Sobre la estrategia de desarrollo alternativo:

Una estrategia para el desarrollo alternativo busca introducir alternativas integrales, participativas, rentables y económicamente sostenibles en áreas rurales, particularmente en aquellas zonas afectadas por la combinación de conflicto intensivo, presencia deficiente del Estado, capital social bajo, pobreza, cultivos ilícitos y problemas ambientales relacionados con ellos. Habrá especial prioridad que garantice el mantenimiento de proyectos productivos a largo plazo, principalmente para cultivos permanentes, sin dejar de lado los cultivos transitorios. La participación comunitaria garantizará el aprovechamiento de las capacidades locales y la demanda de los mercados nacionales e internacionales. La sostenibilidad se garantizará a través de alianzas

privados, los gobiernos locales y el nacional y asociaciones de productores. Un punto importante de la estrategia es el fomento de inversión privada en actividades orientadas a la demanda, con microempresas y mecanismos para la preventa de las cosechas. Estos proyectos serán apoyados por mecanismos financieros e inversión en infraestructura física, como carreteras, redes de transporte fluvial, proyectos de minería y electrificación, vivienda, sistemas de acueducto y saneamiento básico, e infraestructura adicional para dar apoyo a iniciativas productivas.

La estrategia busca mejorar las condiciones sociales y el ingreso de los campesinos directamente, y constituye el marco de la política para el abandono de los cultivos ilícitos. La anterior política está dirigida principalmente a pequeños agricultores (menos de tres hectáreas de producción) y a los trabajadores en las plantaciones. La actividad se determina por la proximidad de producción legítima a mercados potenciales, el origen de las personas productoras de los cultivos ilícitos y el potencial agrícola de la tierra en que se encuentran los cultivos ilícitos.

En las áreas de cultivo de amapola, al igual que en aproximadamente una tercera parte de las áreas de cultivo de coca, normalmente es viable sustituir la producción ilícita de pequeños agricultores por uno o más cultivos lícitos. En estas zonas se intentará que los productores abandonen la producción de cultivos ilícitos suministrándoles asistencia para establecer cultivos legales y rentables, ofreciendo servicios de educación y salud, infraestructura municipal mejorada, y seguridad personal. El gobierno municipal, el sector privado y las ONG colombianas trabajarán con el Gobierno Nacional para establecer cultivos sostenibles y fortalecer los nexos entre los productores y los mercados urbanos locales.

Se estima que un 60% de las áreas de cultivo de coca se encuentran alejadas de sus mercados potenciales y son poco aptas para cualquier tipo de producción agrícola sostenible. El Gobierno Nacional estudia tres posibles maneras de ofrecer oportunidades legítimas de ingreso a pequeños agricultores y trabajadores de esas zonas. Primero, los agricultores y aquellos en condiciones similares tendrán la oportunidad de salir de las áreas de producción de coca y asentarse en tierras decomisadas del narcotráfico o en tierras suministradas por el Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria); segundo, se ofrecerán oportunidades laborales en pequeñas empresas de áreas urbanas de origen, para migraciones de productores de coca, para reducir el incentivo económico de la migración; tercero, el Gobierno Nacional trabajará con los grupos indígenas y los gobiernos locales para impulsar actividades económicas y ambientalmente rentables para conservar áreas de forestación, en un esfuerzo para frenar el avance de la frontera agrícola hacia ecosistemas frágiles. El trabajo en la conservación y la protección del medio ambiente también genera empleo para los antiguos cultivadores de coca.

El costo estimado de la estrategia de Desarrollo Alternativo para 1999-2002 es de US$570,8 millones; US$342,5 millones se utilizarán para proyectos de producción y transferencia de tecnología, US$100 millones para infraestructura en áreas rurales, US$86 millones para la conservación y restauración de áreas ambientalmente frágiles, y US$42,3 millones para apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas.

