De rupturas y continuidades: los intentos de perpetuación del ‘modelo agroexportador’ (1930-1943)

Iniciada en las postrimerías de la segunda década del Siglo XX del mismo modo en lo habían hecho otras depresiones cíclicas en el pasado, la crisis alentó la reestructuración a gran escala de las relaciones comerciales y financieras internacionales; el llamado ‘viernes negro’ de Wall Street sacudió los cimientos mismos del sistema capitalista, y la división internacional del trabajo que había regido los destinos del sistema mundial desde la primera mitad del Siglo XIX se agotó, conduciendo, por tanto, a una profunda reorganización de los mapas de producciones y demandas de la economía internacional. Los países centrales, al multiplicar las regulaciones públicas sobre sus economías, fomentaron la génesis de los primeros bloques comerciales, formalizaron los acuerdos bilaterales preexistentes, abandonaron los cauces comerciales multilaterales -y también el patrón oro-, adoptaron sistemas de control de cambios, diseñaron cuotas de importación, incrementaron las tarifas aduaneras e impusieron controles sanitarios más rigurosos; paralelamente, numerosas naciones europeas desarrollaron una embrionaria autarquía o independencia respecto del abastecimiento de alimentos, implementando rígidos y rigurosos sistemas de protección industrial y comercial. La contracción del comercio mundial, el retroceso de la exportación de capitales y las dificultades de los países deudores para saldar los servicios contraídos con los capitales extranjeros emergieron como limitaciones estructurales impuestas por el sistema internacional a la periferia; y a raíz de la crisis, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos repatriaron el 48% de los capitales que habían exportado entre 1928 y 1930. No es extraño, pues, que las inversiones extranjeras en infraestructura, transporte y títulos de la deuda pública desaparecieran de la periferia, ni que los flujos financieros internacionales se desplazaran hacia aquellos países que no presentaban problemas para la transferibilidad y conversión de divisas. Conforme la supremacía británica se desmoronaba sin lograr siquiera atenuar su caída41, Alemania, Francia, Suiza y, sobre todo, Estados Unidos, despuntaban como potencias hegemónicas; por añadidura, el tratado de Ottawa de 1932 estrecharía lazos comerciales entre Gran Bretaña y sus antiguos dominios coloniales, lo cual relegaría a otros países productores de materias primas y alimentos -Argentina, entre ellos- a una posición marginal.

Signado por la caída del poder de compra de las exportaciones, la imposibilidad de comprimir a la misma velocidad las importaciones, el trastrocamiento del flujo de capitales extranjeros y el abandono de la libre transferibilidad de las divisas, el nuevo contexto planteó problemas inéditos a los países periféricos, que para mitigar el impacto de la crisis debieron recurrir a sus reservas monetarias (Ferrer, 1976: 157). Aquejados por la merma de los precios internacionales y la demanda exterior, “los agentes hegemónicos nacionales con intereses agrarios comandaron el primer momento del proceso industrial,

buscando sustituir importaciones” (Silveira, 1999a: 74). La lucha librada por la hegemonía

entre los países centrales del sistema capitalista mundial recrudeció; el nuevo centro de poder internacional (Estados Unidos) y la potencia hegemónica desplazada (Gran Bretaña) se disputaron denodadamente en el país el control sobre los otrora indiscutidos baluartes del capital inglés, como las áreas de crianza del ganado, los frigoríficos, los transportes y las finanzas: nacía una suerte de competencia interimperialista, de la cual también participaría Alemania. Si los capitales británicos impulsaron la reorganización de las normas que regulaban la explotación de la infraestructura y los servicios públicos, los capitales norteamericanos se dirigieron esencialmente hacia actividades urbanas e industriales; así pues, las inversiones estadounidenses se multiplicaron 36 veces en sólo treinta años (1910-1940) (Neffa, 1998: 116). Sin embargo, los intentos británicos por perpetuar su decadente poderío se hallaban paradójicamente en consonancia respecto de los intereses de la clase terrateniente argentina que, ávida de conservar los beneficios derivados de la apropiación de una renta agraria diferencial a escala internacional, pretendía continuar con el desempeño de una función histórica, más ya no moderna; de ahí que el golpe de Estado de 1930 simbolizara un fugaz y poco fructífero intento de

41 Véase que en 1918, el 35% de las importaciones provenía del Reino Unido y poco menos del 15% procedía de los Estados Unidos. En 1930, el 17% y el 26% de las importaciones nacionales se originaban en Gran Bretaña y Estados Unidos, respectivamente (Neffa, 1998: 116).

perpetuación de un patrón de apropiación de los excedentes erigido sobre las exportaciones sistemáticas de cereales y carnes hacia el mercado británico42.

Los intereses británicos continuaron, pues, rigiendo durante algún tiempo sobre el poder político argentino y los resortes de la acumulación del capital: hasta 1945, el Banco Central fue poco más que un instrumento financiero del comercio inglés; el sistema de control de cambios sólo benefició a los capitalistas británicos y los terratenientes locales, asegurando al Reino Unido la compra de carbón; el Instituto Movilizador de las Inversiones Bancarias permitió a los capitalistas anglosajones controlar la política crediticia del país; la Coordinación de Transportes reservó a los inversores ingleses el monopolio de los servicios urbanos, tranviarios y ferroviarios, eliminando a pequeños empresarios nacionales y enfrentándose a las firmas alemanas que poseían intereses en el sector. La Ley de Carnes y el Tratado Roca-Runciman se convirtieron en regulaciones instauradas por un Estado ya no garantista y liberal, sino más bien interventor y conservador, que procuraba asegurar a la clase ganadera la valorización de tierras y la reserva de mercados: como la Segunda Guerra Mundial creó un contexto favorable para la sostenida expansión de la demanda internacional de carnes y cereales, el Estado nacional y los capitalistas anglosajones impulsaron la rubricación de un acuerdo que permitiera a los ganaderos obtener la asignación de una cuota en el mercado de carnes inglés, en contraparte de un trato diferencial a las inversiones británicas y del otorgamiento, a los frigoríficos de ese país, de un cupo de comercialización del 85% para las exportaciones de carnes enfriadas destinadas al Reino Unido; así, Inglaterra absorbía el 95% de las exportaciones vacunas y el 25% de faena doméstica43 (Rofman y Romero, 1997: 158). Elaborando una legitimación y una reproducción de las diferencias respecto de las explotaciones marginales, el Estado aseguraba la concentración de la renta agraria en los latifundios, en desmedro de criadores, pequeños hacendados y arrendatarios.

