Retos y desafíos en la elaboración de un Plan de Acción para

La elaboración de los Planes de Acción, y sobre todo, su puesta en marcha supondrá un gasto importante para los ayuntamientos por lo que resulta necesaria la concesión de ayudas económicas por parte de la Administración Central.

En cumplimiento del Artículo 23.2 de la Ley 37/2003 del Ruido, deberá determinarse por el Gobierno el contenido mínimo de los Planes de Acción en materia de contaminación acústica. Por otra parte, los Planes de Acción en materia de contaminación acústica habrán de estar aprobados:

a) Antes del día 18 de julio de 2008, los correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido a los que se refiere el párrafo a) de la Disposición adicional primera de la Ley 37/2003 del Ruido.

b) Antes del día 18 de julio de 2013, los correspondientes a los ámbitos territoriales de los mapas de ruido a los que se refiere el párrafo b) de la Disposición adicional primera de la Ley 37/2003 del Ruido.

Empleando una definición genérica, un plan de acción acústica es un conjunto de herramientas y actuaciones a largo plazo que tienen el fin último de reducir los niveles sonoros a un estado no nocivo, desde el punto de vista de la salud humana. El fin de estos planes es el establecimiento de un entorno ambiental saludable, de forma que las acciones recogidas en él influencian el desarrollo socio-económico de la zona y la estrategia territorial global. En conclusión, los planes de acción deben ser redactados teniendo en cuenta su interacción con

estas políticas. Además, los Planes de Acción, entendidos como instrumentos de gestión, implican la participación de los distintos departamentos de la administración (Medio Ambiente, Planeamiento, Construcción, Gestión de tráfico, etc.) y de los ciudadanos en general.

El establecimiento de un Plan de Acción incluye una serie de fases o etapas y requisitos previos:

• Mapas de ruido clasificados por tipo de emisor y autoridad competente

• Descripción de las áreas de conflicto (zonas sobreexpuestas a niveles no aptos de ruido, en comparación con los límites impuestos por Ley).

• Evaluación del número estimado de población afectada

• Reducción de ruido esperada en cada área de conflicto (expresada en Lden y Ln)

• Catálogo de medidas de reducción de ruido seleccionadas, así como su eficiencia esperada y su reducción de población afectada por el ruido

• Análisis coste – efectividad

• Análisis coste – beneficio

Los planes de Acción, por último, deben ser publicados a consulta del ciudadano, resaltando los anteriores aspectos y las conclusiones.

Uno de los principales problemas a la hora de definir un Plan de Acción es seleccionar el horizonte espacial de actuación, o dicho de otra manera, ¿Cuáles son los criterios a seguir a la hora de detectar el escenario ideal para un plan de acción? Esta cuestión no es obvia, debido a que las herramientas que ayudan a la confección de un plan de acción resultan insuficientes.

Un ejemplo de esto son los mapas de ruido. El problema podría definirse mediante el siguiente razonamiento: Niveles altos de ruido en áreas donde no hay población residente, no

constituye ningún problema. Por tanto, cuanto mayor sea el número de personas expuestas a niveles altos de ruido en un área determinada, más severo es el problema.

En definitiva, no basta con representar en un mapa los niveles de ruido, sino los

problemas provocados por el ruido. Este razonamiento hace que la consideración de las zonas

con altos niveles acústicos, como criterio para ejecutar medidas de un plan de acción, sea un criterio muy básico e insuficiente, ya que no tiene en cuenta la protección de las personas.

Por otra parte, es fundamental que los mapas de ruido no dominen el desarrollo de la política ambiental, de forma que distorsionen las prioridades. Los mapas sólo describen una parte de una fotografía mucho más compleja, y por esta razón la presentación de los resultados al público es tan crucial. No se trata de un estudio de detalle, sino de un mapeado de niveles medios a largo plazo que nunca debería de dar como resultado una colección de medidas enfocadas a influenciar un pequeño número de parámetros, cuyo resultado fuera “modificar el mapa”. El análisis de la situación de los mapas de ruido puede y debe desembocar en un mayor rango de acciones que pueden llegar a reducir el ruido en el mundo real.