3.1.4- Alcances Históricos y Sociales Sobre los Cultivos Ilícitos

Hemos visto la situación actual y el detalle de las estrategias de sustitución de cultivos; sin embargo resulta interesante hacer un rescate de la historia para

Salvo la coca -y ello limitadamente- los cultivos ilícitos no tienen una raíz cultural en el país. La marihuana fue sembrada en los años 20 en la Costa Atlántica asociada a los cultivos de cáñamo comercial o traída por los técnicos mexicanos de la United Fruit Company a Santa Marta; pero fue en los años 60 cuando los Cuerpos de Paz -muy ligados al movimiento hippie- la hicieron conocer en un mercado en expansión a raíz de la guerra de Vietnam. De otro lado las fumigaciones a los cultivos mexicanos desplazaron la yerba transitoriamente hacia el país. El narcotráfico de cocaína comenzó siendo un negocio de algunos capitales amasados con la marihuana invertidos en la elaboración final como cocaína de la pasta básica importada de Perú y Bolivia, y luego introducida al mercado norteamericano. Cuando la marihuana comenzó a decaer, muchos narcotraficantes que no tenían vínculos con la conexión peruana, tentaron suerte con éxito en los cultivos de coca en el Cauca y en el Meta e inauguraron una línea de producción integral que prosperó muy rápido y echó raíces sobre todo en las zonas de colonización donde la presencia del estado era muy precaria y la bancarrota de la economía campesina de colonización muy grave y sostenida. La amapola llega a finales de los años 80, y se establece como proyecto planeado por el Cartel de Cali en los resguardos indígenas del Cauca.

Para los colonos los cultivos ilícitos se presentaron con la cara de una nueva bonanza. Como la del caucho, las pieles, el oro, las esmeraldas. Rápidamente constataron que por primera vez su trabajo era pagado y su esfuerzo reconocido. Los cultivos ilícitos eran la encarnación de sus sueños y de las demandas que le hacían al estado: crédito, comercialización, vías, acceso a la salud, a la educación, a la diversión. En muy corto tiempo los colonos salieron de su bancarrota crónica y se integraron al mundo del consumo. La guerrilla quedó atónita. Sintió que le movían el asiento. Había vivido de la colaboración y de la protección campesina, y temió que los cultivos ilícitos le erosionaran su

base social al enriquecerla. Consideró la marihuana y la coca como armas del imperialismo, y prohibió rotundamente su cultivo y comercialización, hasta el día que los campesinos le dijeron: o nos permiten la coca, o los abandonamos. Al mismo tiempo la guerrilla vio que las zonas se inundaban de dinero y por tanto que la base extorsionable se ampliaba. La insurgencia optó por aceptar los hechos cumplidos y utilizar a su favor la nueva bonanza, bonanza que -extraño azar- coincidía con la crisis ideológica y política del comunismo. Mientras la guerrilla quedaba huérfana de horizontes reconocidos, paradójicamente, encontró una fuente económica sólida para contribuir a financiar una guerra cada vez más intensa, en un marco en el que los conflictos sociales se agravaban y la debilidad del estado se hacia patente.

Hay que hacer notar que no fueron únicamente las guerrillas las fuerzas que se beneficiaron con el narcotráfico. La cadena que articula a productores directos y consumidores finales está constituida por intereses paralelos que permiten el florecimiento y reproducción del fenómeno. Los comerciantes de precursores, muchos de ellos de mercancías lícitas -gasolina, permanganato, ácidos, cemento, sales livianas, acetona- hacen parte integral del negocio y grandes capitales nacidos en el narcotráfico lograron legalizarse por esta vía. También se hicieron grandes fortunas abasteciendo la demanda local y nacional generada en el río de dólares que ingresaban al mercado. En este sentido un lugar muy destacado ocupó el contrabando. A su vez los terratenientes tradicionales se toparon de buenas a primeras con una demanda de tierras que valorizó sus propiedades y permitió una verdadera contrarreforma agraria a partir de la acelerada concentración de tierras. Pero quizá ningún sector fue tan favorecido como las autoridades legítimamente constituidas - fuerza pública, jueces, alcaldes, congresistas. El soborno potenciado corrompió de arriba abajo al sistema político. El estado, en sus múltiples organismos se transformó en un

el carácter patrimonial del estado y el vacío de oposición política la condición para que la maquinaria del narcotráfico funcionara sin cortapisas. Las voces y fuerzas que se oponían y denunciaban la venalidad de las autoridades terminaban liquidadas brutalmente o estigmatizadas como colaboradoras de las mafias o de la guerrilla. Sin la impunidad y la tradición de corrupción hubiera sido más difícil que el narcotráfico pelechara en el país. El gran socio del narcotráfico no fue solo el hambre y las necesidades de la gente, fue sin duda, también, la corrupción y corruptibilidad de las autoridades. No estuvo desacertado del todo el señalamiento que el Departamento de Estado hiciera al sistema político cuando lo llamó narcodemocracia.