DELITOS CONTRA LAS GARANTIAS RECTORAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL
CAPÍTULO I
ORDEN DE APREHENSIÓN ILEGÍTIMA
Artículo 350.- Se aplicará de dos a ocho años de prisión, de ciento veinte a doscientos
cuarenta días multa, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al juez que dolosamente libre una orden de aprehensión cuando el ministerio público no haya ejercitado acción penal.
CAPÍTULO II
APREHENSIÓN ILEGAL
Artículo 351.- Se impondrá de dos a ocho años de prisión, de ciento veinte a doscientos
cuarenta días multa, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que, sin orden de aprehensión librada por la autoridad judicial, aprehenda a una persona por delito no flagrante o no urgente.
CAPÍTULO III
RETARDO ILEGÍTIMO EN LA ENTREGA DE UN DETENIDO
Artículo 352.- Se sancionará de uno a cinco años de prisión, de ochenta a ciento ochenta
días multa, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que, habiendo realizado una aprehensión en flagrante delito o habiendo recibido a un detenido que fue aprehendido en flagrante delito por cualquier persona, no lo ponga inmediatamente a disposición del ministerio público. La misma sanción se aplicará al servidor público que no ponga al detenido a disposición del juez sin dilación alguna, cuando ésta se realice en cumplimiento de una orden de aprehensión.
Artículo 353.- Se aplicará de dos a ocho años de prisión, de ciento veinte a doscientos
cuarenta días multa, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al agente del ministerio público que habiendo recibido un detenido que fue aprehendido en flagrante delito por un particular o por otro servidor público, no lo ponga a disposición del juez dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que dicho detenido le fue entregado.
CAPÍTULO IV
DETENCIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA ILEGAL
Artículo 354.- Se impondrá de dos a ocho años de prisión y de ciento veinte a doscientos
cargo o comisión públicos, al servidor público que:
I. No otorgue la libertad provisional legalmente procedente, cuando ésta haya
sido solicitada.
II. Prolongue, sin auto de vinculación a proceso, la detención de un acusado,
por más de setenta y dos horas o más de ciento cuarenta y cuatro horas si el acusado o su defensor hubiesen solicitado la ampliación del término.
III. Prolongue, sin que exista sentencia, la prisión preventiva por más tiempo del
que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del inculpado.
IV. Demore injustificadamente el cumplimiento de la resolución judicial que
ordene poner en libertad a un detenido.
V. No cumpla la orden de libertad girada por la autoridad administrativa
competente.
VI. No haga cesar inmediatamente, teniendo atribuciones para hacerlo, una
privación ilegal de la libertad.
VII. No denuncie inmediatamente, ante la autoridad competente, una privación
ilegal de la libertad.
CAPÍTULO V
FUNCIÓN PERSECUTORIA Y JUDICIAL INDEBIDA
Artículo 355.- Se sancionará de dos a ocho años de prisión y de ciento veinte a
doscientos cuarenta días multa, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que:
I. Se niegue a recibir una denuncia o querella, o impida o retarde la
presentación de la misma sin causa justificada.
II. Se niegue a ejercitar la acción penal cuando así lo hubiese determinado la
autoridad judicial.
III. En los casos que sea procedente, no solicite la reparación del daño al incoar
acción penal.
IV. Compela por cualquier medio al indiciado o al acusado a declarar en su
contra.
V. Incomunique al indiciado o acusado.
VI. No le haga saber al inculpado, desde el momento mismo en que éste le fue
entregado o voluntariamente se puso a su disposición, el derecho que tiene de nombrar defensor y a que éste se halle presente en todos los actos del procedimiento.
VII. No le dé al inculpado oportunidad de nombrar defensor desde el momento
mismo en que aquél le fue entregado o voluntariamente se puso a su disposición, o no le nombre uno de oficio si el inculpado se niega a nombrarlo.
cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que éste le fue consignado o voluntariamente se puso a su disposición:
a) El nombre de su acusador.
b) La naturaleza y causa de la acusación.
c) El delito y la punibilidad correspondiente al ilícito que se le imputa. d) La responsabilidad que se le atribuye.
e) El derecho que tiene de solicitar su libertad caucional.
f) Todos los datos necesarios para que conozca bien el hecho y pueda
contestar el cargo.
IX. No tome al inculpado su declaración en audiencia pública, o lo haga después
de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que aquél le fue consignado o voluntariamente se puso a su disposición.
Artículo 356.- Se aplicará de uno a cinco años de prisión y de ochenta a ciento ochenta
días multa, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y decomiso del producto del delito, al servidor público que:
I. Niegue, a quien tenga derecho a saber, que una persona está detenida.
II. Habiendo recibido a una persona, en el establecimiento de detención o
internamiento a su cargo, no haga saber inmediatamente este hecho a la autoridad correspondiente.
III. Bajo cualquier pretexto, cobre alguna cantidad de dinero o imponga alguna
contribución o gabela en cualquier lugar de detención o de internamiento.
Artículo 357.- Se impondrá de dos a ocho años de prisión y de ciento veinte a doscientos
cuarenta días multa, destitución y suspensión por igual término para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que ordene o practique un cateo o visita domiciliaria fuera de los casos autorizados por la ley.
La misma pena se impondrá al servidor público que ordene un arraigo domiciliario sin cumplir los requisitos que señala la ley.