El Rol del Municipio en México de Acuerdo a su Autonomía

un sistema, se muestra claramente la subordinación de gobiernos subnacionales ante la centralización del sistema fiscal entre otros factores de tipo político.

El planteamiento municipal mexicano como una organización política y administrativa lo sitúa hoy como un tema para el debate nacional, bajo estos términos reales implica cuestionar al federalismo implantado en México, definir la claridad de la posición del municipio como forma de gobierno y considerar alternativas, que de acuerdo a la actual política nacional de renovación del federalismo contemplen al municipio como una esfera de gobierno real y no solo como ente para fines de planeación o material presupuestario. Lo que hemos revisado anteriormente es una descripción y análisis del sistema jurídico que lleva implícito las relaciones jurídicas, políticas, económicas y administrativas entre los gobiernos federal estatales y municipales, lo que a la vez nos muestra la fotografía de la situación municipal en los estados de la Nación mexicana, ya que la situación de la Nación es el reflejo de la situación municipal.

3.3.1. El Rol del Municipio en México de Acuerdo a su Autonomía Constitucional.

Es notorio que en México, la debilidad más sobresaliente a la autonomía de los estados y de los municipios ha estado representada por las fuerzas de carácter centralizador que se apoyan en una argumentación supuestamente lógica, de la dificultad técnica basada en los nuevos paradigmas de la administración pública, que requiere de la encomienda de dichas tareas y decisiones a los entes

170 centralizados por considerarse tácticamente más “capaces”, aunque en la realidad están alejados de la problemática que tienen las entidades locales sobre todo en los municipios. Aunque estos argumentos centralistas no son óptimos, en la perspectiva nacional, tampoco se puede caer en el radicalismo localista, el cual pudiese considerar como antítesis del Estado federal. Los municipios aunque son más antiguos que la unión Nacional de acuerdo con la Constitución, son la base del federalismo mexicano. Al tenerse en cuenta a los estados y municipios, no como antítesis del Estado, sino como una orientación de la solución de las necesidades de los ciudadanos, se ha empezado a construir un sistema de reparto de competencias para el desarrollo de la autonomía local, la cual puede enriquecerse con una democracia plena; esto se ha reflejado con la reforma de 1999 al artículo 115° de la Carta Magna tendiente a la fortalece municipal.

El municipio mexicano ha evolucionado históricamente de manera muy especial en 1983 entraron en vigor, bajo la presidencial de Miguel de la Madrid, una serie de reformas revolucionarias al artículo 115° de su Constitución Nacional, para iniciar una renovación del municipio dentro del escenario descentralizador que se daba en el país. Las reformas llevadas a cabo son el cúmulo de las demandadas de manera doctrinaria de los partidos y de la ciudadanía en su conjunto, que buscaban a abrir caminos entorno a la autonomía municipal con la cual se buscaba la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. La innovación de esta reforma de 1983 consistió en: la definición de competencias mínimas para los gobiernos municipales, la creación de un sistema de recaudación fiscal, la certidumbre del Ayuntamiento frente al poder del gobernador del estado y la definición de las atribuciones de los cuerpos edilicios. Por vez primera se desarrolló una esfera de actuación exclusiva, por así decirlo, de los municipios donde se descentralizaron facultades se procedió al análisis y reflexión sobre la redistribución de competencias entre los tres ámbitos de gobierno.

La reforma de 1999 al municipio, es similar a los alcenses de la de 1983, las cuales han tratado de mejorar el encuadramiento constitucional del Municipio. En estas reformas se pretende detallar el contenido de los ordenamientos municipales,

171 a la vez, legitimar las garantías para el patrimonio del municipio y para la prestación efectiva de los servicios públicos. En la reforma se incluyen las disposiciones de los ayuntamientos de manera general las cuales son: 1) organización de la administración municipal, 2) regulación de materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su ámbito competencial y 3) establecimiento de formas y procedimiento de participación social. Estos aspectos se encuentran establecidos en el bando municipal el cual se aprueba por los cabildos. Se advierte que en materia de legislación y constitución, los ayuntamientos son parte de la Legislatura nacional y están, facultados para presentar iniciativas de ley relacionadas con las funciones municipales ejemplo de ello es; la iniciativa de ingresos que los ayuntamientos remiten a la Legislatura de estado. (Arcudia, 2012)

Ahora bien, en cuanto a la autonomía municipal esta se da cuando se refiere al requisito de mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los miembros de cabildo para la toma de decisiones relativas al patrimonio inmobiliario del Municipio, así como, para la celebración de convenios cuyos efectos rebasen la administración en turno. El escenario anterior previene que las legislaturas de los estados tomen parte de las decisiones patrimoniales, restringiendo cualquier operación como sucedía anteriormente. Con respecto a las funciones municipales traducidas en servicios públicos, los cuales están establecidos en la fracción III del artículo 115°, se agregan a esta materia: el agua potable y alcantarillado, los servicios de drenaje, saneamiento y tratamiento de aguas residuales también existen servicios como el de limpia, los de recolección, traslado, tratamiento y disposición de desechos. En cuanto a equipamiento urbano se encuentran, parques, calles y jardines.

