La responsabilidad de los Gobiernos de origen en temas migratorios

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene dentro de sus funciones el formular y dirigir la política migratoria del país. Dentro de esta institución la Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior se encarga de orientar y evaluar la labor de los consulados colombianos, así como de promover los derechos humanos de los ciudadanos colombianos en el exterior y su vínculo con el país (OIM COLOMBIA, 2010). Dentro de las prioridades de los funcionarios de estas misiones diplomáticas se encuentran:

…promover el respeto a los Derechos Humanos; brindar asistencia en casos de discriminación y abusos en materia laboral; procurar la observancia del debido proceso, del derecho a la defensa y de las garantías procesales; asistir en la tarea de localización de colombianos desaparecidos; propiciar el respeto de los intereses de los connacionales por parte de las autoridades nacionales de inmigración; defender los intereses de los menores, de los minusválidos o de cualquier otro connacional incapacitado temporal o permanente (OIM COLOMBIA, 2010: 74).

En este contexto, en 2003 se creó la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, como ente coordinador del diseño y desarrollo de la política pública en materia migratoria, cuya estructura se puede observar a continuación en el Gráfico 2 (OIM COLOMBIA, 2010). En 2011, se creó el Sistema Nacional de Migraciones cuyo eje es dicha Comisión, en la cual colaboran varios Ministerios y Agencias Gubernamentales, como se puede observar en el siguiente gráfico. Además, también son parte de este Sistema las Comisiones del Senado y la Cámara de Representantes; y, la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, conformada por el sector privado, organizaciones no gubernamentales, la academia y organizaciones de colombianos en el exterior (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2011).

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GRÁFICO 2

COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIÓN DE COLOMBIA

Fuente: OIM Colombia

Elaborado por: Mejía, W. y Perilla, C. (2008).

En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno del

Presidente Juan Manuel Santos, incluye en el Capítulo VII Soportes transversales de la prosperidad democrática, el impulso de la política migratoria y el fortalecimiento de los consulados, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en esta área como temas prioritarios (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DE COLOMBIA, 2010). Una de las acciones destinadas a esto es el

Programa Colombia Nos Une, como un Grupo Interno de Trabajo adscrito a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, el cual busca vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. Así mismo, busca establecer las condiciones para que los nacionales que deseen migrar lo hagan de manera voluntaria y ordenada, velando por la protección de sus derechos, manteniendo sus vínculos con el país, y brindando acompañamiento ante su eventual retorno (COLOMBIA NOS UNE, 2012: 1).

No obstante, más allá de que en las leyes colombianas se garantiza la atención a los migrantes y la defensa de sus derechos en el exterior, muchos de ellos permanecen fuera de ese alcance debido a que la emigración se da en forma

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ilegal. Incluso algunos prefieren permanecer en la clandestinidad para evitar ser encontrados en los países de destino por las guerrillas (RIVERA et Al., 2007).

Por su parte, en Cuba el Ministerio de Relaciones Exteriores es el rector de la política exterior y para ello trabaja coordinadamente con otros organismos del Estado. Los asuntos migratorios se basan en la Ley de Migración establecida en 1976. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el del Interior están involucrados en los procesos migratorios, siendo el primero el responsable de la protección y asistencia a los migrantes cubanos en el exterior, a través de sus Embajadas y Consulados alrededor del mundo (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA, 2012).

De hecho, el Gobierno Cubano siempre ha hecho énfasis en que cumple a cabalidad en cuanto a la normativa internacional de Derechos Humanos vinculada a la migración. Más aún, resalta que dentro de su política de estado está el otorgar becas a miles de estudiantes extranjeros cada año, en especial médicos, ofreciéndoles hospedaje, alimentación y atención de salud. En este contexto, el Gobierno ha realizado tres ediciones de la Conferencia “Nación y

Emigración” para tratar el tema migratorio, en 1994, 1995 y 2004

(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA, 2007). En esta última, se anunciaron medidas como:

 La creación de una nueva oficina, adscrita inicialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para atender a los cubanos residentes en el exterior;  La decisión de otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos,

[…] en 1994 ya se había acordado que jóvenes cubanos residentes en el exterior pudieran realizar en Cuba estudios de postgrado; en 1995 se acordó que pudieran cursar estudios universitarios en Cuba pagando los mismos. En el 2004 el gobierno cubano decidió otorgar becas universitarias para hijos de emigrados cubanos, que podrán estudiar en nuestras universidades gratuitamente, como lo hacen los jóvenes cubanos que residen en el país.  La creación de un programa de cursos de verano de idioma español, historia y

cultura cubanas, especialmente diseñados para descendientes de cubanos residentes en el exterior… (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CUBA, 2007: 1).

Sin embargo, la mencionada Ley de Migración, si bien no prohíbe la salida ni la entrada de cubanos a la Isla, establece regulaciones tales como la necesidad de obtener un permiso de entrada o salida del país dado por el

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Ministerio del Interior (REPÚBLICA DE CUBA, 1976). Este permiso según muchos cubanos, ha sido generalmente decidido de manera arbitraria por las autoridades, sobre todo en casos de estigmatizados por razones políticas, lo cual sumado al costoso, largo y burocrático trámite, ha constituido una prohibición tácita de ingreso y salida a su propio país (JIMÉNEZ, 2011). Más aún, según esta ley, si se excede el período de 11 meses fuera de la Isla, se considera a la

persona como “emigrada”, lo que implica “la pérdida de derechos en Cuba, tales como el uso de bienes inmuebles destinados a vivienda y el cobro por servicios básicos que usualmente no son pagados por la población cubana como salud y educación‖ (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2011: 31).

Debido a todas estas restricciones, el Presidente Raúl Castro, en 2009 mencionó la necesidad de revisar la política migratoria, y en 2011, ante la Asamblea Nacional anunció que se estaba trabajando en la actualización de la misma (RUIZ, 2012). De esta manera, en octubre de 2012, a través de varios decretos y resoluciones que entrarán en vigor el 14 de enero de 2013, el Presidente anunció las siguientes reformas migratorias:

 Se elimina la necesidad del permiso de salida, que cuesta $150.

 Se elimina el requisito de la carta de invitación que, a un costo de $200, las personas en el extranjero debían enviar para que los cubanos pudieran solicitar pasaportes y visas.

 Se extiende el permiso para permanecer fuera de Cuba de 11 a 24 meses, con la posibilidad de renovarlos. Al vencer el plazo, se considera que los cubanos han dejado el país de manera definitiva.

 Se elimina el permiso de entrada para los cubanos que viven en el exterior y se amplía su estancia en la isla de un mes a tres meses por viaje, que pueden ser extendidos.

 El precio de los pasaportes sube de $55 a $100 (TAMAYO, 2012: 1).

Estas medidas traerían como consecuencia además de un incremento en el número de emigrantes, el aumento de remesas desde el exterior, mayores ingresos por trámites migratorios, así como un alivio a las presiones que ha sufrido el Gobierno Cubano luego de los despidos masivos del sector público y la eliminación de subsidios (TAMAYO, 2012). Por otra parte, se mantienen algunas restricciones, por ejemplo, el Gobierno deberá autorizar los pasaportes de las personas que desarrollen funciones “vitales” para el desarrollo económico, social y científico-técnico, como en el caso de altos funcionarios del Estado,

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graduados universitarios en estas áreas y atletas de alto rendimiento. Todo esto

para evitar la “fuga de cerebros” (CASTRO, 2012).