Las entidades microfinancieras, según BANSEFI y COMACREP, no rebasan las 700 en 7 figuras organizativas, y se reconoce la existencia de más de 1000 que no están
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contabilizadas9. Un estudio al respecto estima la existencia de alrededor de 87 organismos (ver cuadro, 1), tanto del ámbito internacional como del nacional de todos los sectores que retoman tanto la filosofía del cooperativismo de ahorro y crédito, como las experiencias recientes del microcrédito en Asia, y con base a ello, promueven esquemas de microfinanciamiento con un enfoque de desarrollo, creando instituciones conocidas como intermediarios financieros que atienden al sector urbano y semi-urbano y en menor medida al rural.
Algunos de los organismos involucrados en el microfinanciamiento tienden hacia la regulación legal y otros siguen en la línea de la autonomía e informalidad y, en esta tendencia es donde hay muchas interrogantes, como el del por qué no piensan integrarse al marco jurídico, y una hipótesis general que plantea Rojas (1997), acerca de las cooperativas de ahorro y crédito es que “están funcionando bien y no lo requieren, al hacerlo perderían su identidad como organización social”.
Cuadro1. Organismos del microfinanciamiento en México
Tipo de organismos Núm.
Agencias del Desarrollo Internacional 5
ONG Internacionales 12
Gobierno Federal 11
Gobiernos Estatales 7
Bancos privados 4
Figuras asociativas autorizadas 5
ONG Nacionales 9
Redes 7
Instituciones de enseñanza e investigación 5
Microfinancieras informales 10
Otras figuras legales pero no autorizadas 8
Otros 4
Total 87 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por Hernández y Almorín, 2005.
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La Red de Finanzas Sociales que agrupa a 30 organizaciones en México, estima que existen entre 2,500 a 5,000 organismos de microfinanciamiento rural y urbano. Rudiño Edith, Lourdes. Organizaciones de microfinanciamiento rural y urbano, en extinción. El Financiero, 12 de marzo, 2002.
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En cuanto al registro de las diferentes entidades microfinancieras según datos de la CONDUSEF 2004, hay 454 entidades autorizadas incluyendo a las Uniones de Crédito, pero sólo la mitad estaban funcionando bien, pues el resto se les había revocado su autorización. Las cifras anteriores demuestran por un lado la importancia de las instituciones informales en crédito y ahorro, pero también, la existencia de una demanda de servicios financieros (Johnson y Rogaly, 1997; International Food Policy Research Institute, 2003). Los estudiosos del tema señalan de que en México el 80% de la población no tiene acceso al financiamiento bancario (Valdez e Hidalgo, 2004; Imperial, 2004), otras cifras de instituciones gubernamentales y bancarias indican que 75 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país no está bancarizada; por su parte el Banco Mundial (2002)10 señala que algunos estudios demuestran que menos del 1% de los pobres en el país tienen acceso a algún tipo de servicio financiero formal. Según estimaciones de Villarreal y Castellanos (2004), “existen a la fecha aproximadamente tres millones de ahorradores en cajas populares tradicionales en el país”. Y si se estima un potencial de 20 millones, entonces sólo se está atendiendo al 15% de la demanda. Pero en realidad podría ser mayor si se consideran las estadísticas de la pobreza11 en México que van de los 30 hasta los 70 millones de pobres y tan sólo de los 25 millones de mexicanos que habitan el sector rural, 17 millones son pobres o sufren de pobreza extrema y que en las localidades consideradas como rural donde la pobreza alcanza el 98% de la población (Fundación Mexicana para el Desarrollo, A.C.).
También se observa que el sector de las microfinanzas formales se encuentra más desarrollado en el medio urbano y suburbano según las estadísticas oficiales de los organismos de ahorro y crédito en México, y esto es porque según Hopkins (2002) en lo urbano el uso de los modelos ha sido más exitoso. Si bien existen organismos que se han desarrollado en el sector rural, éstos también tienen cierta tendencia hacia la regulación financiera y sólo atienden a los beneficiarios de ciertos programas o a sus agremiados, como es el caso de las Cajas Solidarias y otras figuras como las Cooperativas de Ahorro, muchas de las cuales están siendo apoyadas por los programas gubernamentales de microfinanciamiento (PRONAFIN; FONMUR y
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Grupo del Banco mundial para México. htt//www.bancomundial.org.mx
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La situación de la pobreza nacional es que para el 2005, el FMI reconoce que la pobreza en México es un problema que afecta el desarrollo de la economía y acepta que el 44% de la población es pobre y el 20% esta en extrema pobreza.
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PATMIR) de la actual política microfinanciera. De ahí que una gran parte de la población no esté siendo atendida por dichas entidades de crédito y ahorro, y quizás lo hagan a través de otros mecanismos de financiamiento a nivel local que han sido reconocidos pero no se tienen datos precisos sobre la cantidad de estos y la magnitud de sus operaciones; tal es el caso de las cajas de ahorro y préstamo comunitario y de otros esquemas locales en el sector rural.
