vereda hacia el casco urbano de San Carlos (barrio San Vicente). Es de notar una continuidad en los desplazamientos en el corregimiento El Jordán y las veredas La Esperanza, Palmichal, Peñol Grande y Vallejuelo (en compara- ción con los períodos anteriores).

En casi la mitad de los casos se desconoce la responsabilidad del desplazamiento durante este período; de los casos sobre los que se tiene información, se destacan en primer lugar las gue- rrillas (30,5%), en segundo lugar los paramilitares (18,6%) y, por último, más de uno (1,02%), con una tendencia muy semejante a la del período previo.

Este panorama se relaciona con los cambios en la intensidad del conlicto armado y en las situaciones de los actores armados. En primer lugar, hubo una reducción en la intensidad del conlic- to armado que incidió directamente en una reducción del des- plazamiento, de los índices de violencia y de los enfrentamientos armados. Aquí hay una similitud con lo ocurrido en municipios pertenecientes a la zona de bosques y de páramo en el oriente an- tioqueño, aunque no signiicó un cese deinitivo ni del conlicto armado ni del desplazamiento forzado.

A pesar de la situación de repliegue que afrontaban las FARC, éstas llevaron a cabo acciones de retaliación contra la población civil en veredas donde se habían registrado algunos retornos e intentos por copar territorios que estaban bajo el

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control paramilitar. Aunque su capacidad militar se encontra- ba disminuida, en la población persistía el temor por una arre- metida, pues se sabía que aún había zonas desde las cuales las FARC podían desplegar una ofensiva al contar con los recursos derivados del control de cultivos de coca y de la estrategia de reclutamiento ilícito y el minado como un medio para restrin- gir la acción del Ejército.

Muchas personas de San Carlos reconocen que es evidente que el municipio ha recuperado seguridad y tranquilidad, lo cual es visto como el resultado de la política de Seguridad Democrática, especialmente de la fuerte persecución realizada a los grupos gue- rrilleros de las FARC y el ELN, de la desmovilización de los grupos paramilitares y de la toma del control de la región por parte de las Fuerzas Armadas. Desde el año 2005, la Fuerza Pública tiene pre- sencia en el 100% del territorio. Para el año 2009 se contaba con la estación de policía permanente, dos batallones de la IV Brigada, el Batallón de Artillería IV y el Batallón Plan Energético y Vial IV, para el cual ISA aportó 6.000 millones de pesos que fueron inver- tidos en la construcción de cuatro bases militares en las zonas de inluencia de las centrales. De este modo, la Central Calderas vol- vió a funcionar en el 2005, después de cinco años de haber estado cerrada a partir de una toma guerrillera (Peralta González 2009). La presencia militar ha inluido no sólo en evitar que el desplaza- miento se siga presentado, sino en promover el retorno:

A ver, hoy en día la presencia de las fuerzas militares en ciertos puntos estratégicos del municipio ha ido generando conianza, sobre todo para el retorno. Entonces, digamos que, en cierta me- dida, la presencia en estos lugares consolida no solamente la se- guridad, la conianza sino el retorno también de las comunidades que allí nuevamente están habitando el territorio, tiempo atrás en medio del conlicto digamos que no era tanta la conianza para con la Fuerza Pública, pero hoy en día en cierta medida se goza de una convivencia importante. (Testimonio de hombre adulto, San Carlos, 2010)

Sin embargo, aunque la apreciación del ambiente de seguridad que hoy existe es generalizada, se perciben otras situaciones de tensión. Si bien se considera positiva la presencia de la Fuerza Pú- blica en sitios estratégicos del municipio, al mismo tiempo se pone de maniiesto un sentimiento de desconianza y de temor ante la posibilidad de que las alianzas entre el Ejército y los desmoviliza- dos vinculados a redes de informantes de lugar a señalamientos de personas y comunidades.

En efecto, aunque en San Carlos se lograron desestructurar los grupos paramilitares que tuvieron presencia en el munici- pio y en la región del magdalena medio (Frente José Luis Zu- luaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio — ACMM—), las denuncias que se presentan por la ocurrencia de robos, homicidios, el aumento de la venta de drogas, así como la indebida injerencia de desmovilizados en las elecciones lo-

cales a través del apoyo a determinados candidatos44, hace que

se mantenga la desconianza con respecto al cumplimiento de los compromisos contraídos al momento de la desmovilización (Aguirre 2010).

Los reclamos de los desmovilizados por la poca efectividad de las estrategias orientadas a su reintegración económica, da- dos los nuevos requisitos para proyectos productivos y la diicul- tad para obtener empleo, han generado desmotivación en esta población. Así mismo, aumentan la preocupación por parte de sectores sociales frente a su deserción del proceso para formar parte de agrupaciones que se han venido conformando en di- recta relación con las actividades del narcotráico en la región del oriente. En algunas veredas pertenecientes a los municipios de San Luis y de San Carlos, cercanas al magdalena medio, se observa un incremento de los cultivos de coca desde el año 2006 (García y Aramburo 2011, 109).

Como evidencian los sucesos ocurridos durante los períodos

44 _{En las elecciones de 2007 se manifestó el apoyo directo de los desmovilizados y la}

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expuestos, la población de San Carlos ha estado sometida a un largo tiempo de violencia y de desplazamiento forzado, durante el cual ha tenido que afrontar la presencia de múltiples actores armados que en ocasiones se alían y en otras se enfrentan. San Carlos ha sido escenario de casi todas las estrategias de guerra que se conocen en el conlicto armado colombiano y ha padecido los intentos de todos los grupos armados por someter a los ciuda- danos a sus lógicas e instrumentalizarlos según sus intereses. La población se ha visto en una verdadera encrucijada, en la que los habitantes y oriundos del municipio han resultado implicados y enfrentados. En el acápite siguiente se exponen algunas de las explicaciones que los sancarlitanos dan al conlicto y a la expe- riencia padecida.

1.3 Las encrucijadas de la población en el desarrollo del