Respecto a la precisión de los mapas, estos deben ser precisos para poder cuantificar la población expuesta a grandes rasgos, pero no para más. En conclusión, los mapas de la primera ronda posiblemente no sean suficiente herramienta como para ser base de acciones concretas, pero sin duda son elementos útiles para construir una filosofía proactiva, en la cual todas las entidades públicas y privadas deben tomar parte. Los mapas deben tener información de las

hipótesis tomadas y de los rangos de error en los que se encuentran, así como incluir los posibles problemas que no han sido considerados en la fotografía global.

El siguiente paso nos lleva a la detección de las áreas de conflicto. Las áreas de conflicto surgen fruto de la combinación de tres factores:

• Definición de Zonas protegidas Acústicamente y zonas de determinados usos: todas las ciudades deben fijar zonas acústicamente protegidas para desarrollar usos determinados (residenciales, sanitarios, etc.). Esto provoca la creación de áreas en función de su actividad, que deben ser compatibles con otras áreas existentes.

• Planificación urbanística de la zona: relacionada con el desarrollo sostenible del municipio.

• Población afectada, siguiendo el criterio siguiente: cuando las áreas acústicas están expuestas a unos niveles superiores que los marcados por la legislación, en función del uso del suelo.

Una vez ejecutado el análisis de la situación en términos de la población afectada, es hora de seleccionar las medidas de reducción de ruido. Cabe destacar que la efectividad de dichas medidas necesita un alto grado de cooperación activa entre las diferentes administraciones (nacional, comunitarias y locales), y entre las distintas agencias sectoriales, tanto públicas como privadas. Dicha cooperación debe integrarse en varios niveles:

• Estrategia: acordando las directrices futuras, indicando posibilidades y determinando el uso de recursos de la forma más efectiva.

• Normativa: basándose no sólo en los límites de emisión de vehículos y equipamientos, por ejemplo, sino implicando a los organismos de gestión del tráfico, planificación urbanísima, etc.

• Incentivos: tanto económica como no económica y

• Inversión: empleando al máximo los recursos disponibles (infraestructura, equipamiento y recursos humanos), para ajustarse a las necesidades en cada caso.

• I+D: investigación activa y realimentación en función de los resultados, a nivel nacional y europeo.

A continuación, se remarcan remarcar las características macroscópicas principales de un plan de acción:

Atendiendo a la evaluación del resultado global, el plan de acción debe centrarse en lograr el mayor efecto positivo en la salud al mayor número de población posible. Por otra parte surge la necesidad de establecer un orden de prioridad en las acciones correctoras descritas. Por ejemplo, como primera prioridad se puede optar por remediar las situaciones en los que los límites sean excedidos en 5dBA o más.

En cuanto al análisis coste – efectividad, es necesario tener en cuenta que la reducción acústica lograda con una medida reductora puede depender del resto de emisores acústicos que estan presentes. Por ejemplo, la reducción del ruido de tráfico en un lugar puede dar como resultado el desenmascaramiento de otros emisores presentes (p.e. máquinas de aire acondicionado) que podrán oirse en otro lugar, o bien en un lugar distinto, la medida puede desembocar en una calma placentera. La efectividad también depende de la secuencia en la cual las medidas son implementadas. De hecho, existen grandes problemas en el proceso de decisión

de medidas en el marco de futuros planes de acción debido a la naturaleza no lineal del ruido y de cómo se combinan los distintos tipos de emisores. Esto hace la tarea de selección y priorización de paquetes de medidas más compleja.

Por último, el análisis coste – beneficio tiene el objetivo de estimar el valor de la inversión en términos de beneficio ambiental y monetario. El procedimiento natural debería basarse en el análisis de la población afectada, cuando sea posible por cada tipo de emisor y nivel de reducción, para continuar con la evaluación del coste de implementación de las medidas de reducción. La evaluación del beneficio ambiental debe ser realizada relacionando el coste directo y el beneficio directo.