La legislación gubernamental tiene el propósito de regular y ejercer un control del funcionamiento de estos esquemas de financiamiento, que según algunos estudiosos del tema es para “dar certeza” a los beneficiarios en cuanto al ahorro, pero también para ejercer un control por parte del Estado y proteger el capital de los inversionistas interesados en este sector. Esto se nota en el interés que tienen diversos organismos en los que destacan: el mismo Banco Mundial a través del FIDA que apoya los procesos de institucionalización en países Latinoamericanos; y para el caso de México dicha regularización se nota en el actual marco legal expresado en la Nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular 2001, donde sólo las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Las Sociedades Financieras Populares son las figuras reconocidas jurídicamente como intermediarios financieros (Silva, 2004), aunque las Uniones de Crédito no se consideran en dicha Ley pues ya están legalmente regularizadas, con la crisis que sufrieron, muchas de ellas, se están transformado en otras figuras como microfinancieras o en Sofoles. Pero en el contexto actual, todavía hay miles de organismos de microfinanciamiento que actúan al margen de la “legalidad”, muchas entidades de Ahorro y Crédito todavía no se han regularizado formalmente, a pesar de que se han hecho modificaciones a la legislación muchos requerimientos no han podido ser cumplidos por la mayoría de instituciones microfinancieras, por lo que difícilmente lo harán los sistemas de microfinanciamiento que no son reconocidos jurídicamente y mucho menos regularizarse para operar como entidades microfinancieras; debido a que la legislación no reconoce la heterogeneidad de los organismos financieros existentes en el territorio mexicano, pues tal como señala el Proyecto PATMIR-Puebla (2005) “dicha ley establece normas de organización y operación y funcionamiento idénticos para todos los organismos financieros sin excepción alguna”. Ello hace más complejo el proceso de regularización y por ende muchas cooperativas de ahorro y préstamo seguirán dentro del ámbito informal y/o irregular (Buendía y Trembay, 2002).
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La actual tendencia del crédito rural por parte del Gobierno Federal a través de la Financiera Rural, es, apoyar al microfinanciamiento, a pesar de que ha promovido la formación de intermediarios financieros sólo incluye a cajas grandes y a otros tipos de intermediarios como las SOFOLES, SOFOM y despachos de servicios. Y más bien parece que la tendencia es apoyar a los agricultores empresariales más que apoyar a los campesinos, pese a que inicialmente estaban consideradas las Cajas rurales como intermediarios financieros.
El sector financiero informal es el que tiene una mayor amplitud y cobertura en el medio rural, pues se estima que participa con el 90% de las operaciones individuales de crédito, enfocándose a créditos de menor monto con un promedio de $3,100.00 (Palacio, 2002:29), cuando los préstamos en las Cajas Populares andan entre 15 mil y 20,000 mil pesos según el dirigente de la Caja Popular Mexicana (Rosas, 2004). Dentro de las experiencias del movimiento mexicano de cajas de ahorro, después de medio siglo una fracción importante de las Cajas Populares funciona como informales (Rojas, 1997), pues solamente el 45% de ellas estaban registradas en las organizaciones gremiales tales como federaciones y confederaciones (Cardona, 1995). Si a ello le agregamos las iniciativas locales, entonces hay una fuerte influencia de los sistemas de ahorro y crédito informales en el financiamiento hacia los estratos sociales más desprotegidos.
De tal forma el financiamiento y microfinanciamiento informal está integrado por múltiples arreglos económicos, organizativos, sociales y culturales, con lógica propia, no regulados por el Estado ni por las reglas de la oferta y demanda financiera; de ahí que algunos antropólogos le denominen el financiamiento invisible (Almorín, 2003).
Las CAPC, como un sistema de ahorro y crédito informal se han venido desarrollando sin el apoyo gubernamental y persisten al margen del marco legal; se adecuan no sólo a los diferentes contextos locales sino a los mismos sistemas económicos. Debido a que ellas mismas generan sus mecanismos de autocontrol y regulación (que es uno de los puntos que se tratan de atender por la legislación mexicana) a través de una participación efectiva de sus miembros, están organizados e interactúan de diversas formas en el ámbito local y combinan lo económico, lo social y el cultural al atender múltiples necesidades relacionadas con el
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desarrollo rural y que es congruente con los planteamientos del enfoque teórico del desarrollo endógeno; dadas estas características pueden transformase en uno de los modelos alternativos de financiamiento para las clases pobres del medio rural.
Por lo anterior se puede decir que los sistemas de ahorro y préstamo comunitario son y serán mecanismos de financiamiento importantes para las clases más desprotegidas de la sociedad, y pueden serlo también para el sector campesino, pues constituyen mecanismos de microfinanciamiento con recursos propios de sus miembros. Aunque actúan en lo local y no han podido desarrollarse o trascender más allá de su ámbito, debido al desconocimiento de su potencial y el apoyo existente hacia este tipo de iniciativas.