gobernado no apuestan a los Acuerdos porque no hay quien los presione, de manera voluntaria y pensando en un país mejor difícilmente lo harán. Tiene que haber presión social y política para que se pueda retomar la agenda de la paz”.69
– “Lo que a inicios de 1996 fue una potente Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz integrada por representantes de todos los sectores de la sociedad guatemalteca, hoy a diez años vista, y luego de tres gobiernos llegados al poder por la vía de las elecciones (Arzú, Portillo y Berger) está convertida en una simbólica Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz -CENAP- que pese a ser producto de una legislación específica, no ha logrado impulsar
su contenido porque tiene muchas dificultades, entre ellas, el hecho de ser de reciente creación, se le ha creado sin el presupuesto correspondiente y sus mandatos son mas bien morales y no vinculantes… La realidad indica que dicha entidad (la Secretaría de la Paz –SEPAZ–) ha sido
una instancia de Estado de tercera categoría, porque no se le han asignado los fondos suficientes para cumplir su mandato, y en los casos concretos del programa de Resarcimiento ha tenido la incapacidad de echarlo a andar a pesar de contar con los fondos mínimos para ello. Su accionar se ha concentrado en labores que rayan en lo netamente “patriotero” en el sentido de, promover actos que elogian el proceso de paz, debates superficiales sobre el mismo, actos simbólicos en la ciudad (el cambio de la rosa por ejemplo), actos simbólicos en las regiones y no en velar por el sustantivo avance de los mismos”. “Se aprueba en este periodo (Berger) también la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, pero posterior a lograr que dicha legislación pierda todo tipo de garra para su implementación”.70
- “La ausencia de jurisdicción agraria y ambiental es un factor que limita el abordaje de la conflictividad agraria en Guatemala. La resolución y/o transformación de conflictos por razones de tierras, aunque necesarios e importantes para grupos específicos, resulta insufi- ciente para impactar de manera significativa en la conflictividad agraria. Es indispensable la estructuración y funcionamiento de los Tribunales Agrarios y la formulación del marco legal necesario para el abordaje de la problemática agraria. La aprobación de la Ley del Registro de Información Catastral y la institucionalización del proceso de catastro son avances significa- tivos, que sumados a la modernización de los Registros de Propiedad fortalecen la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra. Para que el conjunto de las y los propietarios se beneficien del mismo, es necesario garantizar el marco jurídico y procesal para la regularización de la tenencia de la tierra en beneficio de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas”.71
- “Distintos estudios realizados, señalan que el mecanismo de mercado implementado a través del Fondo de Tierras es insuficiente para posibilitar el acceso a la tierra para las y los campesinos en condiciones de pobreza y extrema pobreza; lo que se refleja en la crisis del modelo, evidenciada en la impagabilidad de la deuda agraria que pesa sobre los grupos campesinos que han adquirido créditos a través del Fondo de Tierras. Pese a los avances en términos de institucionalidad y mecanismos para la resolución alternativa de conflictos con relación a la tierra, es importante apuntar las limitaciones que enfrenta la Secretaría de Asuntos Agrarios para hacer vinculantes los acuerdos alcanzados entre las partes con el seguimiento a los procesos por parte de otras instituciones, por ejemplo los casos en donde debe actuar el Fondo de Tierras. Los casos se asumen como mediados con o sin acuerdo, pero las soluciones finales frecuentemente escapan a la competencia de la SAA”.72
69 Entrevista a Miguel Ángel Sandoval: “La izquierda guatemalteca tiene que demostrar de manera cotidiana su
inserción social, su nivel de propuesta y su liderazgo”.
70 Fuente: Mario Godínez, Acuerdos de Paz en Guatemala: A diez años de su firma, ¿oportunidad desperdiciada?,
agenda pendiente y ningún motivo para celebrar, Guatemala, 2006..
71 CIFCA, CIDSE, GRUPOSUR; Castillo Huertas, Patricia (Consultora): Tierra, desarrollo rural y seguridad alimentaria,
a 10 años de la firma del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, Guatemala, 2007.
6.4 Institucionalidad pública para el desarrollo
Guatemala no tiene una institucionalidad funcional para dar atención a los problemas estructurales generadores de subdesarrollo, pobreza e inequidades sociales y políticas. Lo que existen son instrumentos aislados que buscan paliar de forma parcial y coyuntural la crisis permanente que vive la mayoría de la población en el país. Cada vez más se vuelve imprescindible una instancia de Estado para el Desarrollo Sustentable, que tenga instituciona- lidad propia y vinculada a toda la institucionalidad de Estado. Las políticas y planes para combatir la pobreza y los múltiples problemas que se desprenden de esta realidad, se aplican permanentemente con políticas de gobierno de cuatro años. Gobierno con gobierno se plantean nuevas y “novedosas” estrategias para abordar la problemática nacional y por lo mismo son infuncionales. Los problemas estructurales no se pueden resolver atendiendo los efectos generadores de estas inequidades. Si no se atienden las causas del subdesarrollo y la pobreza con medidas determinantes y visionarias, lo único que se genera es un “perverso círculo vicioso” de buenas voluntades. De aquí la crítica que los distintos sectores sociales mantienen hacia el sistema político y económico del país, ante su incapacidad por resolver las causas que originaron el conflicto armado interno.
6.5 La Comunidad Internacional y la Agenda de la Paz
Desde la conformación de los Países Amigos que acompañaron el inicio de las negociaciones entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG–, el Gobierno y el Ejército
de Guatemala, la Comunidad Internacional pasa a ser uno de los pilares claves para la firma de la paz en el país. Diferentes analistas concluyen que la firma de la paz, en las condiciones establecidas, fue motivo de las presiones realizadas por parte de la Comunidad Internacional. Sobre la lógica de terminar la conflictividad política a cualquier costo, las presiones externas contribuyeron a que no se establecieran las condiciones óptimas para garantizar la transición de la guerra a la paz, pero sobre todo, no garantizar la institucionalidad para la paz necesaria y requerida que velara para el pleno cumplimiento de los acuerdos establecidos. Durante el período 1996-2006 la Comunidad Internacional ha tenido una constante variación en sus posturas y compromisos adquiridos. En términos de flujos financieros podemos concluir que transfirieron una importante ayuda financiera principal- mente por la vía bilateral y multilateral, en donde priorizaron acciones dirigidas a dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz. La existencia de factores estratégicos de política interna y económica en el país, una variante y compleja coyuntura internacional, emer- gencias y prioridades geo-políticas y económicas, provocó que la cooperación al desarrollo se estableciera con una lógica coyuntural y sin garantizar una perspectiva de largo plazo en sus acciones, lo cual generó que sus políticas y estrategias no dieran atención a las causas estructurales del subdesarrollo y la pobreza que la Agenda de la Paz prioriza dentro de su mandato. En el ámbito político ha existido una lógica de no intervención en los asuntos internos del país, que se ha traducido en otorgar un “voto de confianza” a los tres gobiernos que han estado responsables de darle continuidad al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Partiendo de la existencia de políticas y acuerdos internacionales que rigen la ayuda al desarrollo, éstos no han sido aplicados aún teniendo claros problemas de corrupción, persistentes violaciones a los derechos humanos, incumplimiento de la Agenda de la Paz, entre otros factores. Se puede concluir que la comunidad internacional es co-rresponsable directa e indirectamente de los limitados alcances que la Agenda de la Paz tuvo durante estos diez años de intervención.
– “La Comunidad Internacional ha jugado un papel relevante desde que se firmaron los acuerdos de paz, y su influencia en el proceso de democratización ha sido clave, ya que en determinado momento ha sido crucial para la consecución de los objetivos planteados en los acuerdos. El gran reto de la cooperación internacional… es… mantener un nivel de influencia y eficacia mayores con un apoyo constante a la estabilidad democrática del país”.73
– “Ha sido fundamental para el país que exista esa ayuda, en el marco del proceso de paz, el apoyo de la cooperación internacional resultó políticamente vital, especialmente para una sociedad de la postguerra. Hubo un interés muy grande de la Comunidad Internacional por estar y apoyar a Guatemala. En algunos casos la buena intención de los donantes ha sido instrumentalizada por los gobiernos de turno en Guatemala; ya que en muchos casos los gobiernos no han cumplido con los compromisos que determinan los montos y el destino de la ayuda al país. Las donaciones en muchos casos no se utilizan para cubrir las necesidades que fueron consideradas en los convenios, lo que denota en muchos casos un excesivo grado de confianza de los países donantes”.74
– De manera emergente estos fondos (la ayuda externa) actúan ante la ausencia de la inversión pública guatemalteca, en renglones tan sensibles como la salud, educación, acceso a la tierra, seguridad alimentaria y en general en el impulso del desarrollo, especialmente en el ámbito rural y comunitario. Tema que será retomado más adelante.75
– “En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), Álvaro
Ramazzini, cuestionó el destino de esos fondos, porque no se ha reflejado un mayor desarrollo social en el país. Ramazzini aseguró que continúan la desigualdad y la precariedad y que a pesar del «muro de la vergüenza» que construye Estados Unidos, muchos guatemaltecos y centroamericanos siguen marchando a ese país, en busca de mejores oportunidades”.76
– “Unos de los grandes fallos de la cooperación internacional en Guatemala es que aplican criterios de primer mundo a gobiernos de segundo mundo. La Comunidad Internacional no logró mantener una presión política firme con los gobiernos para el pleno cumplimiento de la agenda. La derechización que sufrieron varios gobiernos europeos marcó un cambio de rumbo con relación a una posición poco clara con la agenda de la paz. En la actualidad no se ve una actitud de rectificar por parte de la comunidad internacional su postura con relación a la cooperación en Guatemala”.77
– “La ayuda económica para apoyar el proceso de paz y la implementación de los acuerdos fluyó en gran medida; sin embargo se priorizó la ayuda bilateral al gobierno, vale decir, que “al gobierno se le entregó un cheque en blanco” para implementarlos”. La poca voluntad de los tres gobiernos de la década de la Paz, impidieron que los recursos obtenidos de la ayuda internacional, fortalecieran el proceso y la implementación de los acuerdos. Es necesario realizar un balance entre el monto de la ayuda recibida durante la primera década de la paz y los avances reales en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz”.78