Mientras que en el artículo 115° fracción IV , se incluye la materia presupuestaria, donde, se le otorga exclusividad a los ayuntamientos para la aprobación de planes de egresos e ingresos, a la vez se le otorga facultad para el ejercicio directo y libre de los recursos que integran la hacienda municipal, facultad que antes la tenían las legislaturas locales. En la fracción V del mismo artículo se señala la competencia en materia de desarrollo urbano, ecología y planeación

172 regional, con ello se la da más claridad al reforzamiento del municipio y la regulación de esas actividades esenciales para la municipalidad ejemplo de ellos: la inclusión de los municipios en la participación de los planes de desarrollo regional; se desarrolló la exclusividad en el control del uso del suelo; de esa manera se faculta para la creación de reservas ecológicas, estos son algunos roles en la autonomía del municipio mexicano.

Conforme a lo dispuesto por la fracción primera del artículo 115°, el municipio libre, a través, de sus gobiernos ejerce las atribuciones para expedir de acuerdo con el marco normativo que deben establecer las legislaturas de los estados, los bandos de policía, reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. De aquí que las normas que se establecerán en los respectivos instrumentos jurídicos del municipio, tendrán que ser aprobadas por la mayoría de sus regidores durante la sesión de cabildo y en contra del voto de las minorías, esto último puede ser contradictorio con la Constitución Nacional, por lo que se ha considerado la conveniencia de que aquellas minorías puedan ejercer acciones de inconstitucionalidad, aunque de echo estas acciones se pueden ejercer por la federación y los estados cuando estas afecten el derecho federal o estatal.

La autonomía municipal y su desenvolvimiento de los roles se ve reflejado en la conformación de su gobierno, el cual, está establecido en el artículo 115° párrafo primero, donde se declara que el municipio es gobernado por un Ayuntamiento, mismo que será electo de manera popular y de forma directa el cual estará integrado por un Presidente Municipal, un número de regidores y síndicos que la ley determine. De los integrantes del ayuntamiento, el Presidente Municipal representa la figura más prominente, es la representación del municipio, órgano de ejecución de los acuerdos de cabildo y jefe de gobierno de la administración pública municipal. Hablemos ahora de una autonomía jurídica, la cual se establece en el párrafo primero de la fracción II, donde, se determina que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica esta es la característica fundamental para la organización municipal y un requisito necesario para la administración, complementándose con

173 la facultad expresa del manejo de su patrimonio. La figura jurídica con la que se enviste el municipio, le permite ejercer actuación entre la esfera pública y privada.

Como entidad de derecho público, su personalidad le sirve para ejercer su potestad de mando y de coacción, para ejecutar sus atribuciones de carácter impositivo y en la prestación de los servicios públicos. En la esfera privada, el municipio se convierte en un sujeto apto para ejercer derechos y contraer obligaciones, es decir, puede contratar, gestionar, defenderse o contraer compromisos propios o a favor de sus gobernados (Arcudia, 2012). A la vez la personalidad jurídica del municipio difiere de la atribuida a los parti culares; se trata de una personalidad jurídica originaria no derivada, en cuanto, está reconocida por la propia Constitución; esta personalidad se desenvuelve en carácter territorial, puesto que las normas que posee tienen un ámbito de validez donde ejercen su poder vinculante. También dentro del rol autónomo se muestra la hacienda propia del municipio establecida en la fracción IV del artículo 115° de la Constitución federal, la cual es una de las atribuciones más importantes de los municipios: en cuanto al manejo libre de sus hacienda, pues en ella se encuentran las fuentes de ingresos propios de los municipios cada vez exigida, así como diversas garantías y reglas de carácter fiscal y presupuestario que fortalecen a los ayuntamientos.

Los siguientes enunciados pertenecen a los ingresos y hacienda de los municipios: los rendimientos de los bienes del municipio, también las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor como: el impuesto predial con tasas adicionales o las provenientes de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o cambio de valor de los inmuebles; los recursos asignados por la federación, a través de los estados y con fundamento en los pactos de coordinación fiscal; también los ingresos por la prestación de los servicios públicos que brinda el gobierno del municipio. Es evidente que las facultades no son absolutas y se encuentran, por tanto, sujetas a formas de control a través de las legislaturas estatales. Otra facultad dentro de su autonomía tiene que ver con la planeación urbana, la que tiende a planear, formular, aprobar administrar la zonificación y los planes de desarrollo municipal, administrar las reservas

174 territoriales, integrarse a planes de desarrollo regional, autorizar y controlar el uso del suelo en el ámbito de su jurisdicción, regular la tenencia de la tierra, entre otras. Otra función de la autonomía municipal, es desarrollada en la coordinación de servicios en los municipios de las zonas conurbadas, dentro del artículo 115°, se refiere a la conurbación misma que se da cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de las misma Entidad o de dos o más Entidades Federativas, forman o tienden a formar una continuidad demográfica. En tales casos, la Federación, los estados y los municipios afectados, tendrán facultades concurrentes para planear y regular el desarrollo de dichos centros. Pasemos a la policía y el orden público, el tema de la policía preventiva consiste en un mando que está bajo ejecución del Presidente Municipal, en términos de los reglamentos vigentes, la policía debe acatar las órdenes del Gobernador del Estado, en caso de fuerza mayor o alteración grave del orden público; aunque la policía debe acatar las órdenes del Gobernador y en caso de fuerza mayor el Presidente de la Nación tendrá el mando de la fuerza pública.