Tal época fue testigo de un desarrollo industrial ciertamente acotado y limitado, pues en los actores hegemónicos “no existía el empeño de cambiar el perfil agropecuario del país”

(Silveira, 1999a: 74)44. Forma peculiar de industrialización propia de los países dependientes, la sustitución de importaciones no redundó en la eclosión de una burguesía autónoma, enfrentada con el sector terrateniente, sino que en buena parte fue obra de éste, fortaleciéndolo (Rofman y Romero, 1997: 155). Consolidando sus posesiones agropecuarias y fundando numerosas empresas fabriles -firmas químicas y metal-mecánicas-, financieras e inmobiliarias, así como también quebrachales y latifundios45, los terratenientes devinieron, pues, industriales. Nacía entonces una nueva correlación de fuerzas hegemónicas, constituida por el Estado y los cada vez más poderosos intereses agropecuarios-manufactureros.

No limitándose apenas al período de transición, el estratégico papel desempeñado por las funciones agropecuarias de la división territorial del trabajo perduró durante las siguientes tres décadas; la vocación del país como exportador de materias primas y alimentos fue afianzada, reforzada y perpetuada. La agricultura y la ganadería se configuraron como el núcleo neurálgico de la acumulación del capital, en derredor del cual se fundaba y desarrollaba la industria nacional; subsidiando el crecimiento manufacturero mediante la transferencia de buena parte de los recursos obtenidos de los saldos exportables, el sector agropecuario fijaba el valor de la fuerza de trabajo industrial, la cual escaseaba frente al cese de los flujos migratorios internacionales: y esas exportaciones se convirtieron, asimismo, en un pilar del comercio exterior argentino y,

42 Para Galeano (1979: 265), el golpe de Estado de 1930, más allá de los intereses de los terratenientes, despedía un fuerte olor a petróleo: “La Argentina fue (...) uno de los escenarios históricos de la pugna interimperialista entre Inglaterra, en el desesperado ocaso, y los ascendentes Estados Unidos”. Para ese autor, fue la decisión de nacionalizar el petróleo la que desató el primer golpe de Estado de la historia argentina.

43 Las exportaciones de carnes enfriadas se mantuvieron relativamente estables -sólo un 15% inferior respecto de los volúmenes exportados hasta la crisis de 1929-, mientras que las de carnes congeladas retrocedieron un 80%.

44 Uno de los principales artífices de la industrialización argentina de los años cuarenta brindaba ricas evidencias empíricas de esa interdependencia funcional -caracterizada por el papel secundario de la industria- cuando afirmaba que la vida económica del país giraba alrededor de una enorme e irreemplazable “rueda maestra” configurada por “el comercio exportador”, y proponía la creación, simultánea al funcionamiento de ese mecanismo, de algunas “ruedas menores que permitieran cierta actividad económica interna y cierta circulación de riquezas” (Rofman y Romero, 1997: 160, en referencia a Federico Pinedo).

45 En ese contexto, Rofman y Romero (1997: 175-176) presentan un ilustrativo listado de los principales grupos económicos en la Argentina durante la década del cuarenta, el cual revela la comunión de intereses entre los capitales industriales y los capitales agropecuarios. Bunge & Born, por ejemplo, poseía, en el seno del ramo industrial, Duperial, La Química, Grafa y Alba, así como también otras empresas fabriles y financieras. En el ramo agropecuario, ese grupo nacional poseía una considerable cantidad de estancias de invernada, quebrachales, inmobiliarias y firmas hipotecarias, ligadas estas últimas al negocio especulativo de tierras. Los grupos familiares Braun-Menéndez y Behety controlaban industrias tales como Fármaco Argentina y Atanor y, al mismo tiempo, poseían intereses en la ganadería, plasmado en un significativo acervo de estancias que se extendía en torno a vastos latifundios pampeanos y patagónicos. Drysdale, por su parte, poseía en el sector industrial las firmas Philco, Eveready y Siam, contando además con vastos quebrachales e numerosas inmobiliarias vinculadas a la valorización de las tierras rurales.

paralelamente, en un motor primario de la expansión industrial. Sabido es que el desarrollo fabril, dependiente de la prosperidad de las explotaciones agropecuarias, se hallaba condicionado, empero, por las limitaciones estructurales típicas de una economía agraria basada en el latifundio: la introducción de innovaciones tendentes a ahorrar fuerza de trabajo, más no asociadas a incrementar la producción por unidad de superficie46. Si bien el país se ‘aisló’ del mercado mundial, sólo lo hizo porque ésa era la tendencia dominante en los centros del sistema capitalista, inaugurando de esa manera un próspero período de crecimiento manufacturero, expansión urbana y regulaciones estatales, variables todas que acabaron cristalizando un proceso concomitante -aunque periférico- respecto de las lógicas dominantes en los países centrales; así la industria logró consolidarse como un vector interno de reproducción y modernización social, económica y territorial.

2.3.2. Crecimiento industrial, expansión urbana y regulación